990 resultados para 531006 Financiación internacional
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Se identifica como sustracción interparental de menores (SIM) aquella acción que realiza uno de los padres de un niño, niña o adolescente, mediante su sustracción, retención u ocultamiento, para impedir al otro progenitor el ejercicio de sus derechos de visita o de custodia.1 La violación de estos derechos, establecidos a favor tanto de los padres como de los hijos, puede llegar a constituir, en el ámbito internacional, una retención ilícita o traslado ilegal del menor a un país diferente al de su residencia habitual. Esto ha llevado a la mayoría de países a adoptar una legislación interna especializada para el tratamiento de este fenómeno y a adherirse al Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En este escrito, a partir del análisis de la situación colombiana, son reseñados los instrumentos comúnmente utilizados en el plano internacional para hacer cesar la violación de estos derechos.
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El artículo presenta una aproximación a la figura de la amnistía desde la perspectiva del derecho internacional. Con este fin, se parte de la identificación de casos en los sistemas interamericano, europeo y africano, en los que se han promulgado leyes de amnistía dentro de ordenamientos nacionales. Posteriormente se revisa el tratamiento a partir de instrumentos internacionales y se estudian decisiones de tribunales sobre este tipo de normativas. Este trabajo constituye una herramienta para conocer, desde la responsabilidad colectiva de los Estados y la responsabilidad internacional del individuo, el tratamiento que se da a la figura de la amnistía.
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Colombia es el único país de América Latina en el que la constitución y la ley permiten a las instituciones educativas estatales realizar cobros académicos en todos los grados escolares. La consecuencia de esto es que el Gobierno Nacional no se ha interesado por elaborar una política de gratuidad de la educación. Sin embargo, la Constitución tiene disposiciones que permiten integrar los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia al ordenamiento jurídico interno; allí, es donde está consagrada la gratuidad de la educación. Ésta es un imperativo jurídico que el Estado no puede desconocer. La Corte Constitucional ha protegido el acceso y la permanencia al sistema educativo con base en el Derecho Internacional pues cuando existe una disposición de derechos humanos que consagra un derecho, los argumentos de costo beneficio quedan excluidos, en especial si es un derecho universalmente reconocido. Nuestra tesis es que no hay ninguna razón para que el Estado restrinja el disfrute del derecho a la educación a través de cobros, especialmente porque la gratuidad de la educación primaria les permite a las personas acceder y permanecer en el sistema educativo y es un instrumento privilegiado para remover las barreras económicas que afectan el disfrute del derecho. La estructura del artículo es la siguiente: los dos primeros apartados se referirán a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, el tercero hará énfasis en la jurisprudencia constitucional sobre la gratuidad de la educación y, finalmente, habrá una breve conclusión que planteará futuras líneas de trabajo.
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En el presente texto, los autores se aproximan a los estándares del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en especial el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante el “sidh”), en relación con el deber de custodia frente a las personas privadas de la libertad. De esta manera, se aproximan a la naturaleza particular de la responsabilidad internacional del Estado en la materia, al alcance de las obligaciones estatales en cuanto a determinadas poblaciones vulnerables dentro de centros carcelarios y penitenciarios, así como a las exigencias hechas al Estado de adecuar el sistema carcelario en general, con el fin de garantizar los derechos de los internos.
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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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Violencia y seguridad ciudadana: algunas reflexiones, es una obra de divulgación científica que hace parte de la Colección Frontera, una línea editorial en la que convergen los esfuerzos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso-Ecuador), y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, (IDRC-CRDI) por trascender la mirada nacionalista que ha recaído sobre las fronteras y rescatar las dinámicas y demandas locales que han sido ignoradas tanto en la producción de conocimiento como en la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana. El libro constituye un estado del arte sobre el concepto de seguridad ciudadana en Ecuador y su articulación con el diseño de políticas públicas en esta materia.
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El presente estudio tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de pacientes con asma, mediante un taller basado en la Guía Internacional para el Manejo del Asma (GINA). Participó un grupo de 10 pacientes con edades entre 1,5 y 6 años con sus padres; el estudio fue transversal, con un diseño preprueba-posprueba, e incluyó un grupo testigo. El taller multidisciplinario para padres e hijos con asma trató temas de adherencia, tratamiento de sostén y asistencia en crisis; su duración fue de cinco horas.Los resultados muestran mediante el estadístico t de Student que los grupos testigo y experimental en la preprueba son homogéneos; así mismo, en el grupo experimental se comprobó que el cambio entre la pre y posprueba es significativo para los indicadores: visitas no programadas t = 0,000206037, conocimiento de padres t = 0,000727699, crisis t = 0,000135318 y factores de riesgo t = 0,000003192 (para todos los casos p < 0,01).Se analizó también el comportamiento del grupo testigo y se observa que no tiene cambios significativos; en relación con la comparación de la posprueba entre el grupo testigo y el experimental, se aprecian diferencias significativas. Las conclusiones se centran en los beneficios de la intervención multidisciplinaria y la eficiencia del taller basado en la GINA.
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Memorias del VIII Encuentro Nacional de Neurociencias y del IX Seminario Internacional de Neurociencias