1000 resultados para Modernización excéntrica
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Resumen basado en el de la publicación
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Monográfico con el título: 'Profesorado de enseñanza secundaria, memoria y patrimonio'. Resumen tomado de la publicación
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Monográfico con el título: 'Tecnología educativa en Iberomérica'. Resumen basado en el de la publicación
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El Servicio Técnico de Innovación y Desarrollo de Proyectos del Cabildo Insular de Tenerife divulga periódicamente la información de las zonas industriales mediante el Catálogo de Áreas industriales de Tenerife. Hasta el año 2008, este Catálogo, con la información de cada una de las 94 zonas industriales y compuesto de más de 100 atributos temáticos y un total de más de 3000 registros, se gestionaba mediante una base de datos MS Access y archivos shp con información espacial exhaustiva (parcelas, equipamientos, infraestructuras, etc.). Los usuarios accedían a la información espacial mediante un SIG que permitía relacionar la información espacial con la temática. El empleo continuo del sistema ha creado nuevas necesidades como multiusuario, seguridad de datos, GUI más sencillo y amigable, integración en la IDE, etc. En consecuencia, el Cabildo ha puesto en marcha un proyecto para la modernización del sistema que pretende aumentar la cantidad y calidad de la información y optimizar los flujos de trabajo relacionados. Se orienta inicialmente al público en general, pero, por su contenido más especializado y técnico, hace que el enfoque de la información vaya dirigido además hacia los técnicos de las administraciones locales así como hacia los promotores industriales privados. Herramientas como la consulta de empresas que desarrollan sus actividades en esos ámbitos, su tipología y la impresión de informes hacen accesible la información industrial a una amplia gama de usuarios. Desde el punto de vista técnico, el sistema se compone del SGBD espacial PostGIS. Los servicios web abiertos OGC (WMS, WFS) se implementan con Mapserver. El Geoportal basa en openlayers, extjs y hslayers. La arquitectura está orientada a servicios y los componentes del sistema son conforme con los principios de INSPIRE. La integración en la IDE se realiza mediante el registro de los metadatos de los servicios y datos en el catálogo la IDE del Cabildo (TeIDE)
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La participación pública constituye un pilar fundamental de nuestra sociedad y se integra dentro de las fases de elaboración de planes de ordenación del territorio y en la planificación hidrológica. Las Administraciones Públicas tienen el reto de aprovechar las nuevas posibilidades de comunicación para mejorar su gestión y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y la toma de decisiones, por ejemplo, en materia de medio ambiente como recoge la Ley 27/2006 entre otras normativas. Para que esta participación sea satisfactoria, se requiere de la implantación de mecanismos de creación colaborativa y transmisión de conocimiento relativo al territorio. Es aquí donde las dinámicas de las comunidades de software libre (FLOSS) y contenidos abiertos han demostrado ser tremendamente efectivas y parecen de gran interés para los gobiernos como complemento a los servicios de las IDE. La Xunta de Galicia es consciente del gran potencial de la ciudadanía para aportar datos que mejoren los planes y actuaciones sobre el territorio. Por ello, dentro de los planes de creación del SIG Corporativo de Galicia se contemplan componentes geomáticos libres que mejoren los procesos de participación. En este artículo se presentará la plataforma con soporte espacial del “Proxecto Ríos” creada en 2011 desde la Xunta que facilita la coordinación de más de 200 grupos de voluntarios que recogen datos de los ríos gallegos de forma colaborativa. Esta herramienta hace uso de proyectos como OpenLayers, GeoExt y PostGIS. Siguiendo las líneas de acción FLOSS definidas por la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia se tiene previsto liberar estos desarrollos para su uso en el resto de la Red de Proyectos Ríos de la península y contribuir a la forja de software libre del gobierno gallego
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Este trabajo tiene como objetivo definir la nueva concepción y práctica de la comunicación popular alternativa, particularmente en las instituciones del Ecuador, a partir del estudio y comprensión de las transformaciones experimentadas en las últimas décadas. De una comunicación lineal y manipuladora, que otorga absoluto poder a los medios, de una comunicación politizada e inscrita en la lucha de clases, se advierte el cambio a una comunicación plural y ciudadana que recupera al sujeto y que reconoce en él las múltiples mediaciones sociales y culturales. La investigación sobre los determinantes teóricos e históricos que propiciaron dicho cambio es lo que sustenta este trabajo. La autora indaga sobre la manera en que la comunicación popular fue recorriendo tres paradigmas -cuya configuración, sin ser rígida y mucho menos la única, obedece a fines de esta investigación-: el del cambio social y modernización de los pueblos, el de dominación-subordinación, y el de las mediaciones sociales y culturales. Este recorrido obliga a preguntarnos qué es actualmente la comunicación popular y cómo se desarrollan las prácticas comunicativas en un nuevo contexto caracterizado por las crecientes urbanizaciones, la globalización de la cultura, la reorientación del modelo económico, la irrupción de nuevas tecnologías, y sus consecuencias expresadas en la conformación de comunidades "desterritorializadas", la revitalización de los particularismos y la fragilidad de las monoidentidades.
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El presente volumen da cuenta de las transformaciones físicas, sociales y humanas de la ciudad de Quito impulsadas por los permanentes y aluviales flujos de inmigrantes interioranos durante una época de transición: la primera mitad del siglo XX. La parte medular de esta investigación gira en torno al análisis de los procesos de transfiguración o de mutación étnica y cultural que afectaron tanto a los nuevos como a los viejos residentes de la ciudad, procesos que la historiografía contemporánea y la literatura sociológica han denominado: mestizaje, cholificación y blanqueamiento. La comprensión de los mismos ha sido posible gracias al estudio de dos elementos. En primer lugar, de las etiquetas de carácter estigmatizante: “longo”, “cholo” y “chagra” y de los autoalusivos identificatorios de “chulla” o “gente decente”, que surgieron, se reactivaron y alcanzaron un evidente auge en dicho período. En segundo lugar, del esclarecimiento de las prácticas culturales que constituyeron y definieron a los actores mencionados, y que dan cuenta de las profundas transformaciones culturales acaecidas en la ciudad. En definitiva, el presente estudio destaca el aporte de los inmigrantes interioranos de origen rural y pueblerino a la modernización de la urbe, al mismo tiempo que entrega importantes elementos para esclarecer los problemas fundamentales del mestizaje, a saber: la etnogenesis, la identidad y la cultura de los mestizos.
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El propósito de esta tesis es identificar si Petroecuador y sus empresas filiales, por su naturaleza y las funciones que cumplen, requieren de procedimientos especiales de contratación para obras, bienes y servicios. Parta este fin la investigación contiene los siguientes capítulos: un Capítulo I, el cual contiene un análisis general de la contratación de obras, bienes y servicios en las instituciones públicas, actualmente regidas por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, partiendo de una definición de sus principios y su rol en la gestión pública en general; un Capítulo II, en el que se aborda el tema central de la investigación, la contratación de obras, bienes y servicios en Petroecuador, para lo cual se ofrece una visión panorámica y resumida de su naturaleza jurídica y las competencias que por ley le han sido asignadas para el cumplimiento de sus fines; un Capítulo III, en el que se revisan los procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios en dos empresas públicas extranjeras, que por la realidad a la que responden, son muy parecidas a Petroecuador; y, un Capítulo IV, que contiene varias conclusiones obtenidas del desarrollo de cada uno de los capítulos, conclusiones en función de las cuales se recomienda un sistema propio de contratación de obras, bienes y servicios en el sistema Petroecuador.
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La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.
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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.
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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.
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Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la función administrativa, la Administración Pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones tendientes a la consecución de sus fines, a través de relaciones con particulares. Considerando que las características diferenciadoras del derecho privado son el objeto y las prerrogativas especiales que posee la administración especialmente la modificación, esta investigación se desarrolla en tres capítulos: Capítulo I: Definición del contrato público y su modificación, los principios de inmutabilidad y mutabilidad y, la aplicación de los principios jurídicos que rigen el derecho administrativo desde el punto de vista de Cassagne. Capítulo II: La desigualdad jurídica que existe entre el Estado y el Particular, la modificación unilateral de los contratos de obra pública, prestación del servicio público y adquisición de bienes con sus consecuentes limitaciones y, la modificación unilateral de los contratos petroleros. Capítulo III: Formas de modificación de los contratos: órdenes de cambio, contratos complementarios, contratos adicionales, reajuste o revisión de precios, la renegociación y el otro sí. El estudio finiquita, con las conclusiones y recomendaciones derivadas de las legislaciones comparadas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y España.