915 resultados para Neighbour disputes
Resumo:
El artículo, bajo la óptica de la gobernanza y la supranacionalidad, muestra el funcionamiento de la OMC y Sistema de Resolución de Disputas, presentándola como una Organización Internacional con capacidad "para convertirse en un ente omnipotente" no dependiente de ningún Estado en particular, para la cual debe emprender una amplia tarea para asegurarse que sus fallos y decisiones sean cumplidos por parte de sus miembros.
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Este artículo estudia la política exterior boliviana durante la década de los noventa e inicios del siglo XXI. Antonio Araníbar analiza los temas de la agenda internacional boliviana (política vecinal y reintegración marítima, cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, e integración andina), los aportes de Bolivia a la agenda multilateral y se responde sobre las prioridades de la política exterior boliviana en los umbrales del siglo XXI.
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El autor analiza esta novela histórica de Jorge Velasco Mackenzie, en torno a los orígenes de la nación ecuatoriana, entre la historia y la fábula. Reflexiona sobre el proceso de escribir como una forma de interpelar presupuestos consagrados, valores, símbolos e identidades. Handelsman destaca que el trabajo de la Misión Geodésica Francesa, de 1736, cambió la cosmovisión de la sociedad colonial ecuatoriana, escolástica, por otra de carácter más empírico, pero que el nuevo motor del saber moderno trajo también distorsiones y omisiones de otras verdades (como el que los indígenas perdieran su protagonismo milenario como conocedores de su hábitat). Pone en relieve, igualmente, la imposibilidad de expresar en una segunda lengua lo que se vive en geografías ajenas. Personaje importante es Isabel Godin, quien no puede liberarse del mundo oscuro, complejo y ambivalente que constituye la memoria. En suma, la novela desmitifica la autoridad de las ciencias naturales y físicas, y abre la posibilidad de repensar, reescribir y resignificar la historia del país.
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Uno de los eventos jurídicos más importantes del siglo XX, sin duda, ha sido la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos. Instrumentos internacionales y mecanismos de protección se han puesto en funcionamiento y afianzado, tanto a nivel global como regional. No obstante, en muchos casos, este desarrollo de principios, normas y órganos de protección a nivel internacional no se ha reflejado en iguales progresos en ámbito nacional. Lo cual permite todavía afirmar que si bien la universalización de los derechos ha sido una etapa sustancial para la consolidación de la protección de los derechos humanos el desafío sigue siendo el hacerlos efectivos. El artículo lleva a cabo un examen de la jurisprudencia de los países de la región que permite llegar a la consideración que se están produciendo importantes avances en este terreno y cada vez más los altos tribunales de varios países de la región utilizan como parámetro de interpretación la jurisprudencia de la Corte Interamericana para resolver cuestiones internas y concluir que en Latinoamérica, gracias a la influencia integradora de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la jurisprudencia nacional, se está lentamente consolidado lo que podría ser definido como un estándar mínimo común en materia de protección de los derechos humanos. Un núcleo fundamental o esencial de derechos que poco a poco se va imponiendo en los países miembros dando origen a un nuevo ius commune para Latinoamérica.
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El artículo ofrece una caracterización general de los indios de Portoviejo, en la zona central de la Costa ecuatoriana, a lo largo del período colonial. Se analizan las reacciones de las parcialidades indígenas ante las regulaciones de la administración colonial y las frecuentes disputas con los sectores blancos y mestizos de la región por el control del territorio y la mano de obra. Seguidamente, el artículo describe algunos de los viajes que algunas autoridades étnicas emprendieron hacia España, en procura de que sus quejas y demandas fuesen oídas directamente por el Rey y su corte. Palabras clave: Indígenas, caciques, poderes locales, Colonia, comercio, redes de sociabilidad, tributo, faccionalismo, viajes, Corte española.
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fortalecido y mejorado el sistema multilateral de comercio, surgido en los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar la libre competencia entre los países miembros, eliminar las barreras al comercio internacional y permitir cada vez más el acceso de las empresas y de los consumidores a los mercados extranjeros de bienes y servicios.
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El presente trabajo analiza de manera crítica el pronunciamiento de la Corte Constitucional para el Período de Transición respecto al control constitucional de las denuncias de tratados bilaterales de inversiones de capital, tomando como caso de estudio el instrumento internacional suscrito entre Ecuador y Alemania, en el cual bajo una corriente constitucionalista, la Corte somete al crisol de la contradicción el contenido del Tratado Internacional con la normativa constitucional vigente. En aquel sentido, analizaremos cómo, a través de este polémico dictamen, se inicia una línea jurisprudencial en la que se configuran temas controversiales como el denominado control automático de constitucionalidad, y, el debate respecto a la soberanía estatal en cuanto al no sometimiento del Ecuador a arbitrajes comerciales internacionales en asuntos de índole comercial.
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Tras analizar y evaluar la argumentación jurídica efectuada por el Tribunal del CIADI respecto del caso CMS vs. Argentina, se aprecia que tal argumentación descansa sobre la errada concepción de que en el caso no existían aspectos que afecten derechos humanos. En realidad se trataba de un caso difícil, en materia de derechos sociales, que no podía ser resuelto por la simple aplicación de las reglas específicas del sistema (subsunción), como erróneamente lo hizo el Tribunal del CIADI, pues necesariamente debía acudirse al procedimiento de la ponderación. Si se acude a la ponderación se podrá constatar que existen dos principios aplicables, cada uno de los cuales lleva a una solución incompatible con la del otro: por un lado, la protección del derecho a la seguridad jurídica del inversionista extranjero, que exige un respeto a los derechos pactados contractual y legalmente, y, por otro, el de la protección al derecho a la vivienda, que exige una congelación en las tarifas de servicios básicos esenciales, entre ellos del transporte y distribución del gas. En este caso el segundo prevalece sobre el primero.
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El artículo se propone escrutar, a la luz del caso argentino, la concepción de propiedad privada subyacente en las respuestas de las instituciones internacionales de arbitraje en el marco de las controversias entre Estados e inversores transnacionales. Se entiende que el análisis del caso argentino puede echar luz en la materia al tratarse del país con mayor número de demandas en su contra.
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El presente trabajo se centra en el análisis de los conflictos que giraron en torno a las operaciones de compra de esclavos en el nororiente neogranadino durante el siglo XVIII. Legalizaciones aplazadas, ventas desautorizadas, pagos pendientes, esclavos hipotecados y confusiones sobre el estado real del esclavo comercializado fueron situaciones que desataron enconadas disputas y pleitos judiciales que terminaron algunas veces con la declaratoria de redhibitoria, es decir, la anulación del contrato de venta y la devolución del esclavo. En vista de estos antecedentes, y con un ánimo preventivo, los negociantes se aseguraron de fijar en las escrituras de compraventa ciertas garantías o aclaraciones para no verse involucrados en tales litigios.
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The ten years since the Olivos Protocol entered into force represent a milestone in Mercosur’s dispute-resolution system. In this sense, this paper aims to analyze the antecedents of the present system (Annex III of Asuncion Treaty and Brasilia Protocol), and evaluate the present conflict-resolution mechanisms, with special reference to the innovations introduced in this respect and disputes resolved under the Olivos Protocol. Finally, the article analyzes some of the possible paths that the dispute-resolution system might take in the future.
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Private governance is currently being evoked as a viable solution to many public policy goals. However, in some circumstances it has shown to produce more harm than good, and even disastrous consequences as in the case of the financial crisis that is raging in most advanced economies. Although the current track record of private regulatory schemes is mixed, policy guidance documents around the world still require that policy-makers give priority to self- and co-regulation, with little or no additional guidance being given to policymakers to devise when, and under what circumstances, these solutions can prove viable from a public policy perspective. With an array of examples from several policy fields, this paper approaches regulation as a public-private collaborative form and attempts to identify possible policy tools to be applied by public policy-makers to efficiently and effectively approach private governance as a solution, rather than a problem. We propose a six-step theoretical framework and argue that IA techniques should: i) define an integrated framework including both the possibility that private regulation can be used as an alternative or as a complement to public legislation; ii) involve private parties in public IAs in order to define the best strategy or strategies that would ensure achievement of the regulatory objectives; and iii) contemplate the deployment of indicators related to governance and activities of the regulators and their ability to coordinate and solve disputes with other regulators.
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Data such as digitized aerial photographs, electrical conductivity and yield are intensive and relatively inexpensive to obtain compared with collecting soil data by sampling. If such ancillary data are co-regionalized with the soil data they should be suitable for co-kriging. The latter requires that information for both variables is co-located at several locations; this is rarely so for soil and ancillary data. To solve this problem, we have derived values for the ancillary variable at the soil sampling locations by averaging the values within a radius of 15 m, taking the nearest-neighbour value, kriging over 5 m blocks, and punctual kriging. The cross-variograms from these data with clay content and also the pseudo cross-variogram were used to co-krige to validation points and the root mean squared errors (RMSEs) were calculated. In general, the data averaged within 15m and the punctually kriged values resulted in more accurate predictions.
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An international survey of clients, consultants and contractors produced wide-ranging data on the views of users of the FIDIC form of contract. The purpose of the survey was to elicit views on a range of issues, prior to revising the model form, to ensure that the contract drafters produce a form that is satisfactory for its users. Those questions that focus upon the role of the engineer have been subjected to detailed statistical analysis. The analysis shows that, contrary to popular belief, the views of contract users from common law jurisdictions do not differ from those in civil code jurisdictions. The engineer’s role is not generally perceived as neutral in the contractual relationships between clients and contractors. Contractors would prefer someone other than the engineer to be the first-line settler of disputes in contracts.
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This book is aimed primarily at students for whom the study of building or civil engineering contracts forms part of a construction-based course. We have had in mind the syllabus requirements for first degrees in Building, Civil Engineering, Architecture, Quantity Surveying and Building Surveying, as well as those of postgraduate courses in Construction Management and Project Management. We have also assumed that such students will already have been introduced to the general principles of English law, especially those relating to contract and tort. As a result, while aspects of those subjects that are of particular relevance to construction are dealt with here, the reader must look elsewhere for the general legal background. In producing this third edition, we have again been greatly assisted by the many helpful comments made by reviewers and users of its predecessor. Nonetheless, our basic aim is identical to that which underpinned the first edition: to provide an explanation of the fundamental principles of construction contract law, rather than a clause-by-clause analysis of any particular standard-form contract. As a result, while we draw most frequently upon JCT 98 for our illustrations of particular points, this merely reflects the pre-eminent position occupied by that particular form of contract in the UK construction industry. We conclude by repeating our previous warning as to the dangers inherent in a little learning. Neither this book, nor the courses for which it is intended, seek to produce construction lawyers. The objective is rather to enable those who are not lawyers to resolve simple construction disputes before they become litigious, and to recognize when matters require professional legal advice. It should be the aim of every construction student to understand the legal framework sufficiently that they can instruct and brief specialist lawyers, and this book is designed to help them towards that understanding.