261 resultados para reglamentación
Resumo:
Contexto histórico-político y socio-cultural en el que se produce la creación y desarrollo de los centros de formación del profesorado de Educación Física. Descripción de instituciones que se consideran antecedentes, y estudio de las que se han dedicado a esta formación desde 1805. Análisis de la incorporación de los currícula a la escuela. Análisis y valoración de la legislación referida a la formación del profesorado de Educación Física. Consideración de las expectativas de futuro y propuesta de modelo. En la investigación histórica se ha utilizado el método analítico y el método dialéctico, también se ha utilizado la investigación descriptiva, y métodos de análisis de documentos. Se ha recurrido a fuentes primarias, secundarias y archivos. Técnicas de análisis de contenido con unidades de base no gramáticas y análisis por documentos íntegros. La formación del profesorado se plantea en España en el primer tercio del siglo XIX. Desde el principio la formación de profesores se ha realizado: Escuela Primaria en las Escuelas Normales y Escuela Secundaria y Superior en Facultades Superiores. La formación del profesorado en Educación Física se institucionaliza en 1883 con la apertura de la 'Escuela Central de Gimnástica'. La Educación Física aparece de modo irregular e intermitente en los planes de estudios del siglo XIX y, siempre en la Segunda Enseñanza. Hasta avanzado el siglo XX no se incluirá en la Secundaria. En la universidad se ha primado. La situación académica, profesional y laboral del profesorado de Educación Física comienza a resolverse con la convocatoria de oposiciones al cuerpo de profesores agregados de instituto y profesores numerarios de Formación Profesional, 1985. Debe tenderse a que el profesorado realice estudios superiores. El profesor de Educación Física debe recibir una profunda formación psicopedagógica.
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Conversación entre un maestro de 53 años y otro maestro y estudiante de psicopedagogía de 22 años. Hablan sobre la adecuación de los intereses en determinadas circunstancias hacia los de las personas educadoras o hacia los del sistema educativo.
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Como fruto de un enriquecedor proceso político de discusión y consenso, la Constitución de 1991 quiso sentar las bases del avance de la sociedad colombiana hacia una democracia consolidada y profunda. Conforme al espíritu de la Carta, el progreso en esa misma dirección no depende solamente de los gobernantes y de los actores tradicionales, sino de un cada vez más amplio ejercicio ciudadano de la política. Por ello, el conocimiento de su contenido, el análisis de sus preceptos y las relaciones entre sus principios revisten importancia fundamental para que su vigencia sea efectiva. La extensión y la complejidad de su temática, además del hecho de que se ocupe de detalles usualmente no propios de las disposiciones constitucionales, no debe llevarnos a caer en la trampa de tratar nuestra carta fundamental como si fuere una reglamentación corriente y trivial, susceptible de cambios al servicio de intereses pasajeros. Nuestro compromiso republicano exige respetarla en su condición de marco fundamental de la vida política y evitar que, por el camino de las reformas caprichosas, se lleguen a desmontar sus principios fundamentales y a desbaratar con ello conquistas democráticas valiosas. El conocimiento del conjunto de la Constitución, el análisis profundo de la forma en la que está construida y el contenido y el sentido de sus preceptos se facilitarán con esta obra del Constituyente Jaime Castro, que servirá de valiosa guía a expertos y profanos, debido al rigor y la seriedad del ejercicio de desentrañar su estructura y presentar ordenadamente las relaciones entre sus preceptos, a la manera de los buenos manuales de análisis jurídico y educación ciudadana. Quien se adentre en las páginas de la obra, podrá encontrar los hilos que conectan aquellos argumentos esenciales de la concepción del Estado, animada por el constituyente. También hallará las conexiones y las falencias de los catálogos de derechos y deberes que el texto constitucional consagra. Y podrá identificar tópicos susceptibles de nuevos desarrollos, a partir de las insinuaciones que la propia Constitución hace respecto de las organizaciones políticas, el ejercicio de la ciudadanía y los proyectos económicos y sociales que dentro de su marco se pueden impulsar. En la medida en que la Constitución es en esencia un instrumento político, no puede quedar exclusivamente en manos de ningún sector de la vida nacional. Para que sus postulados no se queden escritos y para que no se siga desmontando a pedazos el edificio constitucional, es preciso que todos nos apropiemos del tema, conozcamos los parámetros y las oportunidades que allí se establecen y exijamos, con fundamento, las responsabilidades políticas e históricas que corresponden a todos los actores de la vida pública. El presente trabajo analítico sirve de manera ostensible a ese propósito. Por el mismo camino, esta obra podrá contribuir, el día en que los cambios sean necesarios, a que la sociedad colombiana pueda participar, con conocimiento de causa, en las discusiones correspondientes.
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Investigación histórica donde se analiza el papel jugado en el desarrollo de los estudios de derecho por parte de las Academias jurídicas existentes en la Universidad de Oviedo durante el reinado de Carlos III. La ejecución del Plan de Estudios de 1774 supuso la incorporación a la Universidad de las tres Academias privadas que entonces existían en Oviedo. En esta investigación, a partir de la documentación manuscrita conservada se abordan tres aspectos. En primer lugar, la denominación de la Academia, pues en el Plan de Estudios de 1774 se identifica como 'Academia de Leyes y Cánones', en las actas universitarias elevadas a la Diputación del Principado, figura como 'Academia de Ambos Derechos' y en el dilatado proceso de reglamentación de la misma en el recurso elevado al Consejo de Castilla se describe como: 'Las dos academias de Cánones y Leyes de la Universidad de Oviedo'. En segundo lugar se repasa, el régimen legal que, conforme a dicho Plan de Estudios de 1774, establece minuciosamente la organización interna de esas Academias y sus actividades, así como la creación de otras dos Academias de carácter voluntario, una de las cuáles se vincula directamente con la formación en la práctica procesal y en los conocimientos del Derecho público. Por último, se analiza el conflicto surgido a raíz de una modificación en 1782 del reglamento vigente a partir del proceso de selección de su presidente o gimnasiarca, que originó un recurso al Consejo de Castilla, implicando más tarde a la Diputación del Principado, conflicto que no produjo resultados traumáticos.
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El presente trabajo Plan de exportación de piña deshidratada con destino a Alemania tiene como fundamento principal el aprovechamiento de las actuales relaciones comerciales con la Unión Europea y especialmente con Alemania, con lo que se busca abrir nuevos mercados a exportaciones no tradicionales en las que la materia prima haya pasado por un proceso de transformación, de igual modo se hace expresa la explotación de las potenciales condiciones geoespaciales del territorio colombiano como ventaja competitiva. La piña fue seleccionada como la fruta ideal para atravesar el proceso de deshidratación con base en sus características físicas y nutricionales, a lo largo del trabajo se describe desde el cultivo mismo de la fruta hasta los diferentes procesos de deshidratación existentes en donde es enfatiza en el seleccionado para el presente proyecto haciendo referencia a los beneficios del mismo. Por otra parte se realiza todo un análisis de mercado en el que se involucra el comportamiento del consumidor alemán, sus ingresos per capita, la competencia, los diversos mecanismos internacionales de exportación y la reglamentación necesaria para ingresar a este mercado. Finalmente, se desarrolla la viabilidad financiera del proyecto en la que se realizaron las proyecciones correspondientes a los primeros años de funcionamiento y las tasas de rendimiento esperadas.
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Fecha tomada del campo 'publicada en'
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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.
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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.
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Después que muchos Estados se enriquecieran tanto intelectual como económicamente de la explotación o apropiación ilegal de la biodiversidad andina de la cual los miembros de la CAN eran país de origen, surge la necesidad de proteger la riqueza de la región, razón por la cual nace la Decisión 391 en 1996 sobre un Régimen Común de Acceso a Recursos genéticos. De esta manera los países miembros de la CAN se convirtieron en los primeros con un mecanismo de control para el acceso a los recursos genéticos y partición equitativa de los beneficios; buscando con ello sentar bases para la creación de conocimientos sobre el tema, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, y la promoción del uso sostenible de los recursos. Sin embargo por razones de carácter nacional la implementación del mismo no ha progresado, generando que los casos de biopiratería aumenten e incluso sean difíciles de prevenir. Siendo este un tema de gran relevancia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, esta monografía examinará en las siguientes páginas la reglamentación nacional para comprender a mayor profundidad los defectos y/o cualidades de las decisiones tomadas por los Estados para la aplicación de la Decisión 391, y así mismo evidenciará las razones por las cuales la implementación de la Decisión no ha tenido éxito total sobre el control de la biopiratería, entre ellas la falta de reglamentación, la especificación de roles, la concientización ciudadana e incluso información al público en general.
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Resumen tomado del autor. Contiene esquema
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Resumen tomado de la publicación. Incluye gráficas y tablas de datos comparativas por isla. La información de los preceptores se clasifica por edad, sexo, estado civil, nivel de estudios y procedencia. Se incluye distribución territorial de los preceptores por municipios e islas. Se adjunta una tabla comparativa de la reglamentación que afecta a la regulación de la RMI según órganos emisores (CAIB, Consell de Mallorca, Consell de Menorca i Consell de Pitiüses)
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Resumen tomado del autor
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Resumen tomado de la publicación
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En primer lugar se ofrece una breve reseña de los estudios de personas mayores en las Islas Baleares, a continuación se comentan los principales indicadores relacionados con el sector de la vejez, también se comentan los recursos disponibles para este sector de la población y la reglamentación aplicable. Finalmente se expone la planificación institucional de acción social, bienestar social, geriontológica y laboral en relación con este colectivo.
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Con la reglamentación del Decreto 1876 de 1994 del Artículo 194 de la ley 100 de 1993 se define a nivel nacional la participación de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada o reorganizada por Ley, o por las asambleas o concejos. El Objeto de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo de éste y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del decreto ley 1298 de 1994, las empresas sociales del Estado, para cumplir con su objeto, deben orientarse por los siguientes principios básicos: 1. La eficiencia, definida como la mejor utilización de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 2. La calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos, y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia. Estas empresas sociales del Estado se conforman como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), creadas para que asuman la responsabilidad de la atención en salud de la población pobre vulnerable, no cubierta con subsidios, y la contratación de servicios para la atención del régimen subsidiado y el régimen contributivo Los niveles de atención de estas IPS dependerán directamente de su complejidad. Este trabajo realiza un análisis de la turbulencia en el sector de las ESE y/o IPS públicas del Norte Cercano Antioqueño, todas ellas con un nivel de complejidad de atención bajo (Nivel I). Las pruebas realizadas son: • Análisis de hacinamiento: Estrategia para la identificación de los síntomas de enfermedad del sector, que se efectúa a través de la práctica de evaluaciones cuantitativas y cualitativas. • Construcción del panorama competitivo: Metodología que permite la ubicación de las manchas blancas (oportunidades de innovación) que se encuentran en el sector estratégico. Fuerzas del mercado: Metodología que permite estudiar proveedores, competidores, compradores, nuevos ingresantes y sustitutos. • Estudio de competidores: Metodología que permite conocer el estado de las instituciones estudiadas mediante el análisis de supuestos sectoriales, crecimiento potencial sostenible e índices de erosión. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera. Pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto perdurabilidad, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas. El Norte Cercano Antioqueño es una zona de Antioquia que representa una de las nueve subregiones en que está dividido este departamento. Ésta se subdivide en dos zonas, una de las cuales es la del altiplano; allí encontramos el municipio de San Pedro de los Milagros que a su vez limita por el norte con los municipios de Belmira y Entrerríos y, por el este, con el municipio de Donmatías. Las IPS de estos cuatro municipios son el sector insumo de nuestro estudio.