1000 resultados para IMPUESTO A LA RENTA
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Tesis (Maestría en Derecho Fiscal) U.A.N.L.
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Résumé Ce travail cherche à révéler les stratégies utilisées dans Palinuro de México (1977) de Fernando del Paso pour représenter l’histoire du mouvement étudiant de 1968, qui se termina par le massacre de Tlatelolco. Afin de protéger son image, le gouvernement censura cet événement, qui compte parmi les plus marquants de l’histoire contemporaine du Mexique. Nous situons Palinuro de México dans un corpus littéraire qui résiste au silence imposé par les autorités avec la création d’une poétique capable de raconter l’histoire et de dénoncer la censure. Notre hypothèse s’appuie sur les réflexions de Paul Veyne et Jacques Rancière, qui démontrent que l’écriture de l’histoire ne possède pas de méthode scientifique, mais procède plutôt d’une construction littéraire. Cela nous permet d’affirmer que l’histoire, puisqu’elle relève de la littérature, peut aussi être racontée dans un roman. La théorie de la littérature carnavalesque de Mijail Bajtin, qui se caractérise par le rire, la liberté d’expression et l’opposition aux règles officielles, nous sert à identifier les procédés utilisés dans Palinuro de México pour créer une mémoire de Tlatelolco. Ce style rappelle la vitalité du mouvement étudiant, en soulignant la joyeuse subversion des valeurs. De plus, son caractère polyphonique permet d’inclure une pièce de théâtre dans un roman et de confronter les différentes idéologies qui s’opposaient durant le conflit.
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Conocer el número, condición y distribución de los menores necesitados de protección, en la provincia de Asturias. Examinar las causas que han producido o producen esta situación de necesidad, de cara a promover una acción sistemática para tratar de resolverla o paliarla. Muestra estratificada en sectores con base geográfica, y de características socio-culturales semejantes. La muestra es de un 10 por ciento sobre el total de familias estimadas en situación de necesidad, se consideraron los siguientes estratos: montaña media, alta montaña, zona costera, depresión central, zonas mineras, Avilés, Gijón, Oviedo. Estudio fundamentalmente descriptivo de las siguientes variables: número de menores en situación de necesidad. Tipo de necesidad: alimentación, salud corporal y mental, analfabetismo, promiscuidad sexual, etc. Composición de la familia. Ocupación y renta del cabeza de familia: pensionistas y parados, trabajo fijo eventual, renta del trabajo, trabajo de la esposa, renta por el trabajo de la esposa, trabajo de otros miembros, etc. Seguridad social. Instrucciones del cabeza de familia, de los hijos, prosecución de estudios después de la Primaria, aspiraciones de los padres con relación a los hijos, etc. La vivienda: propiedad, costo del alquiler, servicios en la vivienda, amplitud de la misma, etc. Actitudes hacia la pobreza. Las estimaciones en torno al número de menores en situación de necesidad ofrecen porcentajes que van del 24 por ciento en la montaña media al 10 por ciento en Oviedo, se estima un número total de menores necesitados de 26.239, frente a un total de menores de 16 años de 200.123 existentes en Asturias. El tipo fundamental de necesidad que señalan los encuestados es el bajo nivel de renta. El tamaño de las familias en este estudio es mayor que el de la media de las familias y parece ser que las familias pobres de áreas más rurales son de tamaño inferior a las menos rurales. Un 41 por ciento de los padres manifiesta tener un trabajo eventual. Sólamente un 20 por ciento manifiesta haber asistido a la escuela Primaria durante más de 5 años, un 16 por ciento manifiesta no saber leer ni escribir, un 90 por ciento no han realizado ningún tipo de estudio después de la Primaria. Los menores de este colectivo que asisten regularmente a la escuela es del 79,3 por ciento. El porcentaje de menores que no continúan estudios después de la Primaria es del 77,5 por ciento. Las aspiraciones de los padres sobre el futuro de sus hijos son menores en las áreas rurales que en las industriales. Se plantea como necesaria un ayuda cualificada. Es de gran importancia una planificación del trabajo que incorpore aquellas experiencias y técnicas que demuestren verdadera eficacia. Es fundamental que las ayudas se enmarquen en una línea de promoción integral de los menores, teniendo a superar los niveles asistenciales. Resultaría muy funcional, establecer zonas homogéneas sobre las que se llevaría una acción permanente de observación, análisis, vigilancia y de implantación de servicios.
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Está investigación es un análisis de las políticas, discursos y programas que tratan sobre el espacio público en las administraciones de Bogotá iniciando desde la de Jaime Castro hasta la de Luis Eduardo Garzón. Este análisis demostró que los gobiernos distritales relacionaron el mejoramiento y generación de espacio público en la construcción de un ciudadano con una cultura política de partipante, ya que este territorio es el lugar donde se relacionaba y generaba procesos de auto reflexión y autodeterminación. Este discurso fue puesto en comprobación, para ello se usaron distintos estudios de renta del suelo, anomia, the broken windows, igualmente se analizaron encuestas de precepción realizadas por organismos institucionales y privados. Probando que la incidencia en el mejoramiento y adecuación del espacio público puede incidir positivamente en la construcción de la cultura política, siempre y cuando se realice adecuaciones en el espacio público intangible y físico, y se garanticen en primera medida los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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¿Cómo pueden las organizaciones llevar prosperidad a los que aún no la han alcanzado? De acuerdo con Cardona (1962), identificar los intereses comunes de empresas e instituciones sociales es el camino para generar bien común para la sociedad. Y ese bien común será mayor cuando las organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales tienen una relación recíproca que cuando actúan solas. ¿Cuál es la relación entre bien común, responsabilidad social y stakeholders? Crosby y Bryson (2005) dicen que bien común es el régimen actual o potencial de mutuo beneficio producido a través del cuidadoso análisis de los stakeholders. Pocos autores han estudiado la relación entre empresa y bien común (Ardangoña, 1998; Montushi, 2007); sus trabajos se encaminan a mostrar cómo el bien común impuesto por el Estado es la base de la teoría de los stakeholders. En este artículo se muestra cómo más allá de dicha teoría y de la responsabilidad social, las empresas, al ser parte de un contexto social, contribuyen a la conformación de un bien común con sus stakeholders, de manera conjunta, lo que les permite interactuar con la sociedad con la cual cohabitan.
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Partiendo de la diversidad de efectos que se dan sobre una lengua propia cuando en este territorio se ha impuesto otra, se analiza la situación de la lengua catalana. Para conseguir la normalidad lingüística, tiene que desaparecer la imposición de la otra lengua y debe intensificarse la interrelación entre los ciudadanos de toda el área lingüística. Se destaca la importancia de la escuela como factor de cohesión lingüística, y la adecuación de los libros de texto a los currículums vigentes en el sistema educativo de las Islas Baleares, respetando las modalidades insulares de la lengua catalana. Para esta adaptación de los libros de texto existen diferentes vías, como la de substitución y la de la coincidencia.
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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.