O voto dos emigrantes nas eleccións portuguesas

O voto dos emigrantes nas eleições portuguesas Os emigrantes portugueses participam nas eleições para a Assembleia da República, para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu. O voto nas eleições para a Assembleia da República é exercido por correspondência e diz respeito à eleição de quatro dos 226 deputados (dois pelo círculo eleitoral da Europa e dois pelo círculo eleitoral do resto do mundo). O voto nas eleições para o Presidente da República é obrigatoriamente presencial e pressupõe laços de efectiva ligação à comunidade nacional, cujos critérios estão estabelecidos na lei. O número de eleitores inscritos tem oscilado na última década entre um máximo de 185.223 cidadãos em 2001 e um mínimo de 146.374 cidadãos em 2005. A taxa de participação em voto por correspondência aproxima-se dos 30% da Europa e dos 20 % no resto do mundo. Sendo exigido o voto presencial, a taxa de participação global verificada foi de 8,3% em 2001.

La delegación del Poder Tributario en el Poder Ejecutivo, su regulación en el Perú y en otros países andinos

La presente tesis que lleva por título “La delegación del Poder Tributario en el Poder Ejecutivo, su regulación en el Perú y en otros países andinos” trata sobre la delegación legislativa tributaria regulada en los artículos 74 y 104 de la Carta del Perú aprobada en el año 1993, y en los países andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. La doctrina admite que el poder tributario ya no es atribución exclusiva del Poder Legislativo, que originariamente gozaba de esta facultad por estar allí representados los ciudadanos y ser el único que emite leyes, toda vez que el principio de reserva de ley (o legalidad como también se le suele denominar), en el cual se sustentaba dicho poder del Estado, se ha flexibilizado ante la necesidad de “distribuir” el poder tributario en otros entes estatales, para regular los aranceles, en situaciones de emergencia y crisis, y por la necesidad de dotar de facultades legislativas tributarias a entes que gozan de autonomía relativa como los municipios, y delegar atribuciones al Poder Ejecutivo para que legisle sobre temas tributarios. En la presente tesis contrastamos opiniones a favor y en contra sobre la figura en estudio, e identificamos ciertas incongruencias y falencias en el ordenamiento constitucional y tributario peruano que es menester corregir; siendo necesario delimitar el ámbito, los plazos para su ejercicio y las materias sobre las que debe legislar el Poder Ejecutivo, asimismo se reflexiona sobre la necesidad que el Parlamento ejerza un control previo sobre los proyectos de las normas que apruebe el Ejecutivo, cuidando que sean congruentes con las disposiciones y principios tributarios que la Constitución contempla, como garantía de respeto a los derechos de los contribuyentes. Finalmente, exploramos las Constituciones de los países andinos antes citados para conocer si acogen la delegación legislativa tributaria en el Poder Ejecutivo y, de ser el caso, como han desarrollo su tratamiento.

Cambios en la política de defensa nacional del Libro Blanco hacia la nueva agenda de seguridad interna y externa

El presente estudio ejecuta un análisis de la “Nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa” propuesta por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, proposición que pretende dar un cambio sobre la visión de la política de defensa y el espacio de la seguridad. En este análisis también se examina el cambio de la normativa legal, ya que el mismo se articula desde el enfoque de nuevos principios y nuevos controles desde la ciudadanía. De esta forma, el estudio lo que pretende dar a conocer es: Cuáles son los nuevos mecanismos o dispositivos de Control Civil sobre las Fuerzas Armadas; entendiéndose este Control Civil desde las instituciones del Estado. Dentro del rigor metodológico del estudio, éste se plantea como un trabajo bajo el método comparativo desde las teorías de la seguridad y las teorías institucionales examinando tres lineamientos: “concepto de seguridad, la institucionalidad planteada y; la identificación de actores que participaron en la construcción de la política de defensa.” De esta forma, este estudio considera que los indicadores comparables se dan en la construcción del Libro Blanco y de la NASIE. En tal sentido, quien lea este estudio puede seguir sin conflicto la lógica de la argumentación. En su contenido, la investigación presenta dos capítulos, que se enuncian a continuación: Capítulo I: “LA POLÍTICA DE DEFENSA: DEL LIBRO BLANCO A LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA”, en el cual se examina los lineamientos antes mencionados, evidenciando dos paradigmas: la visión estatocéntrico y la visión antropocéntrica de la seguridad, sus cambios y sus continuidades. En el Capítulo II: “COMPARACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN LA DEFENSA”, aquí se observa la relación de las FF.AA con el Presidente y con el Parlamento, desde las dos propuestas. Junto a ello se examina el cambio en la Ley de Seguridad Nacional de 1979, a la Ley de Seguridad Pública y del Estado emitida en el año 2009. Finalmente, se expone las conclusiones del trabajo.

Políticas migratorias de retorno. ¿Promueven o restringen el ejercicio de los Derechos Humanos de la población migrante?: estudio de Ecuador y España

La presente tesis se centra en el estudio de las migraciones internacionales, teniendo éstas cierta especificidad en relación a las migraciones internas, pues varias de las tensiones manifiestas en el transcurso de este análisis, no ocurren en las migraciones de carácter interno; y aquellas existentes, poseen distintas formas de manifestarse. En un primer capítulo se desarrolla el tema de la migración como un derecho humano. Partiendo de que es efectivamente un derecho, se lo relaciona con la libertad de circulación y residencia y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En adición, se ubica la relación entre migración y ciudadanía y la tensión existente entre ésta y los derechos humanos. Se finaliza el capítulo abordando la significación, características y el alcance del Derecho al Retorno, como parte fundamental del Derecho a Migrar. Como segundo capítulo consta una breve descripción de la evolución histórica de la Política Migratoria Europea, desde su aparición en 1997 –con el Tratado de Ámsterdam – hasta la actualidad; así como de la Política Migratoria del Reino de España. En un segundo acápite se analiza específicamente la Política Migratoria Española, su marco legal y las implicaciones que ésta tiene en los derechos humanos de la población migrante; al tiempo que se caracteriza esta población para identificar a quiénes se dirige en concreto esta política. En un acápite final se estudia la “Directiva sobre los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, más conocida como “Directiva de Retorno”, adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008. Finalmente, en un tercer capítulo, se analiza la Política Migratoria de Retorno del Ecuador a fin de determinar si ésta respeta o viola los derechos humanos de la población migrante y, especialmente, si es una política que favorece el retorno voluntario de sus migrantes.

Integración andina y convergencia suramericana

El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

Las relaciones diplomáticas entre García Moreno y la Santa Sede (1861-1866)

El presente texto busca dilucidar las tratativas diplomáticas entre García Moreno y la Santa Sede que ocurrieron entre el 1861 y 1866 y cuyo fin era conseguir el Concordato: un pacto que el Presidente ecuatoriano consideraba fundamental para la realización de su proyecto de reformas. Frente a un país lacerado por luchas internas y dividido entre sí, era necesario un cambio enérgico para establecer el orden social y la unión nacional. Paladino de la reforma debía ser, según García Moreno, el clero a su vez reformado y vuelto ejemplo de virtud para restituir el orden y la moral al país entero. Entonces, era primordial un Concordato con la Santa Sede para imponer la reforma del clero y establecer los límites entre poder religioso y estatal. No obstante el Concordato no representó una solución fácil e inmediata al cambio, en cuanto planteó una serie de contrastes, discusiones, reformulaciones y cambios que desvelaron los intereses que rodeaban al poder estatal y religioso en el país. En este contexto la Santa Sede iba a representar una fuente legitimadora del poder religioso, demostrando su preferencia en tratar las cuestiones con el Presidente ecuatoriano y su legítimo gobierno, marginando el parlamento. El Concordato resultó ser un documento que permitió a García Moreno fortalecer su control sobre la Iglesia ecuatoriana y mediar con la Santa Sede algunas cuestiones, sobre todo la inherente el diezmo, obteniendo una mayor ventaja económica para el Estado. Soluciones que, no fueron definitivas, sino que dejaron abierta la discusión para ulteriores tratativas.

Integración andina y convergencia suramericana

El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración2 (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)3, pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

Democracia e integración: una propuesta para UNASUR

El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

Diretrizes da política de financiamento da educação básica brasileira : continuidades e inflexões no ordenamento constitucional-legal : 1987-1996

O estudo enfoca as diretrizes da política de financiamento da educação básica brasileira, propugnadas ou estabelecidas no ordenamento constitucional-legal, no período compreendido entre os anos de 1987 a 1996, buscando analisar seu movimento textual a partir da articulação com as bases que lhes dão funcionalidade. As diretrizes consideradas são: descentralização, regime de colaboração, responsabilização dos órgãos educacionais e controle público e social da gestão financeira, estabilidade relativa do volume de recursos disponíveis para a educação, hierarquização da alocação de recursos e objetivação de critérios para fixação e distribuição de recursos. Os momentos da produção legislativa analisados são a Assembléia Nacional Constituinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Emenda Constitucional N.º 14/96 e a Lei N.º 9.424/96, ao que se acrescenta o planejamento da Educação para Todos. O foco de análise recai sobre o teor de proposições e do produto, interpretando a configuração das competências e da colaboração entre as esferas de governo no financiamento da educação básica. Ao longo do período, e em cada fórum, o movimento textual operado nas disposições normativas incidentes sobre a política de financiamento da educação revela dissensos entre os sujeitos, marcadamente no referente à regulação das relações entre o público e o privado, entre a sociedade política e a sociedade civil e entre as esferas de governo no campo educacional. O embate entre “a liberdade de ensinar” e “uma filosofia democrática da educação” foi central na ANC. A longa gestação da LDB passou pela “conciliação aberta”, pelo “sonho demiúrgico” do senador Darcy Ribeiro e pela busca de constituição de um “novo consenso”, a partir do governo FHC. O Plano Decenal de Educação para Todos criou as expectativas de uma “revolução silenciosa” e “uma nova ética de gestão” A Emenda 14/96 e a Lei N.º 9.424 inseriram-se na intenção do Executivo Federal de implantar uma “política esclarecida”, cujo eixo central, o FUNDEF, ou “fundo Robin Hood”, foi questionado pela possibilidade de implantação da “socialização da miséria” no que diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros. Na década, foram assumindo maior relevância as deliberações e os conflitos em torno às competências e à colaboração entre as esferas de governo no financiamento da educação, interpondo-se, também, os referentes às relações entre a sociedade política e a sociedade civil na formulação da política educacional, sendo progressivamente secundarizado o conflito entre o público e o privado. O que ficou contemplado, e o que foi excluído ou desconsiderado em cada fase, expressam, também, o campo de possibilidades permitido pela correlação de forças no contexto político mais geral do país e no Parlamento Federal. No final do intervalo, verifica-se que o ordenamento em foco foi enquadrado no programa reformista da administração pública, integrante da estratégia de ajuste estrutural, sendo, portanto, transversalizado por uma lógica pragmática na distribuição de encargos educacionais e dos recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento do ensino público.

A democratização da Câmara Municipal de São Paulo: reforma das comissões permanentes

Trata do processo de democratização do legislativo municipal e da reforma das comissões permanentes sob os aspectos institucional e administrativo. Centra os estudos no período 91/92, onde reformas administrativas são introduzidas no processo legislativo, com o objetivo de fortalecer os trabalhos das comissões como suporte técnico e espaço decisório democrático para o embasamento das decisões finais do Plenário. Analisa ainda a aliança de parlamentares conservadores e burocracia do parlamento paulistano, como impeditivos de um processo mais amplo de reforma e de democratização do processo decisório da instituição.

A participação do poder legislativo na definição das metas e prioridades do orçamento publico federal no periodo 1990/95

A elaboração do orçamento público é uma das mais importantes atribuições do Poder Legislativo nos países de regime democrático, não obstante a iniciativa das leis orçamentárias tenha se transferido para o Executivo. Atualmente, os papéis desempenhados pelos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento estão definidos nas constituições, onde se observa uma tendência ao equilíbrio entre os dois Poderes. A história do orçamento está intimamente associada ao poderio crescente dos parlamentos que passaram a reivindicar o direito de autorizar as receitas e dispor sobre as despesas públicas. O orçamento, introduzido primeiramente na Inglaterra, como um instrumento de controle político do Parlamento sobre a Coroa, e adotado pelos franceses e norte-americanos em suas lutas por liberdade, aos poucos, foi sendo utilizado pela maioria das nações. No Brasil, tomando-se por referência as constituições ao longo de sua história, a participação do Poder Legislativo na elaboração do orçamento caracterizou-se pela oscilação em termos do maior ou menor controle sobre as decisões orçamentárias. A Constituição Federal de 1 988 recuperou as prerrogativas do Congresso Nacional para dispor sobre matéria orçamentária que haviam sido retiradas na Constituição de 1 967. A Constituição trouxe importantes mudanças nesta área, entre elas a conclusão do processo de unificação orçamentária, a aprovação pelo Legislativo não só da lei orçamentária como dos novos instrumentos de planejamento (lei do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias), a instituição de uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados e a possibilidade de emendar os projetos de lei do Executivo. A lei de diretrizes orçamentárias, considerada uma das mais relevantes inovações introduzidas ao capítulo da Constituição que trata do orçamento público, foi concebida com o objetivo maior de permitir uma intervenção prévia do Poder Legislativo na elaboração do projeto de lei do orçamento, antecipando as decisões sobre as metas e prioridades a serem contempladas na elaboração orçamentária. Apesar dos novos instrumentos e do amplo poder de intervenção, no período de 1990 à 1995 a atuação do Legislativo no que diz respeito à definição de metas e prioridades ficou comprometida principalmente pela falta de vontade política para aprovar a Lei Complementar de Finanças Públicas e para implantar na comissão mista de orçamento uma estrutura e processos de funcionamento correspondentes ao novo papel que a Constituição reservou a esta comissão. A análise dos documentos e os depoimentos levantados mostraram que a atuação do Legislativo foi prejudicada também pela inexistência do planejamento governamental e pela deficiência dos projetos de lei do Executivo, que pouca atenção deram às metas e prioridades.

Laboratório de Experiências Didáticas

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas

Executivo e legislativo no âmbito municipal: a formação de gabinetes no município de São Paulo (1989-2012)

O desenho político-institucional dos municípios brasileiros segue a lógica da esfera federal. Tal sistema tem por características gerais o termo de duração fixa e próprio, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, ou seja, ambos são eleitos diretamente – eleições majoritárias e proporcionais, respectivamente – sem estarem sujeitos à confiança mútua como no sistema parlamentarista. Dada a separação de poderes e o conflito que a literatura ressalta no âmbito federal entre Legislativo e Executivo, o estudo examina a estrutura da dinâmica dessa relação no âmbito municipal. Nesse sentido, o escopo tange as estratégias adotadas na formação dos gabinetes no município de São Paulo de 1989 a 2012, ou seja, contempla 6 (seis) diferentes gestões paulistanas. Para isso foi investigado o perfil político-partidário do secretariado e a correspondência em termos de cadeiras no Legislativo paulistano, bem como os resultados acerca da aprovação de proposituras de iniciativa do Executivo. Os resultados encontrados destacam que a distribuição de pastas não acarreta em um suporte da maioria do parlamento, como no caso federal. Entretanto, apesar da ausência desse apoio, praticamente todos os projetos do Executivo que chegaram ao Plenário foram aprovados. Assim, o estudo aponta que o compartilhamento de poder através da nomeação de secretários partidários é uma ferramenta importante do Executivo, porém pode não ser a única garantidora de uma coalizão majoritária que explique o sucesso legislativo do prefeito.