588 resultados para Derecho administrativo-México-Casos
Resumo:
El presente trabajo académico de investigación trata sobre el reconocimiento constitucional de la propiedad de los territorios comunales ancestrales existentes en el Distrito Metropolitano de Quito en relación con la problemática del ordenamiento y control urbanístico debido a que históricamente han estado excluidos de los modelos de gestión territorial por reunir unas características distintas al modelo de propiedad individual. Esta exclusión se evidencia en la falta de un cuerpo jurídico normativo en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito que establezca criterios sobre la aplicación del Derecho Urbanístico en las comunas ancestrales. El abordaje temático se realiza en tres capítulos. En el primero se muestra el proceso de conformación de las comunas ancestrales como procesos históricos de resistencia socio cultural que han obtenido el reconocimiento de que al Ecuador selo defina como un país unitario pero diverso en aplicación de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Posteriormente, se examinanlosprincipales aspectos del Derecho Urbanístico existente en el modelo de gestión territorial ecuatoriano caracterizado por el principio de descentralización, recogido teóricamente en la normativa ecuatoriana pero polémico en la aplicación práctica; y, la participación protagónica de los sujetos sociales en la gestión pública. Para finalmente, vincular la teoría analizada con la realidad territorial comunal aportando a través de la generación de sugerencias prácticas en la solución de los principales problemas urbanísticos que se recogen en un proyecto de ordenanza metropolitana.
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Este ensayo analiza el nacimiento y la caída de la historia marxista latinoamericana a lo largo del siglo XX. Se examinan dos casos representativos durante el resurgimiento de la misma en los últimos diez años: uno de ellos en Argentina y el otro en México. Casos similares se han dado en otros países de la región, pero el argentino y mexicano ilustran dos maneras opuestas de abordar el renacer de la historia marxista
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El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal analizar la aplicabilidad del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al incorporar la institución jurídica de la contratación preferente, y realizar un estudio comparado respecto de las contrataciones preferentes en otras legislaciones. El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna. Las entidades contratantes deben establecer condiciones que permitan una participación igualitaria, sin incluir requisitos que limiten o sitúen a determinados oferentes en una posición de superioridad o de preferencia. La incorporación de la institución jurídica de la contratación preferente, al parecer, quebrantaría el principio de igualdad; por ello, se pretende analizar su aplicabilidad en los procedimientos precontractuales, con énfasis en la cotización y menor cuantía, e identificar como opera este principio al incluirse márgenes de preferencia a favor de actores de economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y si tal preferencia, convierte a estos procedimientos en incluyentes y excluyentes a la vez, por las características establecidas en cada uno de ellos. La investigación que consta de tres capítulos, se desarrolla desde la óptica del Derecho administrativo, se aborda el principio de igualdad como equidad, lo que permite identificar la importancia del mismo en los procedimientos precontractuales, a través del análisis jurídico comparativo, histórico y jurídico constitucional, así como el legal actual, que establece ciertas excepciones que relativizan al principio de igualdad; permitiendo despejar las dudas respecto de su aplicabilidad.
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La presente investigación académica procura demostrar que el principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad, está contenido implícitamente en la Constitución de la República vigente en el Ecuador, misma que es de directa e inmediata aplicación por las autoridades de la Administración Pública, al momento de emitir actos administrativos. Para ello, en el primer capítulo se presenta un estudio inicial sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad referido, su definición, historia, referencia normativa y jurisprudencial. Posteriormente, se estudia al nuevo marco constitucional ecuatoriano, así como la vinculación que existe entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional conforme la nueva Ley Suprema. Se aborda el tema de las potestades y competencias como medio que permite la actuación de las autoridades públicas, y también se estudia al instrumento que sirve para expresar la voluntad de la Administración Pública, me refiero, al acto administrativo. En un segundo capítulo, se enfatiza y explora a los derechos y garantías constitucionales que en el Ecuador contribuyen a que exista la prohibición de la arbitrariedad en la emisión de actos administrativos, me refiero a la motivación, legalidad actual juridicidad, respeto al debido proceso y tutela judicial efectiva. Por último en el tercer capítulo, el bagaje teórico expuesto será aplicado en el estudio de la arbitrariedad con temas como el desvío de poder, la discrecionalidad, la razonabilidad y sobretodo como el tema central de este trabajo de investigación que es la prohibición constitucional de arbitrariedad en la emisión de actos administrativos. Al final, se anotan las conclusiones generadas como resultado de la investigación jurídica realizada.
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La Constitución de la República y demás legislación secundaria establecen la posibilidad de delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos entre otros a la iniciativa privada, la cual de forma recurrente es autorizada para ejercer actividades de comercialización de combustibles; la referida actividad se constituye en un servicio público que por sus características e importancia debe ser analizado y comprendido de forma integral. El objetivo planteado en el presente trabajo es analizar el contenido y alcance de la delegación administrativa para prestar servicios públicos y así establecer entre otras cosas su pertinencia, aplicación, regulación, y control en la esfera administrativa. El problema materia de la presente investigación se justifica por cuanto del análisis del mismo se establece cualidades que posibilitan en forma científica resaltar los aspectos que determinan la presencia de la problemática a investigar, la misma que se cimienta en los parámetros de: actualidad, importancia, relevancia, y factibilidad. La investigación se sujeta a los lineamientos del método científico que versa sobre aspectos de recolección de información de fuentes fidedignas, reales y lógicas que fundamenta la aplicación de métodos auxiliares como el inductivo y deductivo. Por otra parte, la doctrina, la literatura académica importante que se va a utilizar en la presente investigación será extraída de disposiciones normativas, libros, folletos, y demás documentos relacionados con el tema a investigar. Como resultado de la investigación se espera lograr una mejor aplicación y uso adecuado de las figuras jurídicas de delegación administrativa, mismas que permitirán satisfacer necesidades de carácter general que contribuyan al bien común y al cumplimiento de los fines del Estado.
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La presente investigación tiene como objeto analizar si el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de Ecuador, elaborado por la Función de Transparencia y Control Social, es o podría convertirse en una herramienta adecuada para combatir la corrupción y qué mecanismos, actividades, programas y políticas servirían para lograrlo. La tesis abarca en el primer capítulo el marco conceptual sobre lo que significa la corrupción, el análisis de sus causas y consecuencias para sentar las bases de una definición que sirva de fundamento teórico durante la investigación. En el desarrollo se resalta el alcance de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, el marco jurídico actual haciendo énfasis en los principales instrumentos internacionales que se han suscrito como país en dicha materia y, el papel de la Función de Transparencia y Control Social. El segundo capítulo aborda la manera cómo se intenta combatir la corrupción mediante la participación ciudadana y el control social, en especial se detallan a profundidad los mecanismos que servirían de herramientas para que la ciudadanía se convierta en un actor fundamental para frenar la corrupción. El tercer capítulo explica cómo se construyó y cuáles son los elementos del Plan Nacional de Lucha y Prevención contra la Corrupción, que es la guía más importante con la que cuenta el país en la actualidad para dirigir y articular la lucha contra la corrupción. El cuarto capítulo enfoca la medición de la corrupción, cuyo sistema constituye una falencia del Plan y, a partir de ese análisis, propone una serie de indicadores que constituyen una hoja de ruta para alcanzar ese objetivo. En la parte final expone las conclusiones y las recomendaciones.
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Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 en lo concerniente a la organización de la administración de justicia. se dio un giro radical, pues se impuso el nacimiento de una nueva Función Judicial acorde a la nueva concepción del Estado. Este cambio radical daría lugar para que el legislativo dicte una ley que establece los principios, sienta las bases de la organización de los diferentes organismos que integran la Función Judicial, concebida como una unidad, y determina las normas a las cuales han de someter su actuación quienes intervienen en el proceso judicial. El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida constitucionalmente y el reconocimiento del poder para el establecimiento de sanciones a determinadas conductas consideradas como lesivas al ordenamiento jurídico, son unos de los asuntos que también se desarrollan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y es a partir del análisis de esas normas, de la doctrina y la jurisprudencia que pretendo determinar con mi estudio los rasgos esenciales que definen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y establecer si el procedimiento administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico funciona en estricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de un principio que permite evitar los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad discrecional atribuida al órgano de control y garantizar que exista una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. En otras palabras, el objetivo de esta tesis es realizar un análisis dogmático y normativo del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y su sujeción al principio de proporcionalidad. Para tal efecto, he realizado una tarea de recopilación y análisis de algunos textos doctrinarios en materia administrativa, entre los que juegan un rol preponderante las elaboraciones de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Casaggne, Javier Vidal Perdomo, los mismos que por su precisión técnica, me han proporcionado una clara orientación para mi estudio.
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El presente ejercicio de investigación pretende ser un referente teórico que dilucide interrogantes existentes sobre si el derecho preferencial o prioritario que tiene el Estado en la gestión de las telecomunicaciones resulta beneficioso para los usuarios, o por el contrario si con ello, al existir un monopolio legal, se limita el desarrollo de nuevos servicios y la eficiencia en la prestación de los actuales. Con el objetivo señalado hemos desarrollado la investigación en tres capítulos que contienen varios acápites. En primer lugar se ha trabajado en los contenidos académicos y doctrinarios que permitan entender los conceptos de servicio público, la forma de prestación de esos servicios y la posibilidad de delegación de esa gestión, así como, las telecomunicaciones entendidas como una actividad que debe ser prestada a través del servicio público. En el segundo capítulo analizamos el régimen jurídico que ha regulado el tema de las telecomunicaciones en el país, que se han considerado históricamente un servicio público. El modelo de prestación de ese servicio ha variado en diversas épocas, primero mediante un régimen de exclusividad regulada, luego mediante el régimen de libre competencia, y a partir del año 2008 como un sector estratégico, prioritario para el Estado con un modelo definido para su prestación, mediante empresas públicas. El tercer capítulo es dedicado a la regulación actual de las telecomunicaciones, la forma en la que se presta en estos momentos, haciendo un especial análisis del servicio móvil avanzado que merece un estudio separado debido a la forma de gestión particular que ha tenido y tiene ese servicio.
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El presente trabajo investigativo pretende ventilar la problemática existente en el derecho ecuatoriano referente a la arbitrabilidad de los actos administrativos que se derivan de la existencia de una relación contractual en donde una de las partes es la Administración. El conflicto se origina cuando a pesar del reconocimiento del arbitraje como un mecanismo heterocompositivo de solución de disputas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico vigente, existe vaguedad en la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, lo que impide a los árbitros ejercer su competencia a cabalidad, pues existe el riesgo que ante tal vacío, la declaratoria de competencia del Tribunal resulte en violaciones a derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, o a nivel legal la nulidad de la decisión proferida. Para ello, en el primer capítulo de este trabajo académico se estudiará el marco teórico que rige a los actos administrativos, a la contratación pública y al arbitraje, a partir de tres criterios: el legal ecuatoriano, el doctrinario y el derecho comparado. Atender las similitudes en otros derechos permitirá al Ecuador determinar la existencia de una solución al problema jurídico planteado. En el segundo capítulo, se desarrollará la institución arbitral en el Ecuador, estudiado desde un punto de vista histórico, revisando los requisitos constitucionales y legales que imperan dentro del mismo, y los elementos que permiten la existencia del arbitraje, la transigibilidad y la competencia arbitral. Finalmente dentro de este capítulo se estudiará y resolverá el fondo de la problemática, analizando los tres escenarios posibles en cuanto al problema: i) arbitrabilidad total, ii) negativa a la arbitrabilidad de los actos administrativos y, iii) una posición intermedia. Para finalizar, se detallarán las conclusiones de este trabajo y se consignarán algunas recomendaciones que solucionen la problemática.
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El tema materia de esta tesis comprende dos partes: (i) La responsabilidad del Estado análisis conceptual, doctrinario y jurídico de la responsabilidad directa, indirecta, patrimonial, contractual, extracontractual, análisis de las teorías de responsabilidad del Estado para profundizar sobre la acción de repetición, generalidades y características, objetivos, evolución histórica, evolución constitucional en nuestra legislación. (ii) Fundamentos constitucionales y legales de la acción de repetición, el servicio público, los servidores públicos y sus tipos de responsabilidades como las responsabilidades administrativa y civil, la acción de repetición a través de la historia constitucional, la acción de repetición en la constitución de la república del 2008, la acción de repetición en la normativa vigente, la acción de repetición en materia constitucional, procedimiento actual, el legitimado activo, requisitos de la demanda, documentos que debe acompañar a la demanda , Juez competente, la acción de repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, Procedimiento, De la jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso de Apelación, el análisis comparativo con la legislación colombiana, requisitos para la acción de repetición, aspectos sustanciales, procesales. Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición.El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla.
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El tema elegido para este estudio la materia disertación sobre la viabilidad de la Tesorería a buscar refugio a la corte anuló la decisión administrativa firme, dictada en lugar del procedimiento administrativo, fiscal, cuando tal decisión no es favorable a la Administración Pública Fiscal, o favorable para el contribuyente . El cálculo de la cuota a pagar se debe a las actividades administrativas relacionadas jurisdicción de la Administración Pública de la finca conocida como la evaluación de impuestos. En este sentido, la puesta en marcha, analizados desde la perspectiva del derecho administrativo, puede calificarse de acto jurídico administrativo. Para la constitución de la puesta en marcha es posible realizar tres pasos: a) un acto en la preparación para el tema de los impuestos - la revisión y evaluación, b) el acto administrativo de la liquidación del impuesto en sí o la aplicación de sanciones administrativas, el procedimiento c) el impuesto administrativo. Realizó la inspección y la investigación se ha iniciado para formalizar el acto administrativo del propio lanzamiento. Después de la puesta en marcha, con el homenaje que se está abierto a los contribuyentes dentro de la composición del tributo rechazo en libertad, que ofrecerá desafío para lanzar. Este paso es iniciar el "procedimiento administrativo tributario." La etapa procesal se caracteriza por ser un procedimiento de investigación o control de la legalidad de los actos administrativos en los que el contribuyente para mostrar su descontento con el lanzamiento de lo ya realizado. La evolución de los actos que lleva a cuestiones de procedimiento de especial importancia para esta tesis es que la decisión final sobre el procedimiento administrativo de impuestos o el control de la legalidad del acto administrativo de la liberación. Idea que se debe tener es que la decisión final es poner fin a fin o destino del impuesto procedimiento administrativo. Aquí están las preguntas de la tesis doctoral, por ejemplo, usted puede cancelar la corte real hacienda de la decisión administrativa dictada por el Consejo Administrativo de Apelación Reder, cuando decisum que conduzca a la privada? ¿Cuáles son los efectos de la decisión final? Con fuerza de cosa juzgada o impedimento administrativo? Se opone a la revisión por el poder judicial? La decisión administrativa es un acto administrativo? Puede ser cancelada o revocada por el Poder Judicial? Dada la divergencia en la doctrina y la jurisprudencia trata de resolver el problema que lo llevan a la solución definitiva al respecto. El autor llega a la conclusión de la imposibilidad, por regla general, y la oportunidad, como excepción a la Tesorería para solicitar la anulación del impuesto de la decisión administrativa final ante el Poder Judicial
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Incluye Bibliografía
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El presente material bibliográfico busca que el lector conozca y comprenda el marco ético-jurídico en el cual se desenvuelven las personas y las organizaciones, así como el Derecho Administrativo y su vinculación con la Constitución Nacional. También se propone que reconozca la importancia de la seguridad en la sociedad, que interprete y comprenda la misión del servicio de protección a la sociedad, que reconozca que la complejidad de la sociedad y la importancia de una ciudadanía responsable y que valore críticamente los diversos posicionamientos teóricos para el abordaje de la problemática de las organizaciones sociales y la seguridad social. Se editó como material de aprendizaje destinado al personal de seguridad pública de la Provincia de Mendoza en el marco del proyecto pedagógico con modalidad a distancia para la terminalidad de estudios de EGB3 y Educación Polimodal –EDITEP–, implementado a partir de la firma del Convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, en octubre de 2003.