655 resultados para 59 Ciencia política
Resumo:
La investigación diagnostica tiene como objetivo elaborar una propuesta de solución alternativa a las deficiencias en los procesos de fiscalización en materia de otorgamiento de licencias de explotación minera en Colombia como respuesta a las limitaciones y los desafíos identificados en el Estatuto Anticorrupción, con relación al código de minas, ley 685 de 2001.
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La participación de las mujeres en la esfera pública y el pleno uso de sus derechos no ha sido gran relevancia a través de los años. Esto, ha llevado a que las mujeres se organicen con el fin de buscar soluciones que ayuden a tratar los problemas que enfrentan tanto en la arena pública como en la privada.
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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.
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A lo largo de las dos últimas décadas el seguimiento del tema de la seguridad, tanto en su dimensión internacional como al interior de uno u otro país, se ha vuelto más complejo en cuanto nuevas amenazas, reales o aparentes, nacionales o internacionales, que afectan no sólo a los Estados sino también a los grupos culturales, las comunidades locales y los individuos(...). Al mismo tiempo se ha entendido que esas amenazas provienen de distintas fuentes, no tan claramente definidas como lo eran en la época de la Guerra Fría. Las hipótesis de conflicto y de choques militares frontales entre Estados son hoy apenas parte de las preocupaciones de estudiosos y gobernantes, al tiempo que se identifican nuevos riesgos y vulnerabilidades de naturaleza política, económica, cultural y medioambiental, lo que da pie a una discusión renovada sobre la idoneidad de los esquemas de seguridad tradicionales(...). El debate, altamente necesario, se lleva a cabo ya en el ámbito global. En el contexto continental americano algunos Estados y organizaciones intergubernamentales han empezado a abordar el estudio de la materia de manera ampliada, al menos en los términos formales de las declaraciones de principios, para indicar que convendría ir más allá de los términos tradicionales de defensa sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas. Los investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, consideran que hay todavía un largo camino por recorrer en el análisis de los perfiles de seguridad de los Estados de las Américas, y que muy pocos países han integrado realmente esta visión multidimensional de la seguridad en el desarrollo diario de sus políticas y de sus estrategias de seguridad nacional, que permanecen todavía demasiado marcadas por los factores militares. Según los investigadores, el hecho de que la mayoría de los Estados americanos no haya hecho aún tránsito efectivo del modelo tradicional de seguridad militarizada a uno de seguridad ampliada, se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento, por parte de los tomadores de decisiones, de los contenidos y los alcances de las nuevas dimensiones del concepto(...). El saber identificar correctamente esas caras diversas de la seguridad en el contexto específico de una u otra nación, permitirá luchar mejor en contra de nuevas amenazas y responder con mayor idoneidad a las necesidades de protección de la sociedad a través de políticas públicas adecuadas y de estrategias y acciones pertinentes, que no olviden ningún sector. También los ciudadanos de las Américas, cuando el tema se incorpore a la discusión política, tendrán la capacidad de controlar mejor a sus propios gobiernos y de solicitar democráticamente cambios en las políticas y estrategias de seguridad. El CEPI considera que el nuevo conjunto de amenazas, por su naturaleza multidimensional y transnacional, no puede ser combatido únicamente en la escala de un país determinado o mediante el uso exclusivo de la fuerza armada. Esto obliga a repensar, en el ámbito americano, los esquemas de seguridad desde las perspectivas humana, política, económica, societal y ambiental, entre otras, y a diseñar estrategias regionales colaborativas que conducirán a la necesaria ampliación de las agendas nacionales en la materia.
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En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.
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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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El conflicto mexicano presenta un escenario diferente al estudiado en Irlanda del Norte y en la antigua Yugoslavia. Esto se debe a que en el caso mexicano, al igual que en el peruano, no se ha llevado a cabo un proceso de paz con ninguno de los actores que protagonizan el conflicto, el cual comenzó en 1994 tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (de ahora en adelante, EZLN) en el estado de Chiapas. Hasta la actualidad, el Estado mexicano no reconoce la existencia de un conflicto armado en este estado sureño, por lo que califica como violencia interétnica lo que sucede en diferentes municipios del mismo. En esta ocasión el objeto de estudio son los grupos paramilitares que actúan en Chiapas desde mediados de la década de los noventa, lo cual va en consonancia con los anteriores documentos de investigación (BI No. 33, 34 y 35), en los que se trabajaron los casos de Irlanda del Norte, la antigua Yugoslavia y Perú.
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Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.
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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.
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Para poder entender el proceso descentralizador en Chile y en este caso en especial el de la Región Metropolitana de Santiago, es necesario entender que este proceso presenta una serie de singularidades que se generan a partir del carácter centralista y de Estado Unitario de Chile, situación que se ha venido reconfigurando a partir del proceso de regionalización. El proceso de regionalización fue el primero que se dio con el fin de hacer de Chile un Estado descentralizado, siendo importante enmarcar el inicio de la regionalización durante el Gobierno Militar, teniendo como principal logro un reordenamiento espacial con el fin de obtener un desarrollo de las diferentes unidades territoriales, adquiriendo inicialmente una forma de desconcentración administrativa. Sin embargo, éste no ha sido el único proceso ya que también se ha venido llevando a cabo una desconcentración y una descentralización.
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A lo largo de las últimas décadas, el papel de la Unión Europea como actor a escala global ha evolucionado de manera significativa. Dentro de esa nueva dinámica, su proyección hacia otras regiones del mundo entraña una enorme importancia para América Latina, y en particular para la región andina. En atención a ello, el inicio de las negociaciones para un acuerdo de asociación UE – CAN, que busca no sólo establecer una zona de libre comercio, sino avanzar hacia el diálogo político y la cooperación, se constituye en un paso histórico de acercamiento entre las dos regiones, en cuanto abre nuevas posibilidades de beneficio mutuo.
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Al comenzar el Siglo XXI las ciudades se han convertido tal vez en la mejor expresión de las complejidades de la sociedad contemporánea. Al ritmo impetuoso de la globalización, los centros urbanos se constituyen en el hábitat de la mayoría de la población, así como en centros privilegiados de las más avanzadas manifestaciones de los procesos económicos, y en generadoras de innovación y de transformaciones culturales. Aunque los anteriores atributos reafirman el protagonismo de las ciudades como impulsoras del desarrollo, paradójicamente en ellas mismas se hacen evidentes las contradicciones propias de viejos problemas sociales: pobreza y marginalidad, exclusión social, inseguridad y profundos problemas ambientales, fenómenos todos que, de una u otra manera, se manifiestan inclusive en ciudades favorecidas por las dinámicas de crecimiento económico más intensas. Las anteriores circunstancias exigen que los gestores de la vida urbana reconozcan las ventajas e identifiquen las amenazas que se derivan de todos esos procesos, para sacar provecho de las primeras y conjurar los efectos de las segundas. Los gobiernos centrales deberán, a su vez, dedicar sus mejores esfuerzos a la cooperación con los orientadores de los asentamientos humanos en la búsqueda de los mismos propósitos. Ésto implica el diseño de políticas públicas orientadas a insertar cada ciudad en el mundo globalizado y, al mismo tiempo, poner los beneficios de la globalización al servicio de la sociedad.
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Hacer parte del mundo de habla hispana es mucho más que compartir algunas características culturales superficiales o que habitar el espacio de una lengua, que no es poca cosa. Los hispanoamericanos compartimos con los españoles historias comunes, hábitos mentales y diversas formas de comportamiento que nos permiten diferenciarnos significativamente de otras civilizaciones. Cada proyecto de nación que se ha querido construir al abrigo de esas historias comunes o sobre las columnas de esas tradiciones compartidas resulta ser una interpretación de la hispanidad: aquella versión multiforme de la civilización occidental que nació en el Mar Mediterráneo. No sólo en América, sino también en Europa, la hispanidad nunca ha sido una sola cosa. Hay que hablar por ello de las Españas, en un claro y definido plural; sólo así podremos comprender esa forma particular de la hispanidad que es Colombia. Así como España fue hecha por manos celtas, íberas, fenicias, griegas, romanas, visigodas, bereberes, árabes, judías y mestizas, a las costas americanas arribaron vascos, catalanes, castellanos, andaluces, gallegos y extremeños, muchos de ellos moriscos y judíos conversos, familias enteras de migrantes que llegaron a poblar América para vivir en ella y no sólo para explotarla. En la línea de investigación “Análisis de Procesos Históricos” del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, hemos emprendido la tarea de reconstruir y deconstruir algunos de los lugares comunes, prejuicios y referentes usuales de identidad cultural y política con los que se relata la historia colombiana e hispanoamericana, mediante el contraste con la historiografía española del último siglo y medio que ha recuperado el carácter diverso de las Españas, haciendo énfasis en las experiencias musulmana (Al-Andaluz), judía (Sefarad), conversa y cristiana. Partiendo del hecho de que la España que heredamos en América ha sido siempre múltiple, en nuestro trabajo de investigación interdisciplinario hemos buscado dejar de lado el olvido y a veces recurrente desprecio con el que normalmente se asume la condición hispánica, estudiando fenómenos y procesos históricos considerados marginales por los grandes relatos dominantes sobre la hispanidad, logrando así una mirada renovada, fresca y diversa de la misma. Tales fenómenos y procesos particulares siguen dejando su huella en el presente de las naciones hispánicas y son parte de la clave para la comprensión de su futuro social, político y cultural. Son cinco los fenómenos y procesos históricos que hasta este momento han motivado nuestra investigación y que a continuación exponemos: la moral de la hidalguía como clave de lectura de la ética subyacente a la economía hispánica; el papel de los intelectuales judíos conversos al cristianismo en la construcción del pensamiento hispánico; la diseminación de la mentalidad conversa, y suparticular teología, en el poblamiento de América; las características hispánicas de la población sefardita expulsada de la península; y el desarrollo de la ciencia náutica en el mundo hispánico y su impacto en el mundo moderno.
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Una radiografía especializada del escenario internacional mostraría ya la existencia de una red compleja de múltiples y sorprendentes interconexiones entre territorios, distritos y provincias de los más insospechados lugares del mundo, que sostienen contactos de naturaleza comercial o cultural, por decir lo menos, y que van conformando nuevas asociaciones que modifican el mapa de las relaciones internacionales y las hacen más dinámicas y cercanas a la ciudadanía. En el seno de la Unión Europea, lo mismo que en países como Chile, Brasil, Canadá, México y Argentina, se pueden hallar vínculos directos entre regiones que intercambian no sólo bienes, sino que comparten experiencias y conocimientos, al tiempo que fortalecen buenas prácticas de beneficio recíproco con ánimo de sostenibilidad en el largo plazo. En Colombia, el desarrollo de actividades de carácter internacional por parte de las entidades territoriales está adquiriendo fuerza y dinámica propia. Progresivamente, los Departamentos y sus principales ciudades se suman a la tendencia de concebir una política que les permita proyectar una imagen internacional claramente definida acerca de las oportunidades de inversión, comercio y apertura de mercados que ofrecen tanto su territorio como su sociedad y su comunidad empresarial. Sin embargo, ante las proporciones y posibilidades del fenómeno, los gobiernos y demás protagonistas de la vida local y regional enfrentan todavía múltiples desafíos en su propósito de internacionalización.Si bien se destinan presupuesto y recursos humanos para avanzar en el tema, falta mucho por hacer en la concepción y desarrollo de estrategias refinadas que permitan visualizar propósitos y posibles resultados de las acciones emprendidas. Y sin perjuicio de que en ciertos casos se avizoren perspectivas de éxito, en otros, como es apenas natural en los momentos iniciales de procesos de esta naturaleza, un cierto grado de desorientación llega a nublar un panorama que de todas maneras se puede despejar si se trabaja con profesionalismo y conocimiento. Un estudio desarrollado por el Observatorio de Política Exterior Colombiana (OPEC) de la Universidad del Rosario, sobre las iniciativas regionales y/o locales en materia de inserción internacional, comprueba que aunque los Gobiernos municipales o departamentales están incorporando en sus planes y programas cierto tipo de actividades de esta naturaleza, es necesario profundizar en los procesos de planeación con alto contenido estratégico y prospectivo, ya que sólo así podrán capitalizar su enorme potencial y las oportunidades que el entorno les ofrece. Lo mismo que es imprescindible conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de implementación que requiere una estrategia de internacionalización. Este fascículo ofrece una serie de reflexiones acerca del proceso de inserción internacional de algunas de nuestras ciudades y regiones, sus oportunidades, y algunas herramientas que podrían permitir a los gestores de política pública, asesores y actores involucrados, avanzar hacia una estrategia de inserción internacional efectiva y pertinente a las necesidades de sus entidades territoriales.