1000 resultados para Seguridad ciudadana -- Aspectos sociales -- Colombia


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Así, se asiste actualmente a un escenario de progresiva vulneración de derechos que se respalda en una necesidad de garantizar un derecho a la seguridad asumido como un fin en sí mismo; exigencia que en el absurdo, se ha vuelto una simple herramienta discursiva carente de un contenido específico traducible en reivindicaciones de derechos. Un ciego reclamo de seguridad vacía de derechos.

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Desarrolla las evidencias del distanciamiento del mandato constitucional relativo al derecho a la seguridad integral como la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la constitución de cuatro zonas de seguridad en torno a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y en la zona de construcción de la refinería del Pacífico, la afectación a la seguridad laboral con la adopción del reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, el incremento de delitos, accidentes de tránsito y suicidios. Concluye que la concepción y práctica de seguridad no supera la visión centrada en la seguridad del Estado y no de las personas.

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Tanto por la dinámica del contexto que persiste en tendencias que refuerzan los intercambios desiguales en el mercado internacional y las brechas sociales en nuestra región, así como por las dinámicas nacionales que están transformando positivamente las condiciones de desarrollo en nuestra región encarando políticas de transformación productiva e inclusión social, la integración se ha convertido en el camino para que nuestro continente transite de la periferie al centro de decisiones de las políticas mundiales. En América Latina y el Caribe se vive un regionalismo de nueva generación, caracterizado por su carácter multidimensional, dinamizador de derechos supranacionales, enriquecedor de las políticas nacionales; y sistematizador de las conquistas de los esquemas subregionales y regionales. Está compuesto de manera combinada por esquemas de integración, mecanismos de cooperación y sistemas multilaterales remozados. Cuatro dinámicas caracterizan el funcionamiento del regionalismo latinoamericano y caribeño en la actualidad: 1) la creación de estadios superiores de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); 2) el reacomodo de los bloques subregionales ya existentes, como la CAN y MERCOSUR, o regionales como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés); 3) el surgimiento de esquemas de cooperación con afinidad o alineamiento, como el ALBA y la Alianza del Pacífico; y 4) una exigencia de remozamiento de los sistemas multilaterales con mayor presencia en la región. En este contexto, la democratización de la comunicación tiene como desafíos principales: 1) contribuir a la unidad continental; 2) democratizar los sistemas de integración con la participación ciudadana; y 3) construir una cultura de integración.

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El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, inició en 2009 la publicación anual de un informe sobre derechos humanos como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Tomó como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafíos al Estado ecuatoriano y al conjunto del país en el fortalecimiento del catálogo de derechos y de garantías y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, pro homine, aplicación directa y progresividad. Cada nueva entrega del Informe fue sujeta a una evaluación y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al año 2011, publicado el año pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provocó el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinión pública el contenido y alcances de la publicación, pero se generó un conflicto público. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonomía universitaria, consultó a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisión internacional para que estudiara el Informe y presentara sus observaciones y sugerencias. La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisión internacional fue designada. Así se lo comunicó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la República del Ecuador. La comisión, integrada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros (Perú) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabajó por varios meses y visitó Quito, entre enero y febrero de este año. La comisión internacional delimitó su labor a examinar la metodología del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Presentó su informe en abril y su versión final estuvo lista para publicación en junio. El contenido completo del documento ha sido publicado, por disposición del Presidente del Consejo Superior, en la página web de la Universidad: ‹http://www.uasb.edu.ec/ padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ac›. Desde mediados de 2012, el PADH continuó con las actividades necesarias para realizar el Informe correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvió esperar el informe de la comisión internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoció, el equipo de PADH procuró recoger las observaciones y recomendaciones. Es así como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una división entre el “Informe” propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artículos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este año, aparecerán dos publicaciones. Por un lado el Informe sobre Derechos Humanos, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicación colectiva titulada Horizontes de los derechos humanos que analiza varios casos y temáticas relevantes de 2012, con la contribución de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa.

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El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo o peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro; en tal virtud, es una situación, estado social o mental con ausencia de todo riesgo o amenaza real. Dentro de este contexto, existen diferentes tipos de seguridad: integral, humana, ciudadana, pública, jurídica, social, entre otras. La Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la seguridad; por tanto, para satisfacerlo es fundamental adoptar políticas públicas que generen condiciones básicas que garanticen: 1. seguridad económica; 2. seguridad política; 3. seguridad ambiental; 4. seguridad de la salud; 5. seguridad alimentaria; y 6. seguridad ciudadana.

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En esta investigación, la autora propone un análisis de la performance latinoamericana desde la concepción del cuerpo como político, lo que implica analizar el cuerpo dentro de su existencia histórica antes que biológica, cobrando gran importancia el contexto y las experiencias vividas como detonantes de estas prácticas artísticas, que muchas veces conllevan acciones de dolor físico, las cuales, dentro de la concepción política del cuerpo, se convierten en actos de memoria. Estos planteamientos de los usos sociales y políticos del cuerpo son analizados en las performances de Daniel Brittany Chávez, Regina José Galindo, María José Machado y Daniel Coka.

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Objetivou-se avaliar os aspectos sociais e de saúde e a percepção diante do diagnóstico de indivíduos com a coinfecção HIV/tuberculose. Estudo descritivo, com abordagem quantiqualitativa, realizado em hospital de referência em Fortaleza, Ceará, de janeiro a abril de 2009, utilizando-se entrevista semiestruturada em ambiente privativo. Os dados foram analisados de modo descritivo e por análise de conteúdo. Participaram 16 pacientes com coinfecção HIV/tuberculose, 56,25% do sexo masculino, com faixa etária predominante entre 31 a 39 anos (43,75%), com pouca escolaridade e renda familiar mensal de aproximadamente um salário mínimo. A forma predominante da apresentação da tuberculose foi a pulmonar (62,50%). A percepção sobre a descoberta da coinfecção foi demonstrada por duas categorias: Medo e angústia face ao diagnóstico e Mudanças nos hábitos de saúde e no estilo de vida. Urge, diante dos achados, a promoção do bem-estar psicológico e físico desses pacientes, por meio de ações políticas e de saúde

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