74 resultados para Prosecutors.
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Pós-graduação em Educação - FCT
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This commentary is a discussion of the article "Human Trafficking, Sex Tourism, and Child Exploitation on the Southern Border." Most importantly, it is a comment on the lack of attention given to American children prostituted in our own backyards. All forms of sex trafficking are deplorable but the plight of the American child victim creates unique challenges for prosecutors, law enforcement and non-governmental agencies working hard to bring the crimes involved with domestic minor sex trafficking to the forefront. To that end, this commentary attempts to provide resources and guidance.
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Las agresiones sexuales producen, habitualmente, una enorme cantidad de discursos no sólo jurídicos, médicos y académicos sino también periodísticos e incluso de simple divulgación o informales. En ellos se cuelan cotidiana y casi desapercibidamente ideas respecto de las conductas sexuales esperables -o inaceptables- tanto en hombres como mujeres antes, durante y después del ataque. En el presente trabajo propongo estudiar un conjunto de discursos particular donde pueden verse estas mismas cuestiones: los argumentos que fiscales y abogados defensores produjeron en el contexto de su participación en casos por delitos sexuales durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX llevados adelante en Buenos Aires. La contienda judicial obliga, si se quiere, a que los juristas involucrados en el proceso deban siempre armar historias "creíbles" en tanto "factibles" de acuerdo a los hechos que la investigación del ilícito denunciado va revelando, y aunque cada caso tenga características particulares, siempre existirán similitudes que permitan el desarrollo de estrategias legales comunes para aplicar en ocasiones análogas. Aquí entonces, se busca mostrar cuáles fueron algunas de las estrategias discursivas en los juicios por los delitos particulares que trabajo, independientemente del éxito final de la estrategia en el expediente concreto. En este sentido, si bien debe tenerse en cuenta que los alegatos siempre son un relato armado que responde a una meta particular -ganar el caso-, y por tanto, su estudio requiere de especiales cuidados es factible utilizarlos para rastrear ideas socio-sexuales que se cuelan en ellos así como pensar las distintas formas en que se construye o discute a la víctima. Al analizar casos que tuvieron por víctimas a mujeres y a hombres se busca poner en juego las diferentes construcciones discursivas que se dieron para cada uno de ellos mostrando los diferentes argumentos que se produjeron de acuerdo al sexo biológico de la persona agredida y tensionando entonces las ideas de lo esperable y aceptable para cada uno de ellos no sólo en el terreno de la sexualidad sino de los lugares asignados en la sociedad
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Las agresiones sexuales producen, habitualmente, una enorme cantidad de discursos no sólo jurídicos, médicos y académicos sino también periodísticos e incluso de simple divulgación o informales. En ellos se cuelan cotidiana y casi desapercibidamente ideas respecto de las conductas sexuales esperables -o inaceptables- tanto en hombres como mujeres antes, durante y después del ataque. En el presente trabajo propongo estudiar un conjunto de discursos particular donde pueden verse estas mismas cuestiones: los argumentos que fiscales y abogados defensores produjeron en el contexto de su participación en casos por delitos sexuales durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX llevados adelante en Buenos Aires. La contienda judicial obliga, si se quiere, a que los juristas involucrados en el proceso deban siempre armar historias "creíbles" en tanto "factibles" de acuerdo a los hechos que la investigación del ilícito denunciado va revelando, y aunque cada caso tenga características particulares, siempre existirán similitudes que permitan el desarrollo de estrategias legales comunes para aplicar en ocasiones análogas. Aquí entonces, se busca mostrar cuáles fueron algunas de las estrategias discursivas en los juicios por los delitos particulares que trabajo, independientemente del éxito final de la estrategia en el expediente concreto. En este sentido, si bien debe tenerse en cuenta que los alegatos siempre son un relato armado que responde a una meta particular -ganar el caso-, y por tanto, su estudio requiere de especiales cuidados es factible utilizarlos para rastrear ideas socio-sexuales que se cuelan en ellos así como pensar las distintas formas en que se construye o discute a la víctima. Al analizar casos que tuvieron por víctimas a mujeres y a hombres se busca poner en juego las diferentes construcciones discursivas que se dieron para cada uno de ellos mostrando los diferentes argumentos que se produjeron de acuerdo al sexo biológico de la persona agredida y tensionando entonces las ideas de lo esperable y aceptable para cada uno de ellos no sólo en el terreno de la sexualidad sino de los lugares asignados en la sociedad
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Las agresiones sexuales producen, habitualmente, una enorme cantidad de discursos no sólo jurídicos, médicos y académicos sino también periodísticos e incluso de simple divulgación o informales. En ellos se cuelan cotidiana y casi desapercibidamente ideas respecto de las conductas sexuales esperables -o inaceptables- tanto en hombres como mujeres antes, durante y después del ataque. En el presente trabajo propongo estudiar un conjunto de discursos particular donde pueden verse estas mismas cuestiones: los argumentos que fiscales y abogados defensores produjeron en el contexto de su participación en casos por delitos sexuales durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX llevados adelante en Buenos Aires. La contienda judicial obliga, si se quiere, a que los juristas involucrados en el proceso deban siempre armar historias "creíbles" en tanto "factibles" de acuerdo a los hechos que la investigación del ilícito denunciado va revelando, y aunque cada caso tenga características particulares, siempre existirán similitudes que permitan el desarrollo de estrategias legales comunes para aplicar en ocasiones análogas. Aquí entonces, se busca mostrar cuáles fueron algunas de las estrategias discursivas en los juicios por los delitos particulares que trabajo, independientemente del éxito final de la estrategia en el expediente concreto. En este sentido, si bien debe tenerse en cuenta que los alegatos siempre son un relato armado que responde a una meta particular -ganar el caso-, y por tanto, su estudio requiere de especiales cuidados es factible utilizarlos para rastrear ideas socio-sexuales que se cuelan en ellos así como pensar las distintas formas en que se construye o discute a la víctima. Al analizar casos que tuvieron por víctimas a mujeres y a hombres se busca poner en juego las diferentes construcciones discursivas que se dieron para cada uno de ellos mostrando los diferentes argumentos que se produjeron de acuerdo al sexo biológico de la persona agredida y tensionando entonces las ideas de lo esperable y aceptable para cada uno de ellos no sólo en el terreno de la sexualidad sino de los lugares asignados en la sociedad
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Esta tese é o resultado de uma etnografia sobre a comunidade negra rural Família Magalhães (Nova Roma-GO), originária do território Kalunga. Procurei discutir, tendo em vista o reconhecimento do grupo como quilombola perante o Estado, formas específicas pelas quais ele produz relações entre parentes e não parentes. No último caso, me refiro a agentes do governo federal e estadual, presidentes da república, deputados, procuradores, advogados, prefeitos, vereadores e, também, a conhecidos, vizinhos, compadres e correligionários. Nessa trama, tocar amizade e fazer política aparecem como modos privilegiados de tecer territórios, entendidos em seu caráter relacional, sempre passíveis de serem atravessados por relações de caráter agonístico. Assim, investiguei como são geridos, entre os membros de Família Magalhães, movimentos contínuos de produção de vínculos e segmentações, trazendo à tona agenciamentos específicos do grupo em suas experiências de alteridade.
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O Programa de Desenvolvimento Sustentável Socioambiental e Cultural da Terra Indígena Apucaraninha foi criado como condicionalidade para que a comunidade pudesse receber parte dos recursos oriundos da compensação pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Apucaraninha, instalada dentro das terras indígenas. Teoricamente criado para ser um programa em que os índios participassem de forma ativa e igualitária na sua construção e implementação, já nasce contraditório frente à hegemonia da ideologia da sociedade envolvente imersa na ideologia do management. É assim que tenho como objetivo compreender como o management, enquanto ideologia que se materializa em discurso, atua sobre o Programa de Sustentabilidade Socioambiental e Cultural na Terra Indígena Apucaraninha, Paraná. Para isso, faço uma pesquisa qualitativa em que os discursos, coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e grupo focal, aplicados aos indígenas e aos não-indígenas participantes do programa, foram interpretados sob a perspectiva dos elementos da Análise do Discurso na Linha Francesa. Como apoio, ainda analisei documentos do programa e os emitidos pelo Ministério Público Federal. Os principais resultados mostram que, como eu já desconfiava, o programa exclui a participação dos indígenas de fato, uma vez que eles são considerados pelos \"brancos\", de maneira estereotipada, como irracionais, indolentes e atrasados e, assim, incapazes de escolher o \"melhor caminho\" para a sustentabilidade do programa que, neste momento, passa se orientar por uma visão economicista e materialista, contrário a lógica dos índios Kaingang. Ao discurso do management, sustentado pelo discurso capitalista, que promete a felicidade, se junta o discurso do colonizador, que trabalha desclassificando o modo de vida dos indígenas, os colocando em uma situação de vulnerabilidade que pode, assim, promover o seu extermínio, mesmo que não seja físico
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This Article examines a problem in cybercrime law that is both persistent and pervasive. What counts as “communication” on the Internet? Defining the term is particularly important for crimes such as cyberstalking, cyberharassment, and cyberbullying, where most statutes require a showing that the alleged perpetrator “communicated” with the victim or impose a similar requirement through slightly different language. This Article takes up the important task of defining communication. As a foundation to our discussion, we provide the first comprehensive survey of state statutes and case law relating to cyberstalking, cyberharassment, and cyberbullying. We then examine the realities of the way people use the Internet to develop a definition of “communication” that reflects those realities. That is, we aim to provide effective tools by which prosecutors can address wrongful conduct without punishing innocuous behavior or chilling speech. We conclude by proposing a model statute that appropriately defines “communication.” We recommend that state legislatures adopt the statute or modify existing laws to match it in pertinent part and demonstrate how the statute would apply in a range of situations.
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Although 23 states and the District of Columbia have now legalized marijuana for medical purposes, marijuana remains a prohibited substance under federal law. Because the production, sale, possession and use of marijuana remain illegal, there is a risk of prosecution under federal laws. Furthermore, those who help marijuana users and providers put themselves at risk — federal law punishes not only those who violate drug laws but also those who assist or conspire with them to do so. In the case of lawyers representing marijuana users and businesspeople, this means not only the real (though remote) risk of criminal prosecution but also the more immediate risk of professional discipline. Elsewhere, we wrote about the difficult place in which lawyers find themselves when representing marijuana clients. We argued that while both the criminal law and the rules of professional conduct rightly require legal obedience from lawyers, other countervailing factors must be considered when evaluating lawyers’ representation of marijuana clients. In particular, we asserted that considerations of equity and access to justice weigh dispositively in favor of protecting lawyers who endeavor to help their clients comply with state marijuana laws, and we suggested means of interpreting relevant criminal law provisions and rules of professional conduct to achieve this result. This article builds on that analysis, taking on the particular issue of the public lawyer’s’ role in marijuana regulation. For government lawyers, the key issues in exercising discretion in the context of marijuana are not clients’ access to the law and equality but rather determining the clients’ wishes and serving them diligently and ethically. Lawyers representing state agencies, legislatures and the executive branch of government draft and interpret the rules and regulations regarding marijuana. Lawyers for federal, state and local governments then interpret those rules to determine the obligations and responsibilities of those they represent and to help their clients meet those obligations and carry out their required tasks. Both state and federal prosecutors are charged with determining what conduct remains illegal under the new rules and, perhaps more importantly, with exercising discretion regarding whom to prosecute and to what extent. Marijuana regulation is not a niche area of government regulation; it will influence the practice of virtually every public lawyer in the years to come. Public lawyers must understand the changes in marijuana law and the implications for government clients. Given the pervasiveness of the modern regulatory state, the situation is no easier — and, in many ways, it is more complicated — for public lawyers than it is for private ones. Public lawyers face myriad practice challenges with respect to marijuana law reform, and while we do not purport to identify and resolve all of the issues that are sure to arise in this short paper, we hope that the article helps alert public lawyers to some of the risks involved in participating in marijuana regulation so that they can think carefully about their obligations when these issues arise.
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This Article demonstrates through original statistical research that prosecutors in Colorado were more likely to seek the death penalty against minority defendants than against white defendants. Moreover, defendants in Colorado’s Eighteenth Judicial District were more likely to face a death prosecution than defendants elsewhere in the state. Our empirical analysis demonstrates that even when one controls for the differential rates at which different groups commit statutorily death-eligible murders, non-white defendants and defendants in the Eighteenth Judicial District were still more likely than others to face a death penalty prosecution. Even when the heinousness of the crime is accounted for, the race of the accused and the place of the crime are statistically significant predictors of whether prosecutors will seek the death penalty. We discuss the implications of this disparate impact on the constitutionality of Colorado’s death penalty regime, concluding that the Colorado statute does not meet the dictates of the Eighth Amendment to the Constitution.
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Shipping list no: 93-0072-P.
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At head of title: 102d Congress, 2d session. Committee print, ser. no. 7.
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Report for 1977/78 covers period Dec. 16, 1977-June 30, 1978.
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Report year ends June 30.
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"September 10, 1982."