Policy processes and collective action in water reforms: the cases of Nicaragua and Suriname

Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

Diffusion of photovoltaic in Germany: policy vs. consumers

In some countries photovoltaic (PV) technology has already achieved a stage of development at which it can compete with conventional electricity sources. Germany provides a good illustration of this where PV market has reached a mature stage. As a manifest of this, the German government has recently reduced subsidies for households and industry by decreasing the feed in tariff for PV. This development raises fundamental questions: could the PV industry survive? Will consumers be motivated to continue to adopt PV when feed-in tariff diminish? The point of departure for the relevant literature on diffusion of PV has been on the effect of subsidies but little attention has paid to consumer motives when the policy support is scaled down. This paper introduces an in-depth analysis on understanding the consumer motives for adopting photovoltaic applications. Anchored in an extensive exploratory case study on PV consumers and PV system providers, this study aims to provide an encompassing explanation of diffusion of PV by revealing the link between consumer motives and the impact of policy.

Assessing the impact of adaptive accessibility on the optimal transport policy implementation by using an integrated land-use/transport model for Madrid

Accessibility is an essential concept widely used to evaluate the impact of land-use and transport strategies in transport and urban planning. Accessibility is typically evaluated by using a transport model or a land-use model independently or successively without a feedback loop, thus neglecting the interaction effects between the two systems and the induced competition effects among opportunities due to accessibility improvements. More than a mere methodological curiosity, failure to account for land- use/transport interactions and the competition effect may result in large underestimation of the policy effects. With the recent development of land-use and transport interaction (LUTI) models, there is a growing interest in using these models to adequately measure accessibility and evaluate its impact. The current study joins this research stream by embedding an accessibility measure in a LUTI model with two main aims. The first aim is to account for adaptive accessibility, namely the adjustment of the potential accessibility due to the effect of competition among opportunities (e.g., workplaces) as a result of improved accessibility. LUTI models are particularly suitable for assessing adaptive accessibility because the competition factor is a function of the number of jobs, which is related to land-use attractiveness and the number of workers which is related, among other factors, to the transport demand. The second aim is to identify the optimal implementation scenario of policy measures on the basis of the potential and adaptive accessibility and analyse the results in terms of social welfare and accessibility. The metropolitan area of Madrid is used as a case-study and two transport policy instruments, namely a cordon toll and bus frequency increase, have been chosen for the simulation study in order to present the usefulness of the approach to urban planners and policy makers. The MARS model (Metropolitan Activity Relocation Simulator) calibrated for Madrid was employed as the analysis tool. The impact of accessibility is embedded in the model through a social welfare function that includes not only costs and benefits to both road users and transport operators, but also costs and benefits for the government and society in general (external costs). An optimisation procedure is performed by the MARS model for maximizing the value of objective function in order to find the best (optimal) policy imp lementations intensity (i.e., price, frequency). Last, the two policy strategies are evaluated in terms of their accessibility. Results show that the accessibility with competition factor influences the optimal policy implementation level and also generates different results in terms of social welfare. In addition, mapping the difference between the potential and the adaptive accessibility indicators shows that the main changes occur in areas where there is a strong competition among land-use opportunities.

Diffusion of photovoltaic in Germany: roles of policy, system suppliers and adopters

In some countries photovoltaic (PV) technology is at a stage of development at which it can compete with conventional electricity sources. A case in point is Germany where PV market has reached a mature stage. As a manifest of this, the German government has recently reduced the feed-in-tariff, which had been the strongest driver of PV diffusion. This development raises a fundamental question: Why would potential adopters be motivated to adopt PV when feed-in tariff diminishes? The point of departure for the literature on diffusion of PV has been on the effect of subsidies but little attention has paid to adopter motives when the policy support is scaled down. This paper presents an in-depth analysis of the adopter motives for photovoltaic applications. Anchored in an extensive exploratory case study we provide an encompassing explanation of roles of policy, adopters and system suppliers on diffusion of PV.

Banking crises and government intervention

Intervention has taken different forms in different countries and periods of time. Moreover, recent episodes showed that in front of an imminent crisis, the promise of no interventions made by governments is barely credible. In this paper we address the problem of resolving banking crises from the government perspective, taking into account the fact that preventing banking crises is crucial for the government. In addition, we introduce the moral hazard problem, inherent in the banking system, and consider the interaction between regulation, policy measures and banks’ behavior. To the best of our knowledge, this is the first paper that compares different policy plans to resolve banking crises in an environment where insufficiently capitalized banks have incentives to take risk, and the government has to decide whether to provide public services or impede crises. We show that when individuals highly value public services then the best policy in terms of welfare is to apply the tax on early withdrawals, as the government can transfer those taxes to the whole population by investing in public services (although at some cost). Conversely, when individuals assign a low value to consuming public services, recapitalization is the dominant policy. Finally, when the probability of a crisis is sufficiently high, capital requirements should be used

Chinese Intellectuals and China`s Policy toward Japan

This dissertation aims at integrating two scholarships: state-society relation studies and Chinese foreign policy analysis. I created Two-level Perception Gap Model to analyze different intellectual groups' relations with party-state by confirming Chinese intellectuals play a role in CFP making in general, China's Japan policy in particular. This model is an alternative approach, instead of conventional wisdom patron-client approach, to explain and analyze the pluralized intellectual-state relations in China. This model first analyzed the role of two intellectual groups, namely think tank scholars and popular nationalist, in China's Japan policy making, and then based on these analyses it explains the interactional patterns between these two intellectual groups and party-state. I used three case studies, which represented different types of issue, Chinese attitude toward the U.S.-Japan alliance and the Japanese defense policy, the controversy over the Yasukuni Shrine Visit, and the territorial dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands, to examine this model. First, I examined think tank scholar groups and the extent they influenced "core interest issue and sensitive issue (Issue 1)," Chinese attitude toward the U.S.-Japan alliance and the Japanese defense policy, and their international patterns with party-state. Chapter 3 compares the responses of Chinese officials to the changes in the defense policy of Japan to the analyses from the think tank scholars. As the model assumes, results show that think tank scholars' analyses are consistent with China's policy position; nevertheless, it is difficult to confirm their analyses have influence on Chinese attitude toward the U.S.-Japan alliance and the Japanese defense policy. Based on the analysis of journal articles, most articles do not provide policy suggestions or simply provide suggestions that do not deviate from the policy. As Gu's theory of pluralist institutionalism and my hypothesis points out, most think tank scholars are establishment intellectuals so they tend to be self-disciplined. Second, this model provide a new concept "patriotic dilemma" for analyzing the challenge and constraints brought by popular nationalist discourses and public mobilization to Chinese foreign policy decision makers. Chapter 4 investigated the cases study of the controversy over the Yasukuni Shrine Visit, defined as "major/minor interest issue/ sensitive issue (Issue 3)," and the discourses from the popular nationalist, mainly focusing on anti-Japanese activists. The chapter also observes their influence on nationalist public opinions and analyzes how the nationalist public opinions constrain the policy choices among decision makers. Results strongly supported the hypothesis of patriotic dilemma that, although the popular nationalist group and public opinions constrained the policy choices of Chinese decision makers in the short term, they were unable to change the fundamental policy direction. Third, chapter 5 also focuses on anti-Japanese activists and examines the model with the case of the territorial dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands. The result supported that hypothesis that China's policy change was not because of the influence from popular nationalist's discourses or public opinions but because of the change of priority of this issue, from major/minor interest issue to core interest issue. These two chapters also indicate that the patron-client model is unable to describe the popular nationalist. An alternative approach, such as the concept "patriotic dilemma" is needed to describe the relations between the popular nationalist and the government.

When Wells Run Dry: Water and Tourism Along the Western Coast of Nicaragua

This dissertation uses a political ecology approach to examine the relationship between tourism development and groundwater in southwest Nicaragua. Tourism in Nicaragua is a booming industry bolstered by ‘unspoiled’ natural beauty, low crime rates, and government incentives. This growth has led to increased infrastructure, revenue, and employment opportunities for many local communities along the Pacific coast. Not surprisingly, it has also brought concomitant issues of deeper poverty, widening gaps between rich and poor, and competition over natural resources. Adequate provisions of freshwater are necessary to sustain the production and reproduction of tourism; however, it remains uncertain if groundwater supplies can keep pace with demand. The objective of this research is to assess water supply availability amidst tourism development in the Playa Gigante area. It addresses the questions: 1) are local groundwater supplies sufficient to sustain the demand for freshwater imposed by increased tourism development? and 2) is there a power relationship between tourism development and control over local freshwater that would prove inequitable to local populations? Integrating the findings of groundwater monitoring, geological mapping, and ethnographic and survey research from a representative stretch of Pacific coastline, this dissertation shows that diminishing recharge and increased groundwater consumption is creating conflict between stakeholders with various levels of knowledge, power, and access. Although national laws are structured to protect the environment and ensure equitable access to groundwater, the current scramble to secure water has powerful implications on social relations and power structures associated with tourism development. This dissertation concludes that marginalization due to environmental degradation is attributable to the nexus of a political promotion of tourism, poorly enforced state water policies, insufficient water research, and climate change. Greater technical attention to hydrological dynamics and collaboration amongst stakeholders are necessary for equitable access to groundwater, environmental sustainability, and profitability of tourism.

Background Checks for Firearms Sales and Loans: Law, History, and Policy

This article examines past and present systems requiring that a person receive permission before buying or borrowing a firearm. The article covers laws from the eighteenth century to the present. Such laws have traditionally been rare in the United States. The major exceptions are antebellum laws of the slaves states, and of those same states immediately after the Civil War, which forbade gun ownership by people of color, unless the individual had been granted government permission. Today “universal background checks” are based on a system created by former New York City Mayor Michael Bloomberg and his “Everytown” lobby. Such laws have been enacted in several states, and also proposed as federal legislation. Besides covering the private sale of firearms, they also cover most loans of firearms and the return of loaned firearms. By requiring that almost all loans and returns may only be processed by a gun store, these laws dangerously constrict responsible firearms activities, such as safety training and safe storage. Massachusetts, Connecticut, and California are among the jurisdictions which have enacted less restrictive, more effective legislation which create controls on private firearms sales, without inflicting so much harm on firearms safety.

CERCLA: A Case Study of Local Government Involvement in the Decision-Making Process in Colorado

The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) of 1980, and the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 1986 strengthen roles of the community in the CERCLA process. Many layers of bureaucracy and the complexity of regulations make the implementation and enforcement of environmental policy a burdensome process. Local government, the public and private corporations have a critical role in the CERCLA decision-making process by implementing a comprehensive public participation process. This paper examines a case study in which a local Colorado health department implemented a successful public participation process in order to positively affect the remediation decision-making process.

An Analysis of U.S. Air Force Policy and Installation CO2 Emissions to Determine Best Practices for the Implementation of Executive Order 13514

United States Air Force (USAF) energy policy is a measured but aggressive response to federal energy policy guidance. Previous USAF efforts, like those of the federal government, focused primarily on energy intensity reduction, cost, and BTU savings, and in certain cases have resulted in facility greenhouse gas (GHG) emission reductions. The USAF now faces the challenge of integrating GHG reduction goals and inventory requirements set forth in Executive Order 13514. Using USAF reported energy consumption data, facility GHG emission estimates have been synthesized to identify trends and elucidate existing energy best practices to be applied as part of overarching USAF GHG mitigation efforts and to highlight areas of possible concern for the integration of EO 13514 into operational USAF policy.

Banking Union with a Sovereign Virus. The self-serving regulatory treatment of sovereign debt in the euro area. CEPS Policy Brief No. 289, 27 March 2013

In many eurozone countries, domestic banks often hold more than 20% of domestic public debt, which is an unsatisfactory situation given that banks are highly leveraged and that sovereign debt is inherently subject to default risk within the euro area. This paper by Daniel Gros finds, however, that the relative concentration of public debt on bank balance sheets is not just a result of the euro crisis, for there are strong additional incentives for banks in some countries to increase their sovereign. His contribution discusses a number of these regulatory incentives – the most important of which is specific to the euro area – and explores ways in which euro area banks can be weaned from massive investments in government bonds.

A Copernican Turn for Banking Union. CEPS Policy Brief No. 290, 14 May 2013

Despite apparent consensus that the creation of a ‘Banking Union’ is essential for the survival of the euro, progress is painfully slow. The Single Supervisory Mechanism may not be ready before the middle of next year, the Single Resolution Mechanism may require a laborious change of the EU Treaty and common deposit insurance has been postponed into the indefinite future. Any real progress has been prevented by the protracted fights over which government will be the payer of last resort when banks fail because of past bad loans. In this Policy Brief, Thomas Mayer suggests that a radically new approach is needed if there is any prospect of moving beyond this impasse to reach full Banking Union. Instead of trying to move from common bank supervision over to resolution and then on to deposit insurance, he argues that policy-makers should go backwards and start with deposit insurance, move from there to resolution, and end with supervision.

A Copernican turn in Banking Union urgently needed. CEPS Policy Brief No. 297, July 2013 [is another Brief with no. 297]

Despite broad agreement among central bankers, policy-makers and economists that creation of a ‘Banking Union’ is essential for the survival of the euro, progress in building this union has been painfully slow. This is largely due to the protracted fights over which government will be the payer of last resort when banks fail because of bad loans made in the past. Taking a cue from Copernicus, Thomas Mayer suggests in this new CEPS Policy Brief that the impasse may be broken by turning the whole process on its head. So, instead of trying to move from common bank supervision, over to bank resolution and then on to deposit insurance, he proposes reversing the process by starting with deposit insurance, moving from there to resolution and ending with supervision.

Fiscal policy, banks and the financial crisis. National Bank of Belgium Working Paper No. 234, October 2012

This paper studies the effectiveness of Euro Area (EA) fiscal policy, during the recent financial crisis, using an estimated New Keynesian model with a bank. A key dimension of policy in the crisis was massive government support for banks—that dimension has so far received little attention in the macroeconomics literature. We use the estimated model to analyze the effects of bank asset losses, of government support for banks, and other fiscal stimulus measures, in the EA. Our results suggest that support for banks had a stabilizing effect on EA output, consumption and investment. Increased government purchases helped to stabilize output, but crowded out consumption. Higher transfers to households had a positive impact on private consumption, but a negligible effect on output and investment. Banking shocks and increased government spending explain half of the rise in the public debt/GDP ratio since the onset of the crisis.

Memo to Merkel: Post-election Germany and Europe. Bruegel Policy Brief 2013/05, 24 September 2013

Recent economic data points to the seeds of an economic recovery in the European Union. However, significant risks remain and bold policies are still needed. There are three central risks. Competitiveness adjustment is incomplete, casting doubt on the sustainability of public debt. Banking remains unstable and fragmented along national lines, resulting in unfavorable financial conditions, which further erode growth, job creation and competitiveness. Rising unemployment, especially among the young, is inequitable, unjust and politically risky. Germany has a central role to play in addressing these risks. The new German government should work on three priorities: Domestic economic policy should be more supportive of growth and adjustment, with higher public investment, a greater role for high-value added services, and more supportive immigration policy. Germany should support a meaningful banking union with a centralised resolution mechanism requiring a transfer of sovereignty to Europe for all countries including Germany. The establishment of a private investment initiative combined with a European Youth Education Fund and labour market reforms should be promoted. Building on these priorities, a significant deepening of the euro area is needed, with a genuine transfer of sovereignty, stronger institutions and democratically legitimate decision-making structures in areas of common policy.