751 resultados para LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL
Resumo:
Se realiza un estudio sobre la equidad de género en la Escuela Politécnica Nacional. Es notorio el aumento de mujeres que estudian carreras de tercer nivel, en las diferentes universidades del país. En la EPN, se observa un incremento de la población estudiantil femenina en ciertas facultades, mientras en otras se mantiene o disminuye el número de estudiantes mujeres. A nivel de profesores e investigadores existe una mayor presencia del género masculino sobre el femenino, que se mantiene hasta la actualidad. Se analiza la variación de la matrícula estudiantil por género en algunas carreras desde 1993, igualmente para los docentes y los trabajadores se analiza brevemente la paridad de género en base a la información proporcionada por la institución. El presente trabajo presenta un marco teórico elemental sobre igualdad, inclusión y equidad; y sobre las diferencias entre sexo y género para enfocar luego la equidad de género a nivel educativo, incorporando datos publicados por la UNESCO que señalan los avances en la incorporación, permanencia y culminación de estudios de las mujeres en carreras universitarias, a nivel mundial y regional. Luego se menciona la normativa legal incorporada recientemente para el sector educativo, que está relacionada con la equidad o paridad de género, y que consta en la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para señalar las dificultades presentadas al aplicar la LOES. Finalmente, se incluyen los resultados de una encuesta, varias entrevistas y conversaciones mantenidas con diferentes actores de la institución, cuyas vivencias y opiniones sobre el tema tratado, permiten proyectar una imagen sobre el estado actual de la equidad de género al interior de la EPN, y sobre las relaciones interpersonales entre profesores, estudiantes y trabajadores en base al género.
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública trae prácticas y conceptos totalmente innovadores que son fundamentales para garantizar el cumplimiento de varios de los principios que la rigen, principalmente, la publicidad y transparencia en las compras que realiza el Estado. En efecto, la normalización es uno de es tos nuevos conceptos técnicos que –en la actualidad– únicamente permite diferenciar a aquellos bienes y servicios que pueden adquirirse a través del catálogo electrónico o de la subasta inversa electrónica; es decir, los bienes y servicios cuyo parámetro de adjudicación es el precio más bajo. En este contexto, la investigación evidencia que la normalización está siendo subvalorada, pues no se aprovechan los principales beneficios que este concepto técnico puede brindar a quienes están involucrados de una u otra manera en la contratación pública. El presente libro justamente analiza la normalización como un concepto técnico; para encontrar sus principales beneficios y realizar recomendaciones para explotar y aprovechar de la mejor manera posible las ventajas de la normalización en la contratación pública, como una idea nacida del legislador ecuatoriano y que puede ser materia de exportación.
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El desarrollo del presente tema de investigación se sujetó al cumplimiento de los objetivos específicos propuestos en su planificación y que tienen que ver con el análisis de los principios que rigen la contratación en la empresa pública, los mecanismos jurídicos que permiten diferenciar la aplicación del derecho público y privado, ello a fin de verificar las debilidades y fortalezas derivadas de la capacidad asociativa y la aplicación del régimen especial de contratación en estas empresas. En esencia, se realizó un análisis jurídico de la Ley de Empresas Públicas y la forma como su Título V permite un Régimen Especial de contratación que faculta a las empresas públicas para suscribir contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, siendo este convenio asociativo o contrato el que establece los procedimientos de contratación y la normativa aplicable. Lo cual podría constituir un escape del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación realizada, el contenido de la tesis se presenta en tres capítulos de estudio y análisis jurídico que permitieron preparar las correspondientes conclusiones y recomendaciones que generarán un aporte de mejora para la aplicación adecuada de la Ley, sobre el Régimen Especial de Contratación en la Empresa Pública del Ecuador.
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Los alcances de la autonomía universitaria responsable en el actual marco jurídico ecuatoriano y los límites de la potestad normativa de los órganos que rigen el sistema de educación superior, son los temas centrales de la presente investigación. Este trabajo tiene el objetivo de identificar los alcances de la autonomía universitaria en el Ecuador y los límites de la potestad normativa del CES y del CEAACES frente a la autonomía universitaria responsable, debido a las constantes tensiones entre regulación y ejercicio de la autonomía universitaria. ¿Cómo conciliar el ejercicio de la potestad normativa de los órganos que rigen el sistema de educación superior y la autonomía universitaria responsable?. Esta pregunta no puede ser respondida exclusivamente desde la descripción y sistematización de la norma, sino que debe incluir elementos de interpretación, del método histórico y del método comparado, tomando en cuenta que el modelo de la dogmática jurídica argumentativista insta a dejar de lado la práctica descriptiva del derecho para desarrollar estudios basados en los valores y principios positivizados en la norma y brindar argumentos que sostengan las propuestas sobre casos complejos. La nueva concepción de autonomía universitaria “responsable y solidaria” introducida en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y en la Ley Orgánica de Educación Superior, cambia la autoregulación, e incluso desregulación de la educación superior, por la regulación del Estado, para procurar el cumplimiento de los fines de la universidad y el mejor ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
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El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.
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El estudio de “La Delegación de los Servicios Públicos a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, se ha centrado en la delimitación conceptual y ubicación jurídica de los servicios públicos, y en el reconocimiento del nuevo sector económico denominado economía popular y solidaria, conforme la Constitución de la República del Ecuador vigente y la legislación aplicable. Como consecuencia, se logra conocer el alcance de la delegación por excepción a la economía popular y solidaria en la prestación de los servicios públicos; y, sus efectos en el desarrollo social y económico frente a la participación estatal, privada, mixta y comunitaria, conforme la Constitución del 2008. En vista de la amplitud del tema central, cuyo abordaje requiere la compresión de estas dos figuras, en todo su contexto, aparecen algunas limitaciones para su análisis, sobre todo por los tecnicismos, especialmente de índole económico, que rebasan la aplicación del derecho, por lo que se ha visto necesario contar con mayores estudios especializados que los aborden, para que complementariamente y en un segundo momento de estudio, se determine en forma global su alcance y efectos en la prestación de losservicios públicos. Sin embargo, se ha logrado inferir la aplicación de casos concretos por parte de los actores de la economía popular y solidaria, que cotejados con las normas del ordenamiento jurídico y la doctrina de pensadores especialistas, deducen máximas generales concluyentes para este estudio. Logrando concluir en que jurídicamente y pese a la visión estatista que se plantea en la Constitución, es factible la intervención del sector económico popular y solidario, como actor en la prestación de los servicios públicos, de forma directa en las actividades prestacionales de educación, salud y comunitarias; y, excepcionalmente por delegación en cuanto a las actividades que se enmarcan en el amplio segmento de los denominados sectores estratégicos; pero pese a esa posibilidad, prevalece la necesidad de la revisión de la ley orgánica específica, regulación administrativa e implementación de políticas públicas, a fin de que se den las condiciones adecuadas para que este acertado avance, en la práctica, no quede sin una efectiva aplicación.
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Este trabajo de investigación es un estudio comparativo entre las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) y los proyectos educativos que conforman el Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Educación, documento que se desarrolla para cumplir con las políticas educativas que se vienen ejecutando y de manera directa o indirecta, alcanzar las metas establecidas en el PNBV. Los 12 objetivos planteados por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, fueron analizados en función de las metas y estrategias establecidas para cada objetivo. Con este análisis se buscó relacionarlos con los programas y proyectos que conforman el Plan Anual de Inversiones de la Cartera de Educación. En este trabajo se resalta el papel del Ministerio de Educación, que recuperó la rectoría de su gestión, fundamentándose en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento general, en el que se establece que la Autoridad Nacional es la encargada de formular la política nacional de educación, así como su normativa y supervisar la aplicación y cumplimiento de la LOEI. Cabe señalar que este trabajo permite evidenciar la relación que tiene el PNBV, con los proyectos educativos del Ministerio de Educación que constituye la concreción de las políticas educativas a través del Plan Anual de Inversiones y sus resultados.
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El tema materia de esta tesis comprende dos partes: (i) La responsabilidad del Estado análisis conceptual, doctrinario y jurídico de la responsabilidad directa, indirecta, patrimonial, contractual, extracontractual, análisis de las teorías de responsabilidad del Estado para profundizar sobre la acción de repetición, generalidades y características, objetivos, evolución histórica, evolución constitucional en nuestra legislación. (ii) Fundamentos constitucionales y legales de la acción de repetición, el servicio público, los servidores públicos y sus tipos de responsabilidades como las responsabilidades administrativa y civil, la acción de repetición a través de la historia constitucional, la acción de repetición en la constitución de la república del 2008, la acción de repetición en la normativa vigente, la acción de repetición en materia constitucional, procedimiento actual, el legitimado activo, requisitos de la demanda, documentos que debe acompañar a la demanda , Juez competente, la acción de repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, Procedimiento, De la jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso de Apelación, el análisis comparativo con la legislación colombiana, requisitos para la acción de repetición, aspectos sustanciales, procesales. Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición.El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla.
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El presente estudio pretende aportar al conocimiento de las microfinanzas en el Ecuador, un sector que se ha desarrollado sustancialmente en la última década, por lo que proporcionar una visión global de la industria microfinanciera y de su funcionamiento reciente aportará a los actores un mejor entendimiento de esta línea de financiamiento que tiene características muy específicas ya que se relaciona directamente con las condiciones de vida de las personas de bajos ingresos, actualmente bajo un nuevo marco legal que es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Para cumplir con este objetivo, se presenta una breve introducción conceptual de las microfinanzas, luego, una descripción de las microfinanzas a nivel regional y sus tendencias; esta descripción de carácter cualitativo y cuantitativo permite visualizar su grado de desarrollo, la coyuntura actual y sus avances en diversos aspectos. Posteriormente y, partiendo de la descripción de las tendencias globales y regionales de las microfinanzas, se procede a la revisión del nuevo entorno, de las principales cifras y variables locales que tendrán impacto directo en el corto y mediano plazo en el desarrollo de la industria en el país.
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El ordenamiento jurídico del Ecuador ha previsto dos mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, aquel vinculado al ámbito administrativo, ha sido asignado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1317, en su calidad de ente coordinador de la ejecución de estas sentencias internacionales. El segundo mecanismo, aquel vinculado al ámbito jurisdiccional, fue incorporado en la Cons titu ción de 2008, en su artículo 93, como el medio para garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, cuya resolución corresponde a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta obra analiza el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su actividad administrativa como ente coordinador de la ejecución de sentencias internacionales, y también estudia, desde la óptica del derecho procesal, la acción por incumplimiento, en lo relacionado a su naturaleza jurídica y a los aspectos procesales que la componen, para finalmente colocar en consideración del lector una propuesta de reforma normativa a la acción por incumplimiento de sentencias internacionales establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales.
Resumo:
Incluye Bibliografía
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El tema del diseño de sistemas apropiados de gestión del agua reviste enorme importancia para América Latina y el Caribe. En este documento, se destaca la asistencia técnica dada a un gran número de países en la formulación y puesta en marcha de leyes, regulaciones y políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos. Esto siempre hecho bajo la óptica de que la inserción sustentable del agua en la economía y en la sociedad depende de un adecuado equilibrio entre intereses públicos, ambientales, económicos, sociales y privados.