756 resultados para PARTICIPACIÓN POLÍTICA


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El ensayo analiza la visión que la historiografía tradicional ha consolidado sobre la participación popular en la Independencia de Colombia y explora los temas que la más reciente historiografía sobre este período ha cuestionado y renovado. Entre dichos temas se encuentran: las guerras de independencia como expresión de conflictos preexistentes, la reducción de los términos del enfrentamiento únicamente a los bandos republicano y realista, el recurso al pueblo como mecanismo de presión y legitimidad, la reelaboración del discurso republicano entre los sectores populares, y la movilización indígena antirrepublicana. El artículo concluye presentando algunas propuestas que enriquecerían la comprensión de la política popular desplegada a lo largo de las guerras de independencia.

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Mediante la aplicación del modelo de investigación sobre la dinámica decisoria en temas de política exterior, elaborado por Roberto Russel, se sistematiza el proceso de adhesión del Ecuador al GATT/ OMC (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio/ Organización Mundial del Comercio), en el período 1992-1996. Después de poner de relieve las transformaciones que se han producido en el orden mundial y las características más importantes del sistema político ecuatoriano, que conforman el Marco decisorio, se analiza las características de la Estructura Decisoria: designación del Grupo Negociador y el rol del Ministerio de Relaciones Internacionales; y de la Dinámica Decisoria: componentes de la negociación (que se negoció), transparencia y grado de participación e influencia de los actores gubernamentales y no gubernamentales.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.

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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

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El propósito de esta tesis es realizar una nálisis pormenorizado de la Ley de Participación Popular, vigente en Bolivia desde abril de 1994, y su aplicación dentro del marco de las reformas orientadas a lograr un crecimiento productivo y equitativo. Se realiza el análisis partiendo del hecho de que se trata de uno de los pilares fundamentales de la nueva política económica y que constituye el más importante intento de redistribución del poder político y económico llevado a cabo desde la Reforma Agraria de 1952. Colateralmente ser ealizará un análisis del contexto social, económico y político en cuyo marco se introdujeron las reformas, puesto que es un sistema que ha favorecido la gobernabilidad, lográndose también una descentralización de decisiones que favorece la creación de ciudades intermedias, desestimulando una excesiva migración hacia las grandes urbes, ya que se crean condiciones de trabajo y mejores servicios en las áreas rurales del país pra lo cual se cuenta con la participación de toda la población boliviana.

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Partiendo de algunas apreciaciones acerca del impacto del neoliberalismo en la subjetividad poblacional, aboga por el reconocimientos de los referentes de lo humano para la formulación de políticas alternativas. Enfatiza en la necesidad de mejorar la eficacia de la izquierda en base a la aproximación entre el hacer y el pensar, entre lo inmediato. y lo promisorio y utópico. Critica los excesos y, distorsiones, del historicismo especulativo apartado de la experiencia y sentir populares. Bosqueja propuestas de política referidas al trabajo, el consumo, la cultura, la organización, la solidaridad, la conciencia, la libertad, la afectividad. Finalmente, revisa la cuestión del poder y la democracia, despojándolos de su visión reduccionista.

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Entre noviembre de 2004 y abril de 2005, el Ecuador se encontró en una situación similar a la que vivió el Perú a inicios de los años noventa. Esta situación podría caracterizarse como un intento, por parte de un Ejecutivo elegido democráticamente, de constituir un régimen autoritario y concentrador de todos los poderes. Distinto a la experiencia peruana, este proyecto se valió de una mayoría legislativa y de esa forma utilizó al Congreso para el asalto institucional del país. Además, el proyecto de institucionalización autoritaria de Lucio Gutiérrez apenas tuvo vigencia inicial por unos meses y, más aún, terminó en la destitución inconstitucional del Ejecutivo, la depuración y expulsión de un buen número de legisladores y, lo más grave, la destrucción casi total de la débil institucionalidad democrática ecuatoriana.

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Con carácter exploratorio y descriptivo, esta investigación tiene por objeto analizar la participación en el escenario internacional de los gobiernos de Bogotá D.C. a partir de la pregunta ¿puede considerarse que los gobiernos de Bogotá D.C. en el periodo 2001-2013 desarrollan una política exterior de estado local, que no desafía las prerrogativas exclusivas del Estado colombiano, a partir de la caracterización de los elementos de las políticas públicas locales orientadas a la internacionalización de la ciudad? Teóricamente se sitúa desde los enfoques funcionalistas del transnacionalismo en relaciones internacionales, los mismos que han propuesto el concepto paradiplomacia para abordar el fenómeno de la participación en el escenario internacional de los gobiernos no centrales (GNC). Metodológicamente, el caso se desarrolla a partir del análisis bibliográfico y documental sobre dos variables: la agenda política de internacionalización, establecida por los gobiernos de Bogotá D.C. en sus Planes de Desarrollo Distritales; y el desarrollo de arreglos institucionales para la internacionalización. El principal hallazgo es que los gobiernos de la capital colombiana han desarrollado una participación internacional “muy alta”, a pesar de que formalmente ésta no ha logrado constituir una política exterior de estado local. En poco más de una década, no se ha construido una agenda política de internacionalización que defina prioridades temáticas y geográficas con sus socios internacionales; y los arreglos institucionales desarrollados evidencian falta de coordinación al interior del gobierno distrital, así como con otros actores estratégicos del territorio.

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¿Las experiencias de participación ciudadana ejecutadas en Cotacachi y Otavalo, en el período 2005‐2009, previo al nuevo marco político y constitucional ecuatoriano, han fortalecido la relación Sociedad‐Estado?, es el cuestionamiento al que refiere el presente documento, cuando las administraciones municipales de estos dos cantones iniciaron el referido proceso, alineados a la filosofía de inclusión social y ampliación democrática, conceptos abanderados por los denominados gobiernos locales “alternativos” , liderados por el Movimiento Pachakutik. A la luz de algunas aproximaciones teóricas en torno a la participación ciudadana: mecanismos, institucionalidad, autonomía, capacidad política y gestión social, se establece un debate con el ejercicio del proceso en los dos cantones, a fin de obtener un balance de la implementación y fortalecimiento de espacios ampliados de discusión y toma de decisiones; así como el grado de involucramiento, reconocimiento e identificación de la ciudadanía con éstos. En esa línea, interesa visualizar que caracteriza a la experiencia participativa de los cantones que se estudia; su incidencia en la generación de políticas públicas, su grado de sostenimiento aún en condiciones adversas a las de su nacimiento, el nivel organizativo de la sociedad civil, lo que posibilita un análisis comparativo del ejercicio de esta práctica, cuando la normativa vigente no clarificaba ni exigía el impulso a la participación ciudadana.

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Cuando la tarea de promover la interculturalidad pasa a manos del Estado, se corre cierto peligro porque los propósitos e intenciones estatales no necesariamente se corresponden con los inicialmente concebidos por las organizaciones y pueblos en sus demandas. A partir de esta premisa, la autora estudia la dimensión política de dos experiencias educativas: por un lado, el CEFOA Fermín Vallejos, de Raqaypampa, Cochabamba, Bolivia, proceso educativo propio de la organización campesina indígena CSURCIR, institucionalizado dentro de la educación oficial de ese país, y, por otro, la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Dolores Cacuango, de Quito, Ecuador, que trabaja al margen del sistema educativo ecuatoriano, e investiga cómo intentan “interculturalizar” estas experiencias desde sus programas educativos; qué enseñanza transmiten y a qué dificultades se enfrentan como proceso propio institucionalizado, la una, y como proceso propio que funciona al margen del Estado, la otra. La educación desde los pueblos indígenas aún sigue constituyéndose en una herramienta social-comunal. El CEFOA -que en cuyo caminar existen tensiones por factores como la colonialidad del poder, el saber y el ser- y la Escuela Dolores Cacuango -desde la diferencia- trabajan sus propios procesos de resistencia como mecanismo para alcanzar una sociedad plural.

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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Según los fundamentos de la escuela conservadora, la patria entre los años 1920-1940, planteaba un proyecto político con rasgos autoritarios, sin embargo, no era su característica fundamental; incluía matices reformistas, confesionales, corporativistas, anticomunistas, paternalistas, clientelares y proteccionistas, acompañado de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia, en la búsqueda de una idea de nación sustentada en el catolicismo. Conforme a este argumento, los conservadores a tono con el proceso de salida de la crisis capitalista que se había desarrollado en el Ecuador de los primeros años de 1940 les llevó a aceptar algunos elementos reformistas en su programa político de derecha, con el propósito de retornar al poder y volver a establecer un Estado confesional, en el que la autoridad se apoyara en la moral y disciplina de la Iglesia. Así, los conservadores empujaron al interior de ADE una conducción, cuyo interés en su acción política, se relacionó con un programa político coercitivo, anticomunista y de oposición a Arroyo del Río, que además utilizó una cobertura de ciertos elementos reformistas para incidir en las masas y garantizar la continuidad de la dominación. Participaron en la alianza a través de un pacto social por la patria y propusieron implantar la libertad del sufragio, que se produjo en el marco del derrocamiento de la oligarquía liberal. Este trabajo es una indagación empírica que se propone estudiar la utilización del término patria en la configuración de la coyuntura, así como la articulación interpretativa conservadora en la alianza y su significación en el programa político de ADE.

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El Presupuesto Participativo evidencia la voluntad democrática en la gestión del dinero público, herramienta de contenido político, económico y jurídico. En el campo financiero es indiscutible la importancia del Presupuesto General del Estado siendo el instrumento fundamental del modelo económico aplicado. En el área política se trata de la herramienta que trastoca la mera representación y democratiza la acción de un gobierno, lo que conduce a pensar en el moderado camino de la gobernabilidad o en la radicalidad de la democracia participativa. En lo jurídico es por excelencia el instrumento que equilibra el poder. Ciertamente, se trata de aquello que le permita a la ciudadanía ser parte de las decisiones de la administración pública, lo que es beneficioso a la hora de construir una sociedad justa, en donde el Estado cumpla su fin social y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. En el Ecuador el presupuesto participativo se aplicó en varios gobiernos locales con respuestas generalmente favorables pese a las condiciones políticas adversas. Actualmente los ecuatorianos contamos con normas de carácter constitucional y legal que mandan la aplicación del presupuesto participativo en todos los niveles de gobierno, sin embargo la herramienta no es aplicada en su dimensión real. Este documento contiene las distintas aristas de este instrumento partiendo de un análisis general desde el Estado y los Gobiernos Locales a una particularización de las experiencias.

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Este libro estudia los intereses políticos de la participación conservadora en la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), que fue la unión de los partidos Socialista, Comunista, Liberal Independiente y Conservador, en 1943, en busca de un pacto social «por la patria», reivindicando la libertad del sufragio y propiciando el derrocamiento del presidente Arroyo del Río. Esto en el marco de la compleja coyuntura moral y material que se vivía en Ecuador de inicios de los años 1940, signada por la derrota militar frente al Perú, la represión, el alto costo de la vida y el fraude electoral. La investigación indaga sobre la acción política conservadora, y devela un complejo proyecto político con características contradictorias, en el que destacan rasgos autoritarios, matices paternalistas, fervor anticomunista y ciertos elementos reformistas para incidir en las masas, garantizar la continuidad de la dominación y volver a establecer un Estado confesional en su acción de oposición a Arroyo del Río, no sin echar mano de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia. El interés académico de este texto radica en el análisis del material empírico sobre la participación de los conservadores en ADE –tema que ha sido poco atendido por los investigadores–, para superar las interpretaciones sobre esa coyuntura que sostienen que los conservadores no estuvieron movilizados. Por el contrario, el autor demuestra que el Partido Conservador buscó, con su activa participación, la consolidación del proceso capitalista.

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Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.