Inter-regional redistribution through infrastructure investment: tactical or programmatic?

In this paper we analyze the effects of both tactical and programmatic politics on the inter-regional allocation of infrastructure investment. We use a panel of data for the Spanish electoral districts during the period 1964-2004 to estimate an equation where investment depends both on economic and political variables. The results show that tactical politics do matter since, after controlling for economic traits, the districts with more ‘Political power’ still receive more investment. These districts are those where the incumbents’ Vote margin of victory/ defeat in the past election is low, where the Marginal seat price is low, where there is Partisan alignment between the executives at the central and regional layers of government, and where there are Pivotal regional parties which are influential in the formation of the central executive. However, the results also show that programmatic politics matter, since inter-regional redistribution (measured as the elasticity of investment to per capita income) is shown to increase with the arrival of the Democracy and EU Funds, with Left governments, and to decrease the higher is the correlation between a measure of ‘Political power’ and per capita income.

És sostenible el nostre sistema de pensions?

En el document es discuteix l’afirmació estàndard sobre que el sistema de pensions de jubilació públiques a Espanya –i, per extensió, els sistemes públics europeus- no és financerament viable. Es mostra perquè la pròpia interrogació retòrica que recull el títol és de fet una pregunta mal formulada (oblida coses essencials). I es posa de manifest que un sistema de pensions de jubilació privat –com els dels fons de pensions de les entitats financeres- sols és viable per a una minoria de la població: la de rendes més elevades

Pre-jubilacions i progrés: un absurd del nostre temps?

El sentit comú ens diu que si una persona que està treballant, és a dir, produint, deixa de fer-ho en ser pre-jubilada, posem als 52 anys, la societat a la que pertany disminueix el seu potencial productiu. No obstant això les pre-jubilacions es defensen normalment com una necessitat per a que l’empresa sigui més competitiva i així el país sigui més competitiu. L’absurd a que es refereix el títol pot resumir-se així: ‘reduir el potencial productiu del país per a fer el país més competitiu’. Com d’altres absurds similars, te, clar, la seva ‘explicació’ social-política. I de fet els economistes tendim a mirar amb certa condescendència als qui verbalitzen un absurd d’aquests tipus, perquè deduïm que qui ho fa no és capaç d’adonar-se’n que aquestes qüestions econòmiques no són tan senzilles. O, en el fons si que ho són?

La Doctrina de la libertad de comercio internacional: ¿Se puede hablar realmente de ventajas comparativas?

Una de las características de la "nueva economía" o economía globalizada, es algo que no suele destacarse: que han desaparecido de hecho las denominadas "ventajas comparativas" de un país respecto a otro; si no consideramos como tal el que un país tenga unos salarios míseros. Ventajas comparativas "naturales" y "adquiribles": la inconsistencia de recetar: "especializarse y comerciar" a cualquiera de las decenas de países pobres. Coherencia: Auto-recetarnos la solidaridad internacional asimétrica, vía comercio internacional; pero, ¿quienes la pagan?

Paro y libre comercio exterior: una contradicción incómoda para economistas y políticos

Liberalización mundial del comercio exterior, y deslocalización: ¿Este binomio hace que los países industrializados ayuden realmente a los subdesarrollados (más allá de beneficiar a las empresas importadoras -en los segundos- y a las deslocalizadoras –en los primeros)? Y, en caso afirmativo, ¿quines –en los países ‘industrializados’-soportan el coste de esa ayuda? Esto suscita cuestiones incómodas – generalmente no abordadas, precisamente por ello- entre los profesionales de la economía y los políticos. Distinguir entre quienes ganan o no y quienes pierden dentro de un mismo país (asalariados por una parte, empresas import-export por otra) resulta en cualquier caso necesario para esclarecer las probables consecuencias del libre comercio exterior entre países desiguales.

¿A qué responde la doctrina de la libre circulación internacional de capitales y del ‘libre mercado de empresas’?

La liberalización mundial de la circulación de capitales se ha defendido y se ha convertido en un dogma mundial con el argumento de que es algo bueno especialmente para los países menos desarrollados. Y la dramática crisis financiera de 2008 no ha hecho cambiar substancialmente el fondo de este dogma. En síntesis, éste reza que la libre circulación de capitales facilita las inversiones extranjeras en países en desarrollo o simplemente pobres, por lo que aumentará el total de inversiones reales en los mismos, y, por tanto, su desarrollo económico. Sin embargo, la principal consecuencia de tal liberalización ha sido y es un gigantesco movimiento especulativo diario de capitales para la compra-venta de activos financieros –y empresas rentables- en cualquier país. Y no especialmente para inversiones propiamente dichas, en activos reales como bienes de equipo e instalaciones productivas o en infraestructuras.

¿Por qué llamamos competitividad a lo que es fría presión hacia la reducción de costes?

¿Quién soporta los costes de la ‘reducción de costes’? La competencia entre empresas implica, lógicamente, que unas dejan de producir al quedarse sin demandantes y cansarse sus propietarios de perder dinero, mientras las exitosas mejoran sus resultados. Y las personas que trabajaban en las primeras pasan a la situación de parados. Cuando esta competencia empresarial es interna a un país, existen –o existe la posibilidad de instrumentar- mecanismos de compensación (sistema de subsidios de paro). De alguna manera, mejor o peor, más o menos justamente, los que salen ganando comparten así parte de sus ganancias con los que salen perdiendo. Pero respecto al mismo tipo de consecuencias, cuando la competencia es internacional tales mecanismos de compensación no existen. Ni siquiera en la UE los hay aún. ¿No deberíamos pensar en hacer algo al respecto?

La eficiencia utilizada como un dogma político

Eficiencia y seguridad.- La búsqueda de una mayor eficiencia (= una reducción de costes) en tal o cual servicio se viene aplicando –en aras del ahorro presupuestario- prescindiendo casi siempre de cualquier otra consideración. Se defiende públicamente (ese ahorro de costes) como algo que va a redundar en un beneficio para toda la sociedad. Sin plantearse cuestiones como ¿vale la pena tratar de ser ‘mas eficientes’ (=ahorrar costes) en el control del tráfico aéreo, en tal o cual servicio quirúrgico hospitalario, en la seguridad en los aeropuertos, en la seguridad en la circulación de los trenes, en la seguridad en los centros comerciales, ….? ¿Tiene sentido suponer que los ciudadanos están interesados en ahorrar algunas decenas de euros por persona al año en esos servicios, cuando el riesgo de disminución de calidad/seguridad es algo perfectamente previsible?

Mercado eléctrico, regulación, y alternativas tecnológicas

La electricidad es un caso paradigmático para recomendar la intervención gubernamental sobre el mercado (regulación): Instantaneidad producción-consumo; las alternativas tecnológicas para producirla (térmica, nuclear, eólica, solar, etc.) configuran la estructura energética del país, una cuestión estratégica por tanto; las centrales térmicas generan contaminación, principalmente por C02; y las nucleares generan contaminación en forma de residuos radioactivos; y, finalmente, el suministro de electricidad requiere infraestructuras tipo red, lo que implica elementos de monopolio natural. Todo ello suscita diversas cuestiones sobre su regulación. Por ejemplo: ¿Es mejor subvencionar las alternativas tecnológicas ‘limpias’, o gravar la emisión de contaminantes de las centrales térmicas y nucleares? ¿el ‘nuevo mercado-eléctrico-regulado’ está resultando realmente útil para lo que se diseñó: reducir los costes de la electricidad en origen (generación) y, en última instancia, reducir el precio que pagan los consumidores?

El Protocolo de Kyoto, y el 'mercado de emisiones' de CO2 : Regulación mediante mercado para una especial externalidad negativa

El comercio de derechos de emisión consiste en un mecanismo de mercado ‘diseñado’ y organizado por los poderes públicos, en el marco de un acuerdo internacional, como pieza central de la regulación económica/medio-ambiental sobre actividades que generan una externalidad negativa: emisión de cantidades importantes de dióxido de carbono, el principal gas responsable del efecto invernadero. ¿Cuáles son los costes de la reducción de emisiones pactadas en el PK y quien los está soportando? ¿porqué chocan los intereses de los grandes países en el desarrollo del PK? Después de los primeros años de funcionamiento (se inicia en el 2005), ¿cuáles han sido los resultados reales de este mecanismo de regulación & mercado, que fue diseñado con el objetivo de reducir las emisiones a escala mundial?

La història es repeteix?: estudi comparatiu de la crisi del 29 amb l'actual

Treball de recerca realitzat per un alumne d'ensenyament secundari i guardonat amb un Premi CIRIT per fomentar l'esperit científic del Jovent l'any 2009. L’objectiu d’aquest treball ha estat donar pautes de reflexió sobre la crisi i el moment econòmic actual. Es volia valorar si era certa la idea que la situació econòmica dels nostres dies té certs paral•lelismes amb la crisi que va patir el món occidental el 1929. Per tal d’establir la veracitat de la hipòtesi plantejada es va dissenyar un model d’investigació basat en les entrevistes i en el recull i buidatge d’articles de premsa relacionats amb el tema, durant un període de temps no gaire extens, període que correspon als tres mesos a partir dels quals s’evidencia la situació de crisi. Al mateix temps era interessant copsar l’opinió de dos grans mestres en l’estudi de l’economia del nostre país, el Dr. Fabià Estapé i el Dr. Anton Costas, mestre i deixeble respectivament.. Sense esperar massa sorpreses, la crisi actual presenta molts punts de similitud amb el procés inciat l’any 1929. Ambdós esdeveniments econòmics tenen molts punts de connexió i les mesures proposades per solucionar o per pal•liar les conseqüències són també similars. En tots dos casos la figura de l’economista britànic John Maynard Keynes és cabdal per part dels diversos governs a l’hora de reconduir i adreçar la situació econòmica.

Devolution dynamics of Spanish local government

Over the last few years, ther has been a devolutionary tendency in many developed and developing countries. In this article we propose a methodology to decompose whether the benefits in terms of effciency derived from transfers of powers from higher to municipal levels of government "the "economic dividend" of devolution) might increase over time. This methodology is based on linear programming approaches for effciency measurement. We provide anapplication to Spanish municipalities, which have had to adapt to both the European Stability and Growth Pact as well as to domestic regulation seeking local governments balanced budget. Results indicate that efficiency gains from enhaced decentralization have increased over time. However, the way through which these gains accrue differs across municipalities -in some cases technical change is the main component, whereas in others catching up dominates.

Schistosomiasis research funding: the TDR contribution

In spite of the recent decline in financial support on the part of some major donors, the overall international support for schistosomiasis research in current US dollars has been holding steady. However, when adjusted for inflation, a clear decline during the last decade appears and only in a few countries has this decline been balanced by increased national or bilateral funding. The prevailing level of support for schistosomiasis research is barely sufficient to maintain estabilished laboratories and researchers, and highlights the need to attract young investigators. The important goal of brunging a new generation of scientists into the field of schistosomiaisis can only be achieved by a considerable long-term increase in funding, both at the national and the international levels. A break-through in current research emphasizing improved techniques for control is needed to encourage donors and governments to improve the situation.

Task force IV: Clinical use of ambulatory blood pressure monitoring. Participants of the 1999 Consensus Conference on Ambulatory Blood Pressure Monitoring

OBJECTIVE: To reach a consensus on the clinical use of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). METHODS: A task force on the clinical use of ABPM wrote this overview in preparation for the Seventh International Consensus Conference (23-25 September 1999, Leuven, Belgium). This article was amended to account for opinions aired at the conference and to reflect the common ground reached in the discussions. POINTS OF CONSENSUS: The Riva Rocci/Korotkoff technique, although it is prone to error, is easy and cheap to perform and remains worldwide the standard procedure for measuring blood pressure. ABPM should be performed only with properly validated devices as an accessory to conventional measurement of blood pressure. Ambulatory recording of blood pressure requires considerable investment in equipment and training and its use for screening purposes cannot be recommended. ABPM is most useful for identifying patients with white-coat hypertension (WCH), also known as isolated clinic hypertension, which is arbitrarily defined as a clinic blood pressure of more than 140 mmHg systolic or 90 mmHg diastolic in a patient with daytime ambulatory blood pressure below 135 mmHg systolic and 85 mmHg diastolic. Some experts consider a daytime blood pressure below 130 mmHg systolic and 80 mmHg diastolic optimal. Whether WCH predisposes subjects to sustained hypertension remains debated. However, outcome is better correlated to the ambulatory blood pressure than it is to the conventional blood pressure. Antihypertensive drugs lower the clinic blood pressure in patients with WCH but not the ambulatory blood pressure, and also do not improve prognosis. Nevertheless, WCH should not be left unattended. If no previous cardiovascular complications are present, treatment could be limited to follow-up and hygienic measures, which should also account for risk factors other than hypertension. ABPM is superior to conventional measurement of blood pressure not only for selecting patients for antihypertensive drug treatment but also for assessing the effects both of non-pharmacological and of pharmacological therapy. The ambulatory blood pressure should be reduced by treatment to below the thresholds applied for diagnosing sustained hypertension. ABPM makes the diagnosis and treatment of nocturnal hypertension possible and is especially indicated for patients with borderline hypertension, the elderly, pregnant women, patients with treatment-resistant hypertension and patients with symptoms suggestive of hypotension. In centres with sufficient financial resources, ABPM could become part of the routine assessment of patients with clinic hypertension. For patients with WCH, it should be repeated at annual or 6-monthly intervals. Variation of blood pressure throughout the day can be monitored only by ABPM, but several advantages of the latter technique can also be obtained by self-measurement of blood pressure, a less expensive method that is probably better suited to primary practice and use in developing countries. CONCLUSIONS: ABPM or equivalent methods for tracing the white-coat effect should become part of the routine diagnostic and therapeutic procedures applied to treated and untreated patients with elevated clinic blood pressures. Results of long-term outcome trials should better establish the advantage of further integrating ABPM as an accessory to conventional sphygmomanometry into the routine care of hypertensive patients and should provide more definite information on the long-term cost-effectiveness. Because such trials are not likely to be funded by the pharmaceutical industry, governments and health insurance companies should take responsibility in this regard.

El nuevo sistema de financiación regional: Un análisis crítico y proyecciones para 2009

The central and regional governments of Spain have recently reached an agreement to reform the regional financing system. This paper describes the structure of the new system and provides preliminary estimates of its initial financial results. It also identifies some shortcomings of the new model.