1000 resultados para BOGOTA (COLOMBIA) - ADMINISTRACION PUBLICA - CONTROL
Resumo:
Mediante una propuesta académica innovadora y vivencial en la que se involucra el diálogo con afrocolombianos, indígenas, raizales, gitanos y estudiantes(...), la Universidad del Rosario, a través de una investigación financiada por Colciencias, realizo el balance del estado actual de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades étnicas de Colombia. Con esta experiencia etnoeducativa, que institucionalizó la Cátedra Viva Intercultural de la universidad, se contribuye a la construcción de la identidad de estos grupos étnicos, donde se validan los diversos sistemas de conocimiento no occidentales y se promueve el reconocimiento, el respeto y la aceptación de la pluralidad cultural que garantice la convivencia pacífica. Así mismo, en desarrollo de este proyecto se han invitado a diversos actores de la comunidad nacional a asumir el reto de construir un sistema educativo intercultural, pues se considera que la etnoeducación, como propuesta para el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica y cultural de la Nación, tiene mucho que aportar al diálogo, al entendimiento y a la paz de los colombianos. En este compartir cultural han participado 128 estudiantes rosaristas y 21 personas de otras universidades y organizaciones étnicas, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con un número importante de indígenas provenientes de diferentes pueblos, afrodescendientes asentados en diversas regiones del país, una representante de la comunidad raizal, originaria de los archipiélagos y dos del grupo gitano en Colombia(...). Esta experiencia de la Universidad del Rosario es pionera en el ámbito de la educación superior en el país y demuestra que la perocupación por la educación en asusntos éticos está presente en el sistema educativo y en el diálogo intercultural. La etnoeducación en el país surge del cuestionamiento, por parte de los movimientos sociales, de la función que cumple la educación formal basada en una cultural nacional homogénea que desconocía las culturas de los grupos éticos, factor que contribuye a la pérdida de su identidad cultural. En la actualidad tiene dos énfasis, la educación propia que se desarrolla en la comunidades éticas y la educación intercultural para el conjunto de la sociedad colombiana.
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Se calcula que cerca de 800 mil puestos de trabajo desaparecen anualmente en el mundo industrializado, cifra que entregó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Francia en un simposio acerca de las tendencias en la internacionalización del empleo, realizado en el 2005. En Colombia, en la última década, se suprimieron 40 mil empleos en los procesos de reestructuración del sector público y, durante la crisis cafetera (1996-2000), la Federación Nacional de Cafeteros anunció la eliminación de aproximadamente 150 mil empleos. Sin embargo, la fuerza laboral sigue creciendo, situación que plantea interrogantes a la sociedad(...). En efecto, de acuerdo con la OIT, entre 1990 y 1994, el 80% de los nuevos empleos de América Latina se generó en el sector informal. Esta misma organización presentó en el 2006 un informe que muestra las tendencias del empleo en Latinoamérica y el Caribe, el cuál especifica que el número de desempleados aumentó en 1,3 millones aproximadamente; es decir, que la tasa de desempleo pasó de 7,6% en 1995 al 7,7% en 2005(....). El vínculo entre estos dos fenómenos, supresión e informalidad del empleo, evidencia el impacto del trabajo en la sociedad contemporánea, a tal punto que las preocupaciones políticas locales y regionales giran alrededor del tema, bien sea buscando estrategias de organización para ser más competitivos o con el desarrollo de estrategias de cooperación e intercambio comercial. Gracias a la Ley 789 de 2002, Colombia cuenta con uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina, cuyo objetivo principal es la generación de empleo(...). Sin embargo, estas estrategias de flexibilización implican horarios más extensos, mayores responsabilidades y menos tiempo disponible, así como contratos de corta duración, trabajos por horas, pérdida de prestaciones laborales y bajos salarios. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Dane de 2005, cerca del 60% de la población colombiana, laboralmente activa, se encontraba inmersa en la informalidad, como único recurso para garantizar sus ingresos. Las consecuencias de estas transformaciones laborales se reflejan en la salud de los trabajadores y evidencian cómo el trabajo pasó de ser un recurso renovable y disponible a encaminarse hacia un escenario donde el acceso se hace más difícil, donde la temporalidad y la inestabilidad son la regla. Este escenario es analizado por el Grupo de Investigación en Salud y Trabajo (GiSYT), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, a través de un estudio que comprende los efectos de las nuevas formas de organización del trabajo en la salud de los trabajadores e identifica vías de solución a los problemas que de ahí emergen.
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A lo largo de las dos últimas décadas el seguimiento del tema de la seguridad, tanto en su dimensión internacional como al interior de uno u otro país, se ha vuelto más complejo en cuanto nuevas amenazas, reales o aparentes, nacionales o internacionales, que afectan no sólo a los Estados sino también a los grupos culturales, las comunidades locales y los individuos(...). Al mismo tiempo se ha entendido que esas amenazas provienen de distintas fuentes, no tan claramente definidas como lo eran en la época de la Guerra Fría. Las hipótesis de conflicto y de choques militares frontales entre Estados son hoy apenas parte de las preocupaciones de estudiosos y gobernantes, al tiempo que se identifican nuevos riesgos y vulnerabilidades de naturaleza política, económica, cultural y medioambiental, lo que da pie a una discusión renovada sobre la idoneidad de los esquemas de seguridad tradicionales(...). El debate, altamente necesario, se lleva a cabo ya en el ámbito global. En el contexto continental americano algunos Estados y organizaciones intergubernamentales han empezado a abordar el estudio de la materia de manera ampliada, al menos en los términos formales de las declaraciones de principios, para indicar que convendría ir más allá de los términos tradicionales de defensa sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas. Los investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, consideran que hay todavía un largo camino por recorrer en el análisis de los perfiles de seguridad de los Estados de las Américas, y que muy pocos países han integrado realmente esta visión multidimensional de la seguridad en el desarrollo diario de sus políticas y de sus estrategias de seguridad nacional, que permanecen todavía demasiado marcadas por los factores militares. Según los investigadores, el hecho de que la mayoría de los Estados americanos no haya hecho aún tránsito efectivo del modelo tradicional de seguridad militarizada a uno de seguridad ampliada, se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento, por parte de los tomadores de decisiones, de los contenidos y los alcances de las nuevas dimensiones del concepto(...). El saber identificar correctamente esas caras diversas de la seguridad en el contexto específico de una u otra nación, permitirá luchar mejor en contra de nuevas amenazas y responder con mayor idoneidad a las necesidades de protección de la sociedad a través de políticas públicas adecuadas y de estrategias y acciones pertinentes, que no olviden ningún sector. También los ciudadanos de las Américas, cuando el tema se incorpore a la discusión política, tendrán la capacidad de controlar mejor a sus propios gobiernos y de solicitar democráticamente cambios en las políticas y estrategias de seguridad. El CEPI considera que el nuevo conjunto de amenazas, por su naturaleza multidimensional y transnacional, no puede ser combatido únicamente en la escala de un país determinado o mediante el uso exclusivo de la fuerza armada. Esto obliga a repensar, en el ámbito americano, los esquemas de seguridad desde las perspectivas humana, política, económica, societal y ambiental, entre otras, y a diseñar estrategias regionales colaborativas que conducirán a la necesaria ampliación de las agendas nacionales en la materia.
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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).
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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.
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Al discutir las ventajas y desventajas de negociar acuerdos de integración, especialmente entre naciones con economías asimétricas, siempre está presente la preocupación por el impacto en la economía y en la sociedad. Esto exige un examen de los objetivos que se persiguen con la celebración del respectivo acuerdo y establecer si el país cuenta con las condiciones para la aplicación y la puesta en marcha de este tipo de tratados. El principal argumento para la negociación de acuerdos es la relación que existe entre el nivel de exportaciones con el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se trata de un análisis bastante conocido que enfatiza las bondades de reducir barreras arancelarias para aumentar la competitividad. Sin embargo, descuida variables internas como la productividad, la investigación y el desarrollo o el capital humano y social, que son en realidad las que determinan el éxito o el fracaso de los acuerdos de comercio. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia Colombia con Estados Unidos crea las condiciones normativas para mejorar los niveles de comercio e integración, su sola suscripción no garantiza el crecimiento del comercio y la economía de los dos países. Para el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, las ganancias a obtenerse con el TLC estarán vinculadas a la forma en que el país implemente el acuerdo, para lo cual reviste particular importancia la participación del Estado, tanto en la adecuación de las políticas macroeconómicas como en la transformación de sus instituciones. Según los investigadores, esto implica una mirada más amplia de los objetivos del comercio internacional, donde se evalúe el impacto del cambio institucional y no se limite a la simple reducción arancelaria. Por tanto, Colombia debe establecer claramente las consecuencias que tendrá un acuerdo de esta magnitud, no sólo para la economía y el comercio, sino también para las instituciones a nivel local, regional y nacional.
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Hoy, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es reconocido por participar en la construcción de la historia nacional. Es una institución que cree en el ser humano y lo respeta como pilar fundamental de su educación, que está orgullosa de su pasado y de su tradición, y que tiene la capacidad de anticiparse y de responder de manera activa a las realidades del contexto. Esta ideología es su patrimonio, es lo que refleja su filosofía, pensamiento y visión. Pero para esto es indispensable construir retos cada vez más exigentes. Desafíos académicos que contribuyan a fortalecer la malla curricular y a entregarle una mejor calidad de vida a la comunidad rosarista. Planear a largo plazo implica abrir nuevos caminos para quienes ya han pasado por nuestras aulas o para quienes ingresarán con el tiempo a construir su historia junto con nosotros. En los últimos dos años, se han implementado nuevos programas de pregrado y de posgrado en áreas que complementan y dan mayor solidez a los programas actuales. De esta forma, se está ampliando la oferta académica con propuestas pertinentes en el contexto nacional y se está preparando el terreno para la apertura de nuevas maestrías y doctorados. Para complementar ese crecimiento académico con calidad, se inició un proyecto de desarrollo físico que planea la construcción de una sede alterna a la del Claustro, el cual históricamente ha estado ubicado en el centro de Bogotá. Para este propósito, el Rosario adquirió terrenos en una de las zonas de mayor potencial de desarrollo y cercanos al Portal del Norte de Transmilenio. Esta sede alterna estará localizada donde funcionaba el Polo Club, en la calle 200 entre la autopista norte y la carrera séptima. Se quiere que el campus sea, en lo posible, un modelo de propuesta urbanística y arquitectónica del futuro, con un sello distintivo del pasado, del presente y del futuro de la comunidad rosarista y que sea un ejemplo en el manejo de la discapacidad, de la tecnología y en el aspecto ambiental. En la nueva sede, los rosaristas encontrarán espacios adecuados para fortalecer sus labores universitarias, así como lugares deportivos y culturales que promuevan la educación integral. Se espera empezar la construcción en el segundo semestre de 2007 y contar con los primeros estudiantes trasladados en el segundo semestre de 2008. Este proyecto reafirma la decisión de la Universidad del Rosario de ofrecer los mejores niveles de calidad. En este fascículo, que cierra el primer ciclo de vida de la colección Universidad, ciencia y desarrollo, presentamos oportunidades que van adelante en el tiempo, que participan en el continuo crecimiento y llevan el sello rosarista.
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La violencia ha demostrado reiteradamente su fracaso como medio de resolución de conflictos o como instrumento en la búsqueda de la paz. Por su parte, la pasividad y el conformismo han terminado con frecuencia por contribuir apenas a la prolongación de situaciones conflictivas. Los efectos estériles de la pasividad y la sensación de impotencia y debilidad que acompaña al conformismo, producen desasosiego en el ánimo de sociedades que anhelan la solución de los conflictos que las agobian. Tal es el caso de la sociedad colombiana y de muchas otras que, en uno u otro continente, sufren a diario las consecuencias negativas de comportamientos tradicionales y resienten el estancamiento de crisis aparentemente sin solución. Todas ellas llevan en el fondo el anhelo de la paz y reclaman medios novedosos, activos y alternativos para conseguirla. La acción política no violenta representa uno de ellos.
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Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 8, No. 18 (Noviembre 19 de 2007)
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El alto índice de analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad fueron motivos para que en 1954, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se impulsara el desarrollo de la televisión educativa como una herramienta alternativa, novedosa y atrayente que apoyara el trabajo pedagógico de los docentes en la escuela primaria y permitiera alfabetizar a un mayor porcentaje de población. Fue así como el 13 de junio de ese año se emitió el primer programa de televisión y se orientó la programación a objetivos educativos y culturales. Desde entonces, en Colombia se inició un proceso de articulación entre la televisión y la educación en el que, tanto productores como televidentes, aprendieron a crear y a entender el lenguaje audiovisual. Estos orígenes y el modelo de televisión educativa empleado a lo largo de la historia nacional constituyen la base del estudio realizado por el grupo de investigación “Estudios sobre identidad” de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Esta investigación nació con la finalidad de rescatar aquellas lecciones del pasado que pueden representar un aporte, para los arquetipos televisivos actuales. La televisión educativa en Colombia partió de un modelo utilizado desde el año 1954 hasta finales del siglo XX, basado en una comunicación unidireccional (del emisor al receptor). Este modelo, que ya no existe, se diversificó de modo sorprendente, con la aparición de nuevas tecnologías, nuevas concepciones educativas y audiencias más activas . Países como México, India, Nigeria, Brasil, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros, contaban con experiencias significativas y resultados claros de incorporación de la televisión al mejoramiento educativo .
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Si usted camina menos de 5 mil pasos diarios, clasifica como una persona sedentaria y tiene dos veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo II, obesidad, cáncer de colon, de próstata y de seno, hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y hasta ansiedad. Esta perspectiva, poco saludable, es el reflejo fiel de un estilo de vida moderno que, debido a la tecnificación, no exige ningún esfuerzo físico y, en consecuencia, puede desencadenar a largo plazo enfermedades crónicas y riesgos que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de la población. Los datos epidemiológicos en el mundo han alertado sobre el fenómeno del sedentarismo y el impacto de éste en la salud de los pueblos, por su evidente relación con la aparición de enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles y, además, por el costo que tiene atender a los usuarios y el monto de los recursos para brindar apoyo técnico-profesional especializado en los procesos de rehabilitación de esas personas. En el año 2001, las enfermedades no transmisibles fueron la causa de casi el 60% de las 56 millones de muertes al año, en el mundo. Entre los factores de riesgo identificados están: la falta de actividad física, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, escasa ingesta de frutas y hortalizas, obesidad y consumo de tabaco. Entre 1985 y 1995, estas patologías fueron consideradas como la causa de cerca del 30% de muertes en Colombia, es decir, una tercera parte del total. Frente a esta situación creciente, la prevención de las enfermedades no transmisibles constituye un gran desafío para la salud pública mundial. Por esta razón, es indispensable la comprensión del fenómeno del sedentarismo como un problema estructural que incide en la presencia de enfermedades no transmisibles.De igual forma, es urgente desarrollar unos lineamientos con el fin de disminuir los riesgos en salud, recapacitar acerca del individualismo generado por la misma sociedad –particularmente en los niños– y generar conciencia frente a la importancia de la actividad física. Para atender esta problemática y mirando al cuerpo desde una perspectiva diferente de algunos parámetros como el aumento de la productividad, la disminución de ausencias (esquema de salud ocupacional), el alivio de lesiones (esquema terapéutico) o la prevención de enfermedades (esquema patológico), la Universidad del Rosario, a través de su grupo de investigación en Actividad Física y Desarrollo Humano(...), está trabajando en proyectos orientados a investigar y promover la actividad física como una estrategia económica y efectiva para combatir el fenómeno del sedentarismo y, de esta manera, contribuir en la creación de una nueva dinámica social que busca compartir, recrear y, construir tejido social de una manera distinta, por salud, por bienestar físico, mental y colectivo. Esta labor implica una acción social más contundente, porque está en juego no solamente el movimiento de músculos y la activación del cuerpo, sino también, la relación social construida en la interacción, ya que muchas actividades se ejecutan por medios interactivos y, por esta razón, se aíslan los individuos. Así las cosas, el fomento a la actividad física involucra la idea de utilizar el tiempo libre de manera activa y facilitar la interacción social, pues a diferencia de un videojuego, que aísla, una caminata se puede realizar en compañía y es propicia para conversar. Y aunque en el imaginario colectivo se piensa en el gimnasio cuando se habla de actividad física, ésta no tiene que ser tan formal como un deporte, sino que intenta orientar a la persona, aparentemente saludable y sin patologías, para mantenerla en esa condición de salud y mejorar su calidad de vida. El hecho es que motivar a las personas para que realicen una actividad física determinada y regular, no es tarea fácil debido a factores culturales y conductas sociales e individuales proclives al sedentarismo, como el uso prolongado de Internet, los videojuegos, la falta de tiempo, el exceso de peso, los entornos inadecuados y la ausencia de escenarios aptos para estas prácticas. Tampoco ha sido fácil que los gobernantes se interesen en desarrollar la política y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales se requiere de un entorno adecuado. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, en el presupuesto colombiano no existe un rubro específico para el fomento de la actividad física, desligado del deporte, de los gimnasios o el alto rendimiento. Por eso, más que un fin, este trabajo investigativo es el punto de partida para estudiar los patrones culturales y las variables sociales que limitan o favorecen la práctica de la actividad física. Adicionalmente, esta labor sirve como base para desarrollar una política pública que articule el sector oficial y no oficial, el público y el privado y, de esta manera, se sumen esfuerzos hacia el fomento de la actividad física porque el problema del sedentarismo está latente y es el detonante para disparar todos los índices epidemiológicos en el país
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Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos —que equivalen casi a la población total de Bogotá— en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional. Los migrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto de petróleo de un año. . La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.
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Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 3, No. 05 (Marzo 25 - Abril 7 de 2008)
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Lineamientos para una reglamentación de la flora medicinal Tres décadas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalara el uso de las plantas medicinales en los sistemas nacionales de salud, Colombia aún no cuenta con una legislación que le permita proteger y aprovechar su flora medicinal en beneficio de la población. Para subsanar este vacío, el Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina (GESTS) y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario decidieron analizar los avances legislativos desarrollados en todo el mundo, con el fin de sentar las bases de una reglamentación nacional que estimule el cultivo, aprovechamiento sostenible y uso terapéutico de las plantas y sus productos derivados.(...) Esta iniciativa cobra mayor importancia ante el incremento de reglamentaciones locales relacionadas con las medicinas herbáceas (...) . Mientras en 1995 sólo 42 de los 193 países miembros de la OMS tenían normas relacionadas con la medicina basada en hierbas, para el 2005 una encuesta realizada en 140 países mostró que en 92 de ellos ya se había reglamentado el uso de plantas medicinales. Se ha extendido tanto el uso de éstas plantas que el mercado mundial de medicinas elaboradas con hierbas basadas en el conocimiento tradicional supera los 60.000 millones de dólares(...)(cerca de la mitad del PIB de Colombia). Ésto se traduce, además, en una preocupación permanente sobre su tráfico y comercio inadecuado (...) , ante el inminente riesgo de extinción biológica de algunas especies, como lo advierten varios estudios de la OMS (...) (...) (*) . Ahora bien, aunque la propuesta de los investigadores podría sentar los lineamientos básicos para un proyecto de ley, la reglamentación no puede convertirse en un punto de llegada, ya que sin importar lo que diga la legislación, la gente seguirá haciendo uso –con viejas o nuevas maneras– de las plantas medicinales. Por tanto, el grupo interdisciplinario de investigadores, propone un marco conceptual que permita entender el universo de la botánica médica, estableciendo las fronteras de su estudio y precisando los lenguajes utilizados por la medicina moderna y la medicina tradicional.
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Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.