766 resultados para Government Spending
Resumo:
The present paper describes recent research on two central themes of Keynes General Theory: (i) the social waste associated with recessions, and (ii) the effectiveness of fiscal policy as a stabilization tool. The paper also discusses some evidence on the extent to which fiscal policy has been used as a stabilizing tool in industrial economies over the past two decades.
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We lay out a tractable model for fiscal and monetary policy analysis in a currency union, and study its implications for the optimal design of such policies. Monetary policy is conducted by a common central bank, which sets the interest rate for the union as a whole. Fiscal policy is implemented at the countrylevel, through the choice of government spending. The model incorporates country-specific shocks and nominal rigidities. Under our assumptions, the optimal cooperative policy arrangement requires that inflation be stabilized at the union level by the common central bank, while fiscal policy is used by each country for stabilization purposes. By contrast, when the fiscal authorities act in a non-coordinated way, their joint actions lead to a suboptimal outcome, and make the common central bank face a trade-off between inflation and output gap stabilization at the union level.
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The paper reports results on the effects of stylized stabilization policies on endogenously created fluctuations. A simple monetary model with intertemporally optimizing agents is considered. Fluctuations in output may occur due to fluctuations in labor supply which are again caused by volatile expectations which are ``self fulfilling'', i.e. correct given the model. It turns out that stabilization policies that are sufficiently countercyclical in the sense that government spending (on transfers or demand) depends sufficiently strongly negatively on GNP-increases can stabilize the economy at a monetary steadystate for an arbitrarily low degree of distortion of that steady state. Such stabilization has unambiguously good welfare effects and can be achieved without features such as positive lump sum taxation or negative income taxation as part of the stabilization policy.
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Governor Chet Culver and Lt. Governor Patty Judge submitted their $6.2 billion budget for fiscal year 2010. The proposal recommends further budget cuts – rather than tax increases – to help meet the challenges of declining state revenues. “In recent months, we have reduced state government spending by nearly $180 million in order to maintain a balanced budget,” said Governor Culver. "My budget proposal for fiscal year 2010 will reflect a 6.5 percent cut to almost every state department and program,” the Governor continued. “In fact, 207 of the 253 line items in my budget proposal will be cut by 6.5 percent. That represents a savings of $400 million to Iowa taxpayers.”
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We analyze the channels by which an ill-functioning labor market changes the preferences of the people for public policy and therefore the decisions that are made. We not only discuss labour market reform but other important aspects of policy making such as the size and structure of government spending. Theclass of mechanisms that we highlight can be summarized as the very existence of unemployment generating political support for "sclerosis". This may help to explain the timid pace of reform, in particular the fact that any recovery sends them at the backfront of the political agenda, and the sometimes violent opposition generated by some measures, as we have seen mostly in France.
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Orders the implementation of a 10% across-the-board cut to state government spending.
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Se analiza la transposición de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE al ordenamiento jurídico español, acotando la materia al régimen económico financiero de la obra pública hidráulica y en general del Dominio Público Hidráulico. A tal fin se estudian los principios rectores del régimen económico financiero comunitario del Dominio Público Hidráulico y su transposición al Ordenamiento Jurídico Español: a) Principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y excepciones. El régimen tarifario del DPH (valor versus precio del agua). B) Principio de utilización eficiente de los recursos híbridos a través de una política de precios del agua que proporciona los incentivos adecuados a tal fin. c) Principio de contribución adecuada de los usos del agua desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, basado en el análisis económico y en el principio del que contamina paga. d) Principio ambiental (creado por la OCDE): quien contamina paga (user-pays-principle). Finalmente también se analizan los costes de los servicios relacionados con el dominio público hidráulico
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Se entiende por copago la participación del usuario en el coste de un servicio; en este caso, un servicio sanitario. Dicha participación puede tener la forma de franquicia, un montante fijo o un determinado porcentaje del precio del servicio. El debate sobre la conveniencia y la oportunidad de los copagos no es nuevo. Ambos autores venimos escribiendo sobre el tema desde hace bastante tiempo17. La novedad es que, impulsado por la crisis económica, el debate ha trascendido los foros y revistas especializados, y ha llegado a la sociedad. Sin embargo, mientras en la sociedad la percepción generalizada es que el copago «acabará cayendo por su propio peso», los políticos de uno y otro color siguen proclamando, como hace a nos, que nunca lo implantarán. Falta de olfato, exceso de miedo, o falso paternalismo preelectoral.
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Se entiende por copago la participación del usuario en el coste de un servicio; en este caso, un servicio sanitario. Dicha participación puede tener la forma de franquicia, un montante fijo o un determinado porcentaje del precio del servicio. El debate sobre la conveniencia y la oportunidad de los copagos no es nuevo. Ambos autores venimos escribiendo sobre el tema desde hace bastante tiempo17. La novedad es que, impulsado por la crisis económica, el debate ha trascendido los foros y revistas especializados, y ha llegado a la sociedad. Sin embargo, mientras en la sociedad la percepción generalizada es que el copago «acabará cayendo por su propio peso», los políticos de uno y otro color siguen proclamando, como hace a nos, que nunca lo implantarán. Falta de olfato, exceso de miedo, o falso paternalismo preelectoral.
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Se entiende por copago la participación del usuario en el coste de un servicio; en este caso, un servicio sanitario. Dicha participación puede tener la forma de franquicia, un montante fijo o un determinado porcentaje del precio del servicio. El debate sobre la conveniencia y la oportunidad de los copagos no es nuevo. Ambos autores venimos escribiendo sobre el tema desde hace bastante tiempo1-7. La novedad es que, impulsado por la crisis económica, el debate ha trascendido los foros y revistas especializados, y ha llegado a la sociedad. Sin embargo, mientras en la sociedad la percepción generalizada es que el copago «acabará cayendo por su propio peso», los políticos de uno y otro color siguen proclamando, como hace a nos, que nunca lo implantarán. Falta de olfato, exceso de miedo, o falso paternalismo preelectoral.
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[spa] El estudio de la presencia de ideas económicas en los debates parlamentarios se ha convertido recientemente en un objeto importante dentro de la investigación sobre el proceso de institucionalización de la economía política en Europa Occidental en la llamada era liberal. En este marco general, este artículo se centra en el análisis de un caso de particular interés: La relevancia del pensamiento económico y el papel jugado por los economistas en los debates parlamentarios que siguieron a la creación de un nuevo impuesto que trataba de captar la renta personal, que fue lanzado por el ministro de Hacienda Laureano Figuerola en 1868. El artículo intenta demostrar, en primer lugar, que las ideas económicas jugaron efectivamente un papel relevante en las discusiones sobre el impuesto sobre la renta y que la presencia e influencia de los economistas en el Legislativo en este tiempo fue notable. En segundo lugar, que este fue un intento serio de modernizar la estructura fiscal española llevado a cabo por el Gobierno Provisional, el cual trató de diseñar un sistema impositivo capaz de fomentar el crecimiento económico del país.
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[spa] El estudio de la presencia de ideas económicas en los debates parlamentarios se ha convertido recientemente en un objeto importante dentro de la investigación sobre el proceso de institucionalización de la economía política en Europa Occidental en la llamada era liberal. En este marco general, este artículo se centra en el análisis de un caso de particular interés: La relevancia del pensamiento económico y el papel jugado por los economistas en los debates parlamentarios que siguieron a la creación de un nuevo impuesto que trataba de captar la renta personal, que fue lanzado por el ministro de Hacienda Laureano Figuerola en 1868. El artículo intenta demostrar, en primer lugar, que las ideas económicas jugaron efectivamente un papel relevante en las discusiones sobre el impuesto sobre la renta y que la presencia e influencia de los economistas en el Legislativo en este tiempo fue notable. En segundo lugar, que este fue un intento serio de modernizar la estructura fiscal española llevado a cabo por el Gobierno Provisional, el cual trató de diseñar un sistema impositivo capaz de fomentar el crecimiento económico del país.
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We use an ordered logistic model to empirically examine the factors that explain varying degrees of private involvement in the U.S. water sector through public-private partnerships. Our estimates suggest that a variety of factors help explain greater private participation in this sector. We find that the risk to private participants regarding cost recovery is an important driver of private participation. The relative cost of labor is also a key factor in determining the degree of private involvement in the contract choice. When public wages are high relative to private wages, private participation is viewed as a source of cost savings. We thus find two main drivers of greater private involvement: one encouraging private participation by reducing risk, and another encouraging government to seek out private participation in lowering costs.
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Local public service provision can vary greatly because of differences in institutional arrangements, public service markets, and national traditions regarding government intervention. In this paper we compare the procedures adopted by the local governments of the Netherlands and Spain in arranging for the provision of solid waste collection. We find that Spain faces a consolidation problem, opting more frequently to implement policies of privatization and cooperation, at the expense of competition. By contrast, the Netherlands has, on average, larger municipalities, resorting somewhat less to privatization and cooperation, and more to competition. The two options - cooperation and competition - have their merits when striving to strike a balance between transaction costs and scale economies. The choices made in organizational reform seem to be related to several factors, among which the nature of the political system and the size of municipalities appear to be relevant.