627 resultados para Législations provinciales


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En este artículo se ponen en relación los resultados del estudio sobre los incentivos materiales del accionar cooperativo con las tendencias de la economía agraria y familiar, en Córdoba, desde la década de 1940 a 1960.Los nuevos mecanismos de comercialización colectiva, en donde participaba la entidad de segundo grado FACA (Federación Argentina de Cooperativas Argentinas) y a la cual estaban asociadas las cooperativas primarias adheridas a la Federación Agraria Argentina y, el Estado - a través del Instituto Argentino de Promoción al Intercambio- aumentaban el poder de negociación de los productores rurales. Por otro lado, las políticas crediticias provinciales fueron -ya desde el inicio del período considerado- favorables al sector agrario y cooperativo. Ambos factores -planteamos- actuaron como incentivos materiales al fortalecimiento de la economía familiar. Para analizar la economía agraria de los productores familiares trabajamos con datos censales a nivel micro-regional (departamento Tercero Arriba) y contextualizamos este estudio con resultados de otras investigaciones sobre las regiones pampeanas cordobesa y nacional. Trabajamos también las prácticas cooperativas con memorias, balances y actas de las entidades de la micro-región y, realizamos una primera aproximación a las políticas crediticias provinciales a las cooperativas, a través de fuentes producidas y existentes en el Banco Provincia de Córdoba.

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La caracterización socioeconómica de la Provincia de Santa Cruz, en el marco del subsistema regional de la Patagonia Austral, releva a los sectores económicos que componen sus respectivas estructuras de producción, así como la adaptación de la región a los cambios operados en la economía, particularmente a partir de la reestructuración de los años ochenta. El agrupamiento de sus principales sectores de acuerdo con una tipología descriptiva construida sobre la base de su temporalidad de surgimiento/desarrollo histórico ha permitido clasificarlos en " tradicionales" y "emergentes". En el primer grupo se destaca la preeminencia que ha tenido el sector agropecuario, particularmente a través de la actividad ganadera ovina. En la evolución de esta actividad se reconocen tres períodos claramente diferenciados: uno inicial de desarrollo y auge del ovino (1880-1940); otro de consolidación (1940-1980); y un tercero de declinación y crisis (1980 a 2001) cuyos años más difíciles se extendieron entre 1994 y 2000. El poblamiento de la Provincia de Santa Cruz ha estado fuertemente ligado a la actividad ganadera ovina, originada hacia 1890 de la mano de diversas corrientes migratorias apoyadas por una política nacional de ocupación territorial. Y la evolución del empleo rural provincial ha acompañado la tendencia de la actividad en cada período. Es así como creció significativamente en los años del poblamiento, se estabilizó en la consolidación y tuvo una abrupta caída a partir del comienzo de la crisis. La misma provocó, entre otras cosas, el abandono de establecimientos, la diversificación de productores que se emplearon en actividades no agropecuarias como fuente de ingresos alternativa o complementaria, y consiguientemente, una fuerte reducción de la mano de obra rural ocupada -siendo que, en su mejor época y según datos de censos nacionales y provinciales, más del 50 de la fuerza laboral provincial trabajaba en las diferentes actividades ganaderas de entonces. A partir del año 2002, e impulsada por la salida del régimen de convertibilidad, se modifica sustantivamente la rentabilidad de las explotaciones, dando comienzo a una lenta recuperación, aunque en un escenario muy distinto a los de años anteriores. Pese a una demanda sostenida, con precios en alza y con mejores resultados económicos, la pérdida de la cultura ovina tradicional y de las características de los sistemas históricos de producción y la aparición de otras actividades económicas extra agropecuarias han producido un éxodo de la oferta laboral rural hacia los centros urbanos, lo que plantea un problema que trasciende la coyuntura hacia lo estructural

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El objetivo de este trabajo es profundizar en las razones de los cambios que se operan en la estructura administrativa sanitaria nacional entre 1943 y 1945. Si bien la creación de la Dirección Nacional de Salud y Acción Social en 1943 responde a una larga demanda de los círculos académicos de centralización administrativa y de unificación de las funciones sanitarias y asistenciales, la corta duración del proyecto (menos de un año) expone consideraciones por afuera de la lógica administrativa. Analizamos aquellas que se vinculan con la complicada relación entre la repartición nacional con los gobiernos provinciales y las organizaciones de beneficencia, con la injerencia del gremialismo médico en el delineamiento de las políticas sanitarias y con el ascendiente de Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social en la monopolización de la asistencia social como capital político.

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Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

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La reseña del presente libro brinda un panorama de lo acontecido con los mercados de tierras en diferentes provincias -Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santiago del Estero y Mendoza- entre los años 1780 y 1914. La investigación realizada por los autores permite observar variables que condicionaron el desarrollo diferenciado de los mercados en las provincias estudiadas. Entre ellas, las posibilidades y estrategias de expansión y consolidación territorial llevadas adelante por los gobiernos provinciales, el proceso de enajenación de tierras públicas (que perseguía diferentes objetivos, entre los cuales se destaca la urgencia de recursos económicos), y el modo en que este accionar del Estado afectó las transacciones entre privados

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Entre 1948 y 1958 el Noticiario Bonaerense acompañó a las autoridades provinciales en sus giras políticas por las localidades agropecuarias del interior de la provincia de Buenos Aires. Allí es posible relevar las transformaciones temáticas y retóricas de los discursos sobre la política agropecuaria, tanto de las gobernaciones peronistas del Cnel Domingo Mercante (1946-52) y del mayor Carlos Aloé (1952-55) como las de la intervención nacional de la llamada Revolución Libertadora del Cnel Emilio A. Bonnecarrére (1955-58). En esos años que rodean 1955, de quiebre y enfrentamiento político y social de ribetes iconoclastas, se realizó un importante debate económico en colaboración con el gobierno de la Libertadora (Raúl Prebisch y Federico Pinedo), con fuertes impugnaciones hacia Perón y el peronismo en general y en particular hacia su política agraria. El Noticiario Bonaerense registró las discontinuidades políticas e iconográficas en las imágenes del acto político agropecuario, lo que resultó de valor para la reinterpretación del debate mencionado. A través del manejo estatal del espacio simbólico proyectaron y mantuvieron el mito de la utopía agraria, ensayando diferentes maneras de entender y de mostrar las relaciones entre el estado y la sociedad jerarquizando otros escenarios y distintos actores.

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Las Areas Protegidas costeras en la provincia de Buenos Aires tienen dificultades de gestión ambiental y requieren de un ordenamiento vinculado al desarrollo sostenible, donde se reconozcan los vínculos entre los derechos de propiedad, la participación y la acción colectiva en el manejo de los recursos del territorio. Por lo tanto, la institucionalidad del manejo de las reservas provinciales costeras se define en escenarios muy complejos de governanza. Las estrategias de governanza de las Areas Protegidas, en el marco del desarrollo sostenible, generan cambios en el papel del estado y las instituciones, que deben adecuarse y reorientarse para involucrar las iniciativas nacionales, regionales, privadas y locales a la gestión. Los retos actuales de la administración municipal y regional, en el caso de las Areas Protegidas, son la construcción de una 'imagen objetivo' de futuro para la planificación-gestión y la búsqueda de un modelo unificado para la sistematización de la gestión ambiental regional-local. Las acciones de gestión en las Areas Protegidas generan necesidades de investigación que no deben estar aisladas de la participación de los interesados. En este sentido se postula que la acción debe ser el producto inmediato y permanente de la investigación participativa, como fuente de conocimiento y de resultados. El objetivo es evaluar la situación actual y las necesidades de gestión - investigación, dirigidas al desarrollo sostenible de las reservas costeras de la provincia de Buenos Aires, identificando los temas relevantes para la ejecución de una agenda ambiental. Para ello, se establecen una serie de criterios (técnicos y operativos) para la elaboración de un cuestionario, que se aplica a actores vinculados a las reservas seleccionadas como casos de referencia. Los resultados de los cuestionarios permiten determinar potencialidades y restricciones para un proyecto de un sistema de manejo integrado y los temas centrales (conservación, desarrollo económico, apoyo logístico y desenvolvimiento institucional) para una agenda de investigación, capacitación y gestión. Por último se elaboran una serie de parámetros, a modo de guía indicativa, que serán validados en un futuro taller para sugerir la jerarquía y prioridad de temas base de agenda para un Sistema de Áreas Protegidas. En el debate actual sobre políticas públicas, la sostenibilidad de cualquier estrategia de desarrollo descansa en el compromiso y participación activos de los actores en los procesos de toma de decisiones. En consecuencia una agenda priorizada de gestión ambiental de reservas es un documento esencial en estos procesos

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A través de herramientas de la etnografía y la sociolingüística, este trabajo explora diversas situaciones sobre usos escriturales en la variante quichua, hablada en Santiago del Estero por 150.000 personas. Partimos de una historia posible de los usos que conformaron un campo cultural propio sobre la lengua quichua en el espacio urbano-educativo, desde mediados del siglo XX: diversos alfabetos en conflicto, agentes determinantes en políticas educativas, e ideologías lingüísticas en pugna que operaron en acciones de promoción del quichua. Posteriormente, describimos los mecanismos actuales de apropiación del discurso quichua, con fines de construcción política hegemónica en el campo cultural-urbano. En dichos mecanismos, la lengua quichua ocupa un lugar preponderante como ornamento histórico, en prácticas de legitimación histórica de las nuevas elites económicas provinciales. Por último, registramos nuevos usos escriturales en quichua, desde varios sectores rurales (juveniles, campesinos, etc.), que están ejerciendo nuevas prácticas de mantenimiento de la lengua a través de nuevas tecnologías de comunicación; en relación con esto, analizamos la perspectiva de las nuevas publicaciones académicas destinadas a formación de enseñanza en quichua, o promoción de lectura bilingüe. Como hipótesis provisoria, planteamos que los intentos de escrituralización en quichua siempre se ubicaron desde campos socio-políticos que no guardan relación significativa con el sector bilingüe. En particular, los nuevos usos escriturales sólo tienen algún impacto, cuando están basados en alguna práctica social concreta, y cuando portan cierto valor por parte del sector bilingüe en cuestión

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Durante los años 2000 y 2001 se produjo en la provincia del Chaco un incremento de la movilización social que confluyó con la denominada insurrección espontánea de diciembre en toda la Argentina. En particular, a nivel provincial, es posible conjeturar la construcción de una fuerza social encabezada por dos fracciones de la clase obrera. Por un lado, los trabajadores desocupados organizados en dos generaciones de movimientos piqueteros. Por otro lado, los trabajadores estatales agrupados en un frente de sindicatos provinciales. La alianza entre ambos sectores se haría visible a principios de 2000, pero recién hacia fines de 2001 lograría atraer a otros sectores sociales con sus modos particulares de acción: la pequeña burguesía, presente en los cacerolazos y los clubes de trueque, así como la burguesía representada por las cámaras empresariales y los colegios profesionales. El desarrollo de cada una de estas expresiones reconoce diversas temporalidades, modos de acción y formas de violencia y/o ruptura con el orden establecido que se intentarán analizar en el presente trabajo

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Aunque la doxa reconozca que la educación es uno de los medios para alcanzar el progreso, quiénes educan y cómo se educa son las preguntas que forman parte de las discusiones diarias de las que dan cuenta todas las publicaciones cordobesas de fines del siglo XIX. Apelando a un recurso de gran eficacia un periódico cordobés se pregunta cómo es que la tierra en la que ha tenido lugar la Exposición nacional, a la que se eligió para establecer el Observatorio y cuya tradición en este aspecto se remonta a la época de la colonia, carezca de políticas en educación popular como las implementadas por otros gobiernos provinciales. La incorporación de las maestras normales a la enseñanza desata una dura polémica de la que se hacen eco los diarios locales. Esta polémica pone en evidencia que para una sociedad como la cordobesa, cuyo respeto por las tradiciones es una manera de reconocerse a sí misma, todo aquello que implique innovaciones en su dinámica social es percibida como una amenaza. Esta lógica de la desestabilización explicaría la resistencia a los cambios en el modelo de instrucción pública y la repercusión que tuvo en los escritos de la época.

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El Territorio hoy es visto como una totalidad organizada que no puede ser pensada separando cada uno de los elementos que la componen; cada uno de ellos es definido por su relación con los otros elementos. Así, un pensamiento que integra diferentes disciplinas y saberes comienza a manejar una realidad que lejos está de definir certezas inamovibles, y comienza a vislumbrar horizontes estratégicos. La adaptación a la no linealidad de las relaciones que se dan sobre el territorio, y la diferencia de velocidades en las que actúan los distintos actores, nos exige hacer de la flexibilidad una característica esencial de la metodología de planificación estratégica. La multi-causalidad de los fenómenos que estructuran el territorio nos obliga a construir criterios cualitativos, entendiendo que nos es imposible la medición de estas cadenas causales y su reconstrucción completa en el tiempo; sin dejar por ello de edificar un marco profundo de acción y transformación que responda a una realidad cierta y veraz. Los fenómenos producidos sobre el territorio nunca actúan de manera aislada, lo que implica una responsabilidad a la hora de comprender las sinergias y la restricción que afectan los resultados de los procesos desatados. La presente ponencia corresponde a la Segunda Fase del proceso de identificación estratégica de los proyectos Plan Estratégico Territorial (PET) que se inició en el año 2005; dicho Plan es llevada a cabo por la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación Federal y fue abordado sobre la base de tres pretensiones: institucionalizar el ejercicio del pensamiento estratégico, fortalecer la metodología de trabajo transdisciplinaria y multisectorial, y diseñar un sistema de ponderación de proyectos estratégicos de infraestructura, tanto a nivel provincial como nacional, con una fuerte base cualitativa. Este proceso dio como resultado una cartera ponderada de proyectos de infraestructura conjuntamente con una metodología que permitió consolidar los equipos provinciales de planificación, tanto en su relación con los decisores políticos como con los actores de los múltiples sectores del gobierno, y en estos resultados consolidar y reforzar una cultura del pensamiento estratégico sobre el territorio

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Como es sabido, durante 2010 tuvo lugar en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires un período de convulsiones y conflictos al interior de un gran número de escuelas del nivel medio, que terminó de manifestarse a través de diversas formas de acción colectiva (marchas callejeras, manifestaciones artísticas, y más resonante aún, la ocupación efectiva de establecimientos educativos). Motivados por distintas circunstancias y como consecuencia de diversos procesos, j162venes de distintos sectores sociales y áreasgeográficas confluyeron en formas de participación política tendientes a la abierta confrontación con distintos estamentos, entre los cuales cabe destacar tanto los distintos gobiernos provinciales como municipales de turno. Al mismo tiempo, y esto es lo que atrae nuestra atención en esta ocasión, la vida al interior del espacio escolar se vio fuertementemodificada lo que trajo consigo transformaciones difíciles de abarcar aún pasados dos años. En este trabajo nos proponemos dar cuenta de algunas claves para avanzar en la comprensión de los procesos abiertos durante el período de las tomas, prestando especial atención a las transformaciones que parecen estar dándose en lo que respecta particularmente a las relaciones de autoridad al interior del espacio escolar. Este trabajo forma parte de los primeros avances de una investigación realizada durante 2011 en tres escuelas del nivel medio de la Ciudad de Córdoba

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Este trabajo es exploratorio y es el resultado de un proyecto más amplio concretado durante 2011-2012 por el grupo GICIS del Departamento de Documentación de la Facultad de Humanidades (UNMdP), quien desde 1995 se ha abocado al análisis de las bibliotecas escolares de la región. Se exponen aquí las conclusiones del estudio que tuvo como finalidad analizar los criterios adoptados por los equipos de gestión de las instituciones educativas de enseñanza primaria para evaluar el desempeño de los bibliotecarios y medir la calidad de los servicios prestados en las bibliotecas de las escuelas primarias provinciales del partido de General Pueyrredón. Asimismo se determinan la frecuencia y los modelos de evaluación empleados por los directivos, los aspectos tenidos en cuenta en este proceso, los conocimientos acerca de la función de la biblioteca escolar y el rol del bibliotecario, los cursos de capacitación o instructivos recibidos desde la esfera oficial sobre la gestión de bibliotecas escolares. Finalmente se recogen las inquietudes de estos actores institucionales acerca de la necesidad de actualización en servicio sobre el tema

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Las políticas económicas neoliberales aplicadas en el país a partir de 1990 incluyeron como novedad la ejecución de programas de desarrollo rural; estas iniciativas estatales se ejecutaban desde el gobierno nacional o en conjunto con las provincias. Dichos programas tenían todo el repertorio de medidas para superar los problemas que el anterior modeloeconómico no pudo resolver: endeudamiento externo para reducir déficits estatales; descentralización de actividades del ejecutivo nacional a los gobiernos provinciales, incorporación de las ONG dentro de iniciativas estatales y precarización laboral. Este nuevo diseño de asistencia estatal tenía como objetivo reducir la pobreza en el medio rural, sin embargo produjo descoordinación entre organismos estatales; conflictos personales e institucionales y precarización de las condiciones económicas de los trabajadores contratados. Analizaréaquí, las consecuencias provocadas por la ejecución de programas de desarrollo en: las estructuras estatales y en las condiciones laborales del personal contratado. Y reflexionar acerca de la singular situación de resolver desde Buenos Aires cuestiones operativas de la ejecución de políticas en el interior del país, sin considerar las características de estas sociedades. El escrito se ubica espacialmente en Chaco y temporalmente abarca desde 1990 hasta 2007, período durante el cual los programas de desarrollo tuvieron mayor despliegue acompañando el modelo económico de la época