53 resultados para CIDH


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La discriminación, la re-victimización y la impunidad en la respuesta del poder judicial a casos concretos de violencia de género han sido identificados en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en las Américas (CIDH, 2007). Las investigaciones señalan que las mujeres, niños, niñas y adolescentes se hallan en alto riesgo de morir en manos de sus agresores cuando denuncian la violencia y/o piden medidas de protección, o durante las visitas paterno-filial. El Poder Judicial enfrenta en estos casos una alta responsabilidad ética y jurídica de velar por la protección de quienes denuncian. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Víctimas de Delitos (1985) y las Reglas de Brasilia (2008) señalan que las mujeres, niños/as víctimas de violencia de género que requieren especial protección, y la Convención Interamericana Belén Dó Pará establece obligaciones concretas al Poder Judicial. El presente artículo aborda el rol del Poder Judicial en América Latina en su respuesta a casos debidos a violencia basada en el género, y partiendo del modelo propuesto por Ptacek (1999) y que hemos adaptado a nuestra realidad regional, sugiriendo respuestas que empoderan a las mujeres y sus hijos/as, a fin de obtener protección y salir de ésta.

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El interés de este Estudio de Caso, tiene como objetivo analizar la incidencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia de Bogotá (PSCCB) durante el periodo 2004 – 2013. Se identifica y analiza, cómo se incluyó un programa para desmovilizados en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia; además de la reconfiguración de las estructuras del crimen organizado tras dicha desmovilización. Lo anterior, para explicar el aumento de los delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad en la capital durante este periodo de tiempo.

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El pandillismo es un fenómeno social que se presenta en las principales ciudades de Colombia desde hace varias décadas, sin embargo, solo en los últimos años el fenómeno a comenzado a acaparar mayor atención mediática e institucional. El pandillismo se ha convertido en una preocupación para la seguridad ciudadana, especialmente en las áreas urbanas. La Policía Nacional, en conjunto a Instituciones locales y nacionales ha venido realizando un trabajo focalizado para hacerle pie al fenómeno. En este trabajo se realizó una revisión histórica del pandillismo en Bogotá y un panorama continental. De la misma manera, se hace una descripción de los programas y estrategias que la Policía Nacional y las entidades públicas han realizado desde el año 2004 hasta el año 2015. Por último se realiza una evaluación del trabajo institucional enfocado en el sector del Codito, en la localidad de Usaquén.

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El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.

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Este trabajo analiza la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular del año 2008, como una acción política no-violenta que surgió en respuesta al recrudecimiento de la violencia en Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A través de la revisión de prensa, de entrevistas en profundidad realizadas a algunos actores que participaron y contribuyeron en la materialización de la Minga, el trabajo muestra el desarrollo y el alcance de esta acción política no-violenta. La Minga, a pesar de no mejorar las condiciones de vida de los indígenas del Cauca, logró alcanzar una dimensión considerable a la luz de la teoría de los movimientos sociales y de las acciones colectivas en Colombia, dada su gran convocatoria a nivel nacional y resistencia a la represión gubernamental durante 41 días continuos.

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Objetivos Determinar si existe asociación entre la exposición a violencia, experimentada a nivel individual o municipal, y el embarazo adolescente en mujeres Colombianas entre 13 y 19 años de edad que contestaron la Encuesta de Demografía y Salud en el año 2010. Métodos Estudio de corte transversal, nacional y multinivel. Se tomaron datos de dos niveles jerárquicos: Nivel- 1: Datos individuales de una muestra representativa de 13.313 mujeres entre 13 y 19 años de edad provenientes de La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010 y Nivel- 2: Datos municipales de 258 municipios provenientes de las estadísticas vitales del DANE. Resultados La prevalencia del embarazo adolescente fue del 16.8% IC 95% [16.2-17.4]. El análisis mostró que la asociación entre embarazo adolescente y violencia tanto individual, representada como violencia sexual [OR= 6.99 IC99% 4.80-10.10] y violencia física [OR= 1.74 IC99% 1.47-2.05] así como la violencia municipal medida con tasas de homicidios altas [OR= 1.99 IC99% 1.29-3.07] y muy altas [OR= 2.10 IC99% 1.21-3.61] se mantuvo estadísticamente significativa después de ajustar por las variables: Edad [OR= 1.81 IC99% 1.71-1.91], ocupación [OR= 1.62 IC99% 1.37-1.93], educación primaria o sin educación [OR= 2.20 IC99% 1.47-3.30], educación secundaria [OR= 1.70 IC99% 1.24-2.32], asistir al colegio [OR= 0.18 IC99% 0.15-0.21], conocimiento en la fisiología reproductiva [OR= 1.28 IC99% 1.06-1.54], el índice de riqueza Q1, Q2, Q3 [OR= 2.18 IC99% 1.42-3.34], [OR= 2.00 IC99% 1.39-2.28], [OR= 1.82 IC99% 1.92-2.25] y alto porcentaje de Necesidades básicas insatisfechas a nivel municipal [OR= 2.34 IC99% 1.55-3.52]. Conclusiones Este estudio mostró una relación significativamente estadística entre la violencia sexual y física con el inicio de relaciones sexuales y embarazo adolescente después de controlar por factores sociodemográficos y conocimientos en reproducción sexual en mujeres colombianas de 13 a 19 años en el año 2010. Esta asociación debe continuar siendo estudiada para lograr optimizar las estrategias de prevención y disminuir la tasa actual de embarazos adolescentes en el país y sus consecuencias.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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 Resumen El autor ilustra este ensayo con el caso Véliz Franco (Guatemala, diciembre de 2001), el cual descarna la brutalidad de la agresión, la escasa información académica y forense sobre el feminicidio adolescente y la inercia estatal por hallar a los responsables de esta manifestación de homicidio. De igual manera, resalta el papel de las organizaciones no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial la necesidad de contrarrestar la impunidad generalizada en el caso de los y las adolescentes. En la audiencia 12.578, la abogada y experta guatemalteca Claudia Paz saca a relucir las debilidades de la investigación e identifica las fallas elementales del Estado guatemalteco al delimitar la escena del crimen y las piezas de la evidencia. Palabras clave: adolescente, femicidio, feminicidio, impunidad, Guatemala. Abstract The author illustrates this essay with the Véliz Franco’s case (Guatemala, December 2001), which narrates the brutality of the aggression, the lack of information on the feminicide towards teenagers and the state inertia to seek the perpetrators of such crimes. The article also highlights the role of Non-Governmental Organizations (NGO’s) before the Inter-American Commission of Human Rights, especially on the need to combat the generalized impunity in cases of murders of teenagers. In the audience 12.578 the Guatemalan lawyer and expert, Claudia Paz, brings up the weaknesses of the investigation and identifies the core failures of the state to specify the crime scene and the pieces of evidence.  Keywords: adolescent, femicide, feminicide, impunity, Guatemala.