914 resultados para Políticas públicas para la EJA


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La evolución del salario formal comparada con la de los precios al consumidor permite monitorear los ingresos reales de los estratos socioeconómicos medios. Sin embargo, refleja de manera muy parcial la situación de los hogares pobres, ya que en este segmento de la población el trabajo informal es clave como fuente de recursos y de supervivencia. En este informe se define un Índice de Ingresos de Hogares Pobres y se enfatiza la importancia de que las políticas públicas contemplen la informalidad laboral masiva que sufre la Argentina

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El siguiente documento parte de una revisión documental básica sobre el papel que ha tenido el Estado, los enfoques de desarrollo y la evolución de las políticas públicas en la determinación y promoción de la práctica de la actividad física para las personas con discapacidad. Cuenta con un referente teórico de base que facilita el análisis en la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a la promoción de la práctica de la actividad física en esta población, tomando como principales referentes las políticas existentes a nivel nacional y distrital.

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La presente monografía intenta mostrar la incidencia del uso del enfoque de política pública (PP) en los resultados obtenidos tras la formación de la Ley 608 de 2000, principal instrumento para la reconstrucción del Departamento del Quindío después del terremoto del 25 de enero de 1999. Se identifican dos grandes enfoques de formación política para clasificar el caso: representativo-positivista y participativo-constructivista. La hipótesis inicial versa acerca de la implementación de la Ley que permitió la recuperación económica del Departamento, pero ella fue insuficiente. Así, la aplicación de los enfoques de PP permiten identificar las fallas y falencias durante el proceso de formación de la Ley estudiada.

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Pone de relieve las obligaciones del Estado en la garantía del derecho a una educación de calidad, como un derecho fundamental, exigible, inalienable e irrenunciable de la persona, y justiciable e impostergable como obligación del Estado. Así, visibilizar a la educación como la principal fuente del desarrollo personal y social, debido a que hace posible apropiarse de de otros derechos. Con este propósito se han organizado tres capítulos. En el primero, se hace un breve recorrido de los principales problemas que enfrenta la educación básica en el país; luego, se describen las responsabilidades que involucran al Estado, en la protección, promoción y ampliación del derecho a la educación, y se concluye con los alcances del derecho a la educación, según la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en relación al sistema de las 4-As (asequible, accesible, adaptable y aceptable). En el segundo, se elabora un marco conceptual de políticas públicas, con énfasis en el enfoque de derechos, en el que se integra: el origen y algunas definiciones, los enfoques considerados más comunes, las tipologías; y, el ciclo de las políticas públicas. Este aparatado, facilitará hacer un análisis del tipo de políticas educativas, implementadas en el país en las últimas décadas y orientar el diseño de las políticas, en el siguiente capítulo. En el tercero, se presentan unas propuestas metodológicas de políticas públicas para la educación básica, centrado en las personas y el aprendizaje, en los que se considera como componentes clave: implementar un manejo curricular, desde la perspectiva del aprendizaje; ampliar y/o adecuar la infraestructura y el equipamiento; mejorar las capacidades y condiciones de los docentes; implementar un sistema de rendición de cuentas e incentivos; impulsar un modelo de gestión educativa estratégica e integral; y, se concluye con una breve descripción de las condiciones de educabilidad.

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El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

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Este documento se propone recopilar y describir las políticas, normativas e institucionalidad que fundamentan las políticas públicas para la reducción de la mortalidad materna en los países de América Latina, abarcó la revisión de políticas, programas y estrategias adoptadas por los países, con base en las respuestas al cuestionario estructurado de la Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del Programa CIPD después de 2014 e información recabada de los ministerios de salud y entidades relacionadas con la salud sexual y reproductiva en los 20 países de América Latina.

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Los primeros diez años del nuevo siglo nos encuentran con un bagaje de producción científica y trabajos de campo a partir de los cuales podemos reflexionar sobre la importancia de abordar la violencia cuando hablamos de políticas públicas de seguridad en sociedades democráticas. Ello implica reconocer un recorte del tema y una toma de posición alrededor de la cual iremos reconstruyendo la problemática de la seguridad que va más allá del delincuente, la asociación del problema de la seguridad al problema del delito, la tipificación de delitos y las técnicas disciplinarias. Nuestra atención esta dirigida a la violencia, la política expresada en políticas públicas y la expresión de las subjetividades en el miedo a ser víctima.

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Este trabajo analiza el vínculo entre los procesos de elaboración de políticas públicas y la dinámica emergente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria [RSE] en nuestro país. Para ello toma como caso de estudio el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresaria, puesto en marcha en el año 2008 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se nutre de dos fuentes de datos: información documental -elaborada por el propio Estado y las empresas- y una serie de entrevistas a informantes clave, tanto del sector estatal y del sector privado como de expertos en la materia. En base a un análisis crítico de la bibliografía relevante sobre este cruce de campos [el de las políticas públicas y el de la RSE], el trabajo argumenta que la potencial eficacia de los programas estatales de fortalecimiento de la RSE dependen no sólo de los 'contenidos' específicos sino también de la 'forma' en que se elaboran las políticas públicas. En tal sentido, procesos de elaboración de políticas que respondan a criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, calidad de la implementación, orientación hacia el interés público y eficiencia [BID, 2006], tendrán mayores capacidades de superar una serie de obstáculos observados por los actores entrevistados ['recelos', 'desconocimiento' o 'desconfianza'] en la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Para ello, será necesario que las políticas incorporen como insumos para su elaboración un preciso análisis de las dimensiones ético-culturales, sociales, gerenciales, económicas y políticas [Lozano, 1999] en el que se desenvuelve el nuevo contexto de la RSE

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Diferentes estudios han dado cuenta de la relación entre el comportamiento del mercado de trabajo y los cambios en la estructura social, relativos al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, durante los años de reformas estructurales. Sin embargo, resulta necesario revisar y ampliar tales diagnósticos con el objetivo de lograr una visión más amplia del fenómeno. El presente trabajo tiene como objetivo explicar o, al menos, asociar los cambios ocurridos en el interior de la estructura social en el Gran Buenos Aires, durante el período 1992-2003, como efecto de una múltiple relación entre factores socioeconómicos, estrategias domésticas, movimientos del mercado de trabajo y políticas públicas específicas. La hipótesis que subyace a nuestro trabajo es que tanto los procesos de empobrecimiento y desplazamiento de los hogares como el aumento de la desigualdad y la fragmentación social descansan en la profundización de una estructura socioproductiva cada vez más segmentada, que es incapaz de generar oportunidades de empleo pleno para todos. Se utiliza información de la Encuesta Permanente de Hogares (eph) del indec (mayo de 1992, 1994, 1998, 2001 y 2003-Gran Buenos Aires), realizando correcciones de sesgos de información y construcción de unidades de análisis agregadas