986 resultados para impulso


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La educación superior ha experimentado cambios muy importantes en los países iberoamericanos en las tres últimas décadas, que han afectado tanto a su crecimiento cuantitativo como a su diversificación institucional, incluida la expansión de la enseñanza privada de este nivel. A pesar de los avances registrados en estos años, continúan planteándose algunos problemas importantes. Para dar respuesta a los desafíos actuales se ha optado por reforzar las relaciones entre países en el conjunto de la región, impulsando iniciativas de internacionalización. Entre ellas destaca el impulso de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, promovido por las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Uno de sus pilares fundamentales es el ámbito de la educación superior, de la que se espera que contribuya a reforzar la integración regional mediante su fortalecimiento. Uno de sus objetivos consiste en reforzar los lazos entre las instituciones de educación superior. En ese contexto, la movilidad académica, tanto de estudiantes como de profesores e investigadores, debe realizar una contribución decisiva. Aunque se han puesto en marcha algunas iniciativas valiosas, como el Programa Pablo Neruda, es necesario seguir avanzando en esta dirección en los próximos años.

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Da falhada Convenção Europeia ao Tratado de Lisboa, houve um caminho feito, nomeadamente na delimitação que cada Estado pode definir para as áreas de interesse geral, não submetidas às regras dominantes da concorrência, na venda de bens e serviços. A questão central, hoje em dia, é a da criação de mecanismos que facilitem uma efetiva governação económica europeia, cada vez mais necessária a partir da criação do Euro. Da Europa dos Seis à Europa dos 28, um longo caminho foi percorrido. É preciso agora dar um novo impulso que corresponda às aspirações fundamentais dos europeus.

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Os «objetivos do Milénio» constituem um dos maiores desafios com que a Humanidade está confrontada. Retirar da pobreza extrema quase dois biliões de pessoas e conferir-lhes condições para a existência de uma vida condigna constituíram um propósito assumido por 191 países sob impulso da ONU e de um homem em particular: Kofi Annan. Perceber se esta organização está em condições de poder assumir a coordenação da implementação dos objetivos promovendo em simultâneo a reforma da ONU, reclamada por Kofi Annan como essencial para a prossecução destes objectivos, é o que se pretende com esta reflexão.

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O âmbito deste trabalho reside no contributo da Farmacovigilância para um Uso Racional do Medicamento, focando o relevante papel do farmacêutico nestes dois campos. A Farmacovigilância tem uma actuação a nível mundial, com um objectivo bem claro, o uso seguro do medicamento. Tem-se verificado uma evolução ao longo dos séculos, tendo sido a ocorrência de tragédias o impulso para a implementação de Sistemas de Farmacovigilância, a tragédia que ocorreu com a administração de talidomida a mulheres grávidas foi um dos grandes marcos para a criação do Sistema Internacional de Farmacovigilância. A Reacção Adversa a Medicamento(s) (RAM) é uma consequência do risco subjacente à utilização de fármacos, estando por isso a Notificação Espontânea (NE) de RAMs na base da Farmacovigilância. Todos os que contactam com tratamentos terapêuticos devem notificar, falamos portanto de profissionais de saúde, da indústria e dos utentes. Não menosprezando qualquer efeito adverso que decorra da utilização de um medicamento, deve-se notificar todas as RAMs estando elas já reconhecidas ou não. O Uso Racional do Medicamento pressupõe a intervenção do médico, do farmacêutico e do utente, havendo o objectivo bem claro através de várias medidas implementadas e do apoio dos Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) de uma prescrição, uma dispensa e um uso correctos. O farmacêutico é parte activa da Farmacovigilância e do Uso Racional do Medicamento. O farmacêutico tem contacto não só com a prescrição como com a dispensa e com o evoluir do tratamento terapêutico, sendo portanto um monitorizador. Devido à proximidade do dia-a-dia entre farmacêutico e doente cabe a este profissional de saúde educar para um uso correcto e seguro do medicamento, transmitindo sempre um elevado nível de confiança e fiabilidade.

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La descentralización se está llevando a cabo con rapidez en muchos países de América Latina y el Caribe. La responsabilidad del suministro de servicios y del gasto público se está delegando cada vez más en los gobiernos locales, pues es evidente que los gobiernos descentralizados son más eficientes para responder a las demandas por la provisión de servicios, más flexibles para adaptarse a los cambios en las circunstancias locales y más responsables frente a la población local que los gobiernos centralizados. En efecto, los gobiernos locales son mejores que los centrales en reconocer las necesidades y preferencias de sus residentes, lo que puede traducirse en proporcionar un mayor nivel de bienes públicos en cada jurisdicción, puesto que para sus habitantes es más fácil responsabilizar a los funcionarios locales que a los funcionarios del nivel central. Por lo tanto, las consideraciones de eficiencia a largo plazo indican que el reciente impulso descentralizador en la región es un acontecimiento muy favorable.

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La evolución de la sociedad ha determinado nuevos mecanismos para la solución de conflictos entre los individuos, este proceso ha tenido un fuerte impulso en el Ecuador, a partir que en el Art. 191, inciso 3, de la Constitución Política de la República del Ecuador, se reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación y una participación cada vez más activa de organismos como la Cámara de Comercio de Quito. El propósito de esta Tesis, es en primer lugar establecer el sustento legal de la Mediación como mecanismo alternativo en la solución de conflictos; si bien la mediación garantiza su éxito o fracaso en la voluntad de las partes, es importante la vinculación que tiene con las otras normas legales del país, con el objetivo final de conocer que modificaciones importantes se requiere para impulsar su debida utilización. Así como es importante conocer como este mecanismo tiene su reglamentación en cada uno de los órganos establecidos, sea la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio de Quito, el Centro de Mediación Judicial de Quito, la Procuraduría General del Estado, y el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pichincha. El objetivo de esta Tesis es tratar de proponer mecanismos que impulsen la Mediación, como un proceso idóneo para la solución de conflictos, vinculado siempre a la legislación existente y verificar las posibilidades de mediación en el ámbito del sector privado y público. En este contexto se hace una revisión del proceso en los distintos órganos de mediación a través de una pequeña evaluación de los logros obtenidos y se profundiza en el análisis de casos en el sector público en los cuales se confirma que los procesos de mediación no pueden oponerse a la legislación general vigente para la administración de los recursos públicos.

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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integración regional sudamericana a través de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecológicos del continente. Tanto el ambiente como las personas están en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificación, que abarcan represas hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que más ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indígenas, ya que buscaría convertir al río Napo en una hidrovía para el transporte de mercaderías en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biológica del planeta por su especial ubicación, así como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los años. Dada la particular relación con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de “desarrollo” o “integración regional” en sus territorios ancestrales. Los objetivos específicos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estándares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurídico, tomando como eje su adecuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurídicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen instrumentos jurídicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantías ya no sólo jurisdiccionales, sino también políticas y normativas en la nueva Constitución, son avances que debemos aprender a utilizar para la protección de los derechos y el ambiente. En esta investigación, en primer lugar se hace una aproximación descriptiva a IIRSA, a continuación se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amazónico, pasando directamente al análisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta sección se tratan los estándares internacionales en materia de participación social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a la información pública, beneficios compartidos y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho al desarrollo como un derecho síntesis, que pretende un reforzamiento y profundización de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.

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Al comparar las opciones de explotar el petróleo en el campo ITT o mantenerlo bajo tierra mediante la Iniciativa Yasuní-ITT se encuentra que tanto para el Ecuador como para la comunidad internacional la segunda alternativa es más ventajosa, creando una situación ganar-ganar, en la que todos los actores se benefician frente a la explotación de petróleo. Para el Estado ecuatoriano, desde un punto de vista financiero, la Iniciativa Yasuní-ITT representa un mayor ingreso de recursos, tanto en el corto como en el largo plazo. El país en su conjunto se beneficia por la preservación de la biodiversidad en uno de los lugares de mayor riqueza biológica del planeta, por el respecto a las culturas de los pueblos no contactados, por el inicio sólido de una transición hacia una economía post-petrolera, con desarrollo de fuentes renovables de energía, racionalización del consumo energético, progresiva eliminación de la deforestación e impulso a la reforestación, y desarrollo social con generación sustentable de empleo. Además el Ecuador se beneficia al convertirse en un país pionero a nivel mundial en mecanismos novedosos de mitigación del cambio climático. Para la humanidad en su conjunto, las tres principales ganancias son la mitigación del cambio climático, con la creación de un mecanismo que puede replicarse internacionalmente para mantener inexplotadas reservas de combustibles fósiles en países megadiversos en desarrollo que posean las reservas mencionadas, la preservación de la biodiversidad en un lugar de extraordinaria riqueza y endemismo, y la supervivencia de culturas indígenas no contactadas en la Amazonía.

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El autor explica el cambio en la naturaleza y sentido de las relaciones entre ambas naciones, luego de la firma de los acuerdos de paz, en octubre de 1998 en Brasilia, culminando un proceso gestado en 1991. El artículo aborda las diversas acciones de cooperación e interdependencia que se han ido forjando entre ambos países y sugiere una agenda para profundizar la relación bilateral en los siguientes años, que incluye el impulso a iniciativas conjuntas en el marco de la política exterior común de la CAN.

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Realiza un análisis de la economía ecuatoriana y de sus políticas de desarrollo económico como la sustitución de importaciones e impulso a la industrialización interna y los impactos en la economía de los ajustes estructurales y las reformas neolibarales. Estudia las estrategias de desarrollo en el Ecuador incluyendo la dolarización y expone la precaria situación de vida de la sociedad. Analiza la forma en que se distribuye la riqueza en el país y compara su situación económica con otros países de la región, dando a conocer los coeficientes Gini y los niveles de inequidad. Analiza modelos alternativos de desarrollo más equitativos y sustentables para el país. Finalmente estudia el contexto político del país bajo la presidencia de Rafael Correa, su política económica y social, particularmente el desarrollo de la economía solidaria.

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El impulso de este trabajo se efectúa a base de un proceso de investigación y de experiencias personales en el trámite de contrataciones sometidas a la norma de excepción contemplada en el artículo seis, letra a) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, pues he podido establecer que dentro de una misma Institución del Estado, a quienes es aplicable las disposiciones de la mencionada Ley, no existe uniformidad de criterios para procesar las contrataciones bajo el régimen de excepción, ya que se establecen procedimientos, términos, condiciones y plazos, que difieren unos de otros, no obstante que se trata de procesos similares respecto de la ejecución de una obra o prestación de servicio vía exoneración de procedimientos precontractuales bajo declaratoria de emergencia. El objetivo principal del análisis, evaluación, conclusiones y recomendación, en el que se incluyen ciertas reformas principalmente al Art. 5to. del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, a los que se llega en el desarrollo de esta Tesis, es procurar que las Entidades que conforman el Sector Público, para contratar bajo el régimen de excepción, cuenten con parámetros claros y determinados para que se uniformice el procedimiento de contratación bajo excepción, coartando la ambigüedad y la interpretación antojadiza que al momento contempla el Reglamento General a la Ley de Contratación Pública, lo que en cierta forma y a mi criterio, a dado lugar para que una determinada contratación vía emergencias, adolezca de transparencia.

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El presente trabajo está dirigido a determinar cómo operan las reformas de segunda generación en el ámbito educativo, así como los consensos y contradicciones encontrados en su implementación. El primer capítulo está dedicado a describir la segunda generación de reformas desde una visión retrospectiva, iniciando con la adopción del Consenso de Washington, su crítica por la exclusión de los temas sociales y del rol estatal en el modelo económico; hasta culminar con la visión neo institucional contenida en las reformas de segunda generación, donde se regula la interacción humana, limitando el papel del estado como catalizador del desarrollo. Este nuevo enfoque ubica a la educación y capacitación como su sustento, la primera al concebirla como la herramienta capaz de interiorizar y fomentar la aceptación del Consenso; y la segunda al cualificar y complementar la educación. La segunda parte corresponde al análisis de los límites y aciertos de la implementación de las reformas de segunda generación en las políticas de educación y capacitación impulsadas desde la gestión de agencias multilaterales de financiamiento (BID y BM) y el estado ecuatoriano, actores que desde una perspectiva neoliberal promueven que la inversión en conocimiento se convierta en el impulso a la competitividad de la fuerza laboral, a través de aspectos como calidad, equidad, sistemas de evaluación, inclusión de nuevos actores, adaptabilidad geográfica, entre otros. El desarrollo de la tercera parte se centrará en el impacto del programa A Ganar en Ecuador, una iniciativa que nace desde el BID para insertar a los jóvenes en el mundo laboral a través de la capacitación en valores (cuya metodología emplea la disciplina del fútbol), cursos técnicos y una experiencia laboral.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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El propósito del análisis de la presente investigación, cuyo título es: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA”, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significación del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institución en la administración y fortalecimiento de la justicia, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia; y que gracias a la globalización se encuentran presentes en los países latinoamericanos y por ende en los países andinos, por el impulso de factores irresistibles. Señalado lo anterior, cabe describir sintéticamente el contenido explorado y explotado en ésta investigación, así se tiene que: En el Capítulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, así como los presupuestos jurídicos que la sustentan. El Capítulo II, está referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremacía Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitución de la Constitución, entendida ésta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmático y orgánico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Capítulo III, explicándose la diferencia entre el Control Político y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por países en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la Región Andina; y su efectividad respecto de los regímenes democráticos. En el Capítulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitución de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboración de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Capítulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurídica, composición, su estructura orgánica y, finalmente, se examina el estatuto jurídico – constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de éste órgano de control constitucional, así como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo éste capítulo, con el enfoque de la actuación del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del régimen democrático boliviano y en la consolidación de la Constitución, permitiendo así la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdicción constitucional diseñado se fortalezca cada día más en busca de una jurisdicción constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realización y análisis de los capítulos enunciados, se recurrió a fuentes bibliográficas y documentales, así como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematización de ésta investigación jurídica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intérprete supremo de la Constitución refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.