1000 resultados para Política socioeducativa de derechos
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Los largos períodos de conflicto y violencia que han vivido innumerables sociedades a lo largo y ancho del mundo, junto a sus consecuentes procesos conducentes a la paz en marcos de poca efectividad en materia de reconstrucción social, sobre todo en reformas estructurales que busquen la resolución de las raíces que originaron los enfrentamientos, presentan los contextos desde donde se plantea esta investigación. Más allá de marcos de actuación de estos grupos humanos, basados en diálogos conducentes a negociaciones, con miras a acuerdos hacia la paz, procesos de garantías para que los excombatientes dejen las armas y busquen el regreso a la vida civil, y hondos efectos de insatisfacción general expresados en reacciones contra la impunidad, la poca eficacia de las instituciones públicas y el retorno de oleadas de violencia, el vislumbrar el diseño e implementación de una política pública de reconciliación social se configura en uno de los mecanismos idóneos que puede garantizar la efectividad y lo justo en este tipo de procesos de pos-acuerdos y pos-conflictivos. Reconocemos que la democracia es el sistema de gobierno en el que se instauran mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del marco de los derechos y deberes sociales. Pero, las distintas experiencias de conflicto y violencia que el ejercicio del poder político contiene en la historia humana nos han demostrado que con procesos de negociación y firmas de tratados de paz no cesa esta tendencia humana en la que cada Estado busca defender su perspectiva política en su contexto determinado, más allá de esos acuerdos...
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Esta tesis analiza los procesos de configuración de la etnicidad y la movilización política de la comunidad indígena yanacona de San Agustín, ubicada en el sur del departamento del Huila (Colombia). Para ello, hemos optado por una perspectiva político-antropológica que combina varias herramientas analíticas basadas en el uso de fuentes secundarias (actas, archivos, textos, informes, etc.) y testimonios orales recopilados en el trabajo de campo a partir de entrevistas no dirigidas y de la observación directa. Los indígenas yanaconas de San Agustín, provenientes del departamento del Cauca, configuran su etnicidad en el marco de un proceso político reivindicativo a partir de dos momentos: primero, el retorno a la cultura de origen, que permite refundar el proyecto social y político que caracteriza al yanacona en el nuevo territorio y, segundo, la ampliación y recreación de sus fronteras étnicas desde la apropiación cultural y de prácticas indígenas "externas" a las de la comunidad de origen. Sin embargo, dichos procesos de configuración de la etnicidad de los yanaconas de San Agustín reactivaron y generaron conflictos con el sector mestizo del lugar —políticos, alcaldes, hacendados y campesinos—, que afectaron al desarrollo del gobierno autónomo, pero también los llevaron a construir estrategias alternas, desde su doble condición de indígenas y ciudadanos, para hacer valer sus derechos. Para conseguir su primer objetivo, sus apuestas giraron alrededor del retorno a la vida comunitaria —trabajo organizativo bajo el horizonte de la comunalidad— y la reconstrucción de su pasado cultural y la memoria colectiva. Para ello, fueron claves, por un lado, las directrices político-culturales de la "yanaconicidad" —lineamientos fundados por líderes indígenas del departamento del Cauca que buscaban la unión y reorganización política de su pueblo— y, por otro, las "mingas de pensamiento" —jornadas de socialización colectiva— en las que los mayores y mayoras fueron construyendo la memoria colectiva del grupo...
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Este trabajo, hermenéutico interpretativo, profundo y emotivo, que elegí para optar mi título doctoral, ha sido un desafío, que retó mi capacidad académica y me ha permitido “dar la palabra” a mujeres racializadas, sujetas a teorías y debates, que las dimensionan desde periféricos rincones de la sinrazón social, política y académica de una América Latina que se jacta de su Multiculturalidad y Pluriétnia, pero que no termina de encajar el tema de la Negritud, como un asunto político que demanda acciones integrales para lograr el reconocimiento “real” de esa declaración derechos humanos que proclama que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” Colombia, ha mostrado su deseo de incorporar en su noción de Estado social de Derecho la premisa de que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y así lo recogió en su Carta Magna, en la reforma constitucional del año 1991, al declarar que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Art, 7) y facultar a esas diversidades étnicas, como lo es la Afrodescendiente (en ese momento autodenominada Comunidades negras de Colombia) a proyectar una ley que les permitiera establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana (Art 1, Ley de Comunidades Negras, 70 de 1993)...
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La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...
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El proceso de publicación de un artículo debe basarse en la credibilidad, la verdad y la autenticidad. La inclusión de normas éticas en la política editorial científica se concibe como una medida preventiva y disuasoria de conductas inapropiadas. Dada la escasez de estudios sobre ética y publicación científica en Ciencias Sociales y, en particular, en España e Iberoamérica, esta investigación analiza la política editorial antifraude de las revistas españolas y latinoamericanas indexadas en el JCR en Ciencias Sociales (2014). Para cumplir nuestro objetivo, se utilizaron como muestra objeto de estudio 104 revistas y en las instrucciones a autores se examinaron una serie de principios de actuación ética: 1) Derechos de las personas que participan en la investigación; 2) Protección del bienestar de los animales objeto de experimentación; 3) Conflicto de interés; 4) Envío y publicación de manuscritos. Nuestros resultados apuntan que el carácter inédito de la investigación, así como la prohibición del envío simultáneo de los trabajos a otras revistas son los temas que aparecen con más frecuencia. Pese al intento de sociedades de edición científica como ICMJE y COPE por estandarizar los asuntos que afectan al fraude en la ciencia, su incidencia es exigua en las publicaciones objeto de estudio. Dada la dispersión normativa analizada, se retoma la necesidad detectada por otros autores de desarrollar un código ético uniforme para las disciplinas de Ciencias Sociales.
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El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes.
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Se analiza aquí cómo la posición filosófica de Rawls implica un corte epistemológico con las concepciones clásicas que unían el contrato social a una determinada idea de hombre o de sociedad naturales. En su propuesta, la idea de justicia, en una sociedad, se establece con hombres razonables, con diversos bienes, que realizan libremente un pacto social, poseyendo iguales derechos políticos. Rawls prefiere no optar por la disyuntiva “libertad o igualdad”; sino por la opción enunciada como “libertad y justicia”. La igualdad no es un valor en sí mismo, sino dependiente de la idea de justicia; pero esta justicia desde le punto de vista social es una justicia política; esto es, constituida libremente por los socios, con iguales derechos, en un pacto. Se analiza su concepción no revolucionara para solucionar injusticias ya históricamente establecidas, sino progresiva, utilizando la libertad para avanzar hacia una igualdad justa.
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Este trabajo propone explorar cambios y permanencias en la cultura política de los noventa, tomando en cuenta las conmemoraciones del 24 de marzo entre los indultos y la crisis política de fines del 2001. Reconoce como preocupación central el lugar desempeñado por la cuestión de los derechos humanos en la historia reciente, bajo el funcionamiento del régimen político de una "democracia excluyente". Sostiene como hipótesis la progresiva conversión del 24 de marzo en un espacio de contienda política que promovió procesos de recomposición social mediante la ampliación del marco de la impunidad y la constitución de redes de acción; proceso en el que se conjugaron también los diferentes planos de conflictividad provincial. Explora el mapa de las conmemoraciones, deteniéndose en los actores, demandas, escenificaciones y significados construidos. Recurre para ello a los aportes de la renovada historia política y los estudios locales sobre protesta y acción colectiva y procura establecer diálogos entre lo social y lo político, esperando contribuir a una mirada renovada de las relaciones entre actores colectivos y espacio público que rescata el uso político de las calles
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Este trabajo propone explorar cambios y permanencias en la cultura política de los noventa, tomando en cuenta las conmemoraciones del 24 de marzo entre los indultos y la crisis política de fines del 2001. Reconoce como preocupación central el lugar desempeñado por la cuestión de los derechos humanos en la historia reciente, bajo el funcionamiento del régimen político de una "democracia excluyente". Sostiene como hipótesis la progresiva conversión del 24 de marzo en un espacio de contienda política que promovió procesos de recomposición social mediante la ampliación del marco de la impunidad y la constitución de redes de acción; proceso en el que se conjugaron también los diferentes planos de conflictividad provincial. Explora el mapa de las conmemoraciones, deteniéndose en los actores, demandas, escenificaciones y significados construidos. Recurre para ello a los aportes de la renovada historia política y los estudios locales sobre protesta y acción colectiva y procura establecer diálogos entre lo social y lo político, esperando contribuir a una mirada renovada de las relaciones entre actores colectivos y espacio público que rescata el uso político de las calles
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En la Provincia de Buenos Aires en el año 2007, en el marco de un proceso de trasformación educativa de orden nacional y provincial se sancionó la Ley de Educación Provincial 13.688. Esta Ley pondría el acento en varios aspectos adeudados históricamente y no resueltos felizmente en el marco de la ley Federal de educación y la Ley provincial de la década precedente. Uno de los ejes de la nueva Ley será el de reconocer como necesario el fortalecimiento de la identidad de la escuela secundaria, entendida ésta como un espacio en el cual se definen prácticas culturales diferentes, y se atraviesan historias y procesos de construcción también diferentes. El reconocimiento del acceso a la educación secundaria en cuanto derecho universal, ha implicado que el Estado asumiera no solo la responsabilidad de garantizar la obligatoriedad de los niños, adolescentes y jóvenes a la escuela, sino también de reconocer la construcción de una nueva identidad en los propios espacios escolares. Se entenderá así a la educación como un derecho que se expresa en instituir la identidad y garantizar la inclusión de todos los/ las adolescentes, jóvenes y adultos. Cumplir asimismo con tres principios que en cuanto fines de la educación secundaria resultan prioritarios: la formación para la ciudadanía, la articulación con el mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores. El propósito de esta ponencia será describir y analizar el paradigma organizativo en el cuál se asienta la identidad de la escuela secundaria hoy en la provincia de Buenos Aires como así también analizar los fines de la educación y su sentido político atendiendo a dos dimensiones: en cuanto derechos y en cuanto constructos políticos de la propia gestión educativa de la Dirección Provincial de Educación Secundaria de la Provincia
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Esta ponencia expondrá la reflexión teórica y metodológica sobre la memoria y los procesos de recuperación de memorias sociales de etapas dictatoriales o represivas, producidas en diferentes actividades de investigación, formación, asistencia técnica, transferencia y divulgación social y científica, hechas desde la Universidad de Barcelona y con diferentes actores sociales (como asociaciones, entidades memorialísticas, espacios socioeducativos de gente mayor y o investigadores/ras universitarios/as) de América latina y España. Para esta tarea, se realizan un conjunto de acciones que se relacionan y retroalimentan de forma permanente, y que se encuentran organizadas y desarrolladas en tres programas marcos: a) "Comunidad y Memoria". Programa de extensión universitaria para la recuperación de las memorias sociales, con entidades de la sociedad civil. b) "Hacer presente la memoria". Programa de investigación y divulgación para hacer presentes las vivencias, las trayectorias y las experiencias de los protagonistas de procesos dictatoriales, con la participación y el testimonio de gente mayor. c) "Razonando la Memoria". Programa de formación y análisis crítico de les metodologías y los debates sobre la memoria, con las universidades y centros científicos y sociales.Se pretende así, acercar la universidad a la sociedad y potenciar la transferencia de conocimientos y tecnologías sociales de especialistas en procesos de recuperación de la memoria para el cumplimiento de los derechos humanos, procedentes de diferentes disciplinas sociales. Asimismo, se pretende asumir con plenitud el irrenunciable compromiso y servicio social que como investigadores/as de nuestro tiempo le debemos a la sociedad a la que pertenecemos, incidiendo en la recuperación de las luchas por los valores democráticos y la justicia social
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Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones
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Esta investigación sobre la relación que establecen los jóvenes con la política busca interpretar analíticamente las formas a través de las cuales las y los estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata participan políticamente. Desde la segunda mitad del siglo XX diversos estudios provenientes de campos como la sociología, la antropología y la teoría política, colocaron en el centro del debate teórico dimensiones clásicas del análisis de lo social (el Estado, las esferas pública y privada, lo político). Allí aparece una nueva problemática en torno del lazo social y la pluralidad de formas que asume la acción política. En ese contexto, emergen preguntas sobre las acciones políticas de jóvenes escolarizados y su relación con el contexto de surgimiento. E0ste análisis brindará elementos interesantes a partir de los cuales realizar una lectura epocal que recupere las formas y sentidos bajo los cuales las y los jóvenes desarrollan en la actualidad la acción política. El propósito de esta investigación es conocer e interpretar las formas que asume hoy la acción política juvenil estudiantil en la ciudad de La Plata, en torno a qué contenidos e intereses participan, bajo que formatos, cuáles son los territorios y estrategias que despliegan. Se utilizan tres categorías para describir las prácticas más características que se encuentran en nuestro campo: trayectorias de participación, enfoque de derechos humanos y performance. Por último, la investigación busca comprender las posibles variaciones de prácticas de acción política en función de las propuestas de escolarización de la que participan como alumnas y alumnos de escuelas secundarias
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Tanto el sindicalismo argentino, como el impulso de la perspectiva de género en Argentina tienen una característica peculiar, que no se da en otros países del Cono Sur. Estas dos situaciones generan una retroalimentación entre los debates de género y sindicalismo. En este contexto se encuadra el caso a analizar, a saber, la "Asociación Bancaria" de Argentina, en el período 2013-2016. Nuestro objetivo general consistió en observar la implementación de las políticas de género de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad (SDHGI) de la Asociación Bancaria. Encarando el trabajo de identificar la representatividad estadística o descriptiva (cantidad de mujeres en cargos y las tareas realizadas) y la representatividad política (si está presente y de qué forma la incorporación de la perspectiva de género en las actividades que planea y desarrolla) Esto nos llevó a ver si había una articulación entre estas dos representaciones. La hipótesis que guió esta investigación es que, si bien se desarrollaron distintas estrategias para visibilizar la problemática de género, estas no fueron suficientemente efectivas para avanzar sobre las desigualdades generizadas a la hora del acceso a los cargos más importantes. El trabajo se divide en tres capítulos. El primero, construye un estado de la cuestión, en relación a lo escrito sobre sindicalismo, género y los bancarios. El segundo ofrece una breve reconstrucción histórica del sindicato bancario. En el tercer capítulo analizamos la SDHGI, a partir de los documentos generados y las actividades realizadas, así como de la composición del secretariado nacional del sindicato. Por último, en las conclusiones, elaboramos algunas reflexiones finales, y nos planteamos otras preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la investigación y que pudieran orientar otras líneas de acción
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Este artículo explora cómo se construyó una tradición femenina en uno de los principales partidos políticos argentinos, la Unión Cívica Radical, enfocándose en el estudio del primer gobierno peronista (1946-1955). La primera parte del ensayo examina las estrategias políticas del radicalismo para organizar a las mujeres. La segunda rescata las ideas feministas de Clotilde Sabattini, quien intentó construir alternativas a la hegemonía masculina y liberal en el partido. Finalmente, este texto ilumina cómo las estructuras liberales y paternalistas fueron difíciles de cambiar