861 resultados para Rural working class
Resumo:
La llegada a la presidencia de Juan Perón en 1946, significó para el agro argentino la continuidad de algunas políticas desarrolladas antes de la Revolución de 1943 y profundizadas por ésta. A esas decisiones de carácter productivo y de comercialización se sumaron aquellas orientadas a la mejora de la clase trabajadora rural, sector descuidado hasta el momento. La aplicación del Estatuto del Peón Rural (1947) en un territorio de frontera productiva y ocupacional como el Chaco, en un contexto local desfavorable, despertó uno de los más agitados enfrentamientos entre las entidades Cooperativas agrícolas-en representación de sus asociados- y la Administración local encargada de su aplicación. Es objetivo de este trabajo estudiar, desde la documentación que produjeron las cooperativas y los medios gráficos locales, el conflicto que se despertó en el Chaco al momento de implementarse el Estatuto del Peón
Resumo:
En este artículo analizaremos la trayectoria de un grupo de agricultores que fundó en el interior de la provincia de Misiones el Movimiento Agrario Misionero (MAM). Al principio, igual que en las demás provincias del Nordeste, los agricultores participaron juntos en las movilizaciones de protesta y fueron apoyados por el obispo católico del lugar. Los dirigentes se vincularon tempranamente con los líderes de la Tendencia de nivel nacional - creada por Montoneros- y de la capital provincial, y construyeron un discurso adonde afirmaban que el MAM debía representar, tanto a los medianos y pequeños propietarios como a la "clase trabajadora" del sector rural, lo que generó un creciente malestar entre sus filas. Con la llegada del peronismo al poder, se abrió otra etapa adonde quedaron expuestas las diferencias al interior del Movimiento. En 1974 se produjeron dos grandes rupturas: a principios de ese año, un grupo de agricultores formó la Asociación Misionera de Agricultores (AMA) y a mediados, otro sector decidió expulsar a los agricultores que integraban la conducción del MAM. Los expulsados formaron las Ligas Agrarias Misioneras (LAM) y en el medio de la escalada de la violencia armada y el pase a la clandestinidad de Montoneros, crearon junto a los dirigentes capitalinos, el Partido Descamisado primero y el Partido Auténtico después. Participaron de las elecciones de abril de 1975, ganaron dos bancas y en la Cámara Legislativa siguieron defendiendo los intereses de los "obreros rurales" y la instauración de la "patria socialista". Esta historia se vio violentamente interrumpida con la llegada del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando los militantes del MAM, las LAM y del Partido Auténtico fueron el blanco de la represión en la provincia, aunque ésta se había iniciado unos meses antes. Pretendemos mostrar, a partir del microanálisis, cómo se fue organizando y consolidando desde 1972, este grupo de militantes locales provenientes de la capital provincial y del interior, que pretendió encuadrar al MAM en la Tendencia y fue perdiendo apoyos avanzada la década. Aún después de la expulsión, veremos de qué manera continuaron considerándose la "vanguardia" de los "agricultores" y de la "clase trabajadora rural". Todo esto en un clima adonde la cúpula de Montoneros ordenaba el pase a la clandestinidad y privilegiaba la lucha armada. En suma, trataremos de rescatar la complejidad que envolvió a estos grupos y que fue característica de esos años.
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La llegada a la presidencia de Juan Perón en 1946, significó para el agro argentino la continuidad de algunas políticas desarrolladas antes de la Revolución de 1943 y profundizadas por ésta. A esas decisiones de carácter productivo y de comercialización se sumaron aquellas orientadas a la mejora de la clase trabajadora rural, sector descuidado hasta el momento. La aplicación del Estatuto del Peón Rural (1947) en un territorio de frontera productiva y ocupacional como el Chaco, en un contexto local desfavorable, despertó uno de los más agitados enfrentamientos entre las entidades Cooperativas agrícolas-en representación de sus asociados- y la Administración local encargada de su aplicación. Es objetivo de este trabajo estudiar, desde la documentación que produjeron las cooperativas y los medios gráficos locales, el conflicto que se despertó en el Chaco al momento de implementarse el Estatuto del Peón
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En este artículo analizaremos la trayectoria de un grupo de agricultores que fundó en el interior de la provincia de Misiones el Movimiento Agrario Misionero (MAM). Al principio, igual que en las demás provincias del Nordeste, los agricultores participaron juntos en las movilizaciones de protesta y fueron apoyados por el obispo católico del lugar. Los dirigentes se vincularon tempranamente con los líderes de la Tendencia de nivel nacional - creada por Montoneros- y de la capital provincial, y construyeron un discurso adonde afirmaban que el MAM debía representar, tanto a los medianos y pequeños propietarios como a la "clase trabajadora" del sector rural, lo que generó un creciente malestar entre sus filas. Con la llegada del peronismo al poder, se abrió otra etapa adonde quedaron expuestas las diferencias al interior del Movimiento. En 1974 se produjeron dos grandes rupturas: a principios de ese año, un grupo de agricultores formó la Asociación Misionera de Agricultores (AMA) y a mediados, otro sector decidió expulsar a los agricultores que integraban la conducción del MAM. Los expulsados formaron las Ligas Agrarias Misioneras (LAM) y en el medio de la escalada de la violencia armada y el pase a la clandestinidad de Montoneros, crearon junto a los dirigentes capitalinos, el Partido Descamisado primero y el Partido Auténtico después. Participaron de las elecciones de abril de 1975, ganaron dos bancas y en la Cámara Legislativa siguieron defendiendo los intereses de los "obreros rurales" y la instauración de la "patria socialista". Esta historia se vio violentamente interrumpida con la llegada del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando los militantes del MAM, las LAM y del Partido Auténtico fueron el blanco de la represión en la provincia, aunque ésta se había iniciado unos meses antes. Pretendemos mostrar, a partir del microanálisis, cómo se fue organizando y consolidando desde 1972, este grupo de militantes locales provenientes de la capital provincial y del interior, que pretendió encuadrar al MAM en la Tendencia y fue perdiendo apoyos avanzada la década. Aún después de la expulsión, veremos de qué manera continuaron considerándose la "vanguardia" de los "agricultores" y de la "clase trabajadora rural". Todo esto en un clima adonde la cúpula de Montoneros ordenaba el pase a la clandestinidad y privilegiaba la lucha armada. En suma, trataremos de rescatar la complejidad que envolvió a estos grupos y que fue característica de esos años.
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Includes bibliography.
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Mode of access: Internet.
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What does it mean to be white and working class in modern Britain? The Joseph Rowntree Foundation’s studies of traditionally white estates in Bradford, London, Coventry and Birmingham are part of a growing body of research into ‘white identities’. This paper: • identifies common findings from JRF research into traditionally white estates, in the context of other similar work; • suggests how issues of white identity can be better understood and makes recommendations for policy and practice. Key points: • Profound economic and social change has increased isolation and fear in traditionally white estates. Residents often claim that things were better in the past. • ‘Estatism’ refers to specific social dynamics associated with council estates and prejudice towards residents based on where they live. This can result in lowered self-esteem and reluctance to participate in community campaigns. • People on traditionally white estates often feel they are not listened to by outside agencies. Consultations can raise hopes but ultimately reinforce disengagement. Initiatives to ensure equality have become associated with political correctness (‘PC’). • White working-class people feel they are bound by values of hard work, reciprocity and support. They are frustrated by the closure and lack of access to community facilities. The social class system simultaneously disadvantages the working class while giving advantage to other classes. • There is a strong desire for allocation of resources to be fair, with a widespread perception that minorities are given preference. Blaming incomers for decline is common, with the target of blame differing between sites. Participants did not want to be considered racist and felt that labelling ideas as racist prevents discussion. Similarly, the term ‘PC’ can also be used to shut down debate. • Recommendations include community-twinning, new ways of accessing local authorities, involvement from the private sector in disadvantaged areas and local panels to define and develop the ‘Big Society’. Initiatives aimed solely at white working-class people are unlikely to be successful.
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DUE TO COPYRIGHT RESTRICTIONS ONLY AVAILABLE FOR CONSULTATION AT ASTON UNIVERSITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES WITH PRIOR ARRANGEMENT
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Successive moral panics have cast poor or socially excluded mothers - associated with social problems as diverse as crime, underachievement, unemployment and mental illness - as bad mothers. Their mothering practices are held up as the antithesis of good parenting and are associated with poor outcomes for children. Marginalised Mothers provides a detailed and much-needed insight into the lived experience of mothers who are frequently the focus of public concern and intervention, yet all too often have their voices and experiences overlooked. The book explores how they make sense of their lives with their children and families, position themselves within a context of inequality and vulnerability, and resist, subvert and survive material and social marginalisation. This controversial text uses qualitative data from a selection of working class mothers to highlight the opportunities and choices they face and to expose the middle class assumptions that ground much contemporary family policy. It will be of interest to students and researchers in sociology, social work and social policy, as well as social workers and policymakers.
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With Dr Seán Byers (83-page report funded by Irish Department of Foreign Affairs, in collaboration with Trademark Belfast, published online on 30 September 2016).
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The notion of academic performance renders account of the results achieved by the students during their school education. Internally, there are two opposed phenomena: school success and school failure. Sociology of education has contributed to the discussion of both notions revealing their social nature closely related to the institutional and socio-cultural contexts in which education is developed. This paper is the result of a research project conducted for our doctoral thesis. Its purpose is to contribute to enlighten the scopes of this discussion, by analyzing the school development of a group of working class women from Mendoza. We were interested, in the first place, in knowing the reasons why they quit school when they were young girls or adolescents. Subsequently, we have approached the opportunities they had to access the system again during their adulthood, the obstacles they had to face and the resources to be able to complete the medium level.
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This paper considers the role of CCTV (closed circuit television) in the surveillance, policing and control of public space in urban and rural locations, specifically in relation to the use of public space by young people. The use of CCTV technology in public spaces is now an established and largely uncontested feature of everyday life in a number of countries and the assertion that they are essentially there for the protection of law abiding and consuming citizens has broadly gone unchallenged. With little or no debate in the U.K. to critique the claims made by the burgeoning security industry that CCTV protects people in the form of a ‘Big Friend’, the state at both central and local levels has endorsed the installation of CCTV apparatus across the nation. Some areas assert in their promotional material that the centre of the shopping and leisure zone is fully surveilled by cameras in order to reassure visitors that their personal safety is a matter of civic concern, with even small towns and villages expending monies on sophisticated and expensive to maintain camera systems. It is within a context of monitoring, recording and control procedures that young people’s use of public space is constructed as a threat to social order, in need of surveillance and exclusion which forms a major and contemporary feature in shaping thinking about urban and rural working class young people in the U.K. As Loader (1996) notes, young people’s claims on public space rarely gain legitimacy if ‘colliding’ with those of local residents, and Davis (1990) describes the increasing ‘militarization and destruction of public space’, while Jacobs (1965) asserts that full participation in the ‘daily life of urban streets’ is essential to the development of young people and beneficial for all who live in an area. This paper challenges the uncritical acceptance of widespread use of CCTV and identifies its oppressive and malevolent potential in forming a ‘surveillance gaze’ over young people (adapting Foucault’s ‘clinical gaze’c. 1973) which can jeopardise mental health and well being in coping with the ‘metropolis’, after Simmel, (1964).
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As public and private space becomes a focus for development values, contests occur between the unequal parties having a stake in the use of public space, such as central and local government, young people, communities and site developers. It is within the monitoring, recording and control procedures that young people’s use of public space is constructed as a threat to social order in need of surveillance and exclusion. This forms a major and contemporary feature in shaping thinking about urban and rural working class young people in the UK.