1000 resultados para Gestión de proyectos -- Programas de ordenador -- TFC
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Convenio ILPES/DIDESCO/PNUD sobre capacitación municipal
La evaluación de proyectos como instrumento para la eficiencia de los programas de desarrollo social
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La medición del gasto en protección ambiental permite evaluar el desempeño, la eficacia y el impacto de políticas, planes, programas e instrumentos económicos de gestión ambiental. Sin embargo, para medir los progresos y realizar ajustes a las políticas ambientales es necesario que estas mediciones sean sistemáticas, continuas y estandarizadas. En América Latina y el Caribe existen experiencias de cálculo del gasto en protección ambiental del sector público, aunque la mayoría no ha perdurado en el tiempo. Las mayores dificultades en la medición de este gasto se asocian con la falta de uniformidad de conceptos y clasificaciones, la doble contabilidad y los escasos registros administrativos existentes. Para abordar los retos mencionados es necesario un marco ordenador, basado en estándares internacionales, que permita fortalecer las capacidades técnicas de los países y calcular el gasto en protección ambiental de manera regular. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México han elaborado esta guía metodológica, con el fin de apoyar los esfuerzos de los países vinculados a la generación y difusión de estadísticas oficiales sobre el gasto en protección ambiental.
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Programa de Doctorado Ecología y Gestión de los Recursos Vivos Marinos
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OBJETIVOS GENERALES. Las Áreas Naturales Protegidas forman parte de los procesos de territorialización gubernamental, donde se ponen de relieve determinadas formas de conceptualización y gestión de los recursos naturales. A su vez, las políticas de conservación, en tanto que políticas públicas dedicadas a la gestión de los recursos naturales, se manifiestan como la materialización de la interacción entre política y ecología (Vaccara, Beltran 2010). En la Argentina, las políticas de conservación y en particular las de creación de Parques Nacionales, desde principios del siglo XX, se han basado en visiones dicotómicas de la relación entre naturaleza y sociedad, que han llevado a separar a las poblaciones locales de la gestión de los Parques. A partir de mediados de la década de 1990 comenzaron a producirse transformaciones en las políticas conservacionistas, que se profundizan en la primera década del siglo XXI. Gradualmente se asiste al pasaje de un paradigma conservacionista basado en el control, la sanción y separación de las poblaciones locales del ambiente, a otro basado en modelos donde se abre a la participación de comunidades indígenas y rurales en las decisiones sobre los territorios y el manejo de los recursos naturales. Estas transformaciones vinieron acompañadas por cambios de un paradigma proteccionista a otro que contempla el uso sustentable de los recursos naturales y su mercantilización. En este contexto, las políticas basadas en la imposición de modelos de conservación fueron puestas en discusión y surgieron distintos tipos de modelos con diversos grados de participación comunitaria. En este escenario, las comunidades locales están adquiriendo lugares de importancia en las discusiones sobre las políticas de conservación. Pero estos modelos no sólo abren a espacios de participación, sino que también generan ámbitos de conflicto y negociación. Los modelos participativos de gestión de Áreas Naturales Protegidas han sido considerados por algunos autores como nuevas formas de ejercer control sobre las poblaciones locales (MacDonald 2003; Brosius et.al. 2005, Brokington 2004). Desde esta perspectiva, tales modelos encausan y disciplinan la acción política local, legitimando determinados reclamos y deslegitimando otros. A su vez, son los organismos de conservación los que estipulan las formas legales e institucionales en que las poblaciones locales pueden participar. Pero los programas de conservación no son sistemas cerrados, ni que las poblaciones locales aceptan pasivamente los términos de participación, sino que se generan espacios de lucha y negociación. Es allí que los proyectos conservación son resignificados a nivel local. Incluso estos proyectos tienen efectos inadvertidos para quienes los aplican, como la producción de grupos sociales que unidos por intereses comunes y que se movilizan en pos de ellos (Li: 2007), tal como ha observado Ferrero (2012b). 2 En esta investigación, proponemos analizar la conformación e implementación de programas participativos de gestión de Áreas Naturales Protegidas y conservación de la naturaleza en los que intervienen poblaciones locales y en los que se generan procesos de lucha y negociación política. Para esto tomaremos dos casos paradigmáticos del litoral argentino, por un lado el de Parques Nacionales Iguazú (PNI), en la provincia de Misiones, uno de los primeros parques del país, creado en 1934. Y por otro lado, el Parque Nacional Islas de Santa Fe (PNISF), provincia de Santa Fe, el último Parque Nacional, creado en 2010. En estos dos Parques se están desarrollando políticas de integración de las poblaciones que habitan dentro y/o en la zona de influencia de ambos, pero que implican grandes diferencias en el tipo de poblaciones involucradas. En el caso del PNI son comunidades mbya-guaraní y pequeños productores rurales, mientras en el caso del PNISF encontramos pescadores artesanales y productores ganaderos. En estas dos áreas, diversas agencias oficiales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, están desarrollando diferentes proyectos que ligan conservación con desarrollo, dirigidos a las poblaciones locales. A su vez, tales transformaciones en los modelos de conservación tienen lugar junto a cambios en los modelos productivos predominantes en las regiones donde están los dos Parques seleccionados. En el caso de Misiones, en los últimos 20 años se asistió a la expansión foresto industrial y actualmente toma gran impulso el turismo. Mientras la zona isleña donde se encuentra el PNISF, se observa la presión de la actividad ganadera que es desplazada de tierra firme por la expansión sojera, durante la última década. De manera que un aspecto a estudiar es el vínculo entre los modelos productivos que ejercen presión territorial sobre las zonas en torno a las Ares Naturales Protegidas y los programas participativos de gestión de esas Áreas.
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La reconfiguración del papel del estado que comienza en la década del 70 y se agudiza en la década del 90, con la retracción de los Welfare State o estados sociales, dan origen a la retracción de las políticas de carácter universal para dar lugar al surgimiento las políticas focalizadas, La agudización en las últimas décadas de una desigualdad de oportunidades y amplia proporción de población excluida, con el agravamiento de los indicadores de sociales, implicaron la necesidad de aplicar políticas sociales particulares, administradas desde diferentes espacios sociales, la educación no quedó excluida de esta situación, debiendo las escuelas y docentes hacerse cargo de la implementación de programas y/o proyectos compensatorios, que por sus características pueden ser clasificados en función de las acciones, beneficio y/o beneficiarios a los que van dirigido, nivel educativo de aplicación, fuente de financiamiento y responsables de la ejecución de los mismos. En el presente artículo se presenta una caracterización de los mismos en la provincia de Misiones Argentina en el periodo 2005-2008. En este artículo además se reproduce la graficación y sus correspondientes reflexiones, efectuada con la técnica del pictograma por docentes que dan cuenta de cómo la década del 90 implicó cambios significativos en las condiciones de trabajo, repercutiendo tanto en el rol como en las actividades sustantivas inherentes a la profesión
