897 resultados para Poder judicial
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394 p.
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Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.
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62 p.
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En 1985, Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del gobierno español encabezado por Felipe González, pronunció una frase destinada a hacerse famosa: “Montesquieu ha muerto”. Fue vertida cuando el partido socialista (PSOE) aprovechó la mayoría parlamentaria recién alcanzada para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. De acuerdo con esa reforma, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (equivalente a nuestro Consejo de la Magistratura) debían en adelante ser elegidos por el parlamento y no, como hasta entonces, mayoritariamente por los mismos jueces, fórmula a la que se tachaba de “corporativista”2. Los críticos advirtieron allí un intento de manejar los tres órganos clásicos del Estado para un proyecto de gobierno a largo plazo. Nada mejor, para eso, que enterrar de una buena vez por todas al viejo y quizás molesto señor de la Brède y barón de Montesquieu. Como buen político, Guerra, en sus memorias3, negó haber pronunciado literalmente aquella fórmula, aduciendo haber sido sus declaraciones tomadas fuera de contexto, etc...
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Contenido: Editorial – Sobre la guerra: El uso de la fuerza frente a las agresiones de baja intensidad / Hernando V. Cañardo – Derecho de la alta tecnología: El orden público tecnológico / Horacio R. Granero – El gobierno electrónico como un nuevo paradigma de administración / Pablo Castoldi – Reforma del Estado: Crisis y reforma estructural del Estado / Vicente Gonzalo Massot – La reforma del Estado en sus aspectos estructurales y de gestión / Hugo Luis Dalbosco – Crisis y reforma del estado / Roberto Antonio Punte – Cómo recorrer virtualmente al estado argentino / Federico Ricciardi – La región como alternativa política / Carlos A. de Jorge – Algunos problemas actuales del federalismo y la regionalización como respuesta / Eugenio Luis Palazzo – La reforma administrativa del estado / Alfredo G. Barros – La reforma impostergable y largamente esperada del Poder Judicial / Silvana M. Stanga – Recensiones
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Resumen: El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la economía y las instituciones. En la primera columna, La Corte Suprema y el proceso de construcción institucional, el autor analiza el rol que ha cumplido la Corte Suprema de Justicia desde la crisis de los años 2001/2002 hasta el presente. En primer término identifica el lugar que la Corte Suprema ha recuperado en el sistema de gobierno así como en su función frente a la ciudadanía. En segundo término distingue entre las funciones que detenta como máxima autoridad del Poder Judicial e intérprete de la Constitución Nacional, para constatar que ha habido una mayor actividad alrededor de los temas relacionados con la primera función que sobre la segunda. En la segunda columna, Inflación e instituciones, los autores constatan de un estudio comparado que, en los países bajo estudio, todos los bancos centrales tienen como objetivo el la estabilidad de precios. Asimismo citan la Carta Orgánica del BCRA en la que se identifica ese mismo objetivo como una tarea prioritaria. Sin embargo, luego de recorrer los informes de inflación que genera nuestro Banco Central, ponen de relieve que la opinión del organismo parte de una postura según la cual las causas de la inflación actual en el país no son primariamente de naturaleza monetaria y por tanto, en buena medida, escapan a los instrumentos de la institución que son de esa índole. A este respecto la conclusión recae sobre el contraste de esta situación. En la tercera columna, Lecciones de los países de alto y sostenido crecimiento económico: un estado efectivo y competente es imprescindible, el autor se basa en un estudio de los países que más han crecido en forma sustentable en las últimas décadas. De este estudio se enfatiza la necesidad de aplicar pragmáticamente políticas provenientes de un estado eficiente y de calidad. Entre las políticas mencionadas como importantes se destacan: la integración a la economía global, la estabilidad macroeconómica, altas tasas de inversión y ahorro, y utilización de los mecanismos de mercado. Para lograr un estado de estas características, según las enseñanzas de este estudio, se requiere la existencia de un liderazgo adecuado con apoyo de la población.
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Resumen: El proceso penal de cuño acusatorio no solo es trending topic dada su inminente implementación, sino que también constituye el hashtag más representativo de una Constitución imbuida por el principio republicano de gobierno, la división de poderes y la premisa de no autocontrol. La imparcialidad miliaria de un sistema respetuoso de la separación de funciones (acusación, defensa, juicio) solo puede conquistarse en un modelo de este signo, que a través de otros principios potencia la expresión constitucional al máximum. Empero, un “derecho penal líquido” ligado umbilicalmente a un principio de oportunidad emparentado al modelo acusatorio, nos abre el camino hacia nuevos interrogantes sobre los peligros inherentes a una incertidumbre e inestabilidad normativa, que impedirían solidificar la ley en un bien perdurable. Es que el encumbramiento de una oportunidad oscurantista conduce a la banalización de la justicia, el imperio de la arbitrariedad y una selectividad vacua de contrapesos. De modo que, sin resortes aptos, los vasos capilares y derechos contenidos en la Constitución Nacional resultarán indefectiblemente afectados. Pues si el proceso penal no contempla mecanismos de coagulación eficaz, la liquidez caótica de la ley penal propenderá a desangrar y disolver la manifestación constitucional. Por tanto, el desafío de los ingenieros de los sistemas de administración de justicia consiste en ajustar los paradigmas procesales a los dictámenes de la Ley Materna, con el afán de que ese dar a cada uno lo suyo, definido por el bien común político, se vuelva realidad en cada intervención del Poder Judicial y permita superar falaces antinomias
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Resumen: Análisis crítico de algunos aspectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “F., A. s/ medida autosatisfactiva”, en el que el Tribunal convalida el aborto practicado dos años atrás en la Provincia de Chubut y exhorta a las a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos que denomina como “no punibles” y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual; y, dirigiéndose al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les requirió a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles “previstos legalmente”.
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[ES]Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han facilitado las relaciones, acortado el tiempo de espera y agilizado los trámites con la Administración Pública. Estos adelantos, sin embargo, han propiciado que sea necesario proporcionar información de carácter personal de los ciudadanos, que en la mayoría de los casos es sensible. Es por esto que en los últimos años se han ido modificando e introduciendo nuevas leyes que permiten proteger estos datos de carácter personal. Cuando un contribuyente realiza sus obligaciones tributarias suministra datos de carácter personal a Hacienda, datos que están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Sistema Tributario deber ser eficaz y transparente. Sin embargo, cabe preguntarse dónde se sitúa el límite a esa transparencia. Con el fin de que la transparencia sea máxima y de que la ciudadanía se conciencie de la importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias el legislador se ha planteado la posibilidad de publicar una lista de deudores y las sentencias firmes condenatorias de grandes defraudadores. Esta publicación de las listas aparentemente vulneraría los derechos de los ciudadanos en lo referente a la protección de datos con opiniones encontradas. Tras informes de diferentes organismos se ha llegado al Proyecto de Ley de Modificación parcial de la Ley 58/2003, General Tributaria (Boletín Oficial de las Cortes Generales del 30 de abril de 2015), que permitiría publicar las listas con ciertos límites: publicación únicamente del nombre de la persona física o jurídica y DNI o NIF. Además, para permitir la publicación de las sentencias firmes de los defraudadores, recientemente se ha aprobado el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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A presente dissertação de mestrado objetivou constituir-se numa contribuição à produção de conhecimento acerca das demandas relativas à questão social que chegam ao Poder Judiciário, tendo em vista o cumprimento de direitos sociais negados no âmbito do Poder Executivo, dentre os quais o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A pesquisa bibliográfica de estudos referentes ao tema da questão social, do direito e do Poder Judiciário constituiu o recurso metodológico utilizado para o alcance do aludido objetivo, tendo fornecido elementos para a reflexão, ainda incipiente no âmbito do Serviço Social, acerca do fenômeno da judicialização. Destarte, acredita-se que o tema aqui proposto adquiriu centralidade nessa discussão, pois o BPC é o único programa de combate à pobreza normatizado como um direito social, e, assim, podendo ser requerido junto ao Poder Judiciário. Pressupunha-se que a judicialização do acesso ao BPC se evidencia a partir das políticas neoliberais de restrição de direitos, que acabaram gerando um confronto entre a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais. Tal fato foi comprovado na pesquisa dos recursos decididos no ano de 2010 pelos juízes das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2 Região, em que se analisou as seguintes questões: quantitativo de recursos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e por autores dos processos; quantitativo de recursos decididos nos anos de 2008 e 2009; argumentação, tanto do Instituto Nacional do Seguro Social quanto dos autores, para a interposição dos recursos junto ao TRF; e decisões dos juízes das Turmas Recursais acerca dos recursos interpostos. Neste último aspecto, objetivou-se analisar a interpretação judicial acerca da situação de ausência de direito vivenciada pelo sujeito que pleiteia judicialmente o BPC, considerando que o gerenciamento estatal desse benefício assistencial se assenta na perspectiva de um gerenciamento da pobreza, primando pelo obscurecimento da questão social, em que os problemas vivenciados cotidianamente pelos sujeitos são tidos como problemas individuais, e que possam ser solucionados através da transferência de renda.
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O sistema jurídico brasileiro está pautado em regras que, aparentemente, permitem aos órgãos judiciários proferir suas decisões com base, exclusivamente, em suas compreensões individuais acerca do significado do texto constitucional e das leis infraconstitucionais, sem que, amparados pela garantia da independência dos juízes e no princípio do livre convencimento motivado, devessem respeito aos precedentes judiciais fixados pelas instâncias que lhes são superiores. O desenvolvimento dessa postura individualista impede que o Poder Judiciário seja considerado um todo unitário, de modo que, ao invés de os juízes atuarem em conjunto para oferecerem uma solução jurídica adequada ao jurisdicionado, cada um deles se preocupe em lhe oferecer uma resposta que, em sua particular concepção, seja a mais correta, ainda que saiba que o seu sentido provavelmente virá a ser revisto em grau de recurso. Referida postura, a nosso sentir, equivocada, levou os nossos tribunais ao congestionamento e ao estado absoluto de caos jurisprudencial. Neste ensaio, nos propomos a discutir as razões por que essa postura, comum aos sistemas jurídicos de tradição civil law, foi desenvolvida, bem como a demonstrar os esforços da doutrina para efetuar uma releitura dessa liberdade concedida aos juízes, e dos legisladores para incutir no ordenamento uma cultura de respeito aos precedentes judiciais, a fim de que, em conjunto, possam tornar o sistema de prestação de justiça coerente.
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Nesta tese analisamos o desenvolvimento institucional do Alto Tribunal de forma comparativa. Observaremos, tanto na Argentina e no Brasil, a trajetória de ambos os Tribunais Superiores desde a sua criação até o restabelecimento da democracia (1853-1985). Em particular, analisamos as características das mudanças e os tempos em que essas ocorreram. Examinaremos os meios utilizados e os objetivos dessas alterações nos Altos Tribunais. Cada caso tem suas particularidades, mas há semelhanças importantes nos dois casos. Os meios e os objetivos das alterações serão observados concomitantemente com os tempos em que elas tenderam a ocorrer. Assim, observando o passado e a trajetória do Tribunal Superior, aprofundaremos a compreensão da instituição no presente.
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El presente estudio tiene el objetivo de ofrecer una visión general sobre los Modelos de Desarrollo y Organización Territorial desde la perspectiva de las relaciones entre el medio urbano, “rururbano” y rural, en España. Para ello, tras conocer y valorar los enfoque conceptuales y temáticos, se estudia el crecimiento urbano en nuestro país en las últimas décadas, analizando de manera pormenorizada la importancia que ha cobrado y cobra la aplicación legislativa de leyes, planes y normas, tanto en el propio crecimiento urbano como en la demanda de viviendas en las ciudades españolas y, de igual modo, la vinculación de ambas con el precio de las viviendas, relacionándolo con la problemática de la “rururbanización”, y del medio rural.
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In Spain, during the recent housing bubble, purchasing a home seemed the most advantageous strategy to access housing, and there was a wide social consensus about the unavoidability of mortgage indebtedness. However, such consensus has been challenged by the financial and real-estate crisis. The victims of home repossessions have been affected by the transgression of several principles, such as the fair compensation for effort and sacrifice, the prioritisation of basic needs over financial commitments, the possibility of a second chance for over-indebted people, or the State's responsibility to guarantee its citizens' livelihood. Such principles may be understood as part of a moral economy, and their transgression has resulted in the emergence of a social movement, the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), that is questioning the legitimacy of mortgage debts. The article reflects on the extent to which the perception of over-indebtedness and evictions as unfair situations can have an effect on the reproduction of the political-economic system, insofar the latter is perceived as able or unable to repair injustice.
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Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Comunicação, Media e Justiça