La competencia de la Unión Europea en la inversión extranjera directa (Tema Central)

El presente trabajo intenta analizar brevemente los distintos aspectos relativos a la inclusión de la inversión extranjera directa en la política comercial común de la Unión Europea, reformada por el Tratado de Lisboa. Inicialmente se hará referencia a la práctica de la UE en el área de inversiones previas al Tratado de Lisboa, acto seguido, se expondrán las interpretaciones sugeridas al concepto de “inversión extranjera directa” en la política comercial común de la Unión Europea, así como también las distintas posturas sobre el alcance de esta política con relación a este concepto, tras la vigencia del Tratado de Lisboa. Finalmente serán descritos los posibles efectos de dicha competencia de la Unión para los tratados bilaterales de inversión celebrados entre sus países miembros, y de estos con terceros países.

Análisis del dictamen No. 023-10-DTI-CC de la Corte Constitucional para el período de transición referente al “Tratado entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania sobre fomento y recíproca protección de inversiones de capital”: (Caso No. 0006-10-TI) [Jurisprudencia]

El presente trabajo analiza de manera crítica el pronunciamiento de la Corte Constitucional para el Período de Transición respecto al control constitucional de las denuncias de tratados bilaterales de inversiones de capital, tomando como caso de estudio el instrumento internacional suscrito entre Ecuador y Alemania, en el cual bajo una corriente constitucionalista, la Corte somete al crisol de la contradicción el contenido del Tratado Internacional con la normativa constitucional vigente. En aquel sentido, analizaremos cómo, a través de este polémico dictamen, se inicia una línea jurisprudencial en la que se configuran temas controversiales como el denominado control automático de constitucionalidad, y, el debate respecto a la soberanía estatal en cuanto al no sometimiento del Ecuador a arbitrajes comerciales internacionales en asuntos de índole comercial.

Turismo e informática (software) como servicios de exportación de Ecuador

El comercio de servicios, a más de cubrir la nueva demanda de los procesos productivos actuales, surge como una alternativa de diversificación comercial y productiva para los países. En la actualidad este proceso es considerado parte fundamental en el desarrollo económico porque implica la reducción de la vulnerabilidad que se genera con la dependencia en la producción de productos primarios y permite aumentar su participación en el mercado mundial. En este contexto, la investigación tiene dos grandes objetivos: Analizar los lineamientos y orientaciones generales del comercio de servicios a nivel internacional, principalmente el sector de “Turismo e Informática (software)”, su evolución y tendencia económica. Adicionalmente, se cita la normativa multilateral vigente que rige el intercambio y es la base para la firma de acuerdos de comercio. El segundo objetivo es estudiar la situación y evolución del comercio de servicios en el Ecuador, el tratamiento otorgado por el gobierno ecuatoriano, específicamente a los servicios de Turismo e Informática, software. Se describe como la identificación de políticas vigentes en materia de comercio dan soporte a la diversificación de la oferta exportable y a la potencialidad de adoptar el comercio de servicios como parte del proceso. Finalmente se analizará la evolución y participación de los países de la Comunidad Andina en el comercio de servicios en los últimos años.

Foro: revista de derecho. 19 (Recensiones)

Presenta las reseñas de los siguientes libros: Lina Victoria Parra Cortés, Constitucionalismo contemporáneo y la teoría del contenido mínimo: el derecho al trabajo, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2013, 118 pp. -- Santiago González Ortega, coord., El Convenio Multilateral Iberoamericano de seguridad Social, México, Tirant lo Blanch, 2013.

Los cambios de política en materia de propiedad intelectual en la CAN: de un «régimen común» a un «régimen sui géneris»

Desde las etapas iniciales de la integración subregional andina se destacó la importancia del desarrollo de la capacidad tecnológica para la consecución de sus fines; de allí que se haya instituido un régimen común de propiedad intelectual junto con una estructura institucional y un conjunto de políticas públicas de complementariedad, entre las que se encuentra el régimen de inversión extranjera y derecho de la competencia. No obstante, desde que dichas normas comunitarias entraron en vigencia, generaron controversia por ir en oposición a las corrientes globales; situación que se agudizó a partir de los años 80, cuando los países de la región tuvieron que hacer frente a diversas dificultades, tanto exógenas como endógenas, que provocaron un debilitamiento en el proceso subregional andino e impulsaron cambios de política que fueron plasmados en el ordenamiento comunitario andino, hasta llegar a la Decisión 486, norma que representa la adecuación al sistema multilateral. El autor analiza los cambios de política en materia de propiedad intelectual que se dieron en la CAN en la última década, identificando su impacto en el proceso de integración subregional, al tiempo que estudia las políticas de propiedad intelectual, examinando los efectos de los desarrollos del sistema multilateral y las negociaciones bilaterales sobre el manejo de políticas de propiedad intelectual al interior de la Comunidad Andina, considerando las repercusiones que han tenido los TLC celebrados por Colombia y Perú con los Estados Unidos en esta materia.

El comercio compensatorio y sus potenciales afectaciones al principio de no discriminación establecido en los acuerdos de la OMC

En la última década el Ecuador replanteó su política comercial e inició operaciones de comercio compensatorio principalmente con Venezuela y China; se incorporó al ALBA y adoptó el SUCRE como mecanismo para realizar operaciones de intercambio comercial bajo los principios de complementariedad y solidaridad. En este contexto, existe la posibilidad de generar potenciales afectaciones a los principios del sistema multilateral de comercio, específicamente el de no discriminación. En ese sentido, en el presente estudio se describe el comercio compensatorio y su estructura; se analiza el principio de no discriminación, expresado a través de las cláusulas de nación más favorecida y de trato nacional. Del mismo modo, se analizan los acuerdos comerciales suscritos por el Ecuador dentro del ALBA, los acuerdos realizados con Venezuela y Cuba en el marco de ALADI y el uso del SUCRE. Se concluye que dichos acuerdos se enmarcan en un proceso de integración flexible que atiende a las necesidades y diferencias de sus miembros, por tanto tales intercambios no se ajustan a los lineamientos del SMC; no obstante, se adecuan a las excepciones que el propio sistema establece, en tal razón no se advierte contradicción o violación del ordenamiento jurídico internacional.

Algunas características de los programas antárticos de India y China (Tema Central)

This paper states that even though the Antarctic Treaty is a remarkable instrument for peaceful collaboration and scientific research, it is, basically, a by-product of the Cold War that reaffirms a particular status quo. This paper explores whether the ATS will meet the needs of an emerging world order. Particularly, the paper evaluates the ATS in the face of new global challenges, both internal and external to the Antarctic Treaty System (ATS) itself, as well as power shifting processes on a world scale, climate change and the changing interests of new states. China is a key component in understanding this issue because its Antarctic engagement is entering a new phase one that challenges current multilateral provisions. China’s Antarctic program will be analyzed within the framework of International Relations approaches and theories.

The EEAS and the Eastern Partnership: let the blame game stop. CEPS Commentary, 4 September 2012

In the first year and a half of its existence, the EEAS and its head have become the target of extensive criticism for the shortcomings of EU foreign policy; shortcomings that in fact date back to the creation of the European Union. The EU’s diplomatic service has been blamed variously for ‘lacking clarity,’ ‘acting too slowly’ and ‘being unable to bridge the institutional divide’. In this Commentary author Hrant Kostanyan argues that the EEAS’ discretionary power in the Eastern Partnership multilateral framework is restricted by the decision-making procedures between a wide range of stakeholders: the member states and the partner countries, as well as by the EU institutions, international organisations and the Civil Society Forum. Since this decision-making process places a substantial number of brakes on the discretionary power of the EEAS, any responsible analysis or critique of the service should take these constraints into consideration. Ultimately, the EEAS is only able to craft EU foreign policy insofar as it is allowed to do so.

MFN status and the choice of tariff regime

The gradualist approach to trade liberalization views the uniform tariffs implied by MFN status as an important step on the path to free trade. We investigate whether a regime of uniform tariffs will be preferable to discriminatory tariffs when countries engage in non-cooperative interaction in multilateral trade. The analysis includes product differentiation and asymmetric costs. We show that with the cost asymmetry the countries will disagree on the choice of tariff regime. When the choice of import tariffs and export subsidies is made sequentially the uniform tariff regime may not be sustainable, because of an incentive to deviate to a discriminatory regime. Hence, an international body is needed to ensure compliance with tariff agreement.

Dual technological development in Botswana agriculture: A Stochastic input distance function approach

To improve the welfare of the rural poor and keep them in the countryside, the government of Botswana has been spending 40% of the value of agricultural GDP on agricultural support services. But can investment make smallholder agriculture prosperous in such adverse conditions? This paper derives an answer by applying a two-output six-input stochastic translog distance function, with inefficiency effects and biased technical change to panel data for the 18 districts and the commercial agricultural sector, from 1979 to 1996 This model demonstrates that herds are the most important input, followed by draft power. land and seeds. Multilateral indices for technical change, technical efficiency and total factor productivity (TFP) show that the technology level of the commercial agricultural sector is more than six times that of traditional agriculture and that the gap has been increasing, due to technological regression in traditional agriculture and modest progress in commercial agriculture. Since the levels of efficiency are similar, the same patient is repeated by the TFP indices. This result highlights the policy dilemma of the trade-off between efficiency and equity objectives.

The role of transgenic crops for sustainable development

The concept of sustainable development forms the basis for a wide variety of international and national policy making. World population continues to expand at about 80 M people per year, while the demand for natural resources continues to escalate. Important policies, treaties and goals underpin the notion of sustainable development. In this paper, we discuss and evaluate a range of scientific literature pertaining to the use of transgenic crops in meeting sustainable development goals. It is concluded that a considerable body of evidence has accrued since the first commercial growing of transgenic crops, which suggests that they can contribute in all three traditional pillars of sustainability, i.e. economically, environmentally and socially. Management of herbicide-tolerant and insect-resistant transgenic crops to minimize the risk of weeds and pests developing resistance is discussed, together with the associated concern about the risk of loss of biodiversity. As the world population continues to rise, the evidence reviewed here suggests it would be unwise to ignore transgenic crops as one of the tools that can help meet aspirations for increasingly sustainable global development.

European Union

Determination of shadow notifications of domestic support for agriculture in the European Union under the WTO (World Trade Organization) Agreement on Agriculture, and consideration of the potential impact of an agreement in the Doha Round of multilateral trade negotiations.

Mid-term evaluation of African Technology Policy Studies Network Phase VI Strategic Plan: for the period January 1, 2009 to December 31, 2010

The African Technology Policy Studies Network (ATPS) is a multidisciplinary network of researchers, private sector actors, policymakers and civil society. ATPS has the vision to become the leading international centre of excellence and reference in science, technology and innovation (STI) systems research, training and capacity building, communication and sensitization, knowledge brokerage, policy advocacy and outreach in Africa. It has a Regional Secretariat in Nairobi Kenya, and operates through national chapters in 29 countries (including 27 in Africa and two Chapters in the United Kingdom and USA for Africans in the Diaspora) with an expansion plan to cover the entire continent by 2015. The ATPS Phase VI Strategic Plan aims to improve the understanding and functioning of STI processes and systems to strengthen the learning capacity, social responses, and governance of STI for addressing Africa's development challenges, with a specific focus on the Millennium Development Goals (MDGs). A team of external evaluators carried out a midterm review to assess the effectiveness and efficiency of the implementation of the Strategic Plan for the period January 1, 2009 to December 31, 2010. The evaluation methodology involved multiple quantitative and qualitative methods to assess the qualitative and quantitative inputs (human resources, financial resources, time, etc.) into ATPS activities (both thematic and facilitative) and their tangible and intangible outputs, outcomes and impacts. Methods included a questionnaire survey of ATPS members and stakeholders, key informant interviews, and focus group discussions (FGDs) with members in six countries. Effectiveness of Programmes Under all six strategic goals, very good progress has been made towards planned outputs and outcomes. This is evidenced by key performance indicators (KPIs) generated from desk review, ratings from the survey respondents, and the themes that run through the FGDs. Institutional and Programme Cost Effectiveness Institutional Effectiveness: assessment of institutional effectiveness suggests that adequate management frameworks are in place and are being used effectively and transparently. Also technical and financial accounting mechanisms are being followed in accordance with grant agreements and with global good practice. This is evidenced by KPIs generated from desk review. Programme Cost Effectiveness: assessment of cost-effectiveness of execution of programmes shows that organisational structure is efficient, delivering high quality, relevant research at relatively low cost by international standards. The evidence includes KPIs from desk review: administrative costs to programme cost ratio has fallen steadily, to around 10%; average size of research grants is modest, without compromising quality. There is high level of pro bono input by ATPS members. ATPS Programmes Strategic Evaluation ATPS research and STI related activities are indeed unique and well aligned with STI issues and needs facing Africa and globally. The multi-disciplinary and trans-boundary nature of the research activities are creating a unique group of research scientists. The ATPS approach to research and STI issues is paving the way for the so called Third Generation University (3GU). Understanding this unique positioning, an increasing number of international multilateral agencies are seeking partnership with ATPS. ATPS is seeing an increasing level of funding commitments by Donor Partners. Recommendations for ATPS Continued Growth and Effectiveness On-going reform of ATPS administrative structure to continue The on-going reforms that have taken place within the Board, Regional Secretariat, and at the National Chapter coordination levels are welcomed. Such reform should continue until fully functional corporate governance policy and practices are fully established and implemented across the ATPS governance structures. This will further strengthen ATPS to achieve the vision of being the leading STI policy brokerage organization in Africa. Although training in corporate governance has been carried out for all sectors of ATPS leadership structure in recent time, there is some evidence that these systems have not yet been fully implemented effectively within all the governance structures of the organization, especially at the Board and National chapter levels. Future training should emphasize practical application with exercises relevant to ATPS leadership structure from the Board to the National Chapter levels. Training on Transformational Leadership - Leading a Change Though a subject of intense debate amongst economists and social scientists, it is generally agreed that cultural mindsets and attitudes could enhance and/or hinder organizational progress. ATPS’s vision demands transformational leadership skills amongst its leaders from the Board members to the National Chapter Coordinators. To lead such a change, ATPS leaders must understand and avoid personal and cultural mindsets and value systems that hinder change, while embracing those that enhance it. It requires deliberate assessment of cultural, behavioural patterns that could hinder progress and the willingness to be recast into cultural and personal habits that make for progress. Improvement of relationship amongst the Board, Secretariat, and National Chapters A large number of ATPS members and stakeholders feel they do not have effective communications and/or access to Board, National Chapter Coordinators and Regional Secretariat activities. Effort should be made to improve the implementation of ATPS communication strategy to improve on information flows amongst the ATPS management and the members. The results of the survey and the FGDs suggest that progress has been made during the past two years in this direction, but more could be done to ensure effective flow of pertinent information to members following ATPS communications channels. Strategies for Increased Funding for National Chapters There is a big gap between the fundraising skills of the Regional Secretariat and those of the National Coordinators. In some cases, funds successfully raised by the Secretariat and disbursed to national chapters were not followed up with timely progress and financial reports by some national chapters. Adequate training in relevant skills required for effective interactions with STI key policy players should be conducted regularly for National Chapter coordinators and ATPS members. The ongoing training in grant writing should continue and be made continent-wide if funding permits. Funding of National Chapters should be strategic such that capacity in a specific area of research is built which, with time, will not only lead to a strong research capacity in that area, but also strengthen academic programmes. For example, a strong climate change programme is emerging at University of Nigeria Nsukka (UNN), with strong collaborations with Universities from neighbouring States. Strategies to Increase National Government buy-in and support for STI Translating STI research outcomes into policies requires a great deal of emotional intelligence, skills which are often lacking in the first and second generation universities. In the epoch of the science-based or 2GUs, governments were content with universities carrying out scientific research and providing scientific education. Now they desire to see universities as incubators of new science- or technology-based commercial activities, whether by existing firms or start-ups. Hence, governments demand that universities take an active and leading role in the exploitation of their knowledge and they are willing to make funds available to support such activities. Thus, for universities to gain the attention of national leadership they must become centres of excellence and explicit instruments of economic development in the knowledge-based economy. The universities must do this while working collaboratively with government departments, parastatals, and institutions and dedicated research establishments. ATPS should anticipate these shifting changes and devise programmes to assist both government and universities to relate effectively. New administrative structures in member organizations to sustain and manage the emerging STI multidisciplinary teams Second Generation universities (2GUs) tend to focus on pure science and often do not regard the application of their know-how as their task. In contrast, Third Generation Universities (3GUs) objectively stimulate techno-starters – students or academics – to pursue the exploitation or commercialisation of the knowledge they generate. They view this as being equal in importance to the objectives of scientific research and education. Administratively, research in the 2GU era was mainly monodisciplinary and departments were structured along disciplines. The emerging interdisciplinary scientific teams with focus on specific research areas functionally work against the current mono-disciplinary faculty-based, administrative structure of 2GUs. For interdisciplinary teams, the current faculty system is an obstacle. There is a need for new organisational forms for university management that can create responsibilities for the task of know-how exploitation. ATPS must anticipate this and begin to strategize solutions for their member institutions to transition to 3Gus administrative structure, otherwise ATPS growth will plateau, and progress achieved so far may be stunted.

Protecting recognized Geneva Convention refugees outside their states of asylum

This article highlights the predicament of persons recognized as refugees according to the Convention Relating to the Status of Refugees (CSR1951 refugees) when they travel outside their state of asylum. Their status entails ipso facto that, if they are ill-treated abroad, they cannot turn to representatives of their state of nationality and request its diplomatic protection, nor can they expect to receive its consular assistance. It is submitted that a state of asylum ought to extend the scope of protection that it offers CSR1951 refugees residing in its territory, and provide them diplomatic protection and consular assistance when they travel abroad as if they were its nationals. Four claims are advanced in support of this contention: First: the advent of human rights treaties has not rendered obsolete the protection of nationals abroad nor has the practice fallen into disuse. On the contrary, protection abroad retains its pedigree and significance, as is illustrated by the recently adopted International Law Commission's Draft Articles on Diplomatic Protection and by frequent resort to consular assistance. Second: while states previously enjoyed unfettered discretion concerning whether and when to protect their nationals abroad, recent developments in domestic jurisdictions as well as in European Union (EU) treaties point to the potential emergence of a qualified duty to exercise state protection or to be willing to provide justifications for its refusal. These developments call particular attention to the vulnerability of CSR1951 refugees: the professed aim of the EU treaty regime is that EU citizens should enjoy effective state protection wherever they travel; by contrast, CSR1951 refugees are in need of state protection wherever they travel. Third: according to CSR1951, states of asylum are required to issue Convention Travel Documents (CTDs) to recognized refugees lawfully staying in their territory. While CTDs do not in of themselves authorize states of asylum to provide protection abroad to their CSR1951 refugees, they reflect partial recognition of the instrumental role of these states in facilitating safe refugee travel. Fourth: while the 'nationality of claims' requirement remains pivotal to the institution of diplomatic protection, and efforts to effectuate its general relaxation have thus far failed, the International Law Commission (ILC) has 'carved out' an exception authorizing states of asylum to provide protection abroad to their recognized refugees. The ILC's protection-enhancing agenda, reflecting progressive development of the law, is laudable, even though it has opted for a rather cautious approach.

Climate change and the emergence of new organizational landscapes

There is general agreement across the world that human-made climate change is a serious global problem,although there are still some sceptics who challenge this view. Research in organization studies on the topic is relatively new. Much of this research, however, is instrumental and managerialist in its focus on ‘win-win’ opportunities for business or its treatment of climate change as just another corporate social responsibility (CSR) exercise. In this paper, we suggest that climate change is not just an environmental problem requiring technical and managerial solutions; it is a political issue where a variety of organizations – state agencies, firms, industry associations, NGOs and multilateral organizations – engage in contestation as well as collaboration over the issue. We discuss the strategic, institutional and political economy dimensions of climate change and develop a socioeconomic regimes approach as a synthesis of these different theoretical perspectives. Given the urgency of the problem and the need for a rapid transition to a low-carbon economy, there is a pressing need for organization scholars to develop a better understanding of apathy and inertia in the face of the current crisis and to identify paths toward transformative change. The seven papers in this special issue address these areas of research and examine strategies, discourses, identities and practices in relation to climate change at multiple levels.