920 resultados para Configuración jurisprudencial


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La presente investigación se ordena de la siguiente forma. En primer lugar, el estudio se centrará en la explicación del proyecto político de integración propuesto por Hugo Chávez, cuya inspiración se da por los ideales integracionistas del Libertador Simón Bolívar. Así mismo, el desarrollo del proceso de integración de carácter político en América Latina se ha constituido en uno de los principios fundamentales de la política exterior del gobierno de Hugo Chávez. En segundo lugar, el estudio consta de un diagnóstico energético de países de Centroamérica, Suaramérica y el Caribe con el fin de comparar las ventajas absolutas y comparativas de Venezuela con el resto de países de América Latina y el Caribe; y poder comprender el nivel de dependencia que genera las dádivas de la diplomacia petrolera de Venezuela. Tercer lugar, el estudio trata de la configuración y el desarrollo de alianzas a favor del proyecto venezolano de integración, a partir de las diferentes iniciativas que emprendido el gobierno venezolano de integración, a partir de las diferentes iniciativas que ha emprendido el gobierno venezolano para generar dependencia energética de países de América Latina y el Caribe y con esto favorecer el proyecto político de integración. Finalmente se plantearan algunos retos y dificultades que presenta el proyecto venezolano de integración en América Latina y el Caribe.

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El SPG UE aplicable a los países andinos fue introducido como un régimen especial de estímulo para combatir la producción y el tráfico de drogas, con el propósito de ayudar a los países beneficiarios en su lucha contra este flagelo, ofreciéndoles oportunidades de exportación para cultivos y productos industriales de sustitución. En este sentido, el SPG UE como herramienta de acceso preferencial al mercado europeo, constituye el eje central de la relación comercial entre la CAN y la UE, en tanto no sea posible la negociación y suscripción de un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, que incluya una zona de libre comercio. En tal contexto, el SPG UE resulta ser un régimen generador de desarrollo mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias que mejora el intercambio comercial de los países en vía de desarrollo con la UE, un mercado atractivo por su alto nivel de ingresos y de capacidad de compra. Es así como a partir de fenómenos como la Globalización de la economía, que demanda una liberación progresiva del comercio mundial, el estudio de temas comerciales se ha hecho presente en las Relaciones Internacionales, siendo el comercio un factor de poder decisivo en la actual configuración del orden internacional y promotor de desarrollo.

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El objetivo de este trabajo es doble. Primero: hacer visible la influencia de los valores del liberalismo romántico en la composición de un nuevo orden estético. Y el segundo: mostrar cómo a partir de esta nuevo orden se expande una visión e interpretación del arte y la sociedad ligada al espíritu de esta cosmovisión. Evidenciando así la importancia del arte en la configuración del pensamiento liberal como rector del sistema internacional, donde no sólo los matices económicos, políticos y comerciales permiten la difusión, expansión y consolidación de este pensamiento en la sociedad europea e internacional. Para tal fin, la hipótesis que queremos sostener es que, primero: en el caso del arte de la segunda mitad del siglo XIX en Francia, conocido como impresionismo, están implícitos los valores del liberalismo romántico. Y segundo: por medio del contenido de las obras pictóricas de este movimiento se expanden los mismos valores que incentivaron el arte frances, recalando y haciendose visibles en la sociedad y en el arte de finales del mismo siglo en Austria.

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el primer capítulo busca establecer la transformación de la Reforma Protestante de movimiento religioso a instrumento político. Se parte por exponer su origen, sus objetivos y principios, ubicándolos en el contexto alemán, y finalmente se conecta cómo los elementos planteados por la nueva doctrina religiosa abrieron camino a una serie de transformaciones económicas y políticas. El segundo capítulo analiza el conflicto en Europa occidental, más específicamente entre la dinastía de los Habsburgo y los Valois, y cómo esta se transformó en la Guerra de los Treinta Años. El tercer capítulo aborda la Paz de Westfalia y la conformación de un nuevo orden mundial, no perdiendo de vista el papel de la Reforma en su configuración. Por último, y a manera de conclusión, se establece la relación indirecta entre la Reforma Protestante y la Paz de Westfalia. Se determina que es indirecta ya que no se pueden reducir la infinidad de causas que configuran un hecho histórico tan determinante como la Paz de Westfalia a un solo fenómeno, la intención de esta investigación es resaltar la importancia de la Reforma Protestante en el proceso, y no atribuirle una relación directa de causa y efecto.

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Las dinámicas de las relaciones internacionales luego del surgimiento de una Nueva Agenda de seguridad tras el fin de la Guerra Fría, han dado lugar a la aparición de nuevos y diferentes interrogantes relacionados con el rol de los diferentes actores y factores del Sistema Internacional, ante los temas propios del “Nuevo Orden Mundial”, entre ellos, las migraciones. A medida que la influencia de actores no Estatales se ha hecho más contundente en la configuración del contexto geopolítico mundial y, mientras que los Estados han ido redefiniendo constantemente sus estrategias para lograr la defensa de sus propios intereses –estén enfocados éstos hacia la conservación de su influencia o hacia la consecución de nuevas oportunidades-, los procesos de formulación y ejecución de las políticas exteriores de seguridad a propósito del tema migratorio, se han visto constantemente alterados, hasta el punto de ir en algunos casos, en contravía con sus principios rectores, es decir, con la identidad misma del país. Si bien, países como Canadá y México han asumido como un importante compromiso la reorientación de sus políticas hacia la cooperación como garante de la seguridad, aún persisten varias dudas en relación con la posición de estos dos países a propósito del tema: ¿ puede hablarse de coherencia entre su orientación política y los principios rectores de su política exterior?, ¿ Es decisiva la capacidad de injerencia de actores no Estatales en la configuración de la identidad e intereses de estos Estados, hasta el punto de poder hablar de la política exterior de seguridad de éstos, como una amalgama de intereses particulares? ¿Varía la influencia de factores sistémicos en los procesos de diseño y ejecución de las políticas exteriores de los países, dependiendo de su posición en el sistema internacional?

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El objetivo de esta monografía es plantear la visión legal y jurisprudencial existente en nuestro país sobre los seguros de salud y los planes de medicina prepagada, analizar estas dos instituciones en sus aspectos técnicos y jurídicos, así como los alcances de la intervención estatal que sobre ellas recae.

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Teniendo en cuenta los importantes aportes efectuados desde los estudios académicos a los procesos de reforma administrativa, la importancia de las reformas administrativas en un mundo cada vez más globalizado y la necesidad de profundizar en las reformas administrativas de las entidades territoriales, este trabajo de investigación tiene por objeto analizar el marco conceptual, normativo y jurisprudencial de las reformas administrativas, estudiando con detalle sus limitaciones y su control, particularmente para el caso de las entidades territoriales en Colombia. De este modo, con ocasión de esta investigación se busca identificar de forma clara el panorama sobre aquellos aspectos en los que las entidades territoriales tienen un mayor o menor grado de autonomía para llevar a cabo sus procesos de reforma administrativa, de tal forma que sea posible identificar algunos riesgos relevantes asociados a dicho panorama. Así, como importantes logros u objetivos de esta investigación se destacan los siguientes: (i) identificar y analizar las principales aproximaciones doctrinales realizadas a nivel mundial sobre las reformas administrativas, (ii) describir aquellos aspectos en los que las entidades territoriales tienen mayor o menor autonomía para adelantar sus procesos de reforma administrativa, (iii) analizar las clases de controles aplicables a estos procesos profundizando en aquellos aspectos que pueden generar su nulidad e (iv) identificar una serie de riesgos a los que están sometidos los procesos de reforma administrativa de las entidades territoriales en Colombia. Todo lo anterior permitirá responder con claridad la siguiente pregunta que ha sido una idea estructural a partir de la cual se ha desarrollado esta investigación: ¿Cuál es el marco conceptual, las limitaciones, los controles y los riesgos de las reformas administrativas a ser adelantadas por las entidades territoriales en Colombia?

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En el presente trabajo de grado, estudiaremos la utilidad de la Consulta Previa como instrumento político, a partir del análisis del proceso adelantado entre el Resguardo Santa Teresita del Tuparro y la Petrolera BHP Billiton en el año 2010, en el municipio de Cumaribo, Vichada, identificando si existen fortalezas y buenas prácticas que permitan equilibrar el interés general y el de las minorías, en beneficio de la gobernabilidad dentro del contexto colombiano. Para cumplir con el objetivo descrito, haremos un análisis de los diferentes roles de los actores involucrados en el presente estudio de caso, desde los conceptos de legitimidad y representatividad y analizaremos si la Consulta Previa adelantada de manera idónea, mediante la aplicación de principios como buena fe, transparencia, comunicación asertiva, y reconocimiento mutuo entre los actores, puede ser una herramienta eficaz, dentro de la democracia participativa.

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El artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que todo Estado que considere tener un interés de orden jurídico que pueda ser afectado por la decisión de un litigio podrá solicitar interve­nir, siendo la Corte quien decida respecto de dicha solicitud. Los últimos desarrollos jurisprudenciales de la Corte en materia de intervención mos­traban cómo las discusiones surgidas, a escala jurisprudencial y doctrinal, alrededor de la interpretación y aplicación de la intervención parecían haber desaparecido. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte respecto de las solicitudes de intervención de Costa Rica y Honduras en la Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Colombia han revivido de nuevo la controversia. Este artículo presenta una introducción general a la institución de la intervención, explicando la aplicación que la Corte ha dado a la misma y analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para intervenir en asuntos sometidos a la Corte para su solución. Como conclusión, se realiza un comentario y análisis de las decisiones de la Corte en las más recientes solicitudes de intervención. 

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Conforme a las resoluciones de la ONU 1514 y 1541 (1960), usualmente se discuten solo tres formas de autodeterminación de los pueblos: la independencia, la integración y la libre asociación. En 1970, la Resolución 2625 amplió ese lenguaje, añadiendo una cuarta vía: “La adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La Resolución 2625 y resoluciones posteriores plantean un marco de libertad de petición y negociación que no limita la búsqueda de soluciones razonables y realistas a las aspiraciones legítimas de progreso político, cultural y económico de un pueblo.La monografía también discute estas normas desde la perspectiva del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, concluyendo que ese corpus jurisprudencial también reconoce y permite diversas formas de organización política “soberana” más allá de los estados de la Unión, pueblos o jurisdicciones con diversos grados de autonomía, desde las tribus o naciones indias, hasta los Estados libres asociados, consistentes con el espíritu y letra de la Resolución 2625 y su progenie.

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This article aims to present an approach to the issue of farm or rural zone workers, including a labour law study of agrarian legal decisions, so as to demonstrate their importance in respect to social, economic and cultural rights in Colombia. The study will serve to illustrate through the history, the applicable law and the jurisprudence, the different ways in which farmers have been treated from the time of the origin until the arrival of modern systems of industrialization. It calls into question the effectiveness of existing laws and the role of the courts, in spite of globalization, to maintain the minimum rights and guarantees of farm workers who are considered to be a vulnerable population. In conclusion, this study seeks to illustrate the current role of the Labor law and the National Health Service in the area of demonstrating of the existence or absence of mechanisms to protect workers in rural areas and the need to create some mechanisms that involve social justice given its prime importance in the Constitution of 1991.

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This paper presents the final results of the research project undertaken in 2010 and 2011 by the legal research group “Filius”, affiliated with Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt of Armenia, (Quindío). The project’s general objective is “to establish the concept of family used by the Colombian legal system based on the judgments of the Constitutional Court granting rights to same-sex couples”. To this end, a line of jurisprudence was developed from the Court’s rulings that discussed the rights of same-sex couples, concluding that despite the great progress made in Colombia on the recognition of rights to these couples following Decision C-075/2007, in all these judgments the Court had always refused to recognize their family status, and it was not until 2011, in Decision C-577, that the Court accepted that same-sex couples constitute a family, thereby dramatically changing the constitutional doctrine that had maintained the criteria of heterosexuality as defining family.

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La justicia transicional debe enfrentar la negación de las atrocidades. A pesar de la sofisticación del marco de derechos humanos presente en el sistema legal colombiano, el campo de la justicia transicional en Colombia adolece de un significativo grado de indeterminación normativa, como si dicho campo aconteciera en un vacío constitucional”. Como consecuencia, ha sido objeto de uso estratégico por parte de distintos actores políticos dotados de intencionalidad en la fijación del sentido del arreglo institucional de la llamada justicia transicional. El uso estratégico gravita entre el acatamiento pleno del marco de derechos humanos o su elusión en distintos grados. La elusión niega las atrocidades. Para que el discurso de la justicia transicional en Colombia contribuya a hacer justicia por las atrocidades, debe dar viabilidad práctica a los derechos de las víctimas, no reducir esos estándares. Para ello, son necesarios dos requisitos: desde el punto de vista sustantivo, debe acatar las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación, que son parámetro de constitucionalidad, y respetar el núcleo esencial de tales derechos, sin perjuicio de la libertad de configuración legislativa y de la ponderación judicial. Desde el punto de vista procedimental, debe adoptar como metodología un enfoque contextualizado de análisis comparado que evite el trasplante acrítico de experiencias internacionales inaplicables.

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Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.

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Este artículo parte del concepto de vulnerabilidad, para incluir en este sector la tercera edad. Se analiza la tendencia Jurisprudencial en materia de Protección Constitucional especial de los adultos mayores; cuáles han sido los problemas fundamentales en el tratamiento judicial, especialmente en el uso del mecanismo de la tutela y los razonamientos empleados por los jueces para resolver los problemas que incorporan derechos de tercera edad y su evolución. En el caso concreto de las personas de la tercera edad, la ley ha previsto distinciones especiales encaminadas a salvaguardar sus derechos, que provienen no solo de la Constitución y la Ley, sino de todo el Sistema Judicial, dotando a los Jueces de las herramientas necesarias para hacer efectivo el derecho sustancial por medio de sus fallos. Así, encontramos que el sistema judicial colombiano ha concentrado sus esfuerzos en proteger a las personas de la tercera edad, específicamente en la Seguridad Social, dándole gran importancia al derecho pensional. No obstante, abarcar la Seguridad Social en un espectro jurídico amplio, solamente los derechos relativos al “pago oportuno de mesadas pensionales”, “la reliquidación de pensiones”, ”el no pago de las pensiones de jubilación”, “el reconocimiento de las sustituciones pensionales”, derecho a la salud y el derecho al mínimo vital han sido los conflictos más comunes que deben ser resueltos por los jueces en materia de protección especial de los adultos mayores.