996 resultados para INDÍGENAS DE COLOMBIA - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES
Resumo:
La Educacin Intercultural Bilinge (EIB) es una alternativa para pueblos originarios, hoy ya es un paradigma pedaggico en Europa y en Amrica. Actualmente, en la mayora de pases de Amrica Latina estn aplicando la EIB, en los estados que ms est desarrollando la EIB son: Mxico, Guatemala, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia. En el Ecuador, se cuenta con la Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB) desde 1988, fue instituida en base a las experiencias educativas ejecutadas antes de su creacin. La DINEIB est ejecutando la Educacin Intercultural Bilinge (EIB) en todas las nacionalidades y pueblos indgenas, por medio de las direcciones provinciales y de nacionalidades. Esta Direccin, elabor el Modelo de Educacin Intercultural Bilinge (MOSEIB) para aplicar en sus centros educativos comunitarios. En la provincia de Cotopaxi, antes de la creacin de la DINEIB ya se desarroll algunas experiencias educativas, la que hasta ahora existe es la del Sistema de Escuelas Indgenas de Cotopaxi (SEIC), mismo que atiende a comunidades indgenas de Zumbahua, Chugchiln, Panyatug y El Bajo (Pujil y Maca grande). Con la presencia de la DINEIB, aparece la Direccin Provincial de Educacin Bilinge de Cotopaxi (DIPEIB-C). La Direccin antes indicada es la rectora de la EIB en Cotopaxi, siendo as, el SEIC es parte de la DIPEIB-C, sin embargo, existe poca coordinacin Para este trabajo, se realiz una investigacin a los actores sociales por medio de entrevistas y observaciones, la finalidad fue ver cules son las percepciones y su impacto en las comunidades indgenas sobre las experiencias educativas. Luego de haber sistematizado los datos, se nota que existen problemas en el proceso de la EIB: En lo pedaggico, los docentes muy poco estn tratando el kichwa como lengua instrumental de educacin, as como los contenidos de la cultura indgena, y, en lo social y econmico, existe emigracin de los indgenas a las ciudades, en la parte final, se pone a consideracin elementos para mejorar la calidad de la EIB en Cotopaxi.
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A pesar del discurso estadstico e instrumental sobre la importancia de la inmigracin para el futuro econmico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar polticas (sociales y culturales) de integracin del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, polticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en Espaa, en el actual contexto de conformacin de la Unin Europea y de la llamada Globalizacin. El ao 2000 constituy un punto culminante de este fenmeno en Espaa, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y poltica en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadana, hecho que evidenci la caducidad del antiguo modelo de ciudadana comprendida como el vnculo poltico (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nacin, que se adquiere de manera preferente a travs de la descendencia (ius-sanguinis).
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La administracin de justicia oficial en las dos ltimas dcadas es interpelada permanentemente por el desafo de convivir y coordinar con la administracin de justicia indgena. Este desafo asume diferentes matices, pero sin lugar a dudas se convierte en uno complejo y difcil de enfrentar cuando incorporamos a su anlisis el tema de los derechos humanos traducido en los lmites -discutibles en cuanto a su existencia- que deben imponerse a la justicia de los Pueblos indgenas ante la potencial violacin a los derechos fundamentales. De este modo, la diversidad cultural frente a los derechos humanos se ha convertido en uno de los temas ms sensibles tanto en su anlisis terico como en los modos de instrumentacin. Pero antes de presentar concretamente el problema que constituye la relacin entre diversidad y derechos humanos (y sus posibles soluciones), vale la pena sealar algunos presupuestos que dan forma y contenido al sistema de justicia frente a los Derechos de los Pueblos indgenas, dentro de un determinado modelo de Estado que se encuentra en permanente construccin.
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Como es bien sabido el desarrollo se plantea como un derecho humano despus de la segunda guerra mundial, aunque hay divergencia de criterios acerca del carcter vinculante de la normativa que lo proclama, se plantea como un derecho humano asociado a la libre determinacin de los pueblos que incluye el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberana sobre todas sus riquezas y recursos naturales]. De acuerdo al carcter estatocntrico del sistema internacional, esto ha sido interpretado por los Estados como uno de los elementos de su plena soberana y as se recoge en las Constituciones. Por su parte los pueblos indgenas mantienen su reclamo a la libre determinacin como naciones y pueblos previos a la colonizacin de sus territorios y afirman su derecho ancestral irrenunciable de defender sus territorios, tierras y recursos estratgicos, que consideran base fundamental de su libre determinacin. El problema radica en la ausencia de definicin del termino pueblo y en el declarado rechazo gubernamental a la libre determinacin ya que los gobiernos por lo general desechan que los indgenas sean considerados como pueblos y tambin niegan que los indgenas sean poseedores de ese derecho. Aqu interviene el temor de muchos gobiernos de que el ejercicio de la libre determinacin puede conducir a la secesin poltica y a la fragmentacin de los estados existentes y, podra aadirse, la negativa a una soberana restringida o compartida en el manejo de los recursos para propiciar el desarrollo y los derechos de estos pueblos.
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El derecho humano a la paz ha sido definido en la actualidad como "[...] la ausencia no slo de conflictos armados, sino tambin como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negacin de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo econmico y social". Esta definicin que hoy nos parece moderna y acorde a las tendencias de nuestro tiempo, ha sido lograda mediante una gran cantidad de debates que datan de varas dcadas atrs. Tanto en la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya haban sido reconocido como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas "generaciones" de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, as como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos econmicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidacin internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de 1966. En este orden de ideas, con el transcurrir de la segunda mitad de siglo XX, fueron surgiendo nuevos derechos que tenan profundas diferencias con los derechos civiles y polticos, y los econmicos, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere a sus titulares, as como su forma de ser protegidos. Entre estos nuevos derechos se encontr el derecho humano a la paz.
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La Constitucin define al estado como plurinacional y el reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Pese a ello, durante el ao 2009 se violaron los derechos de la naturaleza y los Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades en los siguientes casos: el Eje Multimodal Manta Manaos; la iniciativa ITT; la normatividad y polticas para la explotacin minera industrial en la Cordillera del Cndor, concesiones y privilegios para misiones catlicas en la Regin Amaznica, el cierre de la radio La Voz de Arutam, el ataque de los Pueblos del Yasun y el caso de Sarayaku. Los casos evidencian que el poder gubernamental contina atado al modelo preconstituyente, los afanes desarrollistas y extractivistas han llenado de conflictos a los pobladores ancestrales.
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Despus de muchos aos de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad econmica y poltica con perodos de graves crisis, Bolivia an sufre los efectos negativos referidos a la economa, a la profundizacin de la diferenciacin y exclusin social y a la vulneracin de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lgico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa nicamente un gran cambio en trminos econmicos, sociales e ideolgicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en trminos de equidad y participacin poltica de los indgenas, la mayora poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de gnero forma parte de las redefiniciones que vive el pas, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transicin en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno est conformado por actores que se desplazaron desde partidos polticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indgena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente polticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
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El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos clave al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos humanos de las mujeres. En este trabajo recojo algunas de estas contribuciones poniendo en evidencia los puntos de contraste y tensin. Enfatizo en el caso ecuatoriano, analizando la normativa constitucional sobre justicia indgena en permanente contraste con los testimonios de lderes indgenas que dan cuenta de sus luchas por exigir una real proteccin de sus derechos en dicha jurisdiccin. Propongo ciertas condiciones bsicas para alcanzar una relacin de interculturalidad entre ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la desproteccin a las mujeres indgenas contra la violencia se expresa tanto en la justicia estatal como en la justicia indgena lo que implica un grave dficit para un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural.
Resumo:
Elaborado por la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE), la Fundacin Regional de Asesora en Derechos Humanos INREDH, la Fundacin Centro Lianas, la Fundacin Pachamama y la Fundacin Selva Viva. Presentado ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Autora: Bolvar Beltrn, David Cordero, Pablo Fajardo, Wilton Guaranda, Mario Melo y Marcelo Orellana. Septiembre de 2009. Este informe se basa en la respuesta al Cuestionario para los Estados, pueblos indgenas, organizaciones indgenas y de la sociedad civil enviado por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de evaluar la legislacin y polticas pblicas del Estado de Ecuador en materia de pueblos indgenas. Texto completo en: www.inredh.org.
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Informe elaborado por la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundacin Centro Lianas, la Fundacin Regional de Asesora en Derechos Humanos INREDH y la Fundacin Pachamama. Presentado ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Autora: Bolvar Beltrn, David Cordero, Pablo Fajardo, Wilton Guaranda y Mario Melo. Analiza el perodo 2008- 2009. Noviembre de 2009. Este informe tiene como finalidad presentar los avances normativos en cuanto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indgenas del Ecuador en cuanto a la Constitucin de 2008 y contrastar con las contradicciones de la nueva legislacin infra constitucional. Texto completo en: www.inredh.org.
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Este artculo analiza los avances de la Constitucin Poltica del Ecuador en materia de derechos de las mujeres y el enfoque de gnero, as como los retos que este nuevo marco legal propone, tanto al Estada ecuatoriano como al movimiento social de las mujeres y a la sociedad en general, de manera que se pueda pasar del solo reconocimiento del Derecho en la letra de la ley, al ejercicio y goce pleno de los mismos. La reflexin sigue la propuesta del feminismo en la crtica al Derecho. Se profundiza el anlisis de los derechos constitucionales civiles y polticos, econmicos y sociales, pero sobre todo, se reconoce la importancia del reconocimiento de muchos de los derechos sexuales y reproductivos que ya han sido incorporados como parte del Derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, entendiendo que este logro no es una concesin generosa del Estado sino ms bien es el resultado de todo un proceso de movilizacin y generacin de propuestas legales, trabajadas desde el movimiento de mujeres del Ecuador, que tuvo como corolario la aprobacin de 34 de las 36 propuestas presentadas a la ltima Asamblea Nacional.
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El artculo estudia el impacto que la aplicacin del Plan Colombia tendr sobre el Ecuador. Se lo define como el riesgo a la seguridad ms importante que tiene el pas en el presente y se llama la atencin respecto a la necesidad de forjar una posicin nacional comn que involucre a todos los sectores del pas. Esta posicin debera colaborar para contener un derrame del conflicto militar al resto de la subregin, garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de las poblaciones de frontera, controlar el impacto ecolgico del Plan Colombia, y lograr una revisin del Acuerdo de Manta con EE. UU. de modo que se evite la utilizacin de territorio ecuatoriano para operaciones militares directas en la guerra que se libra en Colombia.
Resumo:
La compilacin forma parte de la ctedra y proyecto Estudios de la Dispora Afro-Andina. Construccin de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, polticos y epistmicos, financiado por el Convenio Andrs Bello. Tomando la dispora como marco y perspectiva, se promueve una consideracin crtica sobre lo afro y sus nuevas conceptualizaciones tanto en las Amricas como en la regin andina, con enfoque particular en el Ecuador y Colombia, para estudiar y comprender las nuevas construcciones de identidades afros y los procesos sociales, polticos y epistmicos asociados con ellas. La bibliografa pretende ofrecer una contribucin a estos procesos.
Resumo:
La globalizacin como un proceso de carcter multidimensional, que abarca no slo aspectos econmicos y financieros, sino tambin sociales, culturales y tecnolgicos, ha servido como plataforma para el surgimiento de nuevos actores sociales de ndole transnacional. La creciente conformacin y expansin de redes transnacionales, ha abierto una mirada hacia nuevas temticas, conflictos y desarrollos que deben ser contemplados en el mbito global. Por ello estas redes, entre otras cosas, han implementado nuevos mecanismos de control y garanta de los derechos humanos en el mbito global, han desarrollado tambin estrategias de cooperacin para que sus esfuerzos y activismo hagan eco dentro de las polticas domsticas de los Estados. Es esta investigacin se ilustra bajo un ejemplo prctico, la participacin y el activismo de una red transnacional feminista que con la cooperacin de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lograron crear y llevar a cabo de manera efectiva, una estrategia en aras de la despenalizacin del aborto, en Colombia, estado que haba sido muy severo en esta materia. En Amrica Latina, la inflexibilidad de las legislaciones en materia de aborto, ha radicado, en que stas han tomado como base la doctrina catlica, que durante mucho tiempo fue impartida y considerada como el discurso hegemnico o ms relevante en la discusin de polticas pblicas sobre sexualidad y reproduccin. Entonces, teniendo en la mira a estos protagonistas que se encuentran en conflicto, bien por hacer prevalecer la autonoma individual, la salud pblica la equidad social o de gnero en las legislaciones domsticas, o bien por salvaguardar la nocin de familia tradicional que se est viendo amenazada por un relativismo moral que debe ser contrarrestado al interior de los Estados, esta investigacin, analiza por un lado, si existe o no influencia de los grupos feministas transnacionales, quienes han visto la importancia de actuar globalmente para promover cambios nacionales como la liberalizacin del aborto en las legislaciones, dado el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos avalados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos , y por otro, estudia la decadencia de la doctrina catlica, ya que como actor poltico la Iglesia Catlica ha perdido fuerza a la hora de participar en los debates sobre sexualidad y aborto. Para el fin perseguido en este documento, se analizan los principales postulados de la Teora Liberal de las Relaciones Internacionales y se contrasta con un ejemplo prctico: el proceso de despenalizacin parcial del aborto en Colombia durante el periodo comprendido entre 2005 2006.
Resumo:
Teniendo en cuenta que la reparacin es un derecho con caractersticas particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigacin revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta poltica en Colombia. Para cumplir este objetivo se realiz un anlisis de la legislacin internacional, legislacin nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparacin Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparacin desde una visin subjetivista de los derechos humanos, entendindola no solo como una obligacin del Estado sino como un derecho en s mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la poltica concibindolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prcticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los nios, las nias y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemona del discurso adultocntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparacin integral de la infancia y la adolescencia en la formulacin y ejecucin de la poltica pblica y contribuye para que los nios, nias y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseados para tal fin en Colombia.
