La valoración de la prueba, en la motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.” Con este artículo nuestro legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución Política de nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Con la motivación se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan.

Las nulidades procesales por omisión de solemnidades en el proceso civil

El Art. 169 de la Constitución Política de la República dice: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso . No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. El fin inmediato de la ley procesal es entonces la aplicación de la disposición legal al caso concreto. Lo que se busca en todo este andamiaje constitucional es hacer cumplir los derechos que el Estado garantiza a todo ciudadano, cuales son el derecho al debido proceso, la defensa en juicio , y a una justicia sin dilaciones. El objetivo del trabajo es analizar las causas que dan origen a las nulidades por omisión de solemnidades tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal. Si la declaración es en el orden sustantivo, se analizará los motivos que dieron lugar a esta anormalidad. Pero si la declaración es en el campo procesal, entonces se estará frente a la omisión de solemnidades de otra índole, este tipo de anormalidades se presentan cuando existen vicios en el procedimiento, un defecto en el trámite. La investigación enfrenta el estudio de la nulidad y la ineficacia a partir de una concepción integral y dinámica, agrega otros problemas complejos que parten de la ley procesal, siempre de interés público, cuya correcta aplicación “ constituye la garantía del proceso” .

Nulidades en el proceso civil (Tema Central)

Cuando en la expedición de un acto procesal hay un apartamiento de ciertas formas, o bien se omiten requisitos que la ley exige para su validez, se dice que es nulo. Estos errores determinan que la nulidad sea un vicio que afecta a las formas, no al contenido del acto, por ello, para declarar una nulidad procesal -diríase el remedio extremo-, el juzgador debe atenerse a ciertos principios, en especial, cuando el vicio afecta gravemente la garantía de defensa de los justiciables. El tratamiento que otorga la legislación procesal civil ecuatoriana a la materia no es sistemático, es de esperar que un nuevo cuerpo legal, siguiendo la corriente que en la materia ha impuesto el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, corrija la dispersión en el sistema e incorpore nuevos principios y figuras.

Naturaleza jurídica de la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda en el proceso civil

Por años hemos sido testigos por mor de la costumbre y sin detenernos a pensar mucho en ello, los abogados litigantes al contestar una demanda propuesta en contra de nuestros clientes, colocamos como primera -y a veces hasta única- “excepción” a la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ya que ha sido corriente considerar que esta aseveración engloba a todas las posibles excepciones o defensas que un caso pueda tener. Se ha considerado entonces y se sigue haciéndolo actualmente, que la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda constituye una “excepción madre” que engloba a todas las demás excepciones. Tanto es así que consignarla en el libelo de contestación a la demanda implica que el juzgador tenga presente que el demandado niega las pretensiones de la demanda y que al actor le corresponde justificarla en todos sus aspectos. En base a este criterio, bastaría con incluir únicamente dicha única “excepción” para que el juzgador pueda revisar todas los posibles argumentos o pruebas que se presenten en un caso concreto con las que se pudiera desvirtuar la demanda, aunque el demandado no los hubiere consignado e incluso supuesto o siquiera advertido. Sin embargo, tendencias procesalistas contemporáneas propugnan precisamente todo lo contrario, esto es, determinan que la naturaleza jurídica de la simple negativa no corresponde a una excepción y, más bien, consiste en un mero enunciado que -para los más extremos- ni siquiera debería existir, ya que no incluye ninguna defensa jurídicamente apropiada. En tal virtud, el hecho de que la litis se haya trabado con la negativa simple de los fundamentos de la demanda no podría obligar al juzgador, bajo pena de que su fallo sea considerado incongruente, a revisar todos los “argumentos” de las posibles defensas. Antes, contra todo anterior presupuesto, se determina que si sólo se hace tal negación, la defensa será estéril. Incluso, el Proyecto de Código de Procedimiento Civil ecuatoriano adopta este criterio, con el que concordamos, y equipara el guardar silencio o consignar excepciones ambiguas o evasivas a un tácito allanamiento a las pretensiones del actor. El presente trabajo logra especificar el alcance procesal que la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda debería tener y, de la consecuencia lógica que su aplicación debería conferir, de modo que los profesionales del derecho conozcamos los parámetros específicos de su enunciado, contestado la demanda con una estrategia defensiva que realmente favorezca al cliente, tendiendo, en último término, a brindar la seguridad jurídica anhelada que busca la uniformidad de los fallos que los jueces pronuncien respecto de su consideración.

El delito de tortura y su compatibilización en la legislación ecuatoriana

El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.

Trasplante de la práctica de prueba testimonial civil adversarial al Ecuador

Se utilizan modelos valorativos, contextuales y pragmáticos dentro de lo cuales la tesis se divide en tres capítulos. El trasplante del cual la tesis abarca su investigación, es la práctica de la prueba testimonial oral civil, tomando como referencia el sistema adversarial del cual se verifican varios rasgos característicos; el sistema está en pleno proceso de trasplante al Ecuador, con la aprobación del Código Orgánico General de Procesos del 2015. En el primer capítulo, se abarca la dimensión valorativa del trasplante jurídico, se explica lo que es un trasplante jurídico y el tipo de sistema de comparación a utilizarse; luego se ubica al lector, de forma global, en los sistemas orales del Norte Global (EEUU y Europa) para explicar lo que significa un sistema oral adversarial. Esta dimensión valorativa incluye tres grandes críticas que se realizan al sistema adversarial angloamericano. El segundo capítulo se ejecuta mediante el método contextual, ya que se especifican los tres elementos básicos de lo cuales se compone la práctica de prueba testimonial en sistema adversarial, esto es: El examen directo (interrogatorio); el contra examen (contra interrogatorio) y la objeción; explicando al lector los objetivos básicos de cada elemento; al final un acápite explicativo de la reina de las pruebas, la declaración de parte (antes llamada Confesión judicial) y su práctica en sistema oral. El tercer capítulo entrega al lector información en un contexto pragmático enfocado a la presencia del sistema oral adversarial en la legislación constitucional y en la legislación procesal; se verifican los elementos de la litigación oral adversarial existentes en el Código Orgánico General de Procesos aprobado el 22 de mayo de 2015, así como ciertos nudos críticos que se deben debatir, producto del trasplante. La notas finales exponen al lector la necesidad de seguir investigando los nuevos retos que del sistema procesal civil oral, una vez que se cambia de lo escrito a lo oral y de lo inquisitorio a lo adversarial.

Princípios gerais do processo civil

Objetiva o presente trabalho dar uma visão ampla, simplificada e acessível para que qualquer pessoa possa compreender os princípios que regem nosso processo civil.Os princípios tem como função essencial a orientação do processo, pretendendo a prestação jurisdicional satisfatória para se alcançar a justiça.Antes de mais nada, é necessário fazer um exame dos princípios que estão contidos na Constituição Federal, passando-se em seguida a analisar os princípios efetivamente presentes no Código de processo Civil.Para entender melhor como funcionam os princípios dentro do processo, deve-se de pronto observar os princípios informativos, quais sejam:princípio lógico, princípio jurídico, princípio político e por último o princípio econômico.Todos os outros princípios contidos e estudados neste trabalho se completam com os princípios informativos, não se verificando sobreposição de um sobre outro.Todos eles reunidos garantem o Estado Democrático de Direito de todos e qualquer cidadão.Porém, observa-se que este Estado Democrático de Direito é mutável em relação aos princípios, tendo em vista que estes variam de acordo com o momento vivido pela sociedade.Importante salientar que advogados, juízes e promotores utilizam-se dos princípios acima referidos a todo tempo, pois, embora relativos, sempre serão norteadores de condutas.

Responsabilidade civil dos profissionais de saúde frente à iatrogenia

Profissionais de saúde tem como objeto de trabalho o processo saúde-doença sendo inegável a evolução dos meios utilizados para a sua prática e que, isso tem possibilitado resultados importantes mas não suficientes para garantir o sucesso absoluto dos tratamentos. Os danos decorrentes de resultados indesejáveis acometem pacientes e familiares que sofrem diretamente as consequências físicas ou psíquicas. A responsabilidade civil do profissional de saúde decorre da constatação do dano de qualquer tipo ou espécie ao usuário dos serviços de saúde, por lesão a um direito ou a qualquer tipo de interesse legítimo, resultando em danos físicos, patrimoniais ou morais. O resultado indesejado ao paciente, obtido pela ação de um profissional de saúde, é denominado iatrogenia nem sempre é decorrente de uma ação dolosa ou em função de imperícia, imprudência ou negligência, mas pela probabilidade de ocorrência mesmo com a obediência e emprego das melhores técnicas e preceitos profissionais. O dever de indenizar entretanto, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, dependerá se a obrigação do profissional era de meio ou de resultado. Há o entendimento portanto que, mesmo sendo o trabalho em saúde uma atividade, que por sua própria natureza envolva riscos e que os resultados indesejados fazem parte da realidade cotidiana, exige-se do profissional de saúde a cautela para o esclarecimento dos riscos envolvidos incluindo prognóstico e possíveis sequelas advindas do tratamento e neste sentido, profissionais e pacientes, devem ser orientados por seus advogados sobre os desdobramentos advindos de uma possível iatrogenia e da necessidade de se possuir contratos que estabeleçam direitos e deveres para as partes antes do início de qualquer terapêutica.

Interesse público, interesse particular e acesso à justiça: reflexões a partir das prerrogativas da Fazenda Pública

Este trabalho acadêmico é fruto da observação profissional cotidiana acerca da relação do Estado e de suas entidades de Direito Público com o particular. De modo algum propende a deslustrar teorias, opiniões e suporte jurídico favoráveis ao modelo diferenciado e casuisticamente pró-estatal vigente. Assim, na linha do eixo acadêmico-científico deste Mestrado, de caráter marcadamente profissional, buscou-se no campo do pluralismo de idéias descrever, num diapasão dialético, o contexto factual e jurídico-legal consoante os dois primeiros capítulos, para assim ensejar discussão e reflexão sobre matéria que se oferece relevante para a efetiva melhoria dos serviços jurisdicionais, submetendo-os, a seguir, a diretivas teóricas e, em particular, à compreensão contextual de nossa ordem constitucional. Partiu-se assim, de situações concretas vivenciadas no ambiente forense de uma unidade da Justiça Federal (2ª Vara da Justiça Federal de Petrópolis, da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro), sabidamente competente para as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes1. O tema central do estudo são as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Vem de longe um conjunto de protetivo processual em seu favor. Para ficarmos no século XX, por exemplo, o art. 32 do Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil) já explicitava: “Art. 32. Aos representantes da Fazenda Pública contar-se-ão em quádruplo os prazos para a contestação e em dobro para a interposição de recurso.” O Código de Processo Civil atual conforme destacado na parte descritiva do texto, cuidou de aperfeiçoar e ampliar esse suporte pró-fazendário, como exemplo, o dispositivo mais conhecido é, seguramente, o art. 188 do Código de Processo Civil. No entanto, a multiplicidade de avanços no seio da sociedade brasileira – basicamente nos planos político, constitucional, legal, social, econômico, cultural, global e tecnológico – trouxe como corolário o imperativo da otimização dos mecanismos voltados para o que denominamos no trabalho de acesso qualificado à Justiça. Esse conjunto de fatores, em realidade, acha-se forrado pelos princípios da igualdade e da isonomia que permeiam todo o arcabouço de conquistas asseguradas no corpo político-jurídico constitucional. Nas palavras do professor e atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux2, a neutralidade, sobretudo do juiz, constitui fator impediente para o magistrado manter a igualdade das partes na relação jurídica processual. Claro, frise-se, tanto quanto possível, isto é, observando a lei que, ao eventualmente promover, pontualmente, certo grau distintivo, o faça comprometida com a efetiva correção de discrímen para assim encontrar e assegurar a igualdade. Deve fazêlo, na linha desse pensamento, de modo a impedir que o resultado da aplicação da norma não seja expressão da deficiência e do desmerecimento de uma das partes em juízo. Tudo considerado importa que o entendimento ora realçado não se destine apenas ao juiz, mas no caso, também ao legislador, fonte criadora da normatividade posta em evidência.

Responsabilidade do estado brasileiro pela concretização da Razoável duração do processo civil

O presente trabalho possui como objetivo analisar do ponto de vista estritamente acadêmico e doutrinário a responsabilidade do Estado brasileiro na concretização da razoável duração do processo civil, postulado processual tipificado na constituição federal através da emenda nº 45, criando um novo inciso em seu art. 5º que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais do homem. O embasamento teórico deste trabalho se manifesta através de consiste pesquisa doutrinária, em livros e periódicos da área jurídica, realizando um cotejo das opiniões de estudiosos nacionais e estrangeiros, da área do direito público. Desenvolve-se, por fim, a noção de dupla responsabilidade do Estado, sendo a primeira, a responsabilidade do Estado como norma definidora de tarefas a serem perseguidas, e a segunda a responsabilidade civil, devida por possíveis danos gerados em processos excessivamente lentos que violam o postulado da razoável duração do processo.

Sujeição passiva do credor na obrigação tributária e alienação fiduciária em garantia de bens imóveis: um estudo sobre IPTU à luz da jurisprudência e doutrina brasileira

O presente trabalho visa elucidar se com a formação do negócio de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel para garantia de uma Obrigação Civil, o Credor-fiduciário, em razão das prerrogativas que a Lei 9.514/97 e suas respectivas alterações lhe conferem, poderiam levá-lo a figurar como sujeito passivo do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU para fins tributários. Para tanto, serão analisados aspectos gerais a cerca do IPTU e da Alienação Fiduciária para Bens Imóveis, utilizando como norte a legislação, a doutrina e jurisprudência pátria. Por conseguinte, em razão deste estudo, será levado a debate se o credor-fiduciário é realmente parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visem à execução de débitos tributários inadimplidos, que remetam a época em que o devedor-fiduciante exercia a posse direta sobre a coisa. Esta obra analisa se existe compatibilidade do parágrafo 8º do art. 27 da Lei 9.514/97 frente ao Código Tributário Nacional e a Constituição da República, sob duas análises interpretativas da norma, procurando revelar que vigora atualmente um cenário de insegurança jurídica para os credores-fiduciários e, caso não seja sanado, provocará um aumento no custo dos empréstimos.

Dinamicização da distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro

Esta dissertação tem como objetivo principal analisar o cabimento, no direito processual brasileiro, de uma distribuição dinâmica das regras do ônus da prova. Na primeira parte, são analisados o conceito, o objeto e a finalidade da prova, com apontamento da distinção entre fontes e meios. Após, são estudados o conceito de ônus da prova e sua distinção da obrigação, dando ênfase aos seus aspectos objetivo e subjetivo e às principais teorias, antigas e modernas, que tratam dos critérios para a distribuição do ônus da prova. Estudou-se, em seguida, os principais fenômenos relacionados ao ônus da prova, quais sejam a distribuição, cuja regra geral está no art. 333 do CPC, e a redistribuição como gênero, tendo com espécies a redistribuição strictu sensu, cabível em casos de probatio diabolica e em excepcionais casos em que a prova se apresenta difícil por fatores externos ao processo, e a inversão, cujo exemplo, no direito pátrio, é o art. 6o, inc. VIII, do CDC. Na segunda parte do trabalho, são apresentadas duas novas teorias sobre a distribuição do ônus da prova: a visão solidarista do ônus da prova e a teoria dinâmica dos ônus probatórios. Por fim, ante a necessidade de flexibilização das atuais regras gerais de distribuição do ônus da prova e, ao mesmo tempo, controle do excessivo subjetivismo judicial, analisa-se o cabimento da aplicação da teoria dinâmica no direito brasileiro, apontando-se os parâmetros para a decisão judicial que a aplique. Do estudo, concluiu-se que o direito processual brasileiro admite a aplicação da teoria dinâmica dos ônus probatórios em face da incidência do princípio da igualdade, dos poderes instrutórios do juiz e do dever de lealdade, boa-fé e colaboração das partes. Concluiuse, ainda, que embora possa acontecer em momento diverso, o momento mais oportuno para a ocorrência da redistribuição do ônus da prova é a audiência preliminar, não podendo se verificar, em nenhuma hipótese, surpresa às partes, sob pena de ferimento ao princípio do contraditório. Quanto à decisão judicial que aplica a teoria dinâmica, deve esta levar em conta que tal aplicação é de caráter excepcionalíssimo, devendo ser bem fundamentada.

Curial exegese do art. 14, caput, da lei 9.307/96: hermenêutica lege ferenda ou real vontade do legislador?

Considerando toda a evolução da ciência processual, não há mais qualquer dúvida acerca da importância de se garantir juízes imparciais para o exercício da atividade jurisdicional. Em sede de arbitragem, a preocupação não poderia ser diferente. Dado que o árbitro exerce igualmente as prerrogativas concedidas pela jurisdição, sendo árbitro de fato e de direito, a necessidade de que sejam pessoas munidas de inquestionável imparcialidade e independência em relação às partes é ainda maior, dado que a confiança é o principal requisito para a função de tal munus. Desta forma, o trabalho pretende compreender se pode o princípio da autonomia da vontade das partes relativizar a proibição estabelecida em lei, que impede a atuação de árbitros quando incidentes nas hipóteses de impedimento e suspeição.

Responsabilidade tributária de grupos econômicos

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a responsabilidade tributária de grupos econômicos. Para tanto, analisa inicialmente o que é grupo econômico a partir da evolução da organização da empresa, verificando as formas de regulação no direito societário, bem como nos demais ramos do direito, especialmente o tributário. Em seguida, se debruça sobre a limitação da responsabilidade, a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade tributária. Verifica, então, em quais hipóteses poderia haver a responsabilidade tributária de grupos econômicos, sendo analisadas as possibilidades com fundamento legal no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91; art. 124 da Lei nº 5.172/66; art. 50 da Lei nº 10.406/2002; art. 990 da Lei nº 10.406/02 combinado com o art. 126, III, da Lei nº 5.172/66; e art. 116, §1º, da Lei nº 5.172/66. Por fim, aborda aspectos processuais da responsabilidade de grupos econômicos, com enfoque no incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil de 2015.