Autonomia territorial i conflictes d'autodeterminació: oportunitats i voluntat casos de Bolívia, Níger i Tailàndia

La paradoxa de l’autonomia tracta sobre si l’autogovern atenua o exacerba el conflicte armat. Aquest estudi prova de desmuntar aquest trencaclosques examinant l’efectivitat de l’autonomia territorial com a resposta estatal als conflictes d’autodeterminació de tot el món. També posa en dubte que l’autonomia sigui un factor instigador del conflicte argumentant que l’autonomia territorial pot mitigar el conflicte armat canalitzant els greuges grupals cap a formes de protesta pacífiques. D’aquesta manera, l’estudi vol arribar a una teoria integral que identifiqui els factors responsables de l’escalada de violència en els conflictes sorgits de reivindicacions d’autodeterminació. Fent servir els conceptes d’”estructures d’oportunitat” i “dimensió de voluntat”, aquest estudi mostra que l’escalada dels conflictes només es produeix quan es mobilitzen minories amb un alt poder negociador respecte del centre, en contexts de grans nivells de desigualtat econòmica al si de la díada, al voltant de reivindicacions d’autonomia i separatistes.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Are virtual planning and guided surgery for head and neck reconstruction economically viable?

PURPOSE: Virtual planning and guided surgery with or without prebent or milled plates are becoming more and more common for mandibular reconstruction with fibular free flaps (FFFs). Although this excellent surgical option is being used more widely, the question of the additional cost of planning and cutting-guide production has to be discussed. In capped payment systems such additional costs have to be offset by other savings if there are no special provisions for extra funding. Our study was designed to determine whether using virtual planning and guided surgery resulted in time saved during surgery and whether this time gain resulted in self-funding of such planning through the time saved. MATERIALS AND METHODS: All consecutive cases of FFF surgery were evaluated during a 2-year period. Institutional data were used to determine the price of 1 minute of operative time. The time for fibula molding, plate adaptation, and insetting was recorded. RESULTS: During the defined period, we performed 20 mandibular reconstructions using FFFs, 9 with virtual planning and guided surgery and 11 freehand cases. One minute of operative time was calculated to cost US $47.50. Multiplying this number by the time saved, we found that the additional cost of virtual planning was reduced from US $5,098 to US $1,231.50 with a prebent plate and from US $6,980 to US $3,113.50 for a milled plate. CONCLUSIONS: Even in capped health care systems, virtual planning and guided surgery including prebent or milled plates are financially viable.

Screening for health impacts in Local Area Planning in Donegal County Council (2004)

In 2004 an interagency team consisting of members the North Western Health Board and Donegal County Council commissioned the IPH to conduct a HIA screening exercise on planning policy in Donegal. This involved an overview of literature, analysis of policy documents, contact with Planning Officers and observation of public consultation meetings. Following completion of the final report, the intention is to produce a user-friendly template to enable planners to incorporate a health dimension into their decision making.

IPH response to Draft Regional Planning Guidelines for the Greater Dublin Area 2010-2022

The Regional Planning Guidelines (RPG) for the Greater Dublin Area 2010-2022 (draft) is a policy document which aims to direct the future growth of the Greater Dublin Area over the medium to long term and works to implement the strategic planning framework set out in the National Spatial Strategy (NSS) published in 2002.  A series of recommendations have been made to Local Authorities clearly linked to and supporting the national investment in transport, particularly public transport, under Transport 21.  The draft was prepared and agreed for public consultation. The IPH response  to the consultation reports on how the RPG may impact on health and makes recommendations to maximise opportunities for health gain and minimise health loss.

IPH response to Department of Environment (NI) Planning Policy Statement 7

The Institute of Public Health in Ireland (IPH) aims to improve health on the island of Ireland by working to combat health inequalities and influence public policies in favour of health.  The Institute promotes cooperation between Northern Ireland and the Republic of Ireland in public health research, training and policy advice. IPH acknowledge that health is influenced by a wide range of social determinants, including economic, environmental, social and biological factors.  Housing and residential areas are identified as key determinants of health and IPH welcomes the opportunity to comment on the Department of the Environment (DoE), Draft Addendum to Planning Policy Statement 7.

IPH response to Department of the Environment (NI) Planning Policy Statement 21 (PPS21)

In responding, IPH identify a number of potential health impacts including providing employment opportunities through farm diversification.  Other issues include access to open space and housing located close to traditional focal points.   The Institute of Public Health in Ireland (IPH) is an all-island body which aims to improve health in Ireland, by working to combat health inequalities and influence public policies in favour of health. IPH promotes co-operation in research, training, information and policy in order to contribute to policies which tackle inequalities in health. IPH is particularly interested in the Draft Planning Policy Statement 21 due to the impact on the countryside and potential implications on health for the population of Northern Ireland. IPH conducted a Health Impact Assessment on the proposed West Tyrone Area Plan 2019 and through this work has developed extensive knowledge when looking at health and rural issues.

IPH Response to Draft planning policy statement 18 Renewable energy - March 2008

IPH welcomes the Planning Policy Statement 18 Renewable Energy (PPS18) and the opportunity to comment on the publication.  IPH applies a holistic model of health which emphasises a wide range of social determinants, including economic, environmental, social and biological factors. IPH considers that the health impacts of renewable energy should be considered as part of PPS18. We wish to make the following general observations in relation to the Proposed Plan:  IPH welcomes the sustainable approach by the Department of the Environment to encourage and facilitate the provision of renewal energy in Northern Ireland. PPS18 can support the move to reduce pollutants entering the environment. However there is a need to consider wider public health concerns in the adoption of PPS18. Encouraging renewable energy (while balancing this with environmental and conservation concerns) will benefit health locally, and on a global scale. Climate change has been identified as one of the most important public health challenges of the 21st Century and therefore any policy which seeks to address this major issue is welcomed.

Planning and conducting focus group research with nurses.

Focus groups are increasingly popular in nursing research. However, proper care and attention are critical to their planning and conduct, particularly those involving nursing staff. This article uses data gleaned from prior research to address the complexities present in clinical settings when conducting focus groups with nurses. Applying their combined experiences of conducting studies with nursing staff, the authors present a data-derived approach to thorough preparation and successful implementation of focus group research, offering a unique contribution to the literature regarding this research strategy.

Review of Workforce Planning for Professions Complementary to Dentistry (PDF 630 KB)

Review of Workforce Planning for Professions Complementary to Dentistry