Policy analysis of shifting to the state-run Texas women's health program

During the 82nd Texas legislature, state leaders passed a provision stating that healthcare providers, who perform, promote, or affiliate with providers who perform or promote elective abortion services may not be eligible to participate in the Texas Medicaid Women's Health Program (WHP). The federal government reacted to this new provision by vowing to eliminate its 90% share of program support on the grounds that the provision violated a patient's freedom to choose a provider; a right protected by the Social Security Act. Texas leaders stated that the Women's Health Program would continue without federal support, financed exclusively with state funds.^ The following policy analysis compares the projected impact of the current Medicaid Women's Health Program to the proposed state-run program using the criteria-alternative matrix framework. The criteria used to evaluate the program alternatives include population affected, unintended pregnancy and abortion impact, impact on cervical cancer rate, and state-level government expenditures. Each criterion was defined by selected measures. The population affected was measured by the number of women served in the programs. Government expenditures were measured in terms of payments for program costs, Medicaid delivery costs, and cervical cancer diagnostic costs. Unintended pregnancy impact was measured by the number of projected unplanned pregnancies and abortions under each alternative. The impact on cervical cancer was projected in terms of the number of new cervical cancer cases under each alternative. Differences in the projections with respect to each criterion were compared to assess the impact of shifting to the state-only policy.^ After examining program alternatives, it is highly recommended that Texas retain the Medicaid WHP. If the state does decide to move forward with the state-run WHP, it is recommended that the program run at its previous capacity. Furthermore, for the purpose of addressing the relatively high cervical cancer incidence rate in Texas, incorporating HPV vaccination coverage for women ages 18-26 as part of the Women's Health Program is recommended.^

Valorización de la naturaleza y disputa por el territorio en la Provincia de Santa Cruz

Desde los inicios de la colonización europea, la historia de la Patagonia es la trayectoria de la ocupación para la puesta en valor de la riqueza de sus bienes naturales en el suelo, subsuelo y en su extenso litoral marítimo. Asentados primero en la explotación del ovino, luego del petróleo, el gas y el carbón y recientemente de la pesca, la minería metalífera y el turismo internacional, los territorios de las actuales provincias de Santa Cruz, del Chubut y de Tierra del Fuego, al igual que sus pares trasandinos de las regiones de Aysén y Magallanes, son espacios ricos en recursos. Para la puesta en valor de los territorios por parte del capital, hacen falta dos condiciones básicas: la existencia de bienes naturales y la presencia de fuerza de trabajo, las cuales, dependiendo de la actividad, pueden o no estar presentes. En algunos casos, se hace necesario adecuar estos espacios mediante equipamientos e infraestructuras, la atracción de trabajadores de diversa calificación y la presencia estatal, en un doble proceso de expansión geográfica y acumulación por desposesión que asegure la valorización en general. En estos territorios, periféricos desde el punto de vista espacial, cada proceso de valorización particular exigió una combinación de apropiación, habilitación y organización del territorio específicas. En el presente artículo se apunta, en primer lugar, a presentar sintéticamente los procesos históricos de valorización de la naturaleza de la región, para luego analizar la actual situación del proceso en el territorio y los conflictos resultantes. En una segunda parte, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de alta demanda de bienes naturales, se expondrán los escenarios futuros más probables en caso de acentuarse el actual modelo extractivo y rentista

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Valorización de la naturaleza y disputa por el territorio en la Provincia de Santa Cruz

Desde los inicios de la colonización europea, la historia de la Patagonia es la trayectoria de la ocupación para la puesta en valor de la riqueza de sus bienes naturales en el suelo, subsuelo y en su extenso litoral marítimo. Asentados primero en la explotación del ovino, luego del petróleo, el gas y el carbón y recientemente de la pesca, la minería metalífera y el turismo internacional, los territorios de las actuales provincias de Santa Cruz, del Chubut y de Tierra del Fuego, al igual que sus pares trasandinos de las regiones de Aysén y Magallanes, son espacios ricos en recursos. Para la puesta en valor de los territorios por parte del capital, hacen falta dos condiciones básicas: la existencia de bienes naturales y la presencia de fuerza de trabajo, las cuales, dependiendo de la actividad, pueden o no estar presentes. En algunos casos, se hace necesario adecuar estos espacios mediante equipamientos e infraestructuras, la atracción de trabajadores de diversa calificación y la presencia estatal, en un doble proceso de expansión geográfica y acumulación por desposesión que asegure la valorización en general. En estos territorios, periféricos desde el punto de vista espacial, cada proceso de valorización particular exigió una combinación de apropiación, habilitación y organización del territorio específicas. En el presente artículo se apunta, en primer lugar, a presentar sintéticamente los procesos históricos de valorización de la naturaleza de la región, para luego analizar la actual situación del proceso en el territorio y los conflictos resultantes. En una segunda parte, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de alta demanda de bienes naturales, se expondrán los escenarios futuros más probables en caso de acentuarse el actual modelo extractivo y rentista

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Valorización de la naturaleza y disputa por el territorio en la Provincia de Santa Cruz

Desde los inicios de la colonización europea, la historia de la Patagonia es la trayectoria de la ocupación para la puesta en valor de la riqueza de sus bienes naturales en el suelo, subsuelo y en su extenso litoral marítimo. Asentados primero en la explotación del ovino, luego del petróleo, el gas y el carbón y recientemente de la pesca, la minería metalífera y el turismo internacional, los territorios de las actuales provincias de Santa Cruz, del Chubut y de Tierra del Fuego, al igual que sus pares trasandinos de las regiones de Aysén y Magallanes, son espacios ricos en recursos. Para la puesta en valor de los territorios por parte del capital, hacen falta dos condiciones básicas: la existencia de bienes naturales y la presencia de fuerza de trabajo, las cuales, dependiendo de la actividad, pueden o no estar presentes. En algunos casos, se hace necesario adecuar estos espacios mediante equipamientos e infraestructuras, la atracción de trabajadores de diversa calificación y la presencia estatal, en un doble proceso de expansión geográfica y acumulación por desposesión que asegure la valorización en general. En estos territorios, periféricos desde el punto de vista espacial, cada proceso de valorización particular exigió una combinación de apropiación, habilitación y organización del territorio específicas. En el presente artículo se apunta, en primer lugar, a presentar sintéticamente los procesos históricos de valorización de la naturaleza de la región, para luego analizar la actual situación del proceso en el territorio y los conflictos resultantes. En una segunda parte, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de alta demanda de bienes naturales, se expondrán los escenarios futuros más probables en caso de acentuarse el actual modelo extractivo y rentista

Indian Patent Policy and Publich Health : implications from the Japanese Experience

The introduction of pharmaceutical product patents in India and other developing countries is expected to have a significant effect on public health and local pharmaceutical industries. This paper draws implications from the historical experience of Japan when it introduced product patents in 1976. In Japan, narrow patents and promotion of cross-licensing were effective tools to keep drug prices in check while ensuring the introduction of new drugs. While the global pharmaceutical market surrounding India today differs considerably from that of the 1970's, the Japanese experience offers a policy option that may profitably be considered by India today. The Indian patent system emphasizes the patentability requirement in contrast to the Japanese patent policy which relied on narrow patents and extensive licensing. R&D by local firms and the development of local products may be promoted more effectively under the Japanese model.

Bringing Non-governmental Actors into the Policymaking Process: The Case of Local Development Policy in Thailand

During the past two decades in Thailand, non-governmental actors, such as NGOs, intellectuals, and people's organizations, have found widening opportunities to participate in policy formation and in the implementation of local development. The government has facilitated the formation of civil society forums, in the expectation of influencing local-level governance. The last two national five-year development plans were formulated after taking into account the voices of people in the provinces. Even though they may seem petty, some state funds are now transmitted through non-governmental institutions for policy implementation at the grassroots level. These changes have their origin in a reformation of rural development administration in early 1980s. This reformation in due course led to policies that have allowed the participation of non-governmental actors. Meanwhile, rural people have proved their ability to engage in participatory development by forming various local organizations, while NGOs have grown to be proficient facilitators of local development. This paper describes the process whereby three leading actors, namely the government, local people, and the NGOs, have interacted to bring about a more participatory system of local development administration.

Monetary and Exchange Rate Policy in Malaysia before the Asian Crisis

This paper provides a case study to characterize the monetary policy regime in Malaysia, from a medium- and long-term perspective. Specifically, we ask how the central bank of Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM), has structured its monetary policy regime, and how it has conducted monetary and exchange rate policy under the regime. By conducting three empirical analyses, we characterize the monetary and exchange rate policy regime in Malaysia by three intermediate solutions on three vectors: the degree of autonomy in monetary policy, the degree of variability of the exchange rate, and the degree of capital mobility.

Factors Underlying the Formation of Industrial Clusters in Japan and Industrial Cluster Policy: A Quantitative Survey

The purpose of this report is to use information provided by a questionnaire survey to analyze the factors and processes underlying the formation of industrial clusters in Japan. The study, based on questionnaire surveys, forms part of an "Industrial Cluster Project". The Japanese government has implemented policies for industrial clusters so as to enable Japanese industries to maintain competitive power in global markets, and to aid the self-sufficient expansion of local industries. The government's project goes under the heading "Industry Agglomeration for the Recovery of Local Industries with respect to so-called "Industry Clusters." The authors aim to identify what expectations are held of government by the enterprises that make up industrial clusters. As part of our investigation, we used the results of a survey conducted by UNDP in 2004. Tsuji's study, published by the Osaka School of International Public Policy, surveyed 1198 small or medium sized manufacturing companies located in O ward, Tokyo and Higashi Osaka city, Osaka prefecture. The outcome of the present study, together with data from Tsuji's work on IT usage by SMEs in Japan, is meant to form the basis for policy design and implementation.

Crowding-out and Crowding-in Effects of Government Bonds Market on Private Sector Investment (Japanese Case Study)

This paper reviews the relationship between public sector investment and private sector investment through government expenditures financed by government bonds in the Japanese economy. This study hypothesizes that deficit financing by bond issues does not crowd out private sector investment, and this finance method may crowd in. Thus the government increases bond issues and sells them in the domestic and international financial markets. This method does not affect interest rates because they are insensitive to government expenditures and they depend on interest rates levels in the international financial market more than in the domestic financial market because of globalization and integration among financial markets.

Patent policy and public health in developing countries: lessons from Japan

The introduction of pharmaceutical product patents in India and other developing countries is expected to have a significant effect on public health and local pharmaceutical industries. This paper draws implications from the historical experience of Japan when it introduced product patents in 1976. In Japan, narrow patents and promotion of cross-licensing were effective tools to keep drug prices in check while ensuring the introduction of new drugs. While the global pharmaceutical market surrounding India today differs considerably from that of the 1970's, the Japanese experience offers a policy option that may profitably be considered by India today. The Indian patent system emphasizes the patentability requirement in contrast to the Japanese patent policy which relied on narrow patents and extensive licensing. R&D by local firms and the development of local products may be promoted more effectively under the Japanese model.

The Flowchart Model of Cluster Policy: The Automobile Industry Cluster in China

This paper proposes a general model of the flowchart approach to industrial cluster policy and applies this model to Guangzhou's automobile industry cluster. The flowchart approach to industrial cluster policy is an action plan for prioritizing policy measures in a time-ordered series. We reached the following two conclusions. First,we clarified the effects of Honda, Nissan, and Toyota on agglomeration in Guangzhou's automobile industry cluster. Second, we established that local governments play a crucial role in successful industrial cluster policy, and that the mayor of the local government should be offered incentives in order to target industrial clustering and implement cluster policy.