1000 resultados para pobreza, segregación y segmentación territorial.
Resumo:
Las reducciones jesuíticas en Argentina reconocen generalmente un único aporte en la región guaraní. Pero lo cierto es que una cantidad importante de reducciones, equivalente en número con las anteriormente mencionadas, se desarrollaron en el interior del país, fundamentalmente en las regiones del Chaco, noroeste y sur argentino. Muchas de ellas reconocen hoy su continuidad en centros urbanos y otras tan sólo, y en el mejor de los casos, en vestigios arqueológicos. Se propone el análisis de este conjunto desde las primeras incursiones en "misiones volantes" en el siglo XVII hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. También se abordarán las modalidades y procesos generadores de centros reduccionales en estas regiones y sus interrelaciones territoriales. Además se pretende analizar sus funciones y morfologías originales, su evolución, traslados y posibles transformaciones posteriores, en las etapas previas al impacto originado ante la ausencia de la Compañía de Jesús. Los resultados incluirán la interpretación de los procesos formativos, con su diversidad de casos, en escalas regionales y locales, la recopilación de cartografía regional y urbana, y la determinación de series tipológicas de formas de trazados y organizaciones de tejidos, tanto en las demarcaciones de origen como en sus remodelaciones y ensanches cuando así correspondiere.
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El corredor vial (RN20) que conecta las ciudades de Córdoba con Carlos Paz cumple un importante rol turístico y posee valorables cualidades paisajístico-ambientales. Actualmente está experimentando una rápida dinámica de cambio en el carácter del paisaje ocasionada en parte por los asentamientos exurbanos de la ciudad de Córdoba que a manera de islas o parches surgen sobre el territorio rural. El estudio del sector por parte de un equipo interdisciplinario mediante la definición, descripción, y modelado tridimensional de tipos y áreas de carácter del paisaje, servirá para una comprensión más ajustada de la conformación del territorio, permitiendo la generación de hipótesis sobre su estructura y función, y contribuyendo a la planificación del área metropolitana de Córdoba. El método de Estudio del Carácter del Paisaje se utiliza en Inglaterra y Escocia desde hace 15 años y desde el año 2000 forma parte del Convenio Europeo del Paisaje. La adaptación y aplicación del método a la realidad local permitirá la incorporación de una herramienta de interpretación del territorio que integra las clasificaciones de paisaje tradicionales con la percepción, acercando de esta manera la información a los pobladores. Se agregará como una innovación el modelado tridimensional y la visualización de los tipos de carácter de paisaje definidos. El logro del proyecto será el diseño de mapas con la descripción de los tipos y áreas de carácter del paisaje, la detección de los elementos clave que lo forman, y la generación de imágenes que a manera de modelos simples favorecerán la participación y estimularán el emponderamiento de la población. También se contribuirá a la comprensión de la estructura de la periferia urbana y de los factores que hacen a su calidad paisajística, los que deben ser protegidos por su carácter de bien público. Los datos obtenidos servirán para, en una segunda instancia y mediante el análisis de series temporales, modelar la dinámica del paisaje permitiendo obtener imágenes fotorrealistas de su evolución que se valorarán mediante técnicas participativas.
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Durante las últimas décadas las ciudades latinoamericanas se caracterizaron por fuertes procesos de crecimiento urbano y profundización de la distribución inequitativa de la riqueza, reforzando el patrón de segregación residencial socioeconómica existente. Desde la supremacía de la lógica del mercado inmobiliario y de suelo vinculada al desarrollo urbano, estas situaciones prefiguran un contexto de reiteradas violaciones al derecho a la ciudad y acaban cristalizando en focos de conflictos sociales y urbanos, que atentan contra la gobernabilidad local del territorio y la posibiidad del ejercicio de derechos inalienables. En Córdoba el nivel de conflictividad urbana ha ido incrementándose. En este sentido, el presente proyecto propone identificar, caracterizar y georreferenciar los conflictos urbanos existentes en la ciudad a partir de la selección de variables urbanas, ambientales y sociopolíticas relevantes en su determinación (acceso al suelo, precariedad habitacional, necesidad de espacios verdes, acceso a infraestructura y servicios públicos, criticidad ambiental, entre otras variables emergentes en campo). También se pretende comprender las representaciones y prácticas de los distintos agentes involucrados respecto de las mismas y de las políticas públicas asociadas. La hipótesis del trabajo sostiene que cuando se analiza el sistema urbano de un modo integral, emergen vinculaciones espaciales que derivan en situaciones conflictivas, predominando la sectorización y la compartimentización según problemáticas focalizadas, no existiendo actualmente políticas que integren la complejidad de aristas que supone el desarrollo urbano. Esto también se observa en el campo de las representaciones y prácticas relacionadas a dichos conflictos, registrándose fuertes diferenciaciones entre las de la ciudadanía afectada por situaciones de violación de derechos a la ciudad, y aquellas que tienen los sectores públicos y/o privados con incidencia en las mismas. Ambas situaciones inciden en la formulación y ejecución de políticas públicas que no terminan de resolver las disputas que se materializan en el territorio. De aquí que el propósito del trabajo sea identificar y caracterizar de manera más integral los conflictos urbanos existentes en la ciudad, confrontando las distintas miradas y acciones que coexisten en su construcción territorial; y en base a ese diagnóstico proponer, a partir de su visibilización, estrategias de superación de dichas tensiones e incompatibilidades.
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Durante las últimas décadas las ciudades latinoamericanas se caracterizaron por fuertes procesos de crecimiento urbano y profundización de la distribución inequitativa de la riqueza, reforzando el patrón de segregación residencial socioeconómica existente. Desde la supremacía de la lógica del mercado inmobiliario y de suelo vinculada al desarrollo urbano, estas situaciones prefiguran un contexto de reiteradas violaciones al derecho a la ciudad y acaban cristalizando en focos de conflictos sociales y urbanos, que atentan contra la gobernabilidad local del territorio y la posibiidad del ejercicio de derechos inalienables. En Córdoba el nivel de conflictividad urbana ha ido incrementándose. En este sentido, el presente proyecto propone identificar, caracterizar y georreferenciar los conflictos urbanos existentes en la ciudad a partir de la selección de variables urbanas, ambientales y sociopolíticas relevantes en su determinación (acceso al suelo, precariedad habitacional, necesidad de espacios verdes, acceso a infraestructura y servicios públicos, criticidad ambiental, entre otras variables emergentes en campo). También se pretende comprender las representaciones y prácticas de los distintos agentes involucrados respecto de las mismas y de las políticas públicas asociadas. La hipótesis del trabajo sostiene que cuando se analiza el sistema urbano de un modo integral, emergen vinculaciones espaciales que derivan en situaciones conflictivas, predominando la sectorización y la compartimentización según problemáticas focalizadas, no existiendo actualmente políticas que integren la complejidad de aristas que supone el desarrollo urbano. Esto también se observa en el campo de las representaciones y prácticas relacionadas a dichos conflictos, registrándose fuertes diferenciaciones entre las de la ciudadanía afectada por situaciones de violación de derechos a la ciudad, y aquellas que tienen los sectores públicos y/o privados con incidencia en las mismas. Ambas situaciones inciden en la formulación y ejecución de políticas públicas que no terminan de resolver las disputas que se materializan en el territorio. De aquí que el propósito del trabajo sea identificar y caracterizar de manera más integral los conflictos urbanos existentes en la ciudad, confrontando las distintas miradas y acciones que coexisten en su construcción territorial; y en base a ese diagnóstico proponer, a partir de su visibilización, estrategias de superación de dichas tensiones e incompatibilidades.
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Este proyecto estudiará los procesos de segmentación del mercado laboral y de segregación socio-espacial de los inmigrantes bolivianos en áreas urbanas y peri-urbanas de la ciudad de Córdoba, y las maneras en que dichos procesos son justificados a través de estereotipos basados en distinciones culturales y/o raciales. Focalizaremos sobre las relaciones de desigualdad y de explotación que signan el mercado de trabajo y otros espacios de sociabilidad en el contexto actual de acumulación del capital. Nos planteamos las siguientes hipótesis: 1) Los inmigrantes bolivianos que residen en la ciudad de Córdoba se vinculan, como mano de obra no calificada, con un mercado laboral informal segmentado étnicamente, en el marco de procesos discriminatorios basados en estereotipos étnico-raciales. 2) Algunos inmigrantes bolivianos lograron cierta movilidad económico-productiva, convirtiéndose en patrones de sus co-nacionales en diferentes sectores (construcción, horticultura, comercio informal, industria de indumentaria), hecho que es facilitado por la activación de redes migratorias. 3) Los estereotipos sobre los bolivianos son re-significados y, a veces, confrontados por agentes vinculados con los medios y con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 4) La segregación residencial es otro mecanismo discriminatorio que favorece la exclusión de los inmigrantes trabajadores. Nuestro objetivo principal es caracterizar los diferentes ámbitos laborales en los que se desempeñan los inmigrantes bolivianos en la ciudad de Córdoba y conceptualizar las relaciones inter e intra culturales que se dan en ese marco, teniendo en cuenta la incidencia de: las redes migratorias, las trayectorias migratorias y laborales, y la heterogeneidad de los capitales de los inmigrantes; la localización socio-espacial de los lugares de trabajo y de otros espacios de sociabilidad; y, las maneras en que diversos agentes reproducen o confrontan los estereotipos sobre los bolivianos. Se aplicará una estrategia de triangulación de métodos y de técnicas. Desde un enfoque cuantitativo analizaremos los aspectos socio-demográficos de la población de origen boliviano que reside en la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta su inserción laboral y ubicación socio-espacial en áreas urbanas y peri-urbanas. Se analizarán periódicos de edición provincial y aquellos editados por organizaciones de inmigrantes bolivianos en Córdoba y en Buenos Aires. Se caracterizarán las acciones y políticas destinadas a inmigrantes bolivianos. Se realizarán estudios etnográficos de casos en las áreas urbanas y peri-urbanas en donde residen y/o trabajan inmigrantes bolivianos. Se desarrollarán talleres destinados a inmigrantes bolivianos con el objetivo de reflexionar sobre sus derechos laborales y sus derechos como inmigrantes.
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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.
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El objetivo principal de esta investigación es analizar la segregación residencial socioeconómica (en adelante SRS) en la ciudad de Córdoba (Argentina) y sus vinculaciones con los programas habitacionales llevados a cabo por el Gobierno de la Provincia de Córdoba durante los últimos diez años. Para la realización de la investigación proponemos un abordaje cuantitativo de las tres dimensiones constitutivas de la SRS identificadas por Sabatini (2006), a saber: (1) el grado de concentración espacial de los grupos sociales; (2) la homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de la ciudad; y (3) el prestigio social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad. Las dos primeras dimensiones son definidas como las dimensiones objetivas de la segregación. Mientras que la primera analiza los grupos sociales en términos de su localización espacial, la segunda los analiza en términos de su composición social. La última dimensión es de carácter subjetivo y se refiere: por un lado, a la percepción que las personas tienen del hecho de pertenecer a un grupo social que tiene una forma particular de ocupar el espacio urbano, y, por otro lado, a la identidad y prestigio asignados a algunos barrios o zonas completas de la ciudad. Para el análisis de las dimensiones objetivas de la SRS proponemos la realización de mapas temáticos de la ciudad y el cálculo de índices estadísticos, basados en: los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1991 y 2001 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC), y el Censo Provincial 2008 (Dirección General de Estadísticas y Censos – Provincia de Córdoba). Para el análisis de la dimensión subjetiva proponemos la realización de encuestas tanto a los beneficiarios directos de los programas habitacionales ejecutados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba como a los habitantes de la ciudad que no viven en viviendas sociales. A través de las primeras exploraremos cómo los habitantes de las viviendas sociales se perciben a sí mismos en relación al resto de la sociedad y a través de las segundas cómo el resto de los cordobeses perciben a los barrios de viviendas sociales y a sus residentes. La conjunción de fuentes primarias y secundarias de información nos permitirá alcanzar una visión más integral y más completa de la SRS en la ciudad de Córdoba, ya que no sólo podremos describir y cuantificar dicho fenómeno, sino también explorar las diferentes percepciones de los habitantes de la ciudad en torno al mismo.
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La estructura económica de la provincia de Córdoba, como resultado de un conjunto de numerosas causas, genera en su interior muy marcadas disparidades. Según datos de la Dirección de General de Estadísticas y Censos dependiente del Gobierno Provincial, el valor de los bienes y servicios finales presentados en la serie Producto Bruto Regional, en miles de pesos corrientes, a precios de productor (PBG), alcanzó en 2008 en el Departamento Capital un valor 4,4 veces superior al del segundo en importancia, Río Cuarto, y 517 veces mayor que el de Minas. Estas disparidades se registran, aunque suavizadas por la desigual distribución de la población, en el valor de la producción por habitante de cada departamento, registrada en la variable Producto Bruto Regional Per Cápita. También en el año 2008, el valor del departamento Juarez Celman fue de casi 5 veces el observado en Minas. Evaluados los resultados productivos por cualquiera de las dos variables, la trayectoria observada desde 2001 no presenta señales de reducción de esas disparidades. La existencia de abundante evidencia acerca de la estrecha relación entre estas desigualdades productivas y otras desigualdades sociales, como la distribución del ingreso, la pobreza y otros atributos que definen el bienestar de los habitantes de los diferentes territorios, pone en valor la relevancia de la reducción de esas brechas. La ciencia aplicada al análisis de fenómenos territoriales, especialmente la economía y la geografía por su relevancia en esta propuesta, ha tenido un formidable desarrollo en los últimos tiempos, permitiendo la comprensión de la dinámica la dinámica territorial y proveyendo de líneas de acción que permitar impactar, corrigiendo o morigerando, las trayectorias no deseables. En tal sentido, esta propuesta de trabajo tiene como objetivo general contribuir a la reducción de las disparidades en el desarrollo interdepartamental cordobés, medidos en términos del PBG per cápita, a partir del análisis de las variables relevantes que expliquen este comportamiento y el consecuente diseño de un conjunto de líneas de acción, de naturaleza pùblica y privada. La comprensión de la especificidad del desarrollo territorial cordobés se abordará desde aproximaciones teóricas que destacan las características de la diversidad estructural, de las relaciones económicas y sociales y de la gestión del conocimiento y la innovación. La conjunción de estos atributos perfilan sistemas productivos con densificaciones territoriales diversas que, aún sometidos a las mismas condiciones macroeconómicas, permiten identificar algunos razgos idiosincrásicos, haciendo relevante el diseño de politicas territoriales que articulen eficicazmente los determinantes globales y locales de las trayectorias territoriales.
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El presente informe describe y cuantifica los principales mecanismos de cohesión social y territorial existentes en España, analiza su incidencia sobre la distribución regional de la renta y su contribución a la nivelación de la calidad de los servicios básicos, y propone algunos cambios en su diseño con el objetivo de mejorar sus propiedades de eficiencia y su adecuación a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía. La tesis central del tabajo es que el proceso de reformas autonómicas que ahora se inicia no debería en ningún caso suponer la ruptura de los mecanismos existentes de cohesión y debería aprovecharse para perfeccionarlos.
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La región metropolitana de Barcelona ha experimentado durante los últimos veinte años un intenso proceso de suburbanización e integración metropolitana. La combinación de ambos procesos ha dejado una profunda huella en el territorio conformando una conurbación policéntrica a la vez que dispersa. Esta nueva realidad plantea algunas preguntas interesantes: (a) ¿cuáles son las características de los municipios que atraen población, (b) ¿cómo se ha redistribuido espacialmente la renta debido al proceso de suburbanización? y (c) ¿se ha intensificado el carácter especializado segregado- de los municipios de la RMB?.
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Según las estimaciones presentadas en este trabajo, el actual sistema de subsidios asistenciales reduce notablemente la pobreza extrema - entre un 41 y un 54 por ciento según el índice de pobreza considerado. También tiene un impacto importante sobre la intensidad y severidad de la pobreza según el umbral recomendado por Eurostat (entre un 32 y un 41 por ciento). Se ha demostrado que el elemento más importante dentro de este conjunto protector es el subsidio de desempleo en lo que se refiere tanto a su efectividad como a su eficiencia como instrumento de combate de la pobreza, seguido del complemento de mínimo de pensiones y las pensiones no contributivas de vejez. La eficiencia vertical de estos programas se sitúa, en media, en un 57 por ciento mientras que la eficiencia en la reducción de la pobreza es de un 47 por ciento. El conjunto de prestaciones contributivas del sistema de seguridad social, tiene un efecto sobre la pobreza mucho más importante que el sistema de subsidios asistenciales. Las prestaciones contributivas reducen la pobreza extrema entre un 73 y un 88 por ciento y la pobreza moderada entre un 44 y un 78 por ciento, según el índice de pobreza utilizado.
Resumo:
El deterioro de los niveles de desigualdad y el empeoramiento de los niveles de pobreza que se registraron en Uruguay durante la crisis de comienzos del siglo XXI, tuvieron una especial repercusión en la infancia y la juventud, haciendo más vulnerable el futuro desempeño socioeconómico de las nuevas generaciones. El presente trabajo pretende ahondar en la existencia y extensión de la transmisión intergeneracional de la pobreza (TIP) en Uruguay. La ausencia de datos de panel impide la utilización de algunas de las metodologías más difundidas, como la correlación intergeneracional de ingresos, por lo cual se opta por centrar el análisis en la correlación intergeneracional educativa, mediante la utilización de la Encuesta Continua de Hogares del año 2005. Los resultados comprueban la existencia de correlación intergeneracional educativa en Uruguay, que se ubica por debajo de la registrada en la mayoría de los países de América Latina, y por encima de la registrada en los países más desarrollados. Para ahondar en los determinantes de la TIP se ha estimado un modelo de selección discreta que permite explicar la probabilidad de los jóvenes de terminar la enseñanza secundaria (umbral que permite situarse fuera de la situación de pobreza) en función de una serie de variables vinculadas con el entorno familiar. Se comprueba así la significativa importancia de la educación de los padres en la explicación de los resultados de los hijos, respaldando los enfoques teóricos del capital humano y de la transmisión de habilidades. El análisis también evidencia el efecto negativo de un mayor número de hermanos en la familia, comprobando la importancia del enfoque de cantidad calidad de Becker. Finalmente, los resultados permiten entrever la importancia de otros mecanismos de la TIP como la segregación residencial, el assortative mating y el embarazo adolescente.
Resumo:
En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.