Diseño de una propuesta de regulación para redes inalámbricas convergentes en el Ecuador

En el Ecuador la conformación estatal de los organismos de regulación y control se encuentra muy dispersa, lo que muchas veces ha ocasionado confusiones en los actores del sector de telecomunicaciones cuando de obtener licencias para explotar los diferentes servicios de telecomunicaciones se trata. El desarrollo tecnológico y la introducción de redes convergentes ha obligado a tomar precauciones jurídicas a los entes de regulación y control, en el ámbito de sus competencias, pero precisamente este desarrollo tecnológico cada vez hace mas indetectable la frontera entre los servicios de radiodifusión y televisión, frente a los demás servicios de telecomunicaciones, lo que a la postre ocasiona inconvenientes, no solo en las empresas reguladas, sino dentro del mismo organismo de control ecuatoriano, es decir la SUPERTEL, así como de los demás entes estatales que tienen que ver con la regulación sectorial. En esta medida, el presente trabajo de investigación pretende establecer unos lineamientos generales que pueden ser tomados en consideración cuando se propongan las nuevas leyes y reglamentos por parte del poder legislativo, a la luz de la nueva Constitución del Ecuador del año 2008, específicamente en el ámbito sectorial de las telecomunicaciones, sin descuidar los preceptos que establece la nueva Carta Magna por un lado, ni los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos y mejorados servicios convergentes de telecomunicaciones por otro lado. Para llegar a este objetivo, se detallara el marco teórico sobre regulación, convergencia y espectro radioeléctrico, para tener las bases suficientes para establecer una guía de entrevista a informantes calificados, para finalmente extraer las conclusiones y recomendaciones que permitan ofrecer una propuesta como la mencionada.

Polarización Social y Política en Venezuela: Análisis desde la perspectiva de la Cultura de Paz

El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

La inconstitucionalidad por omisión legislativa en Bolivia

En la legislación boliviana no se encuentra normado el Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, aunque es evidente la necesidad de su incorporación como un mecanismo de control constitucional de -omisiones de desarrollo normativo del Poder Legislativo-, con el objeto de restituir el orden constitucional y la eficacia plena de lo contenido en la Constitución Política del Estado. En este sentido, comenzamos revisando lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia constitucional de países donde no han instituido este recurso constitucional, como de aquellos que si lo incluyen en su legislación; para lo cual hacemos un examen de sus rasgos característicos. Con una base teórica y practica del señalado recurso, exploraremos la legislación boliviana en cuanto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, respecto a los Recursos Directo e Indirecto de Inconstitucionalidad instituidos para la impugnación de –acciones inconstitucionales-; recursos que fueron interpretados por este órgano jurisdiccional como adecuado para el conocimiento también de omisiones legislativas, a pesar de no estar expresamente prescrito este control en el texto constitucional , ni en la Ley Nº 1836 (orgánica del Tribunal Constitucional). En este sentido, para identificar las consecuencias negativas de las omisiones del legislador, se analizan diferentes casos de omisiones de desarrollo normativo del Poder Legislativo. Para finalmente, proponer normativamente la incorporación del “Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa” en la legislación boliviana, como un mecanismo de control constitucional.

Incidencia del impuesto a la renta a partir de la Reforma a la Ley de Equidad Tributaria en las sociedades ecuatorianas

Las leyes son la expresión de los intereses de grupos económicos o sociales que en un momento determinado del desarrollo social se encuentran a disposición del Estado. Nuestro país, tradicionalmente, ha estado dirigido por grupos económicos que han emitido, a través de sus representantes en el poder Legislativo y en el poder Ejecutivo, leyes a favor casi exclusivo de sus intereses y que en su mayoría no han respondido a las necesidades de la sociedad. Éstas se han reformado gracias a la lucha de los sectores sociales oprimidos y desfavorecidos en el reconocimiento legal de ciertos beneficios. Uno de los objetivos de la Ley de Equidad Tributaria es conseguir una reforma de carácter integral para el Impuesto a la Renta, que cumpla el principio de equidad entre los ecuatorianos respecto a la distribución del ingreso público que genera su recaudación, y el cumplimiento de dicha obligación tributaria. Reformar para que exista mayor cumplimiento por parte del contribuyente, y un mejor control por el lado de la administración tributaria. Por ello, el presente trabajo está destinado a identificar cuál es la incidencia que tiene el Impuesto a la Renta a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en las sociedades ecuatorianas. Se analiza cada uno de los artículos reformados sobre Impuesto a la Renta de Sociedades, y cuán beneficiosa resulta su aplicación. Para comprender mejor el tema de investigación se desarrollaron cuatro capítulos. El capítulo uno define los artículos reformados sobre Impuesto a la Renta de Sociedades y una síntesis general del procedimiento que tuvo la reforma. El capítulo dos analiza cada ley reformada que tiene incidencia en el Impuesto a la Renta de Sociedades, su cambio con relación a la ley vigente hasta el año 2007, objetivo, aplicabilidad y efecto. El capítulo tres analiza a tres sociedades en las que se observará la apreciación que tienen respecto de la reforma; los datos estadísticos de recaudación del Impuesto a la Renta desde el año 2005 hasta el año 2009 sobre los cuales se fundamenta la reforma para determinar su viabilidad. Finalmente, el capítulo cuatro concluye y recomienda el tema de investigación planteado y desarrollado.

El desarrollo normativo como garantía de derechos. Balance 2011

Analiza el cumplimiento de la garantía normativa en la producción legislativa de la Asamblea Nacional en 2010. Aborda los aspectos generales del desarrollo legislativo, dando énfasis al análisis de las reformas penales y a la ley de participación; analiza otros actos normativos relevantes para los derechos humanos en materia de legislación, señalándose la importancia de que los jueces corrijan los defectos legislativos y de que las personas puedan impugnarlos o inobservar las leyes inconstitucionales.

Recursos para el seguimiento de normativa y reformas penales (Tema Central)

Como un aporte del PADH para la investigación sobre derechos humanos y derecho penal se detalla una serie de recursos disponibles para el seguimiento de normativa vigente y proyectos de ley presentados en los países de América del Sur, como herramienta útil para el análisis de la normativa vigente penal y de sus reformas en la región.

Com a palavra, Sua Excelência, o Vereador: Projeto de implantação de Programa de História Oral na Câmara Municipal do Rio de Janeiro

O presente trabalho tem por objetivo a implantação de um Programa de História Oral na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com a constituição de um acervo de entrevistas gravadas sobre a história do Legislativo do novo município formado com a fusão dos antigos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, em 1975.Esse acervo servirá não só como fonte de informação sobre o papel da Câmara Municipal na história da cidade, a trajetória de seus vereadores e a lógica do processo legislativo, mas também como importante ferramenta de preservação e divulgação do passado e da memória da instituição.

Administração pública federal: propostas para o fortalecimento do controle sobre os atos praticados e o respectivo combate à corrupção

The characteristics of the Brazilian historic context, under which the predominant social relations have developed, have led to a process of income concentration and to the political power of the dominant classes. The slavery abolishment hasn't guaranteed the people the rights secured to privileged citizens in general. Such practices were observed during historic process as the low level literacy shown by the census of 1920, the political domination of oligarchies and the military coup, all as determining factors in process of political power concentration. The social indicators and the corruption are extremely unfavorable to our country, but we wonder if that happens only in underdeveloped societies. It is possible that even the American society, even the most developed societies, under the democratic capitalism, can suffer negative consequences of some corruption in the capitalism system. Our observations have led to the perception that all democratic society must be regulated by the State in order to preserve the stability of the system. It has also been observed that it is necessary more effective popular participation in order to neutralize economic groups¿ pressure. It has also become evident the necessity of reduction of commissioned office in the federal public administration. And, finally, it is fundamental to propose an amendment to the construction that allows the Public Ministry to have access to any bank, fiscal or telephonic information of anyone that is in office: It should be called "The Law of Moral Transparency". Those proposals will only be possible if there is massive popular participation and we hope that they express our people¿s will in order to appose to those who act only to obtain private benefits.

O exército brasileiro na segurança pública

Este estudo descritivo-explicativo teve como finalidade demonstrar as principais dificuldades enfrentadas pelo atual Sistema Brasileiro de Segurança Pública, em conseqüência, pelos órgãos de segurança pública, para diminuir os índices de criminalidade e violência praticados no país. Para isso, enfoca o Exército Brasileiro como possível subsistema do sistema de segurança pública, abordando aspectos da estrutura funcional e operacional da Força Terrestre que poderiam ser empregados, em apoio aos órgãos policiais, no combate à criminal idade. Conclui apresentando possíveis setores em que o Exército Brasileiro poderia atuar na área da segurança pública, sem prejudicar suas missões constitucionais.

Participação social: inovações democráticas no caso da defensoria pública do Estado de São Paulo

Este trabalho pretende investigar o percurso de criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo especialmente no que se refere às inovações democráticas por ela introduzidas no Sistema de Justiça brasileiro, o que se analisa pela criação de ouvidoria externa e de processos de participação social na gestão da instituição, notadamente através de ciclos de conferências aos quais se vinculam os planos anuais de atuação desta Defensoria. A pesquisa se volta ao Poder Judiciário no Brasil após a Constituição Federal de 1988 e ao papel das Defensorias Públicas neste cenário, assim como à contextualização de conflitos sociais no estado de São Paulo e à análise histórica da abrangência da assistência jurídica neste estado, à luz da administração pública, da ciência política e dos direitos humanos.

A evolução histórica das regras do jogo parlamentar em uma casa legislativa: o caso da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Recentes estudos referentes ao sistema político brasileiro têm apontado a necessidade de se analisar também as instituições internas aos legislativos. Neste estudo de caso, são presentadas e sistematizadas as regras formais que defrnem por quem e como são controlados os recursos parlamentares de uma Casa Legislativa estadual, a Assembléia paulista, em diferentes contextos constitucionais desde 1835 até março de 2000. O trabalho busca identificar os alicerces sobre os quais foram construídas as estruturas presentes, especialmente no que se refere a: prerrogativas e deveres dos deputados, atribuições do Poder Legislativo, atribuições da Mesa diretora, estrutura e funcionamento das comissões e das sessões. Constata-se que a estrutura do processo decisório altamente centralizado configurada pelo regimento em vigor, é decorrente de uma reforma ocorrida em 1956, tendo sobrevivido às inúmeras alterações nas legislações partidárias e eleitorais e, ainda, constitucionais sofridas desde então. Argumenta-se que mudanças nas regras eleitorais e partidárias sem uma correspondente alteração do Regimento Interno, de forma a descentralizar o sistema decisório da Assembléia, pouco influiriam no comportamento dos deputados paulistas e na capacidade de atuação do Legislativo no sistema de governo estadual.

Um partido, três agendas ?: política de segurança pública no estado de São Paulo : 1995-2006

O objetivo da presente tese é analisar a política de Segurança Pública do Estado de São Paulo entre os anos de 1995 e 2006 – gestões, respectivamente, de Mario Covas, Geraldo Alckmin e Cláudio Lembo –, sob a ótica da formação de agenda. Não se trata aqui apenas da elaboração inicial da agenda de políticas públicas de uma determinada área; tal arcabouço analítico trata de todo o “ciclo de gestão” de uma política pública, envolvendo planejamento das ações, sua implementação, a avaliação e posterior correção de rumos. Buscou-se mapear os atores relevantes da área de segurança pública, identificando suas preferências frente aos problemas da área e suas alternativas de resposta e suas posições relativas; as interações entre estes atores, identificando os momentos de conflito e de cooperação; os resultados e a aprendizagem dos atores, o que tende a mudar a dinâmica de interação novamente nos momentos subseqüentes. Conclui que as diferentes posições dos atores implicam diferentes naturezas de influência na condução da agenda da segurança pública, variando entre as mudanças na gestão da segurança pública e as mudanças na operação da polícia. Esta é alterada, ainda, pelas crises de segurança (mega-rebeliões no sistema penitenciário, crimes bárbaros etc.), o que pode tanto provocar constrangimento político no nível estratégico do governo (governador, secretário) quanto um constrangimento moral nos operadores da segurança pública (ex.: casos de corrupção ou de abuso policial). Os três secretários da pasta no período analisado representaram três momentos distintos da política de segurança pública, corroborando a hipótese das “três agendas”. Apesar disto, foram observadas continuidades importantes, aprendizado dos atores e incrementalismo das políticas. Quanto ao poder Legislativo, a Assembléia estadual desempenha um papel quase nulo, enquanto que o Congresso Nacional cumpre um papel apenas marginal na formulação e alteração da agenda de segurança pública, contribuindo com iniciativas pontuais, casuísticas e, invariavelmente, reativas ao problema, ajudando a agravar mais do que a resolver os problemas da área.

A intervenção legislativa no orçamento da União : implicações para a representação política, o federalismo e o desenvolvimento regional

O problema central do estudo foi identificar como se processam as decisões federativas em relação à intervenção legislativa no trato da questão orçamentária. As hipóteses que nortearam a tese objetivam explicar como as relações Executivo-Legislativo, sustentadas pelo presidencialismo de coalizão e pela representação territorializada se desenvolvem na arena congressual, limitada às instâncias legislativas e executivas que norteiam a política orçamentária. Através de um recorte teórico embasado nos princípios do federalismo instituído após a Constituição de 1988 se processou a análise das decisões relativas à participação do Poder Legislativo em parte da definição do gasto público. Se, por um lado, a representação legislativa nessa matéria se mostrou ampliada ao estender à arena congressual as principais decisões na fase de planejamento da política orçamentária, resultando em aquisição de expertise técnica e política aos parlamentares, por outro lado, a legitimidade democrática restrita ainda impera, pois estas decisões se restringem às prioridades demandadas pelo Executivo federal, impossibilitando o cumprimento efetivo da demanda representada pelos congressistas. A investigação ocorreu em níveis distintos: a)uma análise históricocrítica da evolução do federalismo e da representação política brasileira permeadas pela predominância do Poder Executivo nas decisões do Estado e, b) uma análise comparativa do encaminhamento das emendas parlamentares de bancada dos vinte e seis estados e DF brasileiros ao Orçamento da União e a posterior liberação dos recursos pelo Executivo federal. Procurou-se identificar como o fenômeno da desproporcionalidade da representação dos estados brasileiros afeta as decisões federativas em política orçamentária e estabelece determinado perfil da representação política nacional em relação às demandas por recursos federais. Identificou-se o perfil da representação política através das demandas parlamentares encaminhadas pelas emendas de bancada no período de 1996 a 2001, e apurou-se que este vem sendo determinado pelo interesse estadual e pelas demandas específicas do Executivo federal em detrimento do interesse municipal. A representação política expressa na intervenção legislativa em matéria orçamentária produziu efeitos que correspondem majoritariamente a uma representação ampliada e universalista voltada ao fortalecimento do desenvolvimento regional, ainda que para as regiões Norte e Nordeste a representação regional se manifeste fragmentada, no caso da primeira, e resulte no insulamento das ações, no caso da segunda. Apesar do interesse estadual estar canalizado para o desenvolvimento regional, as singularidades da representação em cada estado e região brasileira v indicam que a preocupação com a rede de proteção social ao cidadão encontrou respaldo nas prioridades das bancadas dos estados e regiões desenvolvidas e menos desenvolvidas. Nos estados desenvolvidos a pressão pela liberação dos recursos foi maior, havendo, assim, a sensibilização e implementação de obras sociais pelo Executivo federal, ao passo que as bancadas de estados e regiões menos desenvolvidas priorizaram o aumento da infra-estrutura para o escoamento da produção (rodovias, portos, infra-estrutura hídrica). O princípio da justiça federativa, um dos pilares do federalismo brasileiro no que tange ao caráter redistributivo dos recursos federais disponibilizados nas transferências voluntárias, está sendo consolidado pela contribuição da intervenção legislativa em matéria orçamentária, pois vem beneficiando estados de menor população, mesmo que ainda não tenha sido observado o critério da renda estadual.

Como el Uruguay no hay - : terror de Estado e segurança nacional Uruguai (1968-1985) : do pachecato à ditadura civil-militar

O presente trabalho analisa a ditadura civil-militar uruguaia (1973-1984) a partir da perspectiva da política de Terror de Estado, mecanismo implementado para aplicar as premissas da Doutrina de Segurança Nacional e defender os interesses dos setores dominantes locais. Da mesma forma, possibilitou o disciplinamento da força de trabalho, exigência implícita nas novas demandas do capitalismo mundial, o que significou, na prática, a destruição do questionamento social e das manifestações por mudanças promovidas pelas distintas organizações populares nos anos 60 e 70. Este período, aliás, foi marcado, na América Latina, tanto pela efervescência produzida pela Revolução Cubana quanto pelo esforço dos EUA em disseminar as concepções contra-insurgentes e reforçar a pentagonização regional. Foi durante as administrações de Pacheco Areco e de Bordaberry (1968-1973), marcadas por acentuada guinada autoritária ainda em regime democrático, que começaram a ser aplicadas determinadas práticas repressivas de Terror de Estado, fato que se projetou, ampliou e consolidou posteriormente, com o regime de exceção. O objetivo norteador da pesquisa foi estudar o conceito de Terror de Estado e analisar sua aplicação na experiência concreta da ditadura uruguaia enquanto metodologia de atuação de um sistema repressivo complexo que abrangeu as múltiplas dimensões da sociedade Assim, procurou-se destacar a diversidade e articulação das diferentes modalidades de atuação implementadas: a interdição do Poder Legislativo; a subordinação do Poder Judiciário à Justiça Militar; a proibição de partidos políticos, sindicatos e organizações sociais; a intervenção no sistema de ensino; a imposição de uma política global de censura; a iniciativa de refundação societária; a subjugação e destruição do “inimigo interno”; a aplicação de ações contra-insurgentes (a tortura, o “grande encarceramento”, a política de “reféns” e os seqüestros seguidos de desaparecimentos forçados); etc. A participação ativa uruguaia na conexão repressiva internacional (Operação Condor) expressou o deslocamento da violência estatal da “guerra interna” contra os núcleos exilados nos países vizinhos. Em síntese, a dinâmica imposta caracterizou o Terror de Estado implementado no Uruguai como sendo abrangente, prolongado, indiscriminado, preventivo, retroativo e extraterritorial além de conter pretensões pedagógicas e ser gerador de seqüelas que se projetaram no período democrático posterior.