1000 resultados para Convenios de la administración pública


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La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés) constituida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la resolución 1542 de 2004 se ha planteado dos grandes objetivos. El primero hace referencia a la reestructruración de la Fuerza Pública haitiana para el aseguramiento de un entorno seguro y estable, mientras que un segundo objetivo responde a la consolidación de un proceso democrático. La intervención de la Misión ha dejado como resultado diferentes alcances y limitaciones. Por otro lado, el estudio de la misma es de particular interés para la comunidad académica latinoamericana ya que Argentina y Brasil han estado liderando la intervención de la MINUSTAH. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente trabajo de grado se centró principalmente en analizar el papel de estos países sudamericanos, como peacekeepers o garantes de paz, en la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

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Busca analizar cuál fue la incidencia del fracaso del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la implementación de la política pública de Seguridad Democrática en Colombia, durante el periodo comprendido de 1998 y 2006.

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El objetivo de este trabajo es caracterizar la dinámica de los recursos humanos en investigación y su producción científica al interior de las comunidades de salud pública y ciencias básicas biomédicas del país. El enfoque de este estudio articula la evaluación del comportamiento de los recursos humanos y el tránsito hacia comunidades científicas, vistos desde la teoría del capital conocimiento (Jaramillo et.al; 2006,2008), con la modelación de las carreras académicas de los investigadores (Dietz y Bozeman; 2005). En este sentido, se estiman los modelos Tobit y de Análisis Multinivel para analizar los Curriculum Vitae (CV) de 5.233 investigadores, utilizando la información suministrada por la Plataforma ScienTI-Colciencias (GrupLAC y CvLAC) actualizada a noviembre de 2007. Los resultados muestran como las carreras académicas de los investigadores en salud pública y ciencias básicas biomédicas difieren significativamente, lo cual se verá reflejado en las tasas de productividad, en la acumulación de experiencia para el desarrollo de las actividades de investigación y en consolidación y caracterización de cada comunidad científica.

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El documento de investigación número 31 de la Facultad de Administración, titulado “Reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Colombia”, presentó la investigación relacionada con los avances sobre la reglamentación y supervisión de este riesgo hasta febrero del 2006, no sin antes contextualizar al lector respecto al marco teórico, y los avances realizados en países como México y España. Esta segunda entrega se realiza debido a la pertinencia del tema y a la falta de conocimiento por parte de la academia de lo que en el presente ocurre en las empresas. Este documento de investigación, además de presentar la indagación realizada respecto a la reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Chile, Perú y Ecuador, pretende resaltar el trabajo realizado por Andrei Mosquera Torres respecto al sistema administrativo de riesgo operacional para una sociedad comisionista de bolsa. El mencionado trabajo, desarrollado por Andrei Mosquera para optar por el título como Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, recoge su experiencia respecto a la administración del riesgo operativo (operacional) en una firma comisionista de bolsa.

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Estas Jornadas tuvieron lugar en Punta Prima, Menorca, en mayo de 1986 y fueron editadas por el ICE de la UIB. Resumen tomado parcialmente de la propia publicación

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Resumen tomado de la revista. Texto presentado en Porto Alegre, el 27 de octubre de 2001

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El presente documento es una revisión detallada de la formación y cambios de la deuda pública colombiana desde la Constitución de Cúcuta hasta 1821, cuando se reconvierte toda la deuda pública externa bajo la ley de 21 de mayo de 1873. Este documento busca señalar los componentes de la deuda a lo largo del periodo señalando cambios importantes por causas externas (guerras) o causas internas (insolvencia y necesidad de recomponer la deuda y sus pagos). Este documento está principalmente basado en la codifi cación nacional de todas las leyes de Colombia a partir del año 1821 y la revisión de otras fuentes secundarias.

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Análisis desde una perspectiva ética del papel que cumplieron los medios impresos Semana, El Tiempo y El Espectador durante las masacres de El Salado y de Bojayá.

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Se repasan los componentes de la enseñanza individualizada en el primer ciclo de la educación primaria, es decir, el profesorado de apoyo, las fichas de apoyo y las actividades con ordenador, y a continuación se propone un sistema llamado agrupación flexible, que pretende llegar a conocer mejor las necesidades y capacidades de cada alumno para responder a la diversidad del grupo, facilitar las actividades y dar las explicaciones adecuadas al nivel de cada niño y niña; respetar el ritmo de aprendizaje, prevenir la aparición de dificultades en el aprendizaje y fomentar el respecto a las diferencias del alumnado. Se plantean los objetivos, la metodología y otras recomendaciones para llevar a cabo este método.

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Resumen tomado de la propia revista. Es la segunda parte de un artículo que se empezó a publicar en la revista anterior

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En noviembre del 2009 después de varias mesas de trabajo entre el sector público, el sector privado, la comunidad y expertos del tema de las veinte localidades del Distrito Capital nace como resultado de un proceso de participación y concertación con los diferentes actores de la comunidad, la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009 2019. El proceso de participación se realizó por medio de 40 talleres, dos por localidad, durante los meses de octubre y noviembre del 2008, donde se garantizaron los espacios para debatir los temas más importantes según la consideración de las diferentes comunidades. La participación ciudadana es el objeto de estudio de la investigación, en este contexto, la pregunta de investigación que se pretende responder a lo largo de este trabajo es: ¿Cuál fue el papel de la participación ciudadana en la formulación de la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009-2019 en la localidad de Suba?.

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Este trabajo busca realizar una aproximación general a los conceptos de salud, prestación pública del servicio de salud y de derechos fundamentales. Es especialmente necesario estudiar a profundidad lo expuesto legal, jurisprudencial y doctrinalmente sobre el Derecho a la Salud; sus principios, elementos y alcance, los cuales son en sí mismo el fundamento de la prestación de los servicios de salud. A su vez, se revisará lo relativo a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que esta responsabilidad es uno de los fines esenciales del Estado consignado en los artículos 2 y 49 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, en virtud del artículo 90 de la Carta Fundamental, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cau-sados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal sentido es importante conocer los escenarios en los cuales las acciones u omisiones de funcionarios y entidades estatales pueden derivar en el incumplimiento de esta obligación. En consecuencia, se analizarán los elementos de la responsabilidad Estatal que se pueden tipificar como causas de incumplimiento en la prestación de los servicios de salud, tales como la falla en el servicio, la falla presunta en el servicio y el daño antijurídico. Es importante recalcar que la responsabilidad del Estado debe ir mucho más allá de la simple doctrina; es necesario que se garantice la aplicación de los recursos y medios para asegurar el cumplimiento, ya que se trata de la preservación de derechos fundamentales y más aún de aquellos relacionados con la preservación de la vida y dignidad de las personas. En tal sentido, se indagarán los compromisos del Estado tales como el deber de regulación y los deberes de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios de salud. Una vez revisado lo anterior, se discutirán las problemáticas actuales que tienen lugar en la prestación de los servicios de salud y por ende en la garantía del derecho a la salud, con el fin de identificar las situaciones de vulneración de derechos fundamentales del paciente.

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En el presente proyecto se realizaron cuatro capítulos que corresponden a unos objetivos específicos; en el primer capítulo, se abordó un estudio analítico del origen, definición, características y naturaleza de las multas contractuales y de las cláusulas penales en el derecho privado, el objetivo fijado era establecer un marco teórico que fundamente los capítulos siguientes. Posteriormente, en el segundo capítulo, se realizó una identificación y evaluación del tratamiento que la legislación ha dado a las multas contractuales y cláusulas penales. En el tercer capítulo, se analizó un caso práctico donde se evidencia la dificultad en la aplicación de estas figuras por la Administración Pública, resaltada por la escasa e imprecisa legislación al respecto. Finalmente, en el último capítulo, se enumeraron y desarrollaron la problemática e interrogantes detectados a lo largo del proyecto, con la idea de establecer soluciones a los vacíos o incongruencias encontradas.