1000 resultados para Desierto andino


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Este artículo intentará realizar una lectura de "género” de la historia de la juridicidad boliviana, para proponer algunos temas de debate que considero pertinentes a la hora de discutir los "derechos de los pueblos indígenas", y su estrecho vínculo, tal como yo los veo -con el tema de los "derechos de las mujeres" (indí-genas, cholas, birlochas o refinadas). En un primer momento, me interesarán los aspectos masculinos y letrados de este proceso, que son los que han producido los documentos conocidos como leyes de la República. El derecho y la formación histórica moderna de lo que se conoce como "espacio público", tienen en Europa un anclaje renacentista e ilustrado a través del cual re-nace el ser humano como Sujeto Universal (y masculino) de la noción misma de "derecho". No otra cosa significa el que "derechos humanos" de hoy, hayan sido llamados en el siglo XVIII, "derechos del hombre" (droits de J'homme). A esto se han referido autores como Derrida y Butler, que nos hablan de una versión "falogocéntrica" del Sujeto de la modernidad, el individuo ilustrado. Esta versión estaría inscrita en la historia de occidente y habría sido proyectada al mundo en los últimos siglos, a través de multiformes procesos de hegemonía política, militar y cultural.

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Hasta 1997 el Art. 516 inciso primero del Código Penal del Ecuador tipificaba como delito la homosexualidad en los siguientes términos: “En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.” La detención masiva de cien homosexuales en la ciudad de Cuenca en 1997 desata denuncias y solidaridades que crean el ambiente propicio para denunciar la inconstitucionalidad del Art. 516 del Código Penal. En efecto, en septiembre de ese año, varias organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero (GLBT) y de derechos humanos, presentaron ante el Tribunal Constitucional (en adelante TC) una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo. En noviembre de 1997 el TC resuelve aceptar parcialmente la demanda formulada y declarar la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal, y suspender totalmente sus efectos. Este artículo realiza un análisis del proceso de interpretación constitucional en este caso concreto, los métodos aplicados, los principios resaltados y la relación entre ideología e interpretación desde la representación de la homosexualidad que el proceso evidencia. Se parte de la premisa central de que la interpretación, dada la pluralidad de sentidos posibles atribuibles a la norma, implica una opción o valoración del intérprete. La concretización de la norma constitucional no puede aislarse de la “precomprensión” del intérprete, condicionado por sus experiencias, conocimientos y prejuicios fruto de su circunstancia histórica.

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Como en otros países de América Latina en el Perú el sistema de justicia padece diversos y complejos problemas estructurales que impiden el cumplimiento del rol central que la sociedad le da en el marco de un estado democrático. Algunos de estos problemas son: el sometimiento político a gobiernos y partidos políticos con el fin de mantener debilitado al sistema de justicia y poder controlar a jueces y fiscales; la anacrónica formación jurídica universitaria, apegada al estudio de códigos donde prima “la letra” de la ley en detrimento del “espíritu” de la misma. A esto hay que agregar un sistema diseñado sin tomar en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, lo que lleva a que grandes sectores sociales, históricamente excluidos, sean discriminados por la justicia en razón de su idioma, raza, cultura; pero pocas veces se ha dicho que el sistema de justicia excluye también, en razón del sexo y el género, a las mujeres.

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La Corte Penal Internacional (CPI) recién inició la primera investigación formal para juzgar los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo. Es urgente que desde el movimiento de mujeres vigilemos que la CPI efectivamente investigue y sancione a los responsables por los crímenes sexuales y de género cometidos contra las mujeres, ya que la violencia sexual como arma de guerra no debe pasar desapercibida. Este especial aborda aspectos centrales de la CPI, tales como los crímenes de género y la jurisprudencia en relación con ellos, los procedimientos género sensitivos y los alcances que podría tener la implementación de los estándares internacionales en el ámbito nacional para avanzar los derechos humanos de las mujeres.

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El tema de género y comercio ha estado permanentemente ausente en las estadísticas oficiales, en el debate público, en los centros académicos y de estudio, y en distintas instancias institucionales. Nos referimos tanto a los impactos potenciales en las vidas de las mujeres de las negociaciones comerciales internacionales. Para comenzar este análisis, nos situaremos en el espacio geográfico desde el cual estamos hablando, y su relación con la apertura económica que se ha venido impulsando desde hace tres décadas. Más allá de cualquier mitificación al respecto, podemos señalar que la estrategia de crecimiento del modelo chileno ha tenido profundas consecuencias en distintas áreas de la vida económica, social y cultural del país.

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En los últimos cinco decenios se han logrado muchas cosas, que hoy damos por sentado, con el fin de prohibir y eliminar las discriminaciones de género. Siglos de negación legalizada de la igualdad de derechos de las mujeres se olvidan fácilmente. A las mujeres se les concedió el derecho al voto en Nueva Zelanda en 1893, hace sólo 105 años, y se les otorgó el derecho a ser elegidas en Finlandia en 1908, hace tan sólo 90 años. A lo largo de los últimos cinco decenios, estas excepciones se han convertido en una regla, aunque en ciertos casos dicha regla aún es cuestionada.

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El feminismo, en su afán de explicar cómo se han constituido las diferencias jerárquicas entre varones y mujeres, cómo se reproducen y transforman a lo largo de la historia y en las diversas culturas, ha creado nuevas y diferentes categorías teóricas e instrumentos metodológicos, entre ellos, surge el género como una categoría analítica que revela patrones de incorporación social, económica, política y cultural en base a diferencias sexuales, resultantes de construcciones sociales, definidas a partir de las características anatómicas diferenciadas femeninas y masculinas. A través de esta noción se puede visibilizar y analizar las relaciones de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del convivir social, que están determinadas por condiciones y posiciones diferentes, jerarquizadas y caracterizadas por la exclusión. Entender al género como categoría implica considerarlo como una herramienta analítica de análisis sociocultural, pero no en el sentido de afirmación universal, sino como objeción y acusación pública, de debate, protesta, procedimiento y juicio.

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Por muchos años la lucha por la igualdad de las mujeres centró sus esfuerzos en problemáticas como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la participación social y política de género y los derechos sexuales y reproductivos. Es indudablemente que a través de estas luchas se alcanzaron conquistas en el ámbito legislativo y en las políticas públicas, además del reconocimiento social sobre las desigualdades existentes, aspectos que el Estado, por iniciativa propia, jamás los hubiera reconocido. Sin embargo estos cambios demandan procesos que sobrepasen los temas antes aludidos; ahora, corresponde a las mujeres debatir temas económicos, de integración económica y los demás problemas estructurales de la sociedad, desde una perspectiva distinta a la tradicional; estos son los actuales desafíos de los movimientos de mujeres.

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Los individuos siempre, sin importar época o lugar han tendido a agruparse para vivir en comunidad, situación ésta que no es exclusiva del género humano sino de todo cuanto pueda llamarse vida, pues para que la misma exista se hace necesario la agrupación de seres pertenecientes a una misma especie a fin de reproducirse, protegerse, intercambiar afecto o simplemente solucionar problemas prácticos mediante el intercambio de ideas, pensamientos e incluso bienes y formas de trabajo. En comunidad viven las plantas, los animales y por supuesto, el hombre mismo; lo cual lleva a deducir de este comportamiento milenario que los hombres, al igual que los demás seres vivos, son seres sociales por naturaleza donde social no quiere decir convivencia pacífica sino agrupación por sentido práctico, sometimiento o por necesidad.

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Distintos autores han destacado que cuando nos referimos a la gobernabilidad estamos utilizando un concepto polisémico: “término que adquiere una connotación imprecisa y ambigua” “que mueve inevitablemente a la confusión”; “palabra atrapatodo” o “concepto elusivo”. No sólo no existe consenso acerca del uso del término, sino que en distintas ocasiones es utilizado en sentido marcadamente opuesto. En este marco, cualquier acercamiento al análisis de la relación entre educación y gobernabilidad democrática exige una breve aproximación al debate existente acerca de este último concepto y una explicitación acerca del significado que le daremos al mismo en el presente artículo.

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La idea de ”civilizar al indio”, integrándolo a la modernidad es un concepto que se ha mantenido como una columna vertebral en la colonia y la república. En los últimos años, principalmente en la década de los años 60, 70, 80, organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Gobierno de los EEUU, pusieron especial énfasis en definir propuestas orientadas a lograr que las comunidades indias se integren al desarrollo, propuestas que sacrificaban la identidad indígena y eran víctimas de una especie de transfusión de culturas, acciones que se sumaban a los esfuerzos y pretensiones de la sociedad dominante, en lograr incorporar a la población indígena al sistema.

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La procedencia de la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos, se plantean comúnmente como un hecho dado, que no admite duda. Como si se tratase de elementos indisolublemente ligados entre sí, sobre los cuales no vale argumentar, debiéndonos restringir a buscar los mecanismos más adecuados para su consolidación y difusión. Como si se tratase de elementos políticamente asépticos. Por ello, pocos se preguntan sobre ¿cuál es el objetivo que persiguen?, ¿a qué tipo de gobernabilidad y democracia nos referimos?; ¿en el marco de qué formación económica y social nos ubica esa especie de asepsia política?; ¿cuál es el papel que juegan en el desarrollo histórico de la humanidad? El presente análisis tratará de explicar esas interrogantes.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.