971 resultados para Bolivia. Junta de Gobierno.


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"Ferrocarril de La Quiaca a Tupiza; contrato para la construcción" (p. [1]-40) signed by Jean Ducassé for the proposed builder, Charles Auguste Vézin, and by Carlos Tejada Sorzano for the Bolivian Government.

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"Edición oficial."

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Some issued as anexos to the Memoria of the Ministerio de Gobierno (published under varying forms of the Ministry's name)

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Pt. 2, Executive decrees, discontinued with 1928/29.

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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La presente publicación es una continuación histórica de la evolución de nuestras instituciones a 200 años de independencia. En esta ocasión el grupo de investigaciones jurídicas optó por socializar algunos avances de su investigación: El bicentenario constitucional colombiano, 1810-2010, para permitir ahondar de forma crítica en el pasado de nuestra historia institucional. Esta mirada en perspectiva, al año de 2010, nos permite reflexionar sobre lo que hemos sido como país durante los últimos 200 años, además, proyectar ideas de lo que seremos en el futuro y ofrecer un relato académico de lo que significó para nosotros el período iniciado en 1810. Esto es de gran importancia si consideramos que de allí surgieron varios de los principales valores y defectos de nuestro sistema constitucional actual. Con los documentos anteriores pudimos observar que no fue solamente el azar el que definió los destinos de la revolución de 1810. El incidente estaba planeado desde la víspera, aprovechando la visita del comisario regio don Antonio Villavicencio, nacido en Quito. La revuelta terminó en cabildo abierto para formar una Junta de Gobierno en donde se comenzaron a forjar los destinos de nuestras instituciones. Desde entonces hemos conocido muchas constituciones y muchos gobiernos, no todos ellos democráticos, pero casi todos ellos han respetado y fortalecido los designios de don Camilo Torres cuando proclamó el Memorial de agravios contra el dominio colonial, así como los deseos de don Antonio Nariño, al traducir la Declaración de derechos del hombre para nuestra tierra.

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Este trabajo presenta un resumen de las principales políticas públicas aplicadas al sector agropecuario boliviano, desde una perspectiva teórica, de la construcción del capitalismo en el agro boliviano, tratando de establecer su relación con el objetivo de seguridad alimentaria. Se muestran las dinámicas generadas en el sector agropecuario a partir de la instrumentalización de políticas públicas de apoyo al sector, para lo cual se distinguen dos períodos de análisis, el primero, comprendido entre 1950 y 2005, y un segundo período, analizado a partir del 2006, momento en el cual, el Presidente Morales, asume la presidencia. Se hace un recorrido por la nueva agenda nacional y los planes sectoriales de desarrollo para el agro boliviano. La presidencia de Evo Morales que ha elevado a paradigma económico el nuevo “Modelo Productivo Rural”, propone en su discurso equidad, igualdad, en el acceso a los factores productivos de la tierra y el medio ambiente, donde el conjunto de acciones estatales privilegia a los sectores campesinos e indígenas, sobre estos preceptos se analizan las políticas y estrategias de desarrollo agropecuario, a partir de información empírica. En relación al objetivo de seguridad y soberanía alimentaria, el nuevo modelo de productivo rural, propone la agricultura familiar campesina e indígena, como la base que permitirá la consecución de la seguridad alimentaria con soberanía. Este precepto es analizado, a partir de información empírica, para conocer el avance en relación a seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia a partir del régimen del Presidente Morales.

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Este trabajo de investigación tiene la importancia de generar un conocimiento detallado y casi completo de lo que ha sido y es la junta parroquial rural en el Ecuador, que por la gran mayoría de los ecuatorianos ha sido desconocida y que a pesar de constar en la anterior y actual Constitución, no le dan la valía o no la reconocen como un nivel de gobierno autónomo descentralizado, porque siempre ha estado a la sombra de los municipios y de los consejos provinciales. Partiendo del conocimiento de su historia, a través de las distintas constituciones, desde el inicio de la vida republicana del Ecuador, haciendo un análisis de la legislación nacional y extranjera respecto de las juntas parroquiales rurales, de las diferentes clases de gobierno, así como revisando los elementos constitutivos de la autonomía, de la descentralización, de un gobierno, hasta llegar al actual marco constitucional y legal que sostiene a la junta parroquial rural, se generarán los elementos necesarios para que concluyan por sí mismos, si la junta parroquial rural en los actuales momentos, reúne los requisitos necesarios para ser considerado un verdadero gobierno autónomo descentralizado. Dentro de este análisis e investigación se incorporan muchos datos específicos de la realidad en que se desarrollan las juntas parroquiales rurales, porque gran parte de este trabajo refleja la vivencia de los miembros de la junta parroquial, y de los ciudadanos a los que representan. Por tanto, esta mixtura de la historia, de la presente legislación y de la realidad da a esta investigación la vitalidad de saber si las juntas parroquiales rurales constituyen verdaderos gobiernos autónomos descentralizados o que elementos sustanciales serían necesarios para ser consideradas como tales.

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Aparece al final del texto: imprímase: Aicart