997 resultados para drogas ilícitas


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El texto hace una evaluación parcial de la implementación del Principio de Responsabilidad Compartida en el Continente Americano durante el período 1998-2010; para ello se tiene en cuenta tres principales mecanismos de la región, su implementación, sus buenos resultados y sus limitaciones en la lucha contra las drogas ilícitas.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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El tema de las drogas suscita un debate entre quienes defienden la prohibición y la represión, y aquellos que defienden alternativas como la legalización y/o regulación y otras más moderadas como la descriminalización y la despenalización. Aunque ambas posturas muestran datos empíricos que las soportan, desde el ámbito discursivo la visión represiva se ha posicionado como la más aceptada en el continente americano, más específicamente, en Latinoamérica. El presente trabajo, hace un estudio de caso del proceso de securitización del narcotráfico entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia durante el período 1986-1990. A lo largo del texto, se analizan discursos oficiales de los presidentes de ambos Estados, resaltando las estrategias retóricas y sus transformaciones que legitimaron acciones represivas de tipo político-militar contra las drogas. Al final se apunta a reivindicar el discurso como un instrumento para reproducir creencias sobre fenómenos, en este caso, la creencia de que las drogas son una amenaza existencial a la seguridad política y militar para los Estados.

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Esta investigación diagnóstica tiene por objeto la elaboración de un marco de recomendaciones para el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas con el fin de actuar frente al problema de las drogas en la región a partir del diagnóstico de los alcances y limitaciones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la decisión 505 o Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos.

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Para este trabajo se tomaron como casos de estudio dos amenazas de diferente naturaleza y que de alguna manera son relevantes en la región Andina, en primer lugar se tomó el caso del problema de drogas en Colombia, dado que el Estado colombiano se configura dentro de la región andina como el mayor productor de drogas ilícitas. Además el problema de drogas se caracteriza por ser una amenaza compartida, es decir, una amenaza que responde a una lógica de carácter transnacional, que va más allá de las fronteras de un Estado. Aunque este problema tiene consecuencias en la esfera política, económica y social, para nuestro caso de estudio el problema de drogas se constituye como una de las causas que amenazan al media ambiente, y este hecho comprende un riesgo para la seguridad andina. En segundo lugar, se optó por las crisis política interna de Ecuador, porque la inestabilidad política es una de las amenazas más visibles que presentan los estados de la región andina. Esta situación interna de la nación ecuatoriana puede ser catalogada como amenaza común, es decir, que está presente en varios países, pero cuya naturaleza responde a una lógica domestica de cada uno de los estados afectando su propia seguridad. Aunque una crisis interna tenga efectos o repercusiones en los países de la región, no necesariamente es considerada como una amenaza a la seguridad de los Estados colindantes.

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Este estudio analiza la repercusión de las instituciones internacionales y el regimen al interior de éstas concerniente a la lucha contra drogas, en la política interna sobre reducción de demanda. Para esto nos debemos remitir al concepto de “Neoliberalismo Institucional” presentado por Robert Keohane quien afirma que aunque la política internacional carezca de un gobierno común, y se crea que prima la anarquía en las relaciones entre Estados, la política mundial está institucionalizada . Además, sostiene que “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos”10 Estas instituciones pueden tomar diferentes formas como: las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regímenes internacionales, y las convenciones. Colombia no está exenta de la influencia emanada del institucionalismo internacional, y con base en ello se deben crear políticas que vayan de acuerdo a lo aceptado dentro de las diferentes instituciones; tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); organizaciones con las que el Estado ha adquirido compromisos al respecto, y que serán analizadas en el transcurso de este estudio. Asimismo estas instituciones pueden afectar las decisiones de los líderes, ayudando a determinar como se definen los intereses y como se interpretan las acciones. No obstante, la presión de los intereses internos ejerce efectos muchos mayores en la política estatal que las instituciones internacionales. Esto explica por qué desde 1998 a 2006 en cada uno de los períodos presidenciales hay variaciones en la acción política en cuanto la reducción de demanda de drogas ilícitas, pero se sigue actuando en un marco general presentado por las instituciones internacionales.Por otra parte los "Regímenes Internacionales" son definidos por Stephen Krasner como: “conjunto de principios, normas, reglas y procesos de decisión implícitos y explícitos, por los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las relaciones internacionales”.13Es decir que no solo las organizaciones de las que hace parte Colombia afectan en la creación de las políticas, sino el régimen contenido al interior, en este caso la lucha contra drogas es un área específica la cual incluye la demanda de drogas ilícitas.

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Se analiza la importancia de la cooperación de la OEA/CICAD en la lucha contra las drogas ilícitas durante los años (1997-2003) y en especial contra el problema de drogas en el hemisferio y en Colombia. Para esto analizo la estrategia creada por la OEA sobre este tema.

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Este trabajo de grado aborda la contribución del periodismo en la configuración del debate en Colombia sobre política de drogas, a través de un análisis de contenido a las columnas y editoriales publicadas entre 2009 y 2013 en cuatro medios de referencia del país. Se identificaron los perfiles de quienes participaron, los argumentos y las políticas defendidas que plantearon, y la manera como presentaron sus opiniones en El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía y Semana. El desarrollo de la discusión en los textos demuestra una evolución respecto al tema en la medida que hay una transformación del paradigma punitivo hacia un camino menos restrictivo frente a la producción, el tráfico y consumo de drogas ilícitas. Se sugiere que los hechos coyunturales motivaron en parte dicho cambio al ejercer influencia en los giros y la visibilidad que toma el debate dentro de la prensa.

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El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidió el4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú. Sin embargo, el ATPA venció el4 de diciembre de 2001, lo que llevó a los gobiernos de los países andinos beneficiarios, a una vigorosa campaña para lograr su prórroga y ampliación. De esta manera, el 6 de agosto de 2002, el Presidente Bush firmó la Ley Comercial de 2002, la cual incluye dentro del Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferencias del ATPA. Los países beneficiados por estas preferencias arancelarias son Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, cubre a más de 6500 productos, los beneficios comerciales que se otorgaron a través del ATPA y el ATPDEA son un reconocimiento a la lucha que se adelanta desde hace décadas contra la producción de las drogas ilícitas, este conjunto de preferencias arancelarias son una expresión del principio de corresponsabilidad acogido por la comunidad internacional para hacer frente al problema mundial de drogas. Colombia se ha caracterizado por tener unas magnificas relaciones comerciales con Estados Unidos, y es uno de los países beneficiados que más le ha sacado provecho a los diferentes acuerdos como el ATPA Y ATPDEA, uno de los principales sectores que se destacaron fue el florícola el cual esta amparado por los beneficios arancelarios desde el ATPA.

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O objetivo desta pesquisa é estudar o efeito da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) sobre o crime de tráfico e porte de drogas e a relação entre crimes de drogas e outros crimes. Para isso, são exploradas as variações da Lei de Drogas, através de análises de regressões com descontinuidade e com variável instrumental, além de estimações com dados em painel, em busca de um efeito causal entre drogas e violência. Como resultados, a Lei de Drogas parece não ter efeito negativo significativo sobre crimes de drogas. Por outro lado, crimes de drogas apresentam uma associação negativa sobre crimes de furto e uma relação positiva com crimes de formação de quadrilha. Para cada redução de 100 crimes de drogas (por mil habitantes) associa-se um aumento de 3,6 crimes de furto (por mil habitantes) e uma diminuição de 27 crimes de formação de quadrilha (por mil habitantes). Não são encontrados efeitos robustos sobre roubos, homicídios, latrocínios, estupros, crimes de lesão corporal e porte de arma de fogo.

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National surveys indicate that 6.8 % of the brazilian population is dependent on alcohol and 1 % dependent on illicit drugs, representing a significant portion of the population affected by this issue . Primary Care becomes instrumental in expanding the coverage of this demand and in reducing unnecessary referrals for specialized care. This study aimed to investigate the responsiveness and institutional support of Primary Care Teams in relation to the demands of alcohol and drugs users. The research was conducted in a Family Health Unit in West Sanitary District of Natal City. With quantitative and qualitative nature, our study consisted of two stages. At first, we performed a mapping of alcohol and other drugs abusive use in a sample of the population assisted by Family Heath Teams, using sociodemographic questionnaire and ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test). 406 questionnaires were completed. Of these questionnaires, 27.8% are men and 72.2% women, of which 56% are between 20 and 39 years-old, they are housewives, have a stable relationship and are consumers of tobacco (37.6%), marijuana (13%) and especially alcohol (57%). In second stage, two Conversation Circles with Family Health Teams and the referential Family Health Support Center were formed to discuss the data of the mapping realized in the previous phase. The circles, which had participation of 20 of the 37 professional teams from Family Health and 2 from Family Health Support Center, showed a lack of professional training in the subject; inability of the healthcare network in the user embracement; belief of professionals that nothing can be done when matter is alcohol and drugs; and referencing as the only care action performed by teams. Thus we point out the need to support an approach on issues of alcohol and drugs which consider gender issues, investing in Harm Reduction Policy as a possibility of working in this context for recognizing each user in their uniqueness and strategizing with them to promote health in a broad and contextualized way

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