1000 resultados para PLANES DE DESARROLLO – COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ESTUDIO DE CASOS


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El Distrito barrial de Agua Blanca de la ciudad de Santiago de Cali se constituye en el espacio social donde se vivencia y se localiza una diferencia socio racial, producida y reproducida por el Estado, así como por los hechos históricos de explotación y marginalización. Es en medio de los flujos migratorios de población desplazada por la violencia social y económica y los planes de desarrollo urbanísticos de la ciudad como se ha erigido el Distrito barrial de Agua Blanca, escenario de tensiones y de luchas sociales dispuestas entre la legalidad y la ilegalidad; entre barrios urbanizados y barrios de urbanización. Este distrito barrial es el epicentro donde se producen y espacializan en el tiempo subjetividades hegemónicas, al igual que otras de mediación y articulación intersubjetiva, dispuestas para dar cuenta de los sentidos de urbanidad o territorialidad del escenario urbano en el que se producen.

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A partir del año 2009, la cooperación energética, en particular, ha ubicado al Ecuador entre los cuatro principales receptores de financiamiento e inversión de China en América Latina. La relación en términos políticos y económicos ha sido presentada por los gobiernos de ambos países como una relación de cooperación y “mutuos beneficios”, basada en principios de igualdad, no interferencia, y complementariedad energética. Sin embargo, mucho se ha cuestionado el actuar de China en Ecuador y los reales beneficios o desafíos que están detrás de estas relaciones de “cooperación”. Encausado en la misión de diversificar la matriz energética, el Ecuador se ha vuelto hacia China para obtener financiación a través del Eximbank de China y el Banco de Desarrollo de China. De entre los muchos proyectos emblemáticos financiados y construidos por China, en este estudio se analizarán a profundidad los tres más importantes hasta la fecha tanto por su magnitud como por la inversión requerida: Coca Codo Sinclair (1500MW), Sopladora (487 MW), y Minas San Francisco (270MW). La investigación girará en torno a los procesos de negociación y financiación, así como a la construcción de las centrales y las discusiones medioambientales, tecnológicas y laborales que se han presentado.

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No hay equívoco al afirmar que la internet, así como el avance de las tecnologías de la información y comunicación han bridando a la humanidad significativos beneficios. Hoy imaginarse un mundo sin internet es impensable. Casi dos mil millones de habitantes del planeta están conectados a la red, y en todos los sectores de la sociedad se han utilizado estos medios para el desarrollo de las operaciones cotidianas. Existen varias dificultades a la hora de aplicar la ley en los casos de pornografía infantil y procesar a los autores de este delito a través de los métodos tradicionales de investigación, es por esto que a lo largo del presente trabajo analizaremos aquellos problemas y a modo de propuesta determinaremos si es posible aplicar nuevos métodos de investigación como el agente encubierto cibernético o el allanamiento virtual para dar una respuesta efectiva a esta clase de delitos. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal se dio un avance significativo en la tipificación del delito de pornografía infantil, y se incluyeron novedosas vías de investigación; no obstante, la carencia de instrumentos tecnológicos, la falta de planes de investigación consensuados, escasez de capacitación especializada, dificultades en la cooperación internacional y fundamentalmente la resistencia a la innovación, son circunstancias que dificultan su aplicación. El avance legislativo que enfrentan los países desarrollados sobre la temática, ha permitido generar un instrumento guía para el manejo judicial de los delitos generados por las nuevas tecnologías; en particular, el Convenio de Ciberdelincuencia (Budapest), contempla preceptos sustantivos y procesales para un adecuado manejo del delito de pornografía infantil; si bien es cierto ha sido desarrollado en el margen de la Unión Europea, su contenido rebasa las instancias nacionales, propias de los delitos transnacionales, instrumento que puede ser tomado en cuenta para establecer regulaciones sobre la materia en nuestra región.

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Within the framework of post-liberal regionalist strategies that emerge and consolidate in the 21st century, the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) represents one of the integrationist initiatives that attaches more importance to South-South Cooperation. The article argues, at the same time, that CELAC may become a future mechanism for regional governance due to its potential for integration, the advancement of political dialogue and diplomatic consensus as well as the promotion of development and international cooperation.

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Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.

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