704 resultados para Crónicas locales de violencia política
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"Ex presidente lança "" Crônicas do Brasil contemporâneo"", no qual examina do país de 1998 a 2002."
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La seguridad es central en la agenda estatal por su relación con derechos ciudadanos en un Estado de Derecho. Este trabajo entra al debate sobre seguridad, aporta elementos en políticas públicas de seguridad urbana y da instrumentos metodológicos para su gestión. Además revisa la política de seguridad de Bogotá en 20 años, examina enfoques, identifica lecciones y formula recomendaciones para una política de seguridad urbana. El fin de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional generó una explosión en el concepto de seguridad. Surgen enfoques como Seguridad Humana, Ciudadana o Comunitaria que sitúan a la persona en el eje de las políticas de seguridad. De la seguridad del Estado se pasó a la seguridad de los ciudadanos. Luego – tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001 y el 11M de Madrid en 2004- el universo teórico y el ámbito de las políticas resultaron atrapados en la cruzada antiterrorista. A ello no escapa América Latina y Colombia, un país marcado por atávicas condiciones de violencia, predispuesto al miedo y con una sensación de inseguridad producto del conflicto armado, el narcotráfico y un Estado que no garantiza los derechos ciudadanos. Antanas Mockus (1995) en Bogotá marcó un antes y un después. Emergió el concepto de “cultura ciudadana”, se fortalecieron la institucionalidad y los programas de prevención. La seguridad fue un tema público prioritario y se produjo una disminución de delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio, por una acertada política de seguridad Distrital y un contexto nacional caracterizado por acuerdos de paz y el sometimiento de capos del narcotráfico...
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Los largos períodos de conflicto y violencia que han vivido innumerables sociedades a lo largo y ancho del mundo, junto a sus consecuentes procesos conducentes a la paz en marcos de poca efectividad en materia de reconstrucción social, sobre todo en reformas estructurales que busquen la resolución de las raíces que originaron los enfrentamientos, presentan los contextos desde donde se plantea esta investigación. Más allá de marcos de actuación de estos grupos humanos, basados en diálogos conducentes a negociaciones, con miras a acuerdos hacia la paz, procesos de garantías para que los excombatientes dejen las armas y busquen el regreso a la vida civil, y hondos efectos de insatisfacción general expresados en reacciones contra la impunidad, la poca eficacia de las instituciones públicas y el retorno de oleadas de violencia, el vislumbrar el diseño e implementación de una política pública de reconciliación social se configura en uno de los mecanismos idóneos que puede garantizar la efectividad y lo justo en este tipo de procesos de pos-acuerdos y pos-conflictivos. Reconocemos que la democracia es el sistema de gobierno en el que se instauran mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del marco de los derechos y deberes sociales. Pero, las distintas experiencias de conflicto y violencia que el ejercicio del poder político contiene en la historia humana nos han demostrado que con procesos de negociación y firmas de tratados de paz no cesa esta tendencia humana en la que cada Estado busca defender su perspectiva política en su contexto determinado, más allá de esos acuerdos...
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La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...
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Los partidos políticos son agrupaciones temporales que median entre los grupos de la sociedad y el Estado y participan en la lucha por el poder político, a través de los procesos electorales. Los partidos tienen la obligación de registrar una plataforma electoral, a través de la cual plantean propuestas preliminares que se someten a consideración de los ciudadanos con el propósito de convocar al diálogo y a la deliberación, las cuales son enriquecidas y profundizadas a lo largo de las campañas, que debieran convertirse posteriormente en la base del programa de gobierno del partido que resulte triunfador en las elecciones. Respecto a la relación que existe entre la Plataforma Electoral y las iniciativas legislativas del Ejecutivo Federal en materia político-electoral, cabe señalar que: El 15 de diciembre de 2009, el Presidente presentó la iniciativa de Reforma Política compuesta por 9 puntos, a saber: Permitir la elección consecutiva de legisladores federales, locales, miembros de los ayuntamientos y jefes delegacionales; reducir el número de integrantes de las cámaras, modificando los principios para la integración de la Cámara de Senadores; adoptar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente; incrementar a 4% el porcentaje mínimo de votación para que un partido político nacional conserve su registro; incorporar las candidaturas independientes; permitir a los ciudadanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentar iniciativas de ley; facultar al Presidente para presentar iniciativas preferentes y para observar, parcial o totalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos; así como para publicar parcialmente aquellas leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso...
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Esta investigación forma parte de las ciencias sociales ya que la comunicación es parte de ella, se determinó el papel desempeñaron los medios de comunicación escritos en la creación de una cultura de violencia en el país en el año 2002. Se investigó la visibilidad y el tratamiento periodístico que se le dio en la prensa escrita hondureña a la violencia juvenil y se comparó esta cobertura con la violencia doméstica. Se escogió este tema porque durante el año estudiado tomó posesión un nuevo presidente que llego al poder proponiendo la aplicación de una política de mano dura o cero tolerancia contra la criminalidad, la prensa contribuyo por medio de su cobertura, a que la gente sintiera la necesidad de políticas y acciones gubernamentales contra la violencia juvenil por miedo a las acciones que ellos realizaban. Se utilizaron ambos métodos cualitativo y cuantitativo, se entrevistaron a varios actores del proceso de emisión del comunicativo, reportero y una jefa de redacción de uno de los diarios, además se hizo una investigación documental para poder localizar las noticias que se referían a violencia juvenil y doméstica, los resultados se vaciaron en una base de datos que se diseñó en Filemaker 12. Para el análisis estadístico de los datos se trabajó con el SPSS y con el Excel...
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En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.
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Este estudio se fija en los ciudadanos noreuropeos asentados en la provincia mediterránea de Alicante que tienen un estatus más cercano al de un inmigrante que al de un turista. La importancia que ha cobrado esta corriente inmigratoria ha provocado cambios profundos en muchos municipios. El objetivo es estudiar el papel político de estos ciudadanos en aquellas regiones en las que su presencia es más significativa. El análisis se basa en datos demográficos y de participación en las elecciones municipales de 2011 y en un trabajo cualitativo que ahonda en la comprensión de los procesos informales de participación política. El hecho de que la influencia de los residentes noreuropeos en las instituciones políticas locales no haya crecido al mismo ritmo que su peso demográfico se debe tanto al desinterés de los extranjeros por participar en la vida pública como al interés de las élites políticas por desincentivar dicha participación.
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El aumento de la movilidad intraeuropea, potenciado por las sucesivas ampliaciones de la UE, ha puesto en valor la importancia de la participación política de los residentes extranjeros, especialmente en términos de su elegibilidad en las elecciones municipales españolas. En el contexto del proyecto de investigación titulado “La participación política como candidatos de los residentes europeos en España” (Ref. CSO2012-32930), este texto metodológico muestra cómo se ha utilizado un muestreo de tipo onomástico para identificar a los extranjeros que forman parte de las listas de los partidos que se han presentado en las elecciones locales españolas desde el año 2007 al 2015. El trabajo recoge las fases de implementación técnica asociadas al diseño, con la finalidad de determinar la población muestreada.
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El presente trabajo analiza el rol de los gobiernos subnacionales (GSNs) en la política fiscal de los países más descentralizados de América Latina durante la última década. Esta extensión del análisis al nivel subnacional resulta de gran importancia, teniendo en cuenta que crecientemente gobiernos intermedios y locales son responsables de una parte significativa de las finanzas públicas en la región. En particular, después de revisar la evolución de las finanzas subnacionales a lo largo de los últimos diez años, el trabajo analiza el carácter cíclico de las cuentas públicas y si el comportamiento fiscal se puede caracterizar como pro o contracíclico y las causas de esto. Para ello, se analizan tanto la postura macro y la sostenibilidad de la política fiscal subnacional así como también la evolución de la composición de ingresos y gastos en los diferentes países. El análisis sugiere que, en promedio, las finanzas subnacionales han sido pro-cíclicas durante el periodo, a pesar del hecho que los impulsos fiscales subnacionales han sido relativamente pequeños, en comparación con los de los presupuestos de los gobiernos centrales.
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Este trabajo propone explorar cambios y permanencias en la cultura política de los noventa, tomando en cuenta las conmemoraciones del 24 de marzo entre los indultos y la crisis política de fines del 2001. Reconoce como preocupación central el lugar desempeñado por la cuestión de los derechos humanos en la historia reciente, bajo el funcionamiento del régimen político de una "democracia excluyente". Sostiene como hipótesis la progresiva conversión del 24 de marzo en un espacio de contienda política que promovió procesos de recomposición social mediante la ampliación del marco de la impunidad y la constitución de redes de acción; proceso en el que se conjugaron también los diferentes planos de conflictividad provincial. Explora el mapa de las conmemoraciones, deteniéndose en los actores, demandas, escenificaciones y significados construidos. Recurre para ello a los aportes de la renovada historia política y los estudios locales sobre protesta y acción colectiva y procura establecer diálogos entre lo social y lo político, esperando contribuir a una mirada renovada de las relaciones entre actores colectivos y espacio público que rescata el uso político de las calles
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Este trabajo propone explorar cambios y permanencias en la cultura política de los noventa, tomando en cuenta las conmemoraciones del 24 de marzo entre los indultos y la crisis política de fines del 2001. Reconoce como preocupación central el lugar desempeñado por la cuestión de los derechos humanos en la historia reciente, bajo el funcionamiento del régimen político de una "democracia excluyente". Sostiene como hipótesis la progresiva conversión del 24 de marzo en un espacio de contienda política que promovió procesos de recomposición social mediante la ampliación del marco de la impunidad y la constitución de redes de acción; proceso en el que se conjugaron también los diferentes planos de conflictividad provincial. Explora el mapa de las conmemoraciones, deteniéndose en los actores, demandas, escenificaciones y significados construidos. Recurre para ello a los aportes de la renovada historia política y los estudios locales sobre protesta y acción colectiva y procura establecer diálogos entre lo social y lo político, esperando contribuir a una mirada renovada de las relaciones entre actores colectivos y espacio público que rescata el uso político de las calles
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Tabla de contenidos: La represión estatal en la historia argentina reciente: problemas, hipótesis y algunas respuestas tentativas / Marina Franco. De la guerra (contrainsurgente): la formación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976) / Esteban Damián Pontoriero. La transformación de las relaciones cívico-militares: la "Acción Cívica" del Ejército (1960-1983) / María Alicia Divinzenso. El proceso represivo en los años setenta constitucionales. De la "depuración" interna del peronismo al accionar de las organizaciones paraestatales / Hernán Merele. Las formas de represión política en el "teatro de operaciones" del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977) / Santiago Garaño. Formas de exilio y prácticas represivas en la Argentina reciente (1974-1985) / Silvina Jensen, Soledad Lastra. Género y resistencias en la prisión política durante la última dictadura / Débora D'Antoni. Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983) / Marianela Scocc. La represión a los trabajadores y el movimiento sindical, 1974-1983 / Victoria Basualdo, Alejandro Jasinski. Familia judicial y dictaduras: la creación del "fuero antisubversivo" en la década del 70 / María José Sarrabayrousse Oliveira. Circuitos institucionales y tramas de relaciones sociales: las formas de materialización de la apropiación criminal de niños / Carla Villalta. Esto no es un Holocausto. El testimonio de Jacobo Timerman y la represión a los judíos durante la última dictadura militar / Emmanuel Kahan. Modalidades, dispositivos y circuitos represivos a escala local/regional: Rosario 1975-1983 / Gabriela Aguila. El rol de la "comunidad informativa" en la represión en Bahía Blanca (1975-1977): prácticas, acuerdos y disputas / María Lorena Montero. "¿Para agarrar a este gil semejante despliegue?" La represión dictatorial en el Comahue. Neuquén-Río Negro, 1976-1983 / Pablo Scatizza. Sobre la vida (y a veces la muerte) en una ciudad provinciana. Terror de Estado, cultura represiva y resistencias en Santa Fe / Luciano Alonso. El Cono Sur de las dictaduras, los eslabonamientos nacionales en el interior de la Operación Cóndor y las particularidades del caso argentino / Melisa Slatman.
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Este estudio analiza los efectos de la política de financiamiento de la educación básica, por intermedio de los Fundos contables, Fundef y Fundeb, y su proposición en valorar el magisterio, considerando las dimensiones de carrera y de la remuneración de los profesores de la red pública estadal de enseñanza del estado de Rio Grande do Norte, en el período entre 1996 y 2010. Para entender las condicionantes de la evaluación de las políticas públicas, se buscó también las contribuciones de Marx (1996) segundo quién “el concreto es concreto” y que la dialéctica del concreto se puede auxiliar en el intento de captar el fenómeno estudiado. Se utilizó aún, el referencial teórico bibliográfico relacionado al financiamiento de la educación y a la valoración del magisterio, a partir de la literatura referente a las dimensiones del objeto (fundef y Fundeb) y (carrera y remuneración). En la investigación documental, además de las legislaciones, directrices nacionales y locales pertinentes, se utilizaron datos referentes a los recursos disponibles en la Finbra. Tesoro Nacional, SIOPE/RN, INEP/MEC, datos de resumen del folio y folio de pagamiento de Secretaria de Estado, de la Educación e de la Cultura (SEEC), y 289 sueldos de 21 profesores. Se realizó entrevista semi estructurada con nueve profesores, referente a la carrera, además de un cuestionario aplicado a 12 profesores relacionado a remuneración. Se considera que en los resultados referentes a los indicadores educacionales, en el período Fundef ocurrió una reducción en las inscripciones de la red pública de enseñanza, como también en las funciones docentes, de la enseñanza base (fundamental), que corresponde a 37%. A partir de la vigencia del Fundeb (2007 – 2010), estos indicadores fueron puestos en ecuación. En todo el período entre 1996 a 2010, ocurre un aumento en las inscripciones de 119,03% y en las funciones docentes de 77,44%. Sobre los datos de financiamiento, se constató que, del mínimo exigido (60%) en la aplicación de recursos de los Fundos en la remuneración del magisterio se aplica en el período de los dos Fundos, pero el mínimo exigido, o sea, 83,29% a 98,89% de los recursos. Los efectos de los Fundos en la carrera de los nueve profesores, considerando la promoción y la progresión, no han sido satisfactorios. En la promoción de los nueve de estos docentes, apenas uno evolucionó el Nivel (titulación), pero retrocedió en la progresión. En la progresión de los nueve profesores, ocho se hallan con la progresión retrasada, entre dos y cinco clases, acumulando un perjuicio que varía de 10% a 45% en su ganancia. La diferencia de una clase a otra corresponde a 5% en la renta anual. Se observa que las ventajas pecuniarias contribuyen con la remuneración con porcentaje más alto que la renta, disminuyendo esta diferencia en el período de Fundeb. Sobre la remuneración, un profesor con 24 años de carrera, con formación (magisterio), no consigue, después de años de profesión, ganar ni siquiera dos salarios mínimos. El profesor con 30 años de carrera, con maestría, tiene una renta, en 2010, correspondiente a menos de tres salarios mínimos, o sea, 2,82 y una remuneración que equivale a poco más de tres salarios mínimos, o sea, 3,66. Si comparamos la profesión de magisterio con otras que igual exigen formación superior, la primera es, en general, de bajo nivel, causando un resultado negativo sobre la búsqueda de la profesión del magisterio. Por los efectos en la remuneración, se concluye que hubo una mejoría, pero aún insuficiente, sobre todo al comparar con el Salario Mínimo Anual. Se evalúa, una vez que los fundos – Fundef y Fundeb – no fueron capaces de promover la valoración del magisterio en las dimensiones de la carrera y de la remuneración. Se constatan algunos resultados negativos en la política de Fundo ya que tendría que ver, principalmente, con la incapacidad de la referida política a valoración de magisterio, siendo una de las causas, o financiamiento con restricción de presupuesto.
