743 resultados para POLÍTICA EDUCATIVA - COLOMBIA


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Este trabajo pretende interpretar a través de la teoría de la elección racional y el realismo crítico que en Colombia no se haya llegado al mismo. Asimismo, se quiere identificar cómo se ha manejado y se ha empleado la figura del acuerdo humanitario en Colombia y esboza las principales razones por las que no se ha concretado una negociación con el gobierno y las Farc en este sentido. Además, busca observar la mencionada figura como herramienta jurídica y política para ser aplicada en una eventual negociación, y finalmente, confronta las posiciones y decisiones políticas del gobierno Uribe y de las Farc para saber por qué no se ha realizado. Los objetivos antes mencionados dan clara evidencia de que el mecanismo para la presente investigación es cualitativo. La manera como se llegará al objetivo principal será describiendo las posturas, las estrategias, las decisiones y las acciones, para evidenciar de qué forma se expresa la maximización de la utilidad a través del abanico de estrategias de cada una de las partes implicadas, observando cómo han ido cambiando las posturas y las decisiones frente al acuerdo. Las teorías escogidas proponen un enfoque el cual permite ver de manera objetiva el porqué los actores han escogido cierto tipo de estrategias y no otras dentro de un escenario donde el conflicto entre ambos es fuerte hablando militarmente, y donde las consecuencias se establecen directamente hacia la población que en últimas es la gran afectada. Con lo anterior, las categorías analíticas para el presente trabajo serán: primero el carácter jurídico a nivel internacional que ha adquirido el acuerdo humanitario; segundo, los intereses que están en juego y los cuales reclaman cada uno de los actores; tercero, las estrategias o cursos de acción que son configurados y/o modificados a la marcha; y cuarto, 4 las decisiones y acciones que los actores realizan para obtener la maximización de su utilidad. Este trabajo es una aproximación a las implicaciones del manejo y el empleo de la figura del acuerdo humanitario en Colombia, desde las perspectivas de la teoría de la elección racional5 y de la interacción estratégica o del realismo crítico6. De esta forma, el presente estudio se ordena en cuatro capítulos. En el primer capítulo se interpretará a través de la elección racional y el realismo crítico el cómo se han configurado las estrategias de acción por parte de los actores que han resultado en decisiones inciertas por lo cual en Colombia no se ha llegado a un acuerdo. En el segundo capítulo, se intenta analizar la figura del acuerdo humanitario como herramienta jurídica y política, teniendo en cuenta los que se han llevado a cabo en el pasado y mostrando cómo ha sido su implementación En el tercer capítulo se confrontan las posiciones y decisiones de cada una de las partes involucradas teniendo en cuenta los escenarios y los hechos acontecidos a lo largo de los dos períodos presidenciales del gobierno de Uribe. Después, se presentan las conclusiones del estudio que recogen las respuestas y finalmente, se encuentran los anexos que sirven como complemento y referencia que ayudan a ilustrar y a sustentar lo dicho en el texto.

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A partir de los avances en materia de descentralización formalizados en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ciudad de Bogotá ha sido escenario de una serie de cambios que han marcado un giro en las políticas públicas de la administración del distrito. La descentralización como proceso histórico, político y económico ha irrumpido en la ciudad, dando respuesta a la necesidad ciudadana de un Estado eficiente, efectivo y eficaz para la solución de sus problemas. Este proceso era necesario para el Estado mismo y sus relaciones con la sociedad, ya que el primero había perdido legitimidad y había cerrado los canales políticos a la ciudadanía, la cual estaba demandando mayor espacio para participar. Así, dentro del marco de esta descentralización se han abierto nuevos espacios para la participación activa de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas distritales. Sin embargo, en la práctica éstos no han sido utilizados de manera continua por la ciudadanía1. En este sentido, el objetivo de este trabajo por un lado, es estudiar qué mecanismos que se han abierto para la participación de la ciudadanía en el marco de la descentralización, y por el otro lado analizar hasta qué punto tienen efectividad y aplicabilidad en los problemas cotidianos de la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero.

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la presente monografía se desarrolla a través de cuatro capítulos. En el primer capítulo, se da a conocer la evolución de la política exterior colombiana hacia el Caribe durante el siglo XIX hasta 1990, con el fin de conocer los intereses y las tendencias que marcaron el accionar internacional colombiano hacia el Caribe y la CARICOM durante el periodo anteriormente mencionado. Pasando de esta manera al segundo capítulo, en el cual se determinan las continuidades y rupturas de la política exterior de Colombia hacia la Comunidad del Caribe desde 1990 hasta hoy, es decir, cuáles fueron y han sido los lineamientos que han marcado la política exterior del país hacia la CARICOM durante las diferentes administraciones. En el tercer capítulo entonces, se busca determinar en qué medida la percepción colombiana de la Comunidad del Caribe ha tenido repercusiones no sólo en el desarrollo de las relaciones políticas entre las partes sino también en lo referente a la parte comercial de las relaciones bilaterales. Todo ello, teniendo en cuenta que el fortalecimiento político genera mayores vínculos comerciales aún cuando el desarrollo de relaciones comerciales empresariales no necesariamente requiere vínculos políticos pero sí fomenta su desarrollo1. Posteriormente, en el cuarto capítulo se establece la medida en que Comunidad del Caribe puede presentarse como un mercado alternativo para las exportaciones colombianas. Para ello, se examina el intercambio con los principales socios comerciales colombianos hasta llegar a la CARICOM y, de esta manera, conocer la base del intercambio comercial entre ambas partes e identificar los factores que restringen, tanto el comercio en general, como la alternativa en que, puede llegar a convertirse la CARICOM para pequeñas y medianas empresas con proyección exportadora y en especial para aquellos sectores que podrían no estar en ventajas competitivas en la vigencia del TLC con Estados Unidos. Finalmente, se plantearán las conclusiones y recomendaciones obtenidas en las reflexiones a lo largo del desarrollo de la presente investigación con el ánimo de aportar al debate constructivo sobre el tema y las potencialidades que puede llegar a tener el aprovechamiento de las relaciones entre Colombia y la CARICOM en el marco del proceso de internacionalización e inserción del país en la Cuenca del Caribe.

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El archipiélago de San Andrés y Providencia tiene lazos históricos con el Caribe Inglés tan sólidos como el resto del país con América latina. El haber sido una colonia Británica lo acerca al gran Caribe, lo que facilita el acercamiento de esta región con Colombia, en términos similares a los que se dan en la dinámica con los Estados hispanos de la zona, convirtiéndose en la puerta de entrada hacia un área que ofrece oportunidades de mercado y cooperación de gran importancia para el país.

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Esta monografía busca analizar la problemática de la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado colombiano, y la respuesta desarrollada por el Estado colombiano frente a esta problemática, durante el período de 2002-2005. A partir de lo anterior, se plantean como objetivos específicos: analizar y examinar las causas socio-económicas y culturales por las cuales el menor ingresa como actor del conflicto, al igual que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los mecanismos y avances del Estado en materia de prevención, y protección al menor que participa directamente en el conflicto, con la finalidad de establecer la responsabilidad estatal frente a esta problemática. Según los intereses que busca responder la presente investigación, se utilizó el método de análisis cualitativo descriptivo, y aunque se examinaron algunas cifras y comportamientos del menor en forma estadística, estos fueron instrumentos que fortalecieron el análisis cualitativo, en la medida que permitió una mejor aproximación, comprehensión y explicación de la vinculación del menor al conflicto.

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Esta monografía es un análisis del manejo geopolítico de la órbita geoestacionaria (GEO) por parte del Estado colombiano, a partir de la determinación de la política de prestigio implementada por el gobierno, respecto al Derecho del Espacio Ultraterrestre, como elemento determinante de su estrategia de incursión en el escenario internacional. De esta manera, el documento pretende analizar las implicaciones que ha tenido en la construcción del poder nacional del Estado, el manejo geopolítico de la GEO, como un punto necesario en el diseño de una sólida y eficiente política exterior así como su correspondiente estrategia de incursión en el escenario internacional. Con base en lo anterior, se plantean como finalidades particulares del análisis, el establecer cuáles son las condicionantes geopolíticas en términos tecnológicos, comerciales y de soberanía de la GEO; Examinar el régimen de influencia que ejercen los intereses prioritarios de las potencias que usan el espacio de la GEO en la definición interna del manejo del espacio ultraterrestre y la política exterior, en función del manejo del espacio de la GEO correspondiente a Colombia; Analizar cual ha sido la respuesta política y diplomática de Colombia frente al problema de sus derechos de usufructo comercial y científico de la GEO; y por último, presentar a manera de conclusiones y recomendaciones, los elementos que deben incorporarse en la actual política exterior en función de una correcta proyección geopolítica del Estado Colombiano en materia de utilización de la GEO.

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El presente proyecto investigativo expliacará la influencia de la filosofía barroca reflejada en la sociedad criolla de los siglos XVI, XVII, XVIII a traves de las pricipales menifestaciones del pensamiento político.

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La Autonomía Universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, le otorga a las Universidades la facultad de poder regularse filosóficamente y de determinarse administrativamente. Es claro que el principio de la autonomía universitaria, se considera como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ya que no se puede concebir un Estado, aparte de las ciencias del saber. Las Universidades, después de la expedición de nuestra actual Carta Política, han gozado de una independencia, lo cual las faculta para tomar decisiones tanto en el ámbito académico, en lo relativo a periodos, materias y notas, como en lo concerniente a su ámbito social, esto es elección y promoción de profesores, nombramiento de directivas y adopción del régimen de alumnos y docentes. Esta independencia por parte de las Universidades de cualquier poder público, no quiere decir que puedan adoptar decisiones arbitrarias, al contrario deben ser estas las primeras en acatar mandatos superiores, dado el papel preponderante que cumplen en la sociedad.

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La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, fue elevada a rango constitucional en la Carta Política de 1991, en calidad de cuerpo consultivo del presidente de la República (articulo 225), lo cual incidió en el interés de desarrollar esta tesis, por cuanto comprende la necesidad de realizar un examen de los argumentos de fondo históricos, políticos y jurídicos que le concedieron a esta institución reconocimiento a nivel constitucional.

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El análisis que se piensa hacer en el presente trabajo, es analítico deductivo, en cuanto pretende mostrar el estado del arte referente a las implicaciones que en el Derecho penal puede tener una teoría sociológica, que pretende abordar temas atinentes a la ciencia del derecho de una manera conceptualmente ilustrativa. Pero vale la pena aclarar de entrada, que en donde mayor repercusión, en el Derecho penal, llega a tener dicho enfoque, es en la política criminal que desarrolla el Estado a través del legislador. Es dicho marco el que le ha servido de referencia para variar y ampliar sus contenidos de protección. Posición que no ha prosperado sin objeción alguna, pues un gran sector de la doctrina se muestra reacio al arquetipo que promulgan quienes se adhieren a su postura, debido a la firme creencia que no es el Derecho penal al que le corresponde dar soluciones a problemas macrosociales. De ello se desprende la valoración de determinados bienes jurídicos, y en esa medida las formas concretas de protección que reviste un modelo penal expansivo, en cuanto encuentra objetivos dignos de protección analizados en clave sociológica.

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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.

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Riqueza negra que no se ve es un reportaje periodístico que tiene como objetivo analizar el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) promulgado por el Gobierno Nacional bajo la Ley 1530 de 2012. Específicamente, se seleccionó como estudio de caso Yopal, Casanare y algunos otros territorios donde se llevan a cabo actividades de explotación de recursos no renovables con el propósito de analizar junto a la población civil y autoridades gubernamentales el SGR y su impacto para el desarrollo social de la población colombiana.

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En el presente trabajo de grado, estudiaremos la utilidad de la Consulta Previa como instrumento político, a partir del análisis del proceso adelantado entre el Resguardo Santa Teresita del Tuparro y la Petrolera BHP Billiton en el año 2010, en el municipio de Cumaribo, Vichada, identificando si existen fortalezas y buenas prácticas que permitan equilibrar el interés general y el de las minorías, en beneficio de la gobernabilidad dentro del contexto colombiano. Para cumplir con el objetivo descrito, haremos un análisis de los diferentes roles de los actores involucrados en el presente estudio de caso, desde los conceptos de legitimidad y representatividad y analizaremos si la Consulta Previa adelantada de manera idónea, mediante la aplicación de principios como buena fe, transparencia, comunicación asertiva, y reconocimiento mutuo entre los actores, puede ser una herramienta eficaz, dentro de la democracia participativa.

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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación. 

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El objetivo de esta investigación es examinar desde una perspectiva ecológica la salud mental de los adolescentes desplazados por la violencia política en Colombia. Se tomó como base el modelo ecológico integrado del impacto del trauma de Elbedour, ten Bensel y Bastien (1993), que estipula la influencia combinada de diferentes niveles de factores unidos a la experiencia traumática, factores individuales y factores proximales que vienen de la familia, y de los factores sociales de la red social familiar. El estudio se realizó con 98 jóvenes en edades entre los 9 a 16 años (M= 12.5 años, dt= 2.18), habitantes de las afueras de Barranquilla, de los cuales 48 son desplazados por la violencia (26 de sexo masculino, 22 de sexo femenino) y 50 son sedentarios pobres (26 de sexo masculino, 24 de sexo femenino). Los cuestionarios se escogieron en función de su utilización en contextos de pobreza y/o violencia (Macksoud, 1992; Macksoud & Aber, 1996; Macksoud, Aber, Dyregrov & Raundalen, 1990). Los resultados muestran que los adolescentes desplazados son más deprimidos y ansiosos que sus pares sedentarios. La ansiedad está unida al número total de eventos traumáticos, mientras que la depresión se explica más bien por la separación de los padres. Las competencias sociales y el ambiente social actúan como factores protectores. Entre los factores del ambiente social se observa el hecho de vivir en una familia extensa y de inscribirse en una red social que incluye a los amigos de la familia.  En su conjunto, la familia y la preservación de su unidad aparecen como elementos cruciales.