638 resultados para Plan Obligatorio De Salud -- Investigaciones -- Colombia


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A partir de la reforma al sistema de salud, por medio de la Ley 1438 de 2011, se implementa en Colombia la política de regulación de precios de medicamentos y el ingreso al país de medicamentos biosimilares. Esta investigación analiza la perdurabilidad en las Instituciones de Prestación de Salud (IPS) especializadas en tratamiento de enfermedades del alto costo, como: Medicarte, Clínica Astorga, Clínica Vida, Helpharma, Audifarma, y Medex, para identificar finalmente, la cadena de valor en el departamento de Antioquia, buscando proponer alternativas para la toma de decisiones de tipo estratégico.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Contiene: Conferencia Europea sobre Educación para la Salud

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El 11 de septiembre redefinió los desafíos para la comunidad internacional: terrorismo, armas de destrucción masiva y Estados fracasados. Los organismos internacionales y los países desarrollados han centrado su atención en la prevención del colapso total de los Estados fracasados a fin de frenar el brote de actores no estatales hostiles, ´a través de la asistencia internacional. En este marco se crea el Plan Colombia, para asistir al país con el segundo índice más alto de asesinatos en el mundo, en el cual políticos y hombres de negocios usan chalecos antibalas y tres grupos armados controlan buena parte del territorio. A pesar de que durante décadas la frontera norte ecuatoriana ha enfrentado las secuelas del conflicto colombiano y el abandono estatal, la aplicación del Plan Colombia ha exacerbado sus vulnerabilidades domésticas y regionales. ¿Recibe la frontera la atención que el gobierno propugna o prevalece como retórica de distintos organismos? ¿Ejercen o no los Estados Unidos mayor influencia en la frontera a partir del Plan Colombia? Las respuestas ofrecidas en esta investigación son contundentes. A nivel nacional, Estados Unidos no solo es el donante más importante por el monto de sus desembolsos, sino el donante por excelencia, pues éstos equivalen al 48% del total de la asistencia bilateral. El Plan reconfigura la asistencia en la región: se multiplican áreas de acción y proyectos, a la par que cambian donantes, ejecutores y beneficiarios. En la primera parte de este libro el lector encontrará una panorámica de las relaciones internacionales y la cooperación internacional hoy, con el Plan Colombia como eje de la investigación. En la segunda parte la autora analiza minuciosamente la cooperación internacional para el Ecuador. Mientras que en las conclusiones se precisan las implicaciones del Plan Colombia para la región andina y el Ecuador.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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El deterioro del conflicto colombiano se agudiza en los últimos años, con la aplicación del Plan Colombia que inicia en 1999 y en el régimen presidencial de Álvaro Uribe Vélez, acentuando el problema de violencia y generando una grave crisis humanitaria y de derechos humanos para millones de colombianos y colombianas, que se ven obligados a hacer desplazamientos internos y a atravesar las fronteras buscando “protección internacional” en los países vecinos y otros del mundo. En el caso ecuatoriano, desde enero del 2000 hasta mayo del 2003 han solicitado refugio alrededor de diecisiete mil colombianos/as. Este incremento masivo del número de solicitantes de refugio rebasó las posibilidades de respuesta de las instituciones como el ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos-Refugio de la Cancillería, lo que ha provocado una gran vulnerabilidad a los derechos de los solicitantes de refugio en el Ecuador.

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El artículo estudia el impacto que la aplicación del Plan Colombia tendrá sobre el Ecuador. Se lo define como el riesgo a la seguridad más importante que tiene el país en el presente y se llama la atención respecto a la necesidad de forjar una posición nacional común que involucre a todos los sectores del país. Esta posición debería colaborar para contener un derrame del conflicto militar al resto de la subregión, garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de las poblaciones de frontera, controlar el impacto ecológico del Plan Colombia, y lograr una revisión del Acuerdo de Manta con EE. UU. de modo que se evite la utilización de territorio ecuatoriano para operaciones militares directas en la guerra que se libra en Colombia.

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La presente tesis tiene como propósito principal plantear las tendencias de asistencia internacional registradas en las provincias del norte previa la aplicación del Plan Colombia y posterior a la misma. El objetivo central de esta investigación es determinar cómo está conformada la asistencia en estas tres provincias, quiénes son los donantes, agencias ejecutoras e instituciones beneficiarias para establecer las dinámicas que se generan a partir del Plan Colombia en esta zona y cuáles sus implicaciones. Es decir, la investigación busca saber con exactitud cuál es el rol de cada país donante en frontera norte y si los desembolsos hechos por los EE.UU. se traducen en una influencia mayor en frontera y a nivel nacional. En definitiva, se busca establecer si dentro de la coyuntura del Plan Colombia, las provincias de frontera norte reciben la atención que los medios y el gobierno propugnan o si en esta coyuntura la retórica desde distintos organismos es la que prevalece. ¿Ejercen o no los EE.UU. una influencia mayor en esta región por los desembolsos hechos en el período 1999-2001? La investigación responde a esta pregunta contundentemente a partir de los desembolsos otorgados por cada donante. En realidad, los montos otorgados por USAID a través ya sea de UDENOR u OIM bordean aproximadamente el 20% del total para la región frontera norte. EE.UU. ha desembolsado para la zona de frontera sur, más de 4 millones de dólares sobre los montos registrados para frontera norte. A nivel nacional sin embargo, EE.UU. no sólo es el donante más importante por el monto de los desembolsos hechos para el Ecuador sino que es el donante por excelencia, pues sus créditos y donaciones equivalen a cerca del 48% del total de asistencia bilateral para el Ecuador. El impacto del Plan Colombia a la asistencia internacional para esta región se expresa en la multiplicación de proyectos, áreas de acción y donantes en esta región; una actitud por parte de los donantes hacia esta zona, opuesta a la registrada previa la coyuntura del Plan Colombia. Esta tesis está dividida en dos partes. La primera parte, intenta dar una panorámica general de las tendencias históricas que tratan de explicar las Relaciones Internacionales a partir de la Asistencia Internacional, sus causas y consecuencias. Además se presenta el caso del Plan Colombia dentro de este contexto y cómo se configura la región por esta coyuntura política internacional. La segunda parte de este estudio, está enfocada al análisis de la asistencia internacional para el Ecuador a nivel nacional, regional y provincial. Finalmente, las conclusiones tratan de conjugar los resultados de la segunda parte con la primera, en una propuesta donde converjan las implicaciones del Plan Colombia y la “asistencia internacional” provocada por él en frontera norte.

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Durante los últimos años las exportaciones no tradicionales han sufrido un incremento significativo, mientras que las exportaciones tradicionales han sufrido reducciones, teniendo como principales destinos a los EE.UU. y la CAN, siendo los países que conforman el bloque regional los principales receptores de producción industrial. Que en el caso del intercambio con Ecuador se realiza en su mayoría por vía terrestre a través del puente internacional de Rumichaca, que en los tres años anteriores ha tenido una participación promedio del 28% de las exportaciones terrestres de Colombia. El país posee una guerrilla que data de entre 1948 y 1966, a raíz de la violencia partidista, con el tiempo ha adquirido posiciones importantes en algunas zonas y han desplazado su accionar hacia aquellas que les pueden brindar ventajas en su accionar frente al estado: cada uno de los frentes posee tareas especificas en pro de la organización general. Hay además presencia de grupos de autodefensa cuya localización coincide con los grupos guerrilleros debido a su naturaleza y estos a su vez coinciden con la presencia de cultivos ilícitos en los departamentos que se unen por la vía panamericana, lo cual lleva a establecer la existencia de una relación estrecha entre los beneficios obtenidos por los grupos al margen de la ley y la actividad del narcotráfico. Por la aplicación del Plan Colombia y los nexos entre narcotráfico y grupos al margen de la ley, los recursos del primero son empleados en realizar acciones en contra de los segundos que afectan en forma reducida los procesos de intercambio entre las dos naciones por la interiorización de los costos como externalidades de los procesos económicos en territorio colombiano.

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Este documento busca analizar en detalle las causas del incremento en los niveles de inestabilidad que se han presentado entre Ecuador y Colombia –y que han contado con la participación de Venezuela– a través del análisis de los procesos de securitización en cada uno de estos países y en las consecuentes interrelaciones de seguridad. Para ello, primeramente analizaremos las dinámicas de seguridad tradicionales de los países andinos, para identificar sus interrelaciones. Después estudiaremos los procesos de securitización en los EUA desde los ataques del 11/S y su vinculación con las dinámicas de seguridad colombianas. Continuaremos con un vistazo del impacto de los procesos de securitización de Colombia en Ecuador y finalizaremos analizando la crisis de marzo de 2008.