703 resultados para ANTICIPO IMPUESTO


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Inversión extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur / Daniel Chudnovsky y Andrés López. -- Desarrollo de ventajas competitivas: pymes exportadoras exitosas en Argentina, Chile y Colombia / Dario Milesi, Virginia Moori, Verónica Robert y Gabriel Yoguel. -- Efectos de la capacitación en la competitividad de la industria manufacturer / Ramón Padilla y Miriam Juárez. -- La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos / Jürgen Weller. -- La globalización de la atención de la salud: oportunidades para el Caribe / Richard L. Bernal. -- La protección social en el Caribe de habla inglesa / Oliver Paddison. -- Reforzando un pilar fiscal: el impuesto a la renta dual a la uruguaya / Alberto Barreix y Jerónimo Roca. -- Migraciones internacionales y desarrollo: el impacto socioeconómico de las remesas en Colombia / David Khoudour-Castéras. -- Agentes extrasectoriales y transformaciones recientes en el agro argentine / Clara Craviotti. -- Jueces de la Revista de la CEPAL 2005-2006. -- Orientaciones para los colaboradores de la Revista de la CEPAL. -- La Revista de la CEPAL en Internet . -- Publicaciones recientes de la CEPAL.

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Las actividades económicas generan, de forma colateral, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que conforman el fenómeno del cambio climático. En este sentido, la teoría económica sugiere diversas soluciones de política pública en donde destacan el uso de impuestos a las emisiones de CO2, la conformación de un mercado de emisiones a través de la creación de un sistema de permisos comercializables o el uso de regulaciones especificas que limita las emisiones de gases de efecto invernadero . Cada una de estas opciones tiene desde luego ventajas y desventajas. En este contexto, existen diversas propuestas que buscan apuntalar el uso de algún tipo de impuesto al carbono; en particular en la modalidad de un impuesto al carbono en referencia a las importaciones de los países desarrollados. Este mecanismo gravaría a las importaciones hacia los países desarrollados atendiendo al contenido de carbono de los productos. En este sentido, resulta relevante identificar la viabilidad y consecuencias potenciales de la imposición de este tipo de impuesto en América Latina.

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El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015 presenta un panorama actualizado sobre el gasto público, el impacto fiscal de los recursos naturales no renovables, los efectos redistributivos de la política fiscal y las reformas tributarias recientes en América Latina y el Caribe. El documento, organizado en 3 capítulos, examina los niveles de deuda pública, constatando que se han reducido en América Latina pero se han elevados en el Caribe. Establece que, en general, existe espacio fiscal para aplicar políticas contracíclicas y potenciar el desarrollo productivo y que se debe modernizar el manejo fiscal de los recursos naturales no renovables. Explica que la incidencia de la política fiscal sobre la distribución del ingreso disponible es muy limitada y que en un entorno macroeconómico volátil, las reformas tributarias deben apuntar a fortalecer el impuesto sobre la renta.

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En este trabajo se efectúan mediciones, comparables con las metodologías internacionales, sobre la incidencia distributiva del impuesto a la renta y las transferencias públicas monetarias en 17 países de América Latina. Los resultados indican que la política fiscal juega un papel limitado en mejorar la distribución del ingreso disponible; el coeficiente de Gini baja apenas tres puntos porcentuales luego de la acción fiscal directa. En promedio, el 61% de esta reducción proviene de las transferencias públicas en efectivo y el resto de los tributos directos, reflejo del imperativo de fortalecer el impuesto a la renta personal. Las mediciones de encuestas de hogares permiten simular los efectos potenciales de reformas tributarias orientadas a aumentar las tasas medias efectivas del decil superior. Si esta recaudación adicional se destina a transferencias focalizadas, los efectos son muy significativos. En consecuencia, es necesario evaluar las reformas tributarias considerando el uso de estos recursos.

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El objetivo de este artículo es estimar, mediante un meta-análisis, el valor promedio de las elasticidades ingreso y precio de la demanda de gasolinas y analizar las causas de la variación en las elasticidades reportadas en la literatura. Los resultados muestran que existe un sesgo de publicación, que la volatilidad de las estimaciones de las elasticidades no se debe exclusivamente a errores de muestreo y que existen factores sistemáticos que explican estas diferencias. Las elasticidades ingreso y precio de la demanda de gasolinas son distintas en el corto y largo plazo, por regiones, y son susceptibles de incluirse en la estimación la flota vehicular y el precio de bienes substitutos, los tipos de datos y métodos de estimación utilizados. La presencia de una baja elasticidad precio sugiere que un impuesto a los combustibles, en un entorno de rápido crecimiento económico, será insuficiente para controlar el aumento del consumo.

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El presente documento da cuenta de un proceso prolijo de sistematización de la normatividad vigente sobre las APPs y las OxI en el Perú, así como de su cuantificación durante los últimos años y ha sido estructurado en cuatro capítulos además de esta breve introducción. Primero se hace un recuento histórico que permita caracterizar el contexto situacional de fines del siglo pasado a fin de poder comprender mejor el escenario donde se diseñan e implementan las APPs, indentificando los 2 periodos en las últimas dos décadas: i) Concesiones (1996-2008) y ii) APPs y OxI (2008 a la fecha). Luego se desarrollan en los siguientes capítulos (tercer, cuarto y quinto capítulo, respectivamente) las principales características de esas 2 etapas, analizando las concesiones, las asociaciones público-privadas y las obras por impuesto.

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Pós-graduação em Ciências Sociais - FFC

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RESUMEN. Se ha llevado a cabo un modelo de flujo de aguas subterráneas en la desembocadura del Barranco de La Aldea (Gran Canaria). El área fue discretizada tridimensionalmente en celdas de 50x50 m considerando 3 capas. La capa superior está constituida por materiales sedimentarios y volcánicos (aluvial, derrubios de ladera y basaltos alterados) y las capas intermedia e inferior por basaltos. Se ha realizado un modelo en régimen estacionario simulando el año hidrológico medio 1991/92 y transitorio para el período de 1991/92-1998/99. Los límites norte, sur y este se han definido como bordes impermeables, la línea de costa se ha definido como nivel constante y la cabecera del barranco se ha simulado mediante un tramo de caudal prefijado representando el aporte de la cuenca alta del barranco. Las entradas en la zona son: recarga por lluvia, retornos de riego, pérdidas en la red de abastecimiento, cabecera del barranco principal y desde la zona de intra-caldera. Las salidas son: bombeos y descarga al mar. El borde inferior se define por el flujo nulo en el contacto entre los basaltos alterados y sin alterar. En el cauce de los barrancos se ha impuesto una condición de dren y las extracciones se han localizado según los datos obtenidos de las captaciones de la zona. Los parámetros resultantes de la calibración del modelo, en particular, la transmisividad, son del mismo orden que los obtenidos en estudios previos modelo. Por otro lado, los niveles calculados y observados presentan un buen ajuste y el balance hídrico resulta consistente. ABSTRACT. A groundwater flow model in La Aldea ravine lower part (Gran Canaria) has been developed. The zone has been tridimensionally discretized as cells of 50 x 50 m considering 3 layers. The superficial layer is formed by sedimentary and volcanic materials (Alluvial, screes and altered basalts) and the intermediate and lower layers are basalts. The model has been developed in stationary state for the average hydrologic year 1991/92 and in transitory state for the period of 1991/92-1998/99. The North, South and East limits have been defined as null flow boundary conditions, the coast line has been defined as constant level and the ravine bed at the east has been defined as a constant flow, representing the contribution from the upper ravine basin. Recharge is a result of rainfall, irrigation returns, supply network leaks and inflow from the intra-caldera zone. Discharge takes place by pumping wells and flows towards the sea. The bottom surface is defined as a null flow condition in the limit between altered and unaltered basalts. A drain condition has been imposed in the ravine and the pumping wells extraction has been located. The simulation results indicate that the transmisivities obtained in previous works present the same order of magnitude than the obtained in the model and the calculated levels are in good agreement with the observed levels measurements.

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[ES] Aunque no se contemplan aquí los beneficios que se derivan de la generación de nuevos viajes, se sabe que la introducción del tercer nivel en Canarias ha impuesto una ganancia en bienestar de unos 473 millones de pesetas anuales

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Con il presente lavoro, che ha ad oggetto l’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere nell’ordinamento costituzionale italiano, il candidato si propone tre obiettivi. Il primo è quello della ricostruzione dogmatica dell’istituto che sconta inevitabilmente un grosso debito nei confronti della vasta letteratura giuridica che si è sviluppata nel corso dei decenni. Il secondo obiettivo è quello, ben più originale, dell’indagine sulla prassi che ha contraddistinto il ricorso allo scioglimento nella peculiare realtà italiana. In questo modo si viene colmando uno spazio di ricerca diretto a leggere gli avvenimenti e a ricondurli in un quadro costituzionale sistematico, anche al fine di ricavare utili riflessioni circa la conformità della prassi stessa al dato normativo, nonché sulle modalità di funzionamento concreto dell'istituto. Il terzo obiettivo, quello più ambizioso, è utilizzare le considerazioni così sviluppate per ricercare soluzioni interpretative adeguate all’evoluzione subita dall’assetto politico-istituzionale italiano negli ultimi due decenni. Quanto al metodo, la scelta del candidato è stata quella di ricorrere ad uno strumentario che pone in necessaria sequenza logica: a) i presupposti storici/comparatistici e il dibattito in Assemblea costituente, utili per l’acquisizione del patrimonio del parlamentarismo europeo del tempo e per la comprensione del substrato su cui si costruisce l’edificio costituzionale; b) il testo costituzionale, avvalendosi anche delle importanti considerazioni svolte dalla dottrina più autorevole; c) la prassi costituzionale, consistente nella fase di implementazione concreta del disposto normativo. La finalità che il candidato si pone è dimostrare la possibilità di configurare lo scioglimento secondo un modello di tipo “primoministeriale”. Per quanto riguarda la prima parte della ricerca, dalla pur sintetica descrizione dei precedenti storici (sia rispetto alle realtà europee, inglese e francese in primis, che al periodo prerepubblicano) si trae conferma che l’operatività dell’istituto è intrinsecamente influenzata dalla forma di governo. Una prima indicazione che emerge con forza è come la strutturazione del sistema partitico e il grado di legame tra Assemblea rappresentativa e Gabinetto condizionino la ratio del potere di scioglimento, la sua titolarità ed il suo effettivo rendimento. Infatti, in presenza di regimi bipartitici e di impianti istituzionali che accentuano il raccordo fiduciario, il Capo dello Stato tende all’emarginazione, e lo scioglimento acquisisce carattere di automaticità tutte le volte in cui si verificano crisi ministeriali (eventualità però piuttosto rara); più consueto è invece lo scioglimento primoministeriale libero, come arma politica vera e propria attraverso cui il Governo in carica tende a sfruttare il momento migliore per ricercare il giudizio del popolo. Al contrario, dove il sistema politico è più dinamico, e il pluralismo sociale radicalizzato, il Capo dello Stato interferisce fortemente nella vita istituzionale e, in particolare, nella formazione dell’indirizzo politico: in quest’ottica lo scioglimento viene da questi inglobato, ed il suo ricorso subordinato ad esigenze di recupero della funzionalità perduta; soprattutto, quando si verificano crisi ministeriali (invero frequenti) il ricorso alle urne non è conseguenza automatica, ma semmai gli viene preferita la via della formazione di un Gabinetto poggiante su una maggioranza alternativa. L’indagine svolta dal candidato sui lavori preparatori mostra come il Costituente abbia voluto perseguire l'obiettivo di allargare le maglie della disciplina costituzionale il più possibile, in modo da poter successivamente ammettere più soluzioni interpretative. Questa conclusione è il frutto del modo in cui si sono svolte le discussioni. Le maggiori opzioni prospettate si collocavano lungo una linea che aveva ad un estremo una tassativa preordinazione delle condizioni legittimanti, ed all’altro estremo l’esclusiva e pressoché arbitraria facoltà decisionale dello scioglimento nelle mani del Capo dello Stato; in mezzo, la via mediana (e maggiormente gradita) del potere sì presidenziale, benché circondato da tutta una serie di limiti e garanzie, nel quadro della costruzione di una figura moderatrice dei conflitti tra Esecutivo e Legislativo. Ma non bisogna tralasciare che, seppure rare, diverse voci propendevano per la delineazione di un potere governativo di scioglimento la quale impedisse che la subordinazione del Governo al Parlamento si potesse trasformare in degenerazione assemblearista. Quindi, il candidato intende sottolineare come l’adamantina prescrizione dell’art. 88 non postuli, nell’ambito dell’interpretazione teleologica che è stata data, alcuno specifico indirizzo interpretativo dominante: il che, in altri termini, è l’ammissione di una pluralità di concezioni teoricamente valide. L'analisi del dettato costituzionale non ha potuto prescindere dalla consolidata tripartizione delle teorie interpretative. Dall'analisi della letteratura emerge la preferenza per la prospettiva dualistica, anche in virtù del richiamo che la Costituzione svolge nei confronti delle competenze sia del Presidente della Repubblica (art. 88) che del Governo (art. 89), il che lo convince dell’inopportunità di imporre una visione esclusivista, come invece sovente hanno fatto i sostenitori della tesi presidenziale. Sull’altro versante ciò gli permette di riconferire una certa dignità alla tesi governativa, che a partire dal primo decennio repubblicano era stata accantonata in sede di dibattito dottrinario: in questo modo, entrambe le teoriche fondate su una titolarità esclusiva assumono una pari dignità, benchè parimenti nessuna delle due risulti persuasiva. Invece, accedere alla tesi della partecipazione complessa significa intrinsecamente riconoscere una grande flessibilità nell’esercizio del potere in questione, permettendo così una sua più adeguata idoneità a mutare le proprie sembianze in fase applicativa e a calarsi di volta in volta nelle situazioni contingenti. Questa costruzione si inserisce nella scelta costituente di rafforzare le garanzie, ed il reciproco controllo che si instaura tra Presidente e Governo rappresenta la principale forma di tutela contro potenziali abusi di potere. Ad ognuno dei due organi spettano però compiti differenti, poiché le finalità perseguite sono differenti: come l’Esecutivo agisce normalmente secondo canoni politici, in quanto principale responsabile dell’indirizzo politico, al Capo dello Stato si addice soprattutto il compito di sorvegliare il regolare svolgimento dei meccanismi istituzionali, in posizione di imparzialità. Lo schema costituzionale, secondo il candidato, sembra perciò puntare sulla leale collaborazione tra i poteri in questione, senza però predefinire uno ruolo fisso ed immutabile, ma esaltando le potenzialità di una configurazione così eclettica. Assumendo questa concezione, si ha buon gioco a conferire piena cittadinanza costituzionale all’ipotesi di scioglimento disposto su proposta del Presidente del Consiglio, che si può ricavare in via interpretativa dalla valorizzazione dell’art. 89 Cost. anche secondo il suo significato letterale. Al discorso della titolarità del potere di scioglimento, il candidato lega quello circa i presupposti legittimanti, altro nodo irrisolto. La problematica relativa alla loro definizione troverebbe un decisivo ridimensionamento nel momento in cui si ammette la compartecipazione di Governo e Presidente della Repubblica: il diverso titolo con il quale essi cooperano consentirebbe di prevenire valutazioni pretestuose circa la presenza delle condizioni legittimanti, poichè è nel reciproco controllo che entrambi gli organi individuano i confini entro cui svolgere le rispettive funzioni. Si giustificano così sia ragioni legate ad esigenze di funzionalità del sistema (le più ricorrenti in un sistema politico pluripartitico), sia quelle scaturenti dalla divaricazione tra orientamento dei rappresentati e orientamento dei rappresentanti: purchè, sottolinea il candidato, ciò non conduca il Presidente della Repubblica ad assumere un ruolo improprio di interferenza con le prerogative proprie della sfera di indirizzo politico. Il carattere aperto della disciplina costituzionale spinge inevitabilmente il candidato ad approfondire l'analisi della prassi, la cui conoscenza costituisce un fondamentale modo sia per comprendere il significato delle disposizioni positive che per apprezzare l’utilità reale ed il rendimento sistemico dell’istituto. Infatti, è proprio dall'indagine sulla pratica che affiorano in maniera prepotente le molteplici virtualità dello strumento dissolutorio, con modalità operative che, a seconda delle singole fasi individuate, trovano una strutturazione casistica variabile. In pratica: nel 1953 e nel 1958 è l'interesse del partito di maggioranza relativa ad influenzare il Governo circa la scelta di anticipare la scadenza del Senato; nel 1963 e nel 1968 invece si fa strada l'idea del consenso diffuso allo scioglimento, seppure nel primo caso l'anticipo valga ancora una volta per il solo Senato, e nel secondo ci si trovi di fronte all'unica ipotesi di fine naturale della legislatura; nel 1972, nel 1976, nel 1979, nel 1983 e nel 1987 (con una significativa variante) si manifesta con tutta la sua forza la pratica consociativa, figlia della degenerazione partitocratica che ha svuotato le istituzioni giuridiche (a partire dal Governo) e cristallizzato nei partiti politici il centro di gravità della vita pubblica; nel 1992, a chiusura della prima epoca repubblicana, caratterizzata dal dominio della proporzionale (con tutte le sue implicazioni), si presentano elementi atipici, i quali vanno a combinarsi con le consolidate tendenze, aprendo così la via all'incertezza sulle tendenze future. È con l'avvento della logica maggioritaria, prepotentemente affacciatasi per il tramite dei referendum elettorali, a sconvolgere il quadro delle relazioni fra gli organi costituzionali, anche per quanto concerne ratio e caratteristiche del potere di scioglimento delle Camere. Soprattutto, nella fase di stretta transizione che ha attraversato il quadriennio 1992-1996, il candidato mette in luce come i continui smottamenti del sistema politico abbiano condotto ad una fase di destabilizzazione anche per quanto riguarda la prassi, incrinando le vecchie regolarità e dando vita a potenzialità fino allora sconosciute, addirittura al limite della conformità a Costituzione. La Presidenza Scalfaro avvia un processo di netta appropriazione del potere di scioglimento, esercitandolo in maniera esclusiva, grazie anche alla controfirma offerta da un Governo compiacente (“tecnicco”, perciò debitore della piena fiducia quirinalizia). La piena paternità presidenziale, nel 1994, è accompagnata da un altro elemento di brusca rottura con il passato, ossia quello della ragione legittimante: infatti, per la prima volta viene addotta palesemente la motivazione del deficit di rappresentatività. Altro momento ad aver costituito da spartiacque nell’evoluzione della forma di governo è stato il mancato scioglimento a seguito della crisi del I Governo Berlusconi, in cui forti erano state le pressioni perché si adeguasse il parlamentarismo secondo i canoni del bipolarismo e del concetto di mandato di governo conferito direttamente dagli elettori ad una maggioranza (che si voleva predefinita, nonostante essa in verità non lo fosse affatto). Dopo questa parentesi, secondo il candidato la configurazione dello strumento dissolutorio si allinea su ben altri binari. Dal punto di vista della titolarità, sono i partiti politici a riprendere vigorosamente un certo protagonismo decisionale, ma con una netta differenza rispetto al passato consociativo: ora, il quadro politico pare saldamente attestato su una dinamica bipolare, per cui anche in relazione all’opzione da adottare a seguito di crisi ministeriale sono le forze della maggioranza che decidono se proseguire la legislatura (qualora trovino l’accordo tra di loro) o se sciogliere (allorchè invece si raggiunga una sorta di maggioranza per lo scioglimento). Dal punto di vista dei presupposti, sembra consolidarsi l’idea che lo scioglimento rappresenti solo l’extrema ratio, chiamando gli elettori ad esprimersi solo nel momento in cui si certifica l’assoluta impossibilità di ripristinare la funzionalità perduta. Conclusioni. Il rafforzamento della prospettiva bipolare dovrebbe postulare una riconfigurazione del potere di scioglimento tesa a valorizzare la potestà decisionale del Governo. Ciò discenderebbe dal principio secondo cui il rafforzamento del circuito che unisce corpo elettorale, maggioranza parlamentare e Governo, grazie al collante di un programma politico condiviso, una coalizione che si presenta alle elezioni ed un candidato alla Presidenza del Consiglio che incarna la perfetta sintesi di tutte queste istanze, comporta che alla sua rottura non si può che tornare al giudizio elettorale: e quindi sciogliere le Camere, evitando la composizione di maggioranze che non rappresentano la diretta volontà popolare. Il candidato però non ritiene auspicabile l’adozione di un automatismo analogo alla regola dell'aut simul stabunt aut simul cadent proprio dell’esperienza regionale post 1999, perché soluzione eccessivamente rigida, che ingesserebbe in maniera inappropriata una forma parlamentare che comunque richiede margini di flessiblità. La proposta è invece di rileggere il testo costituzionale, rebus sic stantibus, nel senso di far prevalere un potere libero di proposta da parte del Governo, cui il Capo dello Stato non potrebbe non consentire, salvo svolgere un generale controllo di costituzionalità volto ad accertare l’insussistenza di alcuna forma di abuso. Su queste conclusioni il lavoro esprime solo prime idee, che meritano di essere approfondite. Come è da approfondire un tema che rappresenta forse l’elemento di maggiore originalità: trattasi della qualificazione e descrizione di un mandato a governare, ossia della compatibilità costituzionale (si pensi, in primis, al rapporto con il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost.) di un compito di governo che, tramite le elezioni, gli elettori affidano ad una determinata maggioranza, e che va ad arricchire il significato del voto rispetto a quello classico della mera rappresentanza delle istanze dei cittadini (e propria del parlamentarismo ottocentesco): riflessi di tali considerazioni si avrebbero inevitabilmente anche rispetto alla concezione del potere di scioglimento, che in siffatta maniera verrebbe percepito come strumento per il ripristino del “circuito di consonanza politica” che in qualche modo si sarebbe venuto a rompere. Ad ogni buon conto, già emergono dei riflessi in questo senso, per cui la strada intrapresa dal candidato pare quella giusta affinchè l’opera risulti completa, ben argomentata ed innovativa.

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Fra il 2006 e il 2008, molte commodity hanno fatto registrare rapidi e intensi aumenti di prezzo sui mercati internazionali. Fra queste, anche alcuni prodotti agricoli alla base dell’alimentazione umana. Il presente lavoro concentra l’attenzione su alcune commodity - frumento, riso, mais e semi di soia - riportando le loro quotazioni mensili a partire dal 2002, quindi con un largo anticipo rispetto al manifestarsi del fenomeno. L’obiettivo principale del lavoro è offrire una valida interpretazione dell’instabilità de prezzo di questi prodotti, individuando i fattori che sono alla base della volatilità e sottolineandone le implicazioni economiche e politiche a livello globale. La metodologia usata è duplice e composta da un’attenta analisi descrittiva dei fattori che hanno agito sulla domanda e sull’offerta dei prodotti in questione e un’analisi quantitativa, facendo ricorso alle tecniche statistiche proprie delle serie storiche.

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La seguente tesi tratta di una sperimentazione condotta su uve Cabernet Franc vinificate secondo due diversi protocolli: (i) una fermentazione tradizionale/standard durante la quale la fermentazione alcolica (FA) precede la fermentazione malolattica (FML), (ii) ed una innovativa, definita “co-inoculo”, in cui i tempi delle due fermentazioni coincidono. Sui vini ottenuti dalle due prove sono state esaminate le caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali. Nel corso delle analisi effettuate sono state riscontrate alcune differenze chimiche e sensoriali tra i due campioni “co-inoculo” e “testimone” in esame. Inoltre, con il metodo del co-inoculo la FML si è conclusa in anticipo rispetto al protocollo tradizionale di inoculo al termine della FA. Questo dato indica la possibilità di un guadagno sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico-pratico di gestione della cantina. Nel co-inoculo, la rapida conclusione della fermentazione malolattica è da attribuire alla popolazione batterica che, moltiplicatasi in un ambiente favorevole e ricco in nutrienti qual è il mosto, ha consentito una rapida cinetica di degradazione del malico.