593 resultados para Embarazo Ectópico
Resumo:
Capítulo 2 del Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2013. Santiago: Universidad Diego Portales, 2013
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El Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Flasog y el Clacai, por ello, vienen articulando esfuerzos conjuntos, con el fin de lograr que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo de una manera digna, cuando las leyes así se lo permitan. En este sentido, estas son las recomendaciones recogidas de los distintos talleres y conferencias llevadas a cabo.
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ANTECEDENTES: La mayoría de las islas en West Indies no tienen leyes liberales sobre el aborto, ni programas para la prevención del embarazo (contracepción). El presente trabajo presenta los resultados de una revisión de la literatura sobre la actitud de los proveedores del cuidado de la salud y las mujeres hacia la contracepción y el aborto inducido (emergencia), prevalencia, métodos y aspectos jurídicos del aborto inducido y políticas de prevención. MÉTODOS: Se obtuvieron artículos de PubMed, EMBASE, MEDLINE, PsychINFO y SocIndex (1999 a 2010) que usaban como palabras claves contracepción, aborto inducido, terminación de embarazo, aborto médico y West Indies. RESULTADOS: Treinta y siete artículos correspondían al criterio de inclusión: 18 sobre contracepción, 17 sobre aborto inducido y 2 sobre ambos asuntos. Los resultados principales indicaron que los conocimientos de los proveedores de cuidado de la salud acerca de la contracepción de emergencia, eran pobres. Los estudios mostraron un conocimiento pobre de la contracepción, pero las sesiones de counseling aumentaron su efectividad. No se encontraron números exactos sobre la prevalencia del aborto. Se estima que el número total de abortos por año en West Indies es de 300 000. Uno de cada cuatro embarazos termina en aborto. El uso de misoprostol disminuyó las complicaciones de abortos inseguros.La legislación sobre el aborto varía ampliamente en las diferentes islas del Caribe: Cuba, Puerto Rico, Martinica, Guadalupe y San Martín tienen abortos legales. Barbados fue la primera isla angloparlante con legislación liberal para el aborto. Todas las otras islas tienen leyes restrictivas. CONCLUSIÓN: A pesar del alto número de abortos, según se estima, no hay investigaciones sobre la prevalencia del aborto. Los estudios mostraron un pobre conocimiento de la contracepción y un uso bajo entre los adolescentes. La mayoría de las islas del Caribe tienen leyes restrictivas contra el aborto.
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OBJECTIVE: To describe the initial stages of the implementation of a risk-reduction model designed by Iniciativas Sanitarias to shield women from unsafe abortion in a traditional community on the Uruguay-Brazil border. METHODS: This mixed-design study was conducted first between 22 and 26 March 2010, and then between 2 and 7 May 2011, in Rivera, Uruguay, to gather information from women seen at health centers, healthcare providers, and local policy makers before the project started and midway through the project. RESULTS: At baseline most women and providers considered abortion justifiable only on narrow grounds, yet favored the implementation of a risk-reduction model that would include preabortion as well as postabortion counseling, the former providing information on different abortion methods and their risks. By the midterm assessment, the counseling service had assisted 87 women with unwanted pregnancies. Of the 52 who came for a postabortion visit, 50 had self-administered misoprostol, with no complications. Women were highly satisfied with the counseling. At baseline, misoprostol seemed to be available from both pharmacists and informal sellers. At midterm, it was still available from informal vendors but pharmacists said they did not provide misoprostol. The risk-reduction initiative heightened public attention to the abortion issue but the controversy it generated did not seriously impede its implementation. CONCLUSION: It is feasible to implement the proposed risk-reduction model in a traditional community such as Rivera, not only in Uruguay but in any country irrespective of its abortion laws.
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OBJECTIVE: To explore women's experience of unwanted pregnancy and induced abortion in Bolivia, where nearly all induced abortions are carried out in clandestine, unregulated, and unsafe conditions. METHODS: Qualitative and quantitative research methods, including focus group discussions, in-depth interviews and a structured survey of women of reproductive age, were used to explore the experience of unwanted pregnancy and induced abortion in poor urban areas of 5 Bolivian cities. RESULTS: Of the 1175 sexually experienced women surveyed, 13% reported having had an induced abortion. The methods they tried included surgical abortion, taking misoprostol, drinking herbal and chemical preparations, and inflicting physical trauma on themselves. Many women made multiple attempts before successfully terminating a pregnancy. Lack of knowledge and confusion about how to use misoprostol may have contributed to the complications that resulted in seeking postabortion care. CONCLUSION: Increased access to accurate information and counseling about abortion options are paramount if women are to make informed decisions and minimize health risks.
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En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, en que fue incorporado en el Código Penal y se mantiene hasta la actualidad como la única forma de interrupción del embarazo permitida en nuestro país. Sin embargo el acceso a esta práctica en los servicios públicos de salud no ha sido fácil para las mujeres debido a la inexistencia de un protocolo o guía práctica clínica para la atención en casos de aborto terapéutico que la sustente. Las normas, guías y protocolos del Ministerio de Salud sobre salud sexual y reproductiva vigentes no aluden a la atención del aborto terapéutico. Este vacío limita el derecho de las mujeres peruanas a acceder a un servicio que puede salvar su vida y preservar su salud integral, y por otro lado, corta la posibilidad de que las y los profesionales de la salud cuenten con estándares mínimos que sustenten su actuación. Por la penalización que pesa sobre el aborto en general, la inexistencia de normas claras y la insuficiente información sobre la legalidad del aborto terapéutico, las y los profesionales de la salud suelen negarse a recibir estos últimos casos, ya que temen ser sancionados. Y cuando atienden una interrupción legal del embarazo, muchas veces optan por no reportarla como tal, lo que genera un subregistro que minimiza u oculta esta situación que vulnera profundamente los derechos de las mujeres y afecta el adecuado desempeño de los médicos y médicas. El desarrollo que tuvo el caso de KL, adolescente de 17 años a quien el 2001 se le negó la interrupción legal del embarazo que solicitaba por gestar un feto anencefálico, ha contribuido sin duda a visibilizar la problemática que genera la ausencia de un protocolo nacional para la atención del aborto terapéutico.
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La decisión de continuar con una gestación, o interrumpirla, no resulta sencilla para las mujeres. Pero cuando un embarazo pone en riesgo la vida, o puede causar problemas graves en la salud de las mujeres, ellas tienen el derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo. Eso, en el Perú, se llama aborto terapéutico.
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Cada año, la prohibición total del aborto y su penalización niegan a miles de mujeres y niñas de El Salvador sus derechos y decisiones. Las mujeres y niñas que tienen un embarazo no deseado se enfrentan a dos opciones: cometer un delito abortando o seguir adelante con el embarazo no deseado.
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Presentación en la 4ta. Conferencia Regional del CLACAI. Reafirmando el legado de Cairo: Aborto legal y seguro. Lima, 21 y 22 de Agosto de 2014
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Presentación en la 4ta. Conferencia Regional del CLACAI. Reafirmando el legado de Cairo: Aborto legal y seguro. Lima, 21 y 22 de Agosto de 2014
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Presentación en la 4ta. Conferencia Regional del CLACAI. Reafirmando el legado de Cairo: Aborto legal y seguro. Lima, 21 y 22 de Agosto de 2014
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Antecedentes: En Chile aproximadamente 475.297 mujeres se encuentran expuestas al riesgo de embarazos no deseados y abortos provocados, ya sea porque usan anticonceptivos de baja eficacia o no los usan. Objetivos: Conocer el perfil biosocial de las usuarias que demandan la pildora de anticoncepción de emergencia, una vez que ésta estuvo disponible para las beneficiarías de los Consultorios de Atención Primaria del Servicio de Salud. Métodos: Se analizó las características sociodemográficas y antecedentes gineco-obstétricos de la totalidad de las 93 fichas de las mujeres que solicitaron anticoncepción de emergencia entre el segundo semestre de 2006 y el primer semestre de 2007, en un Consultorio de Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Metropolitano de Santiago. Resultados: El perfil obtenido es de una mujer joven de promedio de 23,6 años, soltera, estudiante, beneficiaría exenta de pago del sistema de salud público, con edad promedio de inicio de relaciones sexuales de 16,2 años, que ha tenido entre una y dos parejas sexuales, sin hijos, que no utiliza un método anticonceptivo habitual, que consulta por haber tenido una relación sexual no protegida en las últimas 24 horas. Conclusiones: El perfil identificado corresponde a una población de conducta sexual desprotegida, de alto riesgo de embarazo no deseado y de aborto inseguro, que deben ser incorporadas a los programas regulares de control de la fecundidad.
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¿Por qué recurren las mujeres migrantes a un método abortivo clandestino cuando existen cauces regulados y gratuitos para interrumpir el embarazo? A partir de un caso relatado en una noticia de prensa, el presente trabajo pretende ofrecer argumentos capaces de fundamentar una posible respuesta. Frente al modelo médico hegemónico, el uso del misoprostol extiende el debate no sólo a la identificación de las disfunciones del sistema sanitario español, sino a discursos relacionados con la identidad y a planteamientos autogestionarios de empoderamiento para las mujeres.
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Antecedentes: Global Doctors for Choice, una red transnacional de médicos defensores de la salud y los derechos reproductivos, comenzó a investigar el fenómeno de la negativa a prestar atención sanitaria por razones de conciencia debido a la cantidad creciente de informes de daños en todo el mundo. Este informe examina la prevalencia y el impacto de dicha negativa y revisa los esfuerzos normativos realizados para equilibrar la conciencia individual, la autonomía en la toma de decisiones sobre asuntos reproductivos, la salvaguardia de la salud y la integridad profesional médica. Objetivos y estrategia de búsqueda: Este informe tiene como base diversos materiales científicos médicos, legales, éticos, sociales y de salud pública publicados entre 1998 y 2013 en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Es difícil obtener estimaciones de prevalencia, dado que no existe consenso sobre los criterios para describir el estatus de objetor ni una definición normalizada de la objeción de conciencia como práctica, y también porque los estudios utilizados tienen limitaciones de muestreo y otros problemas metodológicos. El informe analiza esa información y ofrece marcos de referencia lógicos para representar las consecuencias que supone para la salud y el sistema de salud la práctica de la objeción de conciencia a proporcionar servicios de aborto, tecnologías de reproducción asistida, tratamiento de anticoncepción en casos de riesgo de la salud materna y pérdida inevitable del embarazo, y diagnóstico prenatal. Y en último lugar se presenta la categorización de las respuestas legales y regulatorias, así como otras respuestas normativas a la práctica. Conclusiones: La evidencia empírica es esencial, dado que los diversos actores políticos responden con políticas o reglamentaciones para equilibrar las posiciones en conflicto. Es necesario realizar más investigación y capacitación en diversos contextos geopolíticos. Partiendo del doble compromiso con la propia conciencia y con la obligación de velar por la salud y los derechos de las pacientes, exhortamos a proveedores, profesionales sanitarios y asociaciones de salud pública a promover acciones que respondan a la práctica de la objeción de conciencia a prestar atención sanitaria y permitan salvaguardar la salud reproductiva, la integridad médica y las vidas de las mujeres.