La acción pública estatal dirigida a la población con discapacidad privada de la libertad (1991-2013)

El propósito principal de la investigación es determinar los problemas del accionar público estatal dirigido a la población con discapacidad privada de la libertad, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta el año 2013. De acuerdo con lo anterior, se quiere demostrar que los problemas del accionar público estatal radican en la emisión de soluciones improvisadas que se han desarrollado frente a las necesidades de la población con discapacidad privada de la libertad. Para ratificarlo, el trabajo se valdrá del institucionalismo normativo así como de la perspectiva de interseccionalidad para analizar de qué manera los problemas del accionar público estatal afectan el ejercicio y la garantía de los derechos de esta población.

La contratación Estatal: teoría general : perspectiva comparada y regulación internacional

Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría general de la contratación pública enfocada a la elaboración de los principios generales que la desarrollan. Para ello, se realiza un estudio multidisciplinario desde la óptica del derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una visión más amplia sobre las temáticas abordadas. En el primer capítulo se establece la relación entre la contratación pública y la administración pública, exponiéndose la influencia de la primera en la formación paulatina de un concepto materia de la administración pública. El segundo capítulo, tiene por objeto la determinación del concepto de la contratación pública y su evolución, lo cual será el punto de partida para la construcción de la obra. El tercer capítulo examina los principios de la función pública y los principios de la contratación pública; en este capítulo se hace un especial énfasis en un estudio jurisprudencial del alcance de cada uno de los principios y sus consecuencias jurídicas concretas.

El régimen contractual de los establecimientos de crédito de carácter estatal

Se precisa el régimen de contratación al que el Estado se sujeta al crear o autorizar la creación de un establecimiento de crédito de orden nacional. Para ello, se analizan la normatividad que los regula y algunos de sus manuales de contratación.

Señor presidente no creo en vos; señor policía no temo de voz. Represión estatal y paramilitar y prácticas juveniles en los barrios Alameda, Brisas, Anita y Almendros

El estudio sobre la juventud y su relación con prácticas realizadas en los espacios públicos, especialmente la calle, ha tenido un renovado interés durante las últimas décadas. Estos debates se han vuelto relevantes en cuanto que los jóvenes parecen ocupar un lugar primordial en las escenas cotidianas de violencia, en particular los jóvenes de sectores populares. A través de un proceso etnográfico de carácter sistemático y sostenido en el tiempo identifico y explico las distintas interacciones de los jóvenes en los espacios públicos de cuatro barrios populares, centrando el análisis en las distintas formas de negociación con los actores armados, especialmente con la policía y el paramilitarismo. Lo que argumento es que hacer presencia en los espacios públicos, especialmente en la calle, termina por constituir en una opción de vida a través de los cuales fomentan una beligerancia social y política de resistencia pero ante todo como método que les permite proponer alternativas de existencia, por demás no violentas, frente a la violencia generalizada de la policía y el paramilitarismo. El problema radica en que muchas de las expresiones de algunos jóvenes terminan por reproducir los mecanismos de violencia del que son víctimas, aspecto que es identificado, por quienes acuden a la violencia, como una forma de reclamar un lugar en la comunidad, a permitirse ser reconocidos y escuchados y a sobrevivir en medio de una simultaneidad de violencias que cotidianamente los atropella y les vulnera los derechos. La violencia de estos jóvenes es una forma de no permitir que las esperanzas se diluyan, aunque paradójicamente también les puede quitar la vida

Intervencionismo estatal y educación nacional.

Se describe el intervencionismo estatal en materia docente y las concepciones estatales de la enseñanza, para después analizar el problema de su conceptuación como servicio público, especialmente en el ámbito universitario, que se gestiona en forma corporativa.

Intereses públicos y particulares en la enseñanza estatal.

Existen intereses públicos y particulares en la enseñanza del estado, cuya realidad tiene que ser encomendada, como la de otros servicios públicos, al elementos personal, al profesorado oficial. En ellos, existe una confluencia de intereses, tanto público y privado, como profesores y como personas que muchas veces son divergentes. Pero, debe imperar el criterio de conjugación de los dos. La administración ha de considerar cada vez más suyos los intereses personales de los profesores oficiales. Sólo así, conseguirá el bien común, al conseguir el éxito del interés público de la educación.

El régimen constitucional vigente de los servidores del sector público

La vigente Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 35 numeral 9º, determina de manera expresa el régimen legal, al que deben estar sujetos los servidores, autoridades, empleados, trabajadores y obreros que prestan sus servicios en el sector público, determinando que en el caso de las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, y las Instituciones del Estado que ejerzan actividades que no puedan delegar sus actividades al sector privado, las relaciones con sus servidores se regularán por el Derecho Administrativo, con excepción de los obreros que se regirán por el derecho del Trabajo. Y en el caso de las Instituciones del Estado que si pueden delegar sus actividades al sector privado, las relaciones se regularán por el Derecho del Trabajo con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental, las cuales se sujetarán al derecho administrativo. La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA, vulneró este mandato constitucional, sujetando a los trabajadores y obreros del sector público a esta Ley del Derecho Administrativo. Este quebrantamiento a la Ley Suprema fue demandado ante el Tribunal Constitucional, Órgano supremo de control constitucional que debe asegurar la eficacia de las normas supremas en especial las que consagran los derechos y garantías referentes al régimen jurídico al que pertenecen los trabajadores en el numeral 9º del artículo 35 de la Constitución. El Tribunal si bien reconoce la vigencia del régimen del Derecho del Trabajo, expide una Resolución ambigua, desautorizando a la Tercera Sala que en cumplimiento de su obligación, declaró en su informe que esta Ley no era orgánica, y que no debía regir una ley del derecho administrativo a los trabajadores sujetos al Derecho del Trabajo; sin embargo el pleno del Tribunal dejó vigentes normas de la Ley que contradicen su pronunciamiento creando una inseguridad jurídica que ha causado un daño irreparable al Estado Social de Derecho y ha destruido la paz laboral en el sector público. Bajo estos contenidos de la tesis nos hemos propuesto como objetivo fundamental el de ubicar a cada régimen su ámbito de regulación, el de las autoridades, funcionarios y empleados, la Ley del Derecho Administrativo, y para los trabajadores y obreros el Derecho del Trabajo, tal como lo prescribe la Constitución, para de esa manera hacer prevalecer la supremacía de la Carta Magna, frente a leyes de menor jerarquía que deben mantener concordancia y sujeción a sus enunciados.

Propuesta de la estructura de una organización estatal que administre el Sistema de Verificación y Aforo Físico en el Ecuador

Dentro de las tendencias actuales de cambio e innovación, el Ecuador debe lograr los mejores acuerdos dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Con el propósito de entrar en un proceso modernizador y disminuir los problemas de la aduana del país se concesionó a las empresas verificadoras la verificación y el aforo físico en la importación de mercancías. Empresas que debían implementar guías de control trayendo el orden y la eficiencia a la aduana nacional. A los diez años de ésta concesión, diversos criterios cuestionan la eficiencia de su servicio, por lo que nos preguntamos si aún es necesario contar con el servicio de estas empresas, o si el Estado es el indicado para tomar las riendas de este trabajo. Luego de realizar consultas, encuestas y entrevistas a actores relacionados al servicio de las verificadoras y analizar los resultados del servicio de estas empresas en otros países de la región, se reafirma la opción de que el Estado termine el contrato con las verificadoras. Se propone crear una institución autónoma de derecho público, que ponga tarifas reducidas, que incremente las arcas fiscales, que implemente nuevas tecnologías, que ofrezca servicios de calidad, tarifas equitativas, celeridad, eficiencia y la participación de profesionales capacitados. Esperamos que en base al estudio realizado, el gobierno considere la creación de la Dirección Nacional de Aforo (DNA).

Jurisdicción indígena especial y su respeto en la jurisdicción estatal

El presente trabajo de investigación, responde a la inquietud sentida por las autoridades comunitarias y personas que anhelamos poner en práctica los derechos colectivos de los pueblos indígenas: ¿los jueces y fiscales, respetan o no las resoluciones de las autoridades de los pueblos indígenas que han sido dictadas aplicando normas y procedimientos propios, tal como lo ordena el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitución Política?, y consiguientemente si respetan las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales debidamente ratificados por ei Ecuador y sus causas. Para cumplir con nuestro objetivo, partimos del análisis del significado e implicaciones del principio de "multíetnicidad" y "pluriculturalidad", que permite el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de autoridad y a "Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico" contemplados en el Art. 84 numeral 7 y 1 de la Constitución, como consecuencia de ello el reconocimiento del pluralismo jurídico del Art. 191 inciso cuarto de la Carta Magna. Seguidamente analizamos en forma pormenorizado la jurisdicción especial indígena, las autoridades indígenas que administran justicia, sus competencias, normas y procedimientos propios y ios elementos de la jurisdicción indígena, lo cual nos permite diferenciara de la "justicia por mano propia" y "linchamiento", figuras con las cuales pretenden asimilar al Derecho Indígena, especialmente por los medios de comunicación, así mismo nos permite demostrar que el Derecho Indígena está vigente y vivo. A base de ese marco teórico, analizamos la relación entre el jurisdicción especial indígena con el Ministerio Público y la Función Judicial, cuando de por medio existe una resolución en tirme de la autoridad indígena, donde tomamos como referencia cinco casos concretos y otros que son considerados a lo largo del análisis, con los cuales se demuestra que los jueces y fiscales sin ningún fundamento constitucional y doctrinario violentan normas constitucionales, entre ellos el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitución, el debido proceso y otros principios. Actitud que demuestra desconocimiento del alcance de los principios de pluriculturalidad, multicmicidad, pluralismo jurídico, la Constitución como norma, principios elementales del Derecho Indígena, etc. El análisis de los principios que rige el Derecho Indígena y sus características suplen a lo que en el Derecho estatal se conoce como garantías del debido proceso. y nos permite salir de la dogmática jurídica tradicional y obliga a desarrollar métodos interculturales, interdisciplinarios para analizar los derechos humanos y los principios del debidos proceso.

Parcerias Público-Privadas:um novo caminho para o desenvolvimento do Brasil

O presente estudo tem por objetivo a análise das Parcerias Público-Privadas e sua chegada no ordenamento jurídico pátrio a partir da Lei n°11.079 de 03.12.2004, que introduziu duas novas modalidades de concessões, quais sejam, as concessões na modalidade patrocinada e concessão na modalidade administrativa.São abordados temas como a constitucionalidade e inconstitucionalidade de alguns dispositivos na norma, as contradições e falhas do legislador que, ainda sim, não tiram o brio e a importância da norma como meio de incentivo a resolver os problemas em infra-estrutura que atrasam o progresso do país.Ainda neste estudo, apresentam-se as inovações da lei e os cuidados que devem ser tomados quando da elaboração do projeto base da PPP.Por fim, têm- se um breve comentário sobre sucessos e fracassos na experiência internacional das PPPs que servem de parâmetro para o Brasil.Pontuados os cuidados e perigos, conclui-se pela viabilidade das parcerias público-privada, norma que se apresenta como meio apto para promover o desenvolvimento social econômico, garantindo a atuação estatal no sentido de atingir sempre o interesse público.

Tratamento das contas das empresas estatais produtivas no orçamento do setor público: o exemplo da Petrobrás

Nos últimos anos, a contabilização do resultado das empresas estatais nos números que medem a necessidade de financiamento do setor público e o estoque da dívida líquida do setor público tem garantido o cumprimento das metas fixadas para o superávit primário mas tem limitado a quantidade de recursos que as empresas do governo podem tomar na forma de empréstimo para fins de investimento. Ao examinarmos o tratamento dado às contas das Empresas Estatais nos acordos do Brasil com o FMI em relação ao estabelecido nos manuais do Fundo, na União Européia e em diplomas legais brasileiros, encontramos discrepância de tratamento, o que nos faz supor que há condições tanto para a inclusão como para a exclusão das contas das Empresas Estatais, não apenas na apuração dos resultados em termos de déficit ou superávit fiscal, mas também no cálculo dos valores da dívida pública. Ao considerarmos os manuais e a legislação brasileira, verificamos a possibilidade de se adotar um tratamento similar ao empregado na União Européia, excluindo essas sociedades das contas de déficit e dívida. Essa dissertação se propõe a discutir o tratamento das contas das empresas estatais produtivas no orçamento do setor público, utilizando como exemplo a Petrobras, e analisar duas possibilidades: a primeira é a exclusão das contas dessas estatais não apenas na apuração dos resultados em termos de déficit ou superávit fiscal, mas também no cálculo dos valores da dívida pública. A segunda possibilidade é que as contas dessas empresas pelo menos sejam retiradas do cálculo do superávit primário. A Petrobras, por exemplo, possui todos os seus investimentos custeados por recursos próprios oriundos da comercialização de seus produtos ou por captação no mercado. Além disso, a Petrobras não recebe qualquer recurso do governo. Pelo contrário, ela contribui significativamente para a receita pública da União, dos estados e dos municípios, por meio do pagamento de impostos, taxas, contribuições, dividendos e royalties pela extração de petróleo e gás natural, sendo a maior contribuinte individual do Brasil, além da economia de divisas proporcionada ao longo de sua história. Pelos motivos acima expostos, sugerimos a exclusão das contas das empresas estatais produtivas das contas de déficit e de dívida do setor público. Caso esta proposta não seja adotada, sugerimos que pelo menos essas empresas sejam excluídas do cálculo do superávit primário do setor público. Neste documento, analisamos o caso da Petrobras, a empresa estatal federal que apresenta as melhores condições para essas propostas.

Subsídios teóricos e metodológicos ao planejamento econômico público

A pesquisa visou examinar os aspectos teóricos relacionados ao processo da intervenção estatal via planejamento, particularmente nas economias capitalistas. São apresentados conceitos, métodos e técnicas do Planejamento Público econômico, em suas reformulações mais recentes, avaliando seus efeitos sobre a realidade econômica em países de níveis diversificados de desenvolvimento. O estudo analisa ainda os impactos do planejamento sobre os agentes econômicos (empresas, indivíduos, governo e resto do mundo) enquanto participantes das interpelações econômicas.

Endividamento externo das empresas estatais : o setor produtivo estatal durante o período 1980-1985

Discute o endividamento externo e seus efeitos na situaçio financeira das empresas do Setor Produtivo Estatal. Descreve a trajetória da dívida com a dívida externa do setor público, particularmente, com aquele sob responsabilidade das empresas estatais. Aponta possíveis efeitos para a economia brasileira

A intervenção do estado na economia cafeeira na Primeira República: as relações entre o setor público e o setor privado

OLIVEIRA, Elizabete Rodrigues. A Intervenção do Estado na Economia Cafeeira na Primeira República: as relações entre o setor público e o setor privado. São Paulo, 1995. Dissertação de Mestrado. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. O Estado brasileiro ampliou sua atuação no domínio econômico durante a Primeira República, colocando em xeque os princípios do liberalismo. O processo de intervenção do Estado na economia cafeeira resultou da interpenetração das esferas pública e privada. Os fazendeiros de café reivindicaram a presença do Estado para solucionar os problemas que atingiam a lavoura, pois não acreditavam que o mercado pudesse resolvê-los. Após a primeira intervenção, em 1906, novas crises afetaram a economia cafeeira, especialmente a lavoura. Os fazendeiros continuaram reivindicando a intervenção do poder público. Para isso, eles construíram a ideologia de que seus interesses corporativos representavam os interesses de toda a sociedade brasileira, fundamentados na argumentação de que o café proporcionava o dinamismo na economia nacional. Mas não foi somente o setor privado que contribuiu para o processo de intervenção do Estado no domínio econômico, uma vez que o próprio poder público passou a ter interesses diretos no processo. As intervenções representavam mais uma fonte de receita, na medida em que propiciaram lucros aos cofres dos governos dos Estados produtores, principalmente São Paulo, e do governo federal. O estudo permitiu concluir que o processo de intervenção do Estado na economia foi engendrado pela interpenetração das esferas pública e privada e que os fazendeiros de café atuaram decisivamente

Interesse público, interesse particular e acesso à justiça: reflexões a partir das prerrogativas da Fazenda Pública

Este trabalho acadêmico é fruto da observação profissional cotidiana acerca da relação do Estado e de suas entidades de Direito Público com o particular. De modo algum propende a deslustrar teorias, opiniões e suporte jurídico favoráveis ao modelo diferenciado e casuisticamente pró-estatal vigente. Assim, na linha do eixo acadêmico-científico deste Mestrado, de caráter marcadamente profissional, buscou-se no campo do pluralismo de idéias descrever, num diapasão dialético, o contexto factual e jurídico-legal consoante os dois primeiros capítulos, para assim ensejar discussão e reflexão sobre matéria que se oferece relevante para a efetiva melhoria dos serviços jurisdicionais, submetendo-os, a seguir, a diretivas teóricas e, em particular, à compreensão contextual de nossa ordem constitucional. Partiu-se assim, de situações concretas vivenciadas no ambiente forense de uma unidade da Justiça Federal (2ª Vara da Justiça Federal de Petrópolis, da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro), sabidamente competente para as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes1. O tema central do estudo são as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Vem de longe um conjunto de protetivo processual em seu favor. Para ficarmos no século XX, por exemplo, o art. 32 do Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil) já explicitava: “Art. 32. Aos representantes da Fazenda Pública contar-se-ão em quádruplo os prazos para a contestação e em dobro para a interposição de recurso.” O Código de Processo Civil atual conforme destacado na parte descritiva do texto, cuidou de aperfeiçoar e ampliar esse suporte pró-fazendário, como exemplo, o dispositivo mais conhecido é, seguramente, o art. 188 do Código de Processo Civil. No entanto, a multiplicidade de avanços no seio da sociedade brasileira – basicamente nos planos político, constitucional, legal, social, econômico, cultural, global e tecnológico – trouxe como corolário o imperativo da otimização dos mecanismos voltados para o que denominamos no trabalho de acesso qualificado à Justiça. Esse conjunto de fatores, em realidade, acha-se forrado pelos princípios da igualdade e da isonomia que permeiam todo o arcabouço de conquistas asseguradas no corpo político-jurídico constitucional. Nas palavras do professor e atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux2, a neutralidade, sobretudo do juiz, constitui fator impediente para o magistrado manter a igualdade das partes na relação jurídica processual. Claro, frise-se, tanto quanto possível, isto é, observando a lei que, ao eventualmente promover, pontualmente, certo grau distintivo, o faça comprometida com a efetiva correção de discrímen para assim encontrar e assegurar a igualdade. Deve fazêlo, na linha desse pensamento, de modo a impedir que o resultado da aplicação da norma não seja expressão da deficiência e do desmerecimento de uma das partes em juízo. Tudo considerado importa que o entendimento ora realçado não se destine apenas ao juiz, mas no caso, também ao legislador, fonte criadora da normatividade posta em evidência.