The Right to Water in the Case-Law of the Inter-American Court of Human Rights

The human right to water is nowadays more broadly recognised, mainly due to the essential societal function that this resource plays; likewise, because of the present water scarcity is generating conflicts between its different uses. Thus, this right aims at protecting human beings by guaranteeing access to clean water that is essential to satisfy vital human needs. Similarly, access to clean water is an important element to guarantee other rights including the right to life and health. The recognition of the right to water is mainly achieved in two ways: as a new and independent right and as a subordinate or derivative right. Concerning the latter, the right to water can emanate from civil and political rights, such as the right to life; or can be derived from economic, social and cultural rights, including the right to health, the right to an adequate standard of living, and the right to housing. This contribution explores the position of the Inter-American Court of Human Rights regarding the right to water, and analyses whether the Court has recognised the right to water and, if so, in which manner.

Fundamental Right to Freedom of Conscience without Objection? Some Notes for its Recognition as a Fundamental Guarantee

Conscientious objection is defined as the ability to depart from statutory mandates because of intimate convictions based on ethical or religious convictions. A discussion of this issue presents the conflict between the idea of a State concerned with the promotion of individual rights or the protection of general interests and an idea of law based on the maintenance of order and against a view of the law as a means to claim the protection of minimum conditions of the person. From this conflict is drawn the possibility to argue whether conscientious objection should be guaranteed as a fundamental right of freedom of conscience or as a statutory authority legislatively conferred upon persons. This paper sets out a discussion around the two views so as to develop a position that is more consistent with the context of social and constitutional law.

La instrumentalización del derecho fundamental a la salud a través de la prestación del servicio público

La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

Rol de Human Rights Watch frente a la práctica de reclutamiento de niños en Liberia y Sierra Leona (1989-2003)

El presente estudio de caso busca analizar, de manera crítica, la influencia que la ONG Human Rights Watch (HRW) tuvo frente al manejo de la práctica de reclutamiento de niños en Liberia y Sierra Leona durante el periodo 1989 – 2003. Con este fin se analiza la participación de la ONG en el reconocimiento internacional de dicha práctica como una problemática de derechos humanos, al tiempo que se contrapone a las perspectivas de los contextos socio-políticos y culturales de ambos países frente a la vinculación de niños en los conflictos armados. Este estudio mostró que la difusión de las ideas de derechos humanos por parte de HRW, a pesar de enfrentarse a conceptos distintos del „deber ser‟ de los niños en distintos contextos, termina siendo aceptada por ambos países mediante el reconocimiento de la normatividad internacional y por tanto, de esta práctica de vieja data como una violación de derechos humanos.

Los dilemas del desarrollo sostenible: conectando los grandes proyectos de minería de oro en Brasil y Colombia con la protección del ambiente y los derechos humanos

Esta tesis doctoral presenta los resultados de la investigación realizada por la autora sobre desarrollo sostenible, grandes proyectos de minería de oro y derechos humanos en países en desarrollo como Brasil y Colombia. En este trabajo doctoral fueron seleccionados dos grandes proyectos de minería aurífera, uno en Brasil y el otro en Colombia, ambos ejecutados por la misma empresa minera en contextos geográficos y condiciones ambientales similares. El objetivo fue realizar un estudio comparativo de las diferentes legislaciones ambientales y mineras, las instituciones, las políticas nacionales y la protección de los derechos humanos de las comunidades impactadas por los proyectos mineros en cada país. La metodología utilizada para esta investigación doctoral, en primer lugar, consistió en la revisión de fuentes primarias y secundarias, a través de la literatura disponible en español, portugués e inglés sobre los grandes ejes temáticos del estudio. En segundo lugar, se utilizó la metodología de derecho comparado para el análisis de las legislaciones de Brasil y Colombia y finalmente, se realizaron visitas de campo a cada uno de los proyectos seleccionados y se trabajó con autoridades ambientales nacionales. Algunas conclusiones de la investigación señalaron que para garantizar la efectividad del derecho ambiental, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en grandes proyectos mineros se requiere: •Fortalecer las legislaciones y las instituciones mineras y ambientales y en particular el proceso de licenciamiento ambiental. •Fortalecer la capacidad del Ministerio Público y de los jueces involucrados que deciden casos ambientales. •Reconocer el rol fundamental de los derechos procedimentales ambientales para resolver conflictos socioambientales, esto es, el empoderamiento de las comunidades con información de calidad y mecanismos de participación y justicia ambiental efectiva para la adecuada protección de derechos colectivos. •Incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental.

Cuando creces, yo crezco contigo”: La configuración de áreas de protección ambiental y de subjetividades en el Humedal de Córdoba y la vereda El Verjón Bajo

La configuración de lugares como áreas de protección ambiental puede ser vista como un proceso técnico y objetivo, en el que se crean políticas públicas que definen prácticas adecuadas e inadecuadas en el lugar. Pero esta configuración es un proceso histórico y negociado. Este se construye en contante diálogo entre diferentes actores que se preocupan por definir qué es la naturaleza y el cuidado ambiental, y las percepciones que individuos que habitan en o cerca a estos lugares construyen en su diario vivir. Es así como la configuración socioambiental de lugares como áreas de protección ocurre por transformaciones en la forma de percibir un lugar, la relaciones con este y sobre todo, prácticas y relaciones que se traducen en formas de negociar nociones de naturaleza y cuidado ambiental. Esta negociación tiene grandes implicaciones en los individuos, particularmente en su subjetividad. Es decir, en hechos como la forma de nombrarlo, caminarlo, observar las especies, iniciar proyectos de agricultura orgánica, cambiar prácticas productivas, el cerramiento de zonas para proteger las fuentes de agua o zonas de vegetación. También sobre su subjetividad, la manera como se sienten frente al lugar, como juzgan sus acciones y las de otros y cómo construyen objetivos personales con respecto a la idea de cuidado ambiental.

Legitimacy and rights in the EU: questions of identity

Rights as well as democracy play a crucial role in the legitimacy of the EU and constitutional patriotism has been influential in attempting to link them together. The article seeks to engage in a critique of constitutional patriotism on two fronts. First, it distinguishes between the various types of right that exist within EU law-Community, citizenship and fundamental-and then analyses the place of these rights within various political models of the EU ranging from nationalism to republicanism. It argues that constitutional patriotism does not enjoy a monopoly on rights discourse in the EU: most models of the EU see a place for rights; it is just that the type of right supported varies. Secondly, advocates of constitutional patriotism argue that EU rights generate European identity. The article questions the extent to which this is the case, arguing that identity potential varies considerably according to the type of EU right concerned.

Human rights and mortgage repossession: beyond property law using Article 8

Following the Supreme Court decisions in Manchester CC v Pinnock and Hounslow CC v Powell, this article examines the possible impact of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms upon protection of the home in creditor repossession proceedings. The central argument advanced is that, although occupiers may not all be protected through property law, they may enjoy an independent right to respect for their home under Article 8, which should be acknowledged in the legal frameworks governing creditor's enforcement rights against the home. The article suggests that the most common creditor enforcement route, through mortgage repossession proceedings, falls short in this regard. It takes as its primary focus the treatment of children in such proceedings to provide an example of the potential for a human rights-based property protection heralded by these two Supreme Court decisions.

Humanitarian law, human rights law and the bifurcation of armed conflict

This article offers a fresh examination of the distinction drawn in international humanitarian law (IHL) between international and non-international armed conflicts. In particular, it considers this issue from the under-explored perspective of the influence of international human rights law (IHRL). It is demonstrated how, over time, the effect of IHRL on this distinction in IHL has changed dramatically. Whereas traditionally IHRL encouraged the partial elimination of the distinction between types of armed conflict, more recently it has been invoked in debates in a manner that would preserve what remains of the distinction. By exploring this important issue, it is hoped that the present article will contribute to the ongoing debates regarding the future development of the law of non-international armed conflict.

Conflicts of law and the mutual recognition of same-sex unions in the EU

My thesis uses legal arguments to demonstrate a requirement for recognition of same-sex marriages and registered partnerships between EU Member States. I draw on the US experience, where arguments for recognition of marriages void in some states previously arose in relation to interracial marriages. I show how there the issue of recognition today depends on conflicts of law and its interface with US constitutional freedoms against discrimination. I introduce the themes of the importance of domicile, the role of the public policy exception, vested rights, and relevant US constitutional freedoms. Recognition in the EU also depends on managing the tension between private international law and freedoms guaranteed by higher norms, in this case the EU Treaties and the European Convention on Human Rights. I set out the inconsistencies between various private international law systems and the problems this creates. Other difficulties are caused by the use of nationality as a connecting factor to determine personal capacity, and the overuse of the public policy exception. I argue that EU Law can constrain the use of conflicts law or public policy by any Member State where these are used to deny effect to same-sex unions validly formed elsewhere. I address the fact that family law falls only partly within Union competence, that existing EU Directives have had limited success at achieving full equality and that powers to implement new measures have not been used to their full potential. However, Treaty provisions outlawing discrimination on grounds of nationality can be interpreted so as to require recognition in many cases. Treaty citizenship rights can also be interpreted favourably to mandate recognition, once private international law is itself recognised as an obstacle to free movement. Finally, evolving interpretations of the European Convention on Human Rights may also support claims for cross-border recognition of existing relationships.

Internally Displaced Persons Rights in Human Rights Perspective(Specifically Focused on Pakistani IDPs Example) : “Basic Human Rights of IDPs to Attain Equality in Dignity and Rights”

After the WWII, there was much concern to protect human rights situation all over the world. During the cold wars, huge displacement took place within different countries due to internal arms/ethnic conflicts. Millions of IDPs, who were uprooted by armed conflict or ethnic strife faced human rights violence. In 2002, there were estimated between 20-25 millions IDPs in the world (Phuong, p.1). Internally displacement is a worldwide problem and millions of the people displaced in Africa and Asia. These all Internal displacements of the people are only the result of the conflicts or the violations of the Human Rights but also sometimes it happened because of the natural disasters. “All human beings are born free and equal in dignity and rights..."(Streich, Article 1) This article works as the foundation of human rights which gives every human being an equal rights and opportunity to maintain his/her dignity. Human Rights issues related to human dignity must be taken very seriously and should not be ignored at any level; Many human rights issues are not always visible, issues such as: privacy, security, equality, protection of social and cultural values etc. In this paper I am going to apply theoretical approach of “all human being are equal in dignity and rights” to defend IDPs rights.

Where the home in valley meets the damp dirty prison : a human rights perspective on therapeutic jurisprudence and the rule of forensic psychologists in correctional settings

The roles of forensic psychologists in coerced environments such as corrections include that of treatment provider (for the offender) and that of organizational consultant (for the community). This dual role raises ethical issues between offender rights and community rights; an imbalance results in the violation of human rights. A timely reminder of a slippery ethical slope that can arise is the failure of the American Psychological Association to manage this balance regarding interrogation and torture of detainees under the Bush administration. To establish a “bright-line position” regarding ethical practice, forensic psychologists need to be cognizant of international human rights law. In this endeavor, international covenants and a universal ethical code ought to guide practice, although seemingly unresolveable conflicts between the law and ethics codes may arise. A solution to this problem is to devise an ethical framework that is based on enforceable universally shared human values regarding dignity and rights. To this end, the legal theory of therapeutic jurisprudence can assist psychologists to understand the law, the legal system, and their role in applying the law therapeutically to support offender dignity, freedom, and well-being. In this way, a moral stance is taken and the forensic role of treatment provider and/or organizational consultant is not expected to trump the prescriptions and the proscriptions of the law.

Advance directives and the persistent vegetative state in Victoria: a human rights perspective

With advances in medical technology, it is now possible to sustain the life of a person in a persistent vegetative state (PVS) until a decision is made to withhold or withdraw life-sustaining treatment. Who makes that decision? Under the Medical Treatment Act 1988 (Vic) there is no legally enforceable right for a person to choose, in advance, what intervention that person will and will not accept if he or she ends up in a PVS. The best that can be achieved is that a person can appoint an agent who is empowered to refuse medical treatment on the person's behalf in the event of incompetence. It is suggested that this mechanism ignores two fundamental human rights: self-determination and the inherent right to dignity. This article proposes the development of an advance directive mechanism that provides for a person to refuse, in advance, specified intervention, thereby respecting fundamental human rights and alleviating the existing need for an agent to second-guess a person's desires and best interests.

Human rights and correctional clinical practice

The formulation of human rights theory and policies represents an ethical advance and promises to supply a framework for resolving ethnic, social, and individual conflicts. Ethics is essentially a means for coordinating the conflicting interests of peoples and nations and human rights provide a strong foundation to do this in multiple domains. Our aim in this paper is to apply a human rights perspective, in association with a justifying theory and set of goods, to the correctional arena. First, we discuss the definition of human rights, their proper analysis and justification. We then apply the results of our discussion to the assessment, treatment, and monitoring of offenders. Finally, we consider the policy, research, and intervention implications of a human rights perspective for correctional practitioners.

Fundamental elements in examining a child’s right to education : a study of home education research and regulation in Australia

Home education provides valuable educational and developmental opportunities for children. An examination of Australia’s research indicates many best educational practices, including more informed mediation, contextualised learning, and opportunities to exercise autonomy. Key features include learning embedded in communities and program modification in response to students’ needs. Current state and territory legal requirements are examined within the context of this research and Australia’s obligations to international human rights treaties. All jurisdictions accept home education as one way to meet compulsory education requirements. The extent to which respective laws then reflect understanding of home education research and practice varies. Most jurisdictions allow for a variety of educational approaches. Some oversight regulation could however be modified to reflect a better understanding of home education. Consultation with home educators and reference to research would assist the development of more uniform legislation and policy across Australia, and enable better regulatory practice.