978 resultados para personal status laws


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En los últimos años, es cada vez más frecuente que las necesidades puntuales de personal que tienen las empresas se cubran mediante trabajadores adscritos a una ETT. El elevado grado de aceptación de la contratación a través de esta vía no sólo deriva del hecho de ser un medio más flexible de contratación, sino tambien de los menores costes salariales que implican la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal; siendo este el principio incentivo para su utilización. Así pues, el recurso de la contratación de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal no sólo constituye un medio para atender a necesidades temporales de la empresa usuaria, sino que además se ha constituido en un medio de reducir los costes salariales. El aspecto más destacable de la relación que se crea , desde el punto de vista del trabajador, es que el empleador es la ETT, pese a que la prestación se realiza, fisicamente en la empresa usuaria. La contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos con carácter temporal a otras empresas para hacer frente a necesidades conyunturales ha sido tradicionalmente prohibida por los ordenamientos laborales y considerada como tráfico ilegal de mano de obra, asimilándola a la actividad de intermediación en el mercado de trabajo con fines lucrativos, por estimar que ambas figuras podían atentar contra derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo desde finales de la decada de los sesenta, los países centrales de la Unión Europea, teniendo ratificado, al igual que España, el convenio 96 de la OIT, han venido regulando la actividad de las empresas de trabajo temporal por entender que su actuación, cuando se desarrolla de forma debidamente controlada, lejos de perjudicar a los trabajadores por ellas contratados pueden canalizar un volumen muy importante de empleo cuya especialización e inmediatez en la respuesta, sobre todo en el sector de servicios, no puede ofrecerse a través de mecanismos tradicionales. Por otra parte, para los trabajadores constituye un mecanismo importante para acceder a la actividad laboral y familiarizarse con la vida de la empresa, posibilitando además una cierta diversificación profesional y formación polivalente, a la vez, que en determinados casos, facilita a ciertos colectivos un sistema de trabajo que les permiter compaginar la actividad laboral con otras ocupaciones no productivas o responsabilidades familiares. La puesta en marcha de la legislación reguladora del trabajo temporal ha cubierto un importante vacio que existia en la gestión de las empresas en el área de recursos humanos, fomentando el contrato de carácter fijo y regularizando situaciones de temporalidad.

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El personal que labora en áreas de campo en las empresas de hidrocarburos se enfrenta de manera sistemática a diferentes exposiciones ocupacionales que pueden estar relacionadas con el estrés laboral o tener algún tipo de incidencia en este sentido. Objetivo: establecer la prevalencia de síntomas de estrés percibidos por un grupo de trabajadores que laboran en cuatro campos de perforación de hidrocarburos e identificar su relación con el turno y área de trabajo (administración y producción) en que desempeñan su labor. Metodología: Estudio de corte transversal, en una empresa del sector hidrocarburos que opera en el municipio de Puerto Boyacá, con una muestra de 115 trabajadores, la información se recolectó a través de la aplicación del cuestionario para la evaluación del estrés – Tercera versión del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Resultados: El género de mayor frecuencia fue el masculino con el 86%, el 39% de los trabajadores se encuentra en el grupo etario entre los 47-57 años refirió un nivel de estrés alto. Se observó que la línea operativa y profesional y los analistas, fueron los que reportaron un nivel de estrés alto. Conclusiones: El trabajo que desarrolla el personal que labora por turnos en campos de perforación, es un generador de estrés por lo que debe ser monitoreado de forma periódica, haciendo énfasis en la promoción de estilos laborales saludables y la prevención de diagnósticos que afecten el componente conductual.

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Hasta que se promulgó la Ley General de Educación, el régimen jurídico del profesorado estatal español estaba disperso en legislaciones específicas de cada sector del sistema educativo. Se hace un repaso por la evolución de las distintas legislaciones en cuanto a la dispersión estatutaria del profesorado estatal. Desde la Ley de Moyano, que fue el único intento de tratar unitariamente al profesorado español, hasta la Ley General de Educación que se caracteriza por la progresiva compartimentación de los distintos sectores educativos, a través de la promulgación de leyes específicas de cada uno de ellos, lo que produjo una gran heterogeneidad en el régimen estatutario del profesorado.

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La Conferencia Intergubernamental Especial de la UNESCO, celebrada en París del 21 de septiembre al 5 de octubre, se centró en la situación del personal docente. El resultado de dicha conferencia ha sido un proyecto de recomendación a los distintos países. Estos deben valorar su capacidad para aplicarlo. España ha tenido una participación importante en la elaboración de este proyecto. No en vano su delegación fue la más numerosa. El fin primordial de la conferencia fue la elaboración de una normativa para los profesionales de la enseñanza primaria y secundaria, para asegurar un estatus digno de la profesión en todo el mundo. Además se definió el personal docente como todo aquel que participa en el proceso de enseñanza en cualquier institución académica. Por lo que respecta a la docencia se la definió como una forma de servicio público.

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Se estudia la recomendación sobre el personal docente aprobada por 75 Estados. Se define lo que es el personal docente y su situación. España contribuye con la definición de escuela y con la idea de elaborar el mayor número de definiciones en la recomendación. La recomendación se elabora sobre la base de un texto de la OIT u Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, de la reunión de Ginebra de 1966. Además de las definiciones de personal docente y situación del personal docente, se establece el campo de aplicación de la recomendación, relativo a la enseñanza primaria y secundaria. Después se precisan una gran cantidad de aspectos como si la enseñanza es un servicio público o no, que titulación debe tener el personal docente, los contenidos de los programas de formación del personal docente, sus derechos y obligaciones, las condiciones necesarias para una enseñanza de calidad, el horaria laboral, las vacaciones etc.

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Se define el término de estatuto del personal docente, como status o situación y consideración de la profesión docente en general, lo cual es un exponente claro de la importancia que la sociedad concede a la educación. También se le define desde el punto de vista del derecho, como el conjunto de derechos y obligaciones de los maestros, profesores o catedráticos, debido a las funciones que desempeñan, que se pueden resumir en lograr transmitir unos conocimientos. Por otro lado los profesores tienen la condición de funcionarios públicos. Así, se ahonda en el estatus del personal docente teniendo en cuenta que ofrecen un servicio público. En la Conferencia Intergubernamental sobre la situación del personal docente, celebrada en París en 1966, se elaboró una recomendación internacional que definió al personal docente y sus características, aunque no se profundizó en los aspectos jurídicos, ante la heterogeneidad de situaciones en los distintos países que participaron en la Conferencia. Como problemas principales del estatuto del personal docente destacan: la naturaleza jurídica del personal dedicado a la docencia, la dedicación de dicho personal, el plano empleo, la jornada parcial, las incompatibilidades, los requisitos y exigencias para la selección del personal, y la retribución, entre otras. El problema del estatus del personal docente requiere, en definitiva, hermanar los aspectos docentes y los jurídicos o administrativos, para lograr el reconocimiento y homogeneidad de condiciones, con el fin último de lograr un buen desempeño de la función docente.

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Se comentan los objetivos y fines que persigue la celebración de la reunión de expertos que tratará sobre las condiciones sociales y económicas del personal docente de primer y segundo grado, que convocaría en el año 1962, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). Agruparía 24 expertos provenientes del propio personal docente y de las autoridades y organismos que empleaban dicho personal para plantear soluciones a estos problemas, así como representantes de la Unesco y de la Oficina Internacional de Educación. Otras cuestiones que se revisarían: la remuneración y condiciones de empleo del personal docente y los principios que sirvieran de base para la determinación de la seguridad social del personal docente.

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Se comenta lo acontecido durante la Reunión de Expertos convocada por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), sobre las condiciones sociales y económicas del personal docente de enseñanza primaria y secundaria. Esta reunión se extendió durante diez días y a ella asistieron veinticuatro expertos en la materia de distintos países, invitados por la Organización. El Presidente de la O.I.T. en su discurso inaugural formuló su deseo de tomar las medidas necesarias para la elaboración de una norma internacional que tratara de los problemas que interesaban al personal docente. Subrayó también que la eficacia del sistema educativo depende directamente del personal docente. Hizo un resumen de las actividades actuales de esta organización en la materia y esbozó el programa de actividades futuras, poniendo de relieve la íntima colaboración entre la Unesco y la O.I.T. Las conclusiones a las que se llegó en esta Reunión fueron, entre otras: el reconsiderar la posición y prestigio en la sociedad de los educadores; en cuanto al horario de trabajo, tener en cuenta la necesidad de establecer horario no solo de trabajo, sino también para preparar ejercicios y clases; la remuneración escasa en comparación con el resto de países europeos y los servicios ofrecidos; se preconizó la igualdad de trato entre educadores nacionales y extranjeros con calificaciones equivalentes y se abogó por garantizar el derecho y disfrute a la seguridad social de todos los docentes.

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Se reproducen los Títulos primero y segundo del Decreto número 417 del Estatuto jurídico del personal docente, directivo y de inspección de la escuela maternal, elemental, secundaria y artística del Estado italiano, que comprenden veintitrés artículos en total. El Título primero se refiere a la Función docente, directiva y de inspección y el Título segundo se refiere al reclutamiento del personal, las normas generales de reclutamiento a través de oposiciones y exámenes y a través de oposiciones para titulados, únicamente.

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L'objectiu de la tesi es centra en la definició, en l'àmbit de l'ordenament comunitari, de l'actual estatut jurídic dels treballadors extracomunitaris assalariats que formen part del mercat de treball regular d'un Estat membre. Els treballadors nacionals de tercers països que formen part del mercat de treball regular d'un Estat comunitari, així com els membres de les seves famílies, gaudeixen d'un estatut jurídic fragmentat: els seus drets són variables, depenen de la norma que els regula. En aquest sentit, la situació varia en funció de la llei interna de l'Estat d'acollida, l'existència o no d'acords bilaterals entre l'Estat d'acollida i l'Estat d'origen, i les normes de dret comunitari. Aquesta situació també és diferent atenent a l'existència i el contingut d'un acord extern celebrat per la Comunitat i els seus Estats membres i el país de la nacionalitat de l'immigrant, aquest aspecte centra el present estudi. Els acords que s'analitzen són aquells que juntament amb aspectes econòmics, contenen disposicions relatives als treballadors, i que s'han celebrat, prenent com a base jurídica l'actual article 310 TCE, amb països geogràficament fronterers amb la Unió Europea. D'entre ells, el model a seguir és l'Acord d'Associació amb Turquia, que preveu uns objectius més amplis, com ara la creació d'una unió duanera enfront a la zona de lliure comerç prevista en els altres acords i que s'ha desenvolupat mitjançant les decisions adoptades pel seu Consell d'Associació. Aquest acord ha estat objecte d'una àmplia jurisprudència per part del Tribunal europeu, relativa a l'aplicació i la interpretació de les seves disposicions. A fi de delimitar l'abast de les disposicions de l'Acord, i valorar si es tracta d'un estatut privilegiat respecte del dels altres treballadors extracomunitaris, es comparen les seves disposicions amb les corresponents a les dels acords celebrats amb els països del Magreb, entenent per aquests el Marroc, Tunísia i Algèria i amb els 10 països d' Europa Central i Oriental (els anomenats PECO's). A fi de clarificar l'estatut jurídic dels treballadors extracomunitaris, és necessari entrar a considerar altres aspectes directament relacionats amb aquest estatut, com són les condicions d'accés i de permanència en un Estat, matèries, que, fins a l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, eren competència exclusiva de cadascun dels Estats membres. De totes maneres, no es fa un estudi comparatiu de les diferents legislacions internes en matèria d'immigració, donat que l'àmbit d'anàlisi es limita a l'ordenament comunitari, i no a l'ordenament intern. La tesi s'estructura en dues parts diferenciades, correspon la primera als 2 Capítols inicials i la segona als altres 3. En els dos primers Capítols se segueix un criteri cronològic, començant amb el Tractat de Roma i culminant amb el Tractat de Niça. En aquests Capítols s'analitzen les possibles bases jurídiques del dret originari que podien haver-se utilitzat, així com la cooperació que varen fer els Estats membres, tant a dins com a fora, de la Unió Europea, en relació a les mesures adoptades destinades a la regulació de l'accés i de l'estatut jurídic dels treballadors immigrants. L'entrada en vigor, l'1 de maig de 1999 del Tractat d'Amsterdam ha suposat un important avenç per a l'atribució de competències a la Comunitat en matèria d'immigració, que queda vinculada al nou objectiu de la creació de l'espai de llibertat, seguretat i justícia. A partir d'aquest moment, s'assumeix la lliure circulació de persones com objectiu propi, que requereix la regulació del control a les fronteres externes, d'asil, de la immigració i de la cooperació dels Estats membres en la prevenció i la lluita contra la delinqüència. Això es concreta en la comunitarització d'una part del Tercer Pilar destinada a visats, asil i immigració, amb l'exclusió del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca, i en la integració del cabal Schengen a l'estructura de la Unió Europea, tot i que permetent una exclusió per al Regne Unit i Irlanda. Es crea, doncs, una cooperació sui generis plena de solucions d'enginyeria jurídica, que si bé suposa un avenç, trenca la unitat i l'homogeneïtat del dret comunitari. Tot i aquestes complexitats tècniques que deriven de la reforma del Tractat d'Amsterdam, el nou article 63 en els seus apartats 3 i 4 permet abordar, a través de la coordinació o de l'harmonització, els temes d'interès comú vinculats al fenomen de la immigració. Entre ells, hi ha la possibilitat d'elaborar un estatut comú per als treballadors no comunitaris. Les iniciatives legislatives presentades des de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam demostren l'acceleració en l'elaboració i el desenvolupament d'una política comunitària d'immigració, integrada en uns objectius comuns, per primera vegada sembla realista pensar en l'adopció d'un estatut jurídic únic per l'extracomunitari que sigui resident de llarga durada. Tot i que aquest estatut pot quedar configurat com un estàndard mínim de protecció, considero que la seva adopció constituiria un pas de gran rellevància en la clarificació dels drets d'aquest col·lectiu de treballadors. Els altres tres Capítols conformen la segona part de la tesi, dedicada a analitzar l'actual estatut dels treballadors nacionals de tercers Estats. Aquest estatut es caracteritza pel seu caràcter fragmentat, que deriva de la diversitat de les disposicions contingudes en els acords externs. Mitjançant un estudi comparatiu, s'analitzen els objectius, l'estructura, els antecedents i el desenvolupament dels acords celebrats amb Turquia, amb els països del Magreb i amb els PECO's. El contingut dels objectius d'aquests acords constata que ens trobem davant 3 models diferents que reflecteixen una disminució del compromís comunitari. El Tribunal de Justícia, en la seva jurisprudència, ha manifestat que tant els acords externs celebrats per la Comunitat, com les decisions adoptades pels òrgans que els desenvolupen, formen part de l'ordenament jurídic comunitari. El Tribunal de Justícia és l'òrgan competent per interpretar-los, contribuint a clarificar el contingut d'aquests instruments jurídics. Aquesta perspectiva es completa amb l'anàlisi de les nocions que recullen els acords externs, a fi de dilucidar si un mateix terme té idèntic contingut, i si, tot i la diversitat dels instruments jurídics utilitzats, tenen una mateixa interpretació jurisprudencial. Per aquest motiu ha estat necessari, que el Tribunal de Justícia determinés l'abast dels diferents conceptes emprats, i clarifiqués si és el mateix que el relatiu als treballadors comunitaris o és diferent. La redacció dels acords estudiats reflecteix un estatut jurídic privilegiat per als treballadors turcs en relació als altres treballadors immigrants. Els treballadors originaris dels països d'Europa Central i Oriental o del Magreb, podran millorar la seva situació actual en la mesura en què les disposicions dels seus respectius acords siguin, en el futur, desenvolupades. De totes maneres, aquesta situació de privilegi que ha estat un fet fins el moment actual, ha canviat amb l'entrada en vigor de diferents lleis d'estrangeria estatals, i pot modificar-se, també, amb el desenvolupament del Tractat d'Amsterdam. Actualment, a un treballador turc li perjudica, més que no beneficia el sistema de terminis que per accedir a un lloc de treball preveu la Decisió 1/80. Els treballadors turcs que formen part del mercat regular de treball d'un Estat membre haurien de quedar protegits pel règim jurídic que els sigui més beneficiós, amb independència de que aquest sigui l'intern de l'Estat d'acollida, el comunitari previst a l'Acord d'Associació i el seu posterior desenvolupament, o el que derivi de les futures directives quan entrin en vigor. Si bé aquestes disposicions dels Acords d'Associació varen ser positives, actualment hauran de ser objecte de modificació, la qual cosa no implica la seva desaparició. El seu contingut haurà de tendir a ressaltar l'especificitat de les relacions que es volen establir amb un tercer Estat concret, establint en aquest sentit un tractament preferent als seus nacionals enfront als altres immigrants, i reconeixent el seu dret de residència com derivat del permís de treball. De tota manera, amb l'entrada en vigor de la directiva relativa a l'estatut dels residents de llarga durada, aquest règim privilegiat només afectarà als immigrants residents legals a l'Estat d'acollida durant els primers 5 anys, és a dir, abans de que se'ls concedeixi el citat estatut.

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Objective: The aim of the present study was to determine the relationship between the characteristics of general practices and the perceptions of the psychological content of consultations by GPs in those practices. Methods: A cross-sectional survey was conducted of all GPs (22 GPs based in nine practices) serving a discrete inner city community of 41 000 residents. GPs were asked to complete a log-diary over a period of five working days, rating their perception of the psychological content of each consultation on a 4-point Likert scale, ranging from 0 (no psychological content) to 3 (entirely psychological in content). The influence of GP and practice characteristics on psychological content scores was examined. Results: Data were available for every surgery-based consultation (n = 2206) conducted by all 22 participating GPs over the study period. The mean psychological content score was 0.58 (SD 0.33). Sixty-four percent of consultations were recorded as being without any psychological content; 6% were entirely psychological in content. Higher psychological content scores were significantly associated with younger GPs, training practices (n = 3), group practices (n = 4), the presence of on-site mental health workers (n = 5), higher antidepressant prescribing volumes and the achievement of vaccine and smear targets. Training status had the greatest predictive power, explaining 51% of the variation in psychological content. Neither practice consultation rates, GP list size, annual psychiatric referral rates nor volumes of benzodiazepine prescribing were related to psychological content scores. Conclusion: Increased awareness by GPs of the psychological dimension within a consultation may be a feature of the educational environment of training practices.

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A second English translation of Alexander von Humboldt's account of travel to South America, the Relation historique (1814–25), was published between 1852 and 1853. Appearing some 30 years after the first seven-volume translation (1814–29) by Helen Maria Williams, this second rendering of the Personal Narrative by Thomasina Ross was an abridged version that aimed to make Humboldt's travelogue more relevant to the mid-century reader. This translation has largely been overlooked by Humboldt scholars, despite it being a far more affordable, accessible and popular edition. I discuss here how Ross's revisions can be understood within a larger process of rereading and revision that responded to critics’ assessments of the first translation. Emphasising the status of the Personal Narrative as a text in flux, I assess how Ross modernised it to meet the demands of a new readership, recasting the image that Humboldt had constructed of himself as a travelling scientist, scientific writer and member of the international scientific community.

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In both Hawaiian and Tahitian, the central meaning of mahu denotes gender-variant individuals, particularly male-bodied persons who have a significant investment in femininity. However, in Hawai‘i, unlike Tahiti, the word mahu is now more commonly used as an insult against gay or transgender people. The negative connotation of the term in Hawaiian indexes lower levels of social acceptability for mahu identity on O‘ahu (Hawai‘i’s most populous island) as compared to Tahiti. The article argues that these differences are partly due to a historical legacy of sexually repressive laws. The article traces the history of sodomy laws in these two Polynesian societies and argues that this history supports the hypothesis that sodomy laws (in conjunction with such social processes as urbanisation and Christianisation) are partially to blame for the diminished social status of mahu on O‘ahu. A different social and legal history in Tahiti accounts for the fact that the loss of social status experienced by Tahitian mahu has been lesser than that of their Hawaiian counterparts.

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Background: The nutritional status of the aging individual results from a complex interaction between personal and environmental factors. A disease influences and is influenced by the nutritional status and the functional capacity of the individual. We asses the relationship between nutritional status and indicators of functional capacity among recently hospitalized elderly in a general hospital.Methods: A cross-sectional study was done with 240 elderly (women, n = 127 and men, n = 113) hospitalized in a hospital that provides care for the public and private healthcare systems. The nutritional status was classified by the MNA (Mini Nutritional Assessment) into: malnourished, risk of malnutrition and without malnutrition (adequate). The functional autonomy indicators were obtained by the self-reported Instrumental Activity of Daily Living (IADL) and Activity of Daily Living (ADL) questionnaire. The chi-square test was used to compare the proportions and the level of significance was 5%.Results: Among the assessed elderly, 33.8% were classified as adequate regarding nutritional status; 37.1% were classified as being at risk of malnutrition and 29.1% were classified as malnourished. All the IADL and ADL variables assessed were significantly more deteriorated among the malnourished individuals. Among the ADL variables, eating partial (42.9%) or complete (12.9%) dependence was found in more than half of the malnourished elderly, in 13.4% of those at risk of malnutrition and in 2.5% of those without malnutrition.Conclusion: There is an interrelationship between the nutritional status of the elderly and reduced functional capacity.