569 resultados para CIENCIA POLÍTICA - PUBLICACIONES SERIADAS
Resumo:
Este libro explora los avances en la institucionalización de la Ciencia Política en Colombia, examinando cuáles son las conquistas y problemas pendientes de este proceso. Se trata de estudiar el momento actual que vive la disciplina, teniendo en cuenta que ya se superaron las etapas de su creación como vocación (1968-1990) y de su expansión como profesión (1990-2006). En este sentido, se propone que a partir de nuevas tendencias como la creación de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL), la continuidad relativa de los congresos y encuentros nacionales, el surgimiento de programas de formación de doctorado y la consolidación de varias revistas colombianas en el escenario internacional, es posible hablar hoy del surgimiento de una nueva etapa de institucionalización de la Ciencia Política colombiana.
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Este artículo busca presentar una revisión de la literatura sobre el estado de la Ciencia Política en Colombia y su desarrollo histórico. Para contextualizar esta temática, la revisión empieza en el plano internacional —con un énfasis en el mundo anglosajón— y latinoamericano, para luego llegar al caso colombiano
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En vista del rápido crecimiento del número de programas de formación profesional en Ciencia Política a nivel de pregrado en el país, vale la pena detenerse e indagar, a modo de evaluación, por el estado de la enseñanza en esta disciplina. Esto bien podría llevar a un análisis de las metodologías pedagógicas utilizadas en el aula de clase y fuera de ella, los grados de for-mación de los docentes en el área, o incluso las lecturas que componen los microcurrículos de los distintos cursos impartidos por 32 universidades en el país. Sin embargo, en este trabajo se opta por un acercamiento a esta cuestión desde los macrocurrículos, es decir, a partir de los cursos o materias dictadas en los diferentes programas. La metodología adoptada para este trabajo es estadística, y se complementa con reflexiones teóricas, discusiones existentes en la literatura sobre el tema y con las declaraciones de los propios programas en sus sitios web.
Resumo:
Dado lo anterior, este artículo plantea la necesidad de abrir la reflexión sobre los contenidos y lecturas que unen a los programas de Ciencia Política en el país, aun a sabiendas de que la fragmentación ha sido una realidad inocultable y que la propia vocación multidisciplinar del estudio de la política es necesaria. No se trata, pues, de un estudio cuyo objetivo sea homologar y homogenizar una disciplina que por su propia naturaleza debe ser abierta, plural y desregulada. Se trata más bien de un trabajo que busca responder a preguntas como: ¿Hay elementos comunes entre estos programas? ¿Hay ele-mentos divergentes? En general, ¿cuáles son las tendencias que se vislumbran en la enseñanza de la Ciencia Política en Colombia? ¿Qué —y cómo— se está enseñando a los estudiantes que aspiran a ser politólogos en el país?
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El uso de instrumentos y directrices en la política pública para la modelación de los resultados de la actividad científica y tecnológica ha sido frecuente en el Estado colombiano. Este trabajo bajo la ‘teoría de la regulación’ de Black, examina el Modelo de Medición de Grupos de Investigación y de calificación de Revistas Científicas –Publindex- de Colciencias, como instrumentos de intervención del Estado, fundados en el uso de indicadores bibliométricos y cienciométricos. Para ello, se da respuesta a interrogantes referidos a la auto-organización de la ciencia; su relación con el Modelo de Grupos de Investigación, la influencia que dicho modelo tiene sobre la libertad de investigación; las implicaciones que tiene el otorgar categoría o status a los Grupos por actos estatales y la conveniencia de que el Estado tenga un sistema de incentivos para el examen de información científica y técnica originada en indicadores científicos, entre otros. Se busca en síntesis, aportar elementos que permitan, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria explicar algunas de las razones por las cuales los elementos involucrados en la estructuración de la normativa de ciencia y tecnología, pueden inducir a afectaciones negativas y positivas en el quehacer científico y tecnológico.
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La violencia ha demostrado reiteradamente su fracaso como medio de resolución de conflictos o como instrumento en la búsqueda de la paz. Por su parte, la pasividad y el conformismo han terminado con frecuencia por contribuir apenas a la prolongación de situaciones conflictivas. Los efectos estériles de la pasividad y la sensación de impotencia y debilidad que acompaña al conformismo, producen desasosiego en el ánimo de sociedades que anhelan la solución de los conflictos que las agobian. Tal es el caso de la sociedad colombiana y de muchas otras que, en uno u otro continente, sufren a diario las consecuencias negativas de comportamientos tradicionales y resienten el estancamiento de crisis aparentemente sin solución. Todas ellas llevan en el fondo el anhelo de la paz y reclaman medios novedosos, activos y alternativos para conseguirla. La acción política no violenta representa uno de ellos.
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Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).
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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.
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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.
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Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.
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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.
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La política social en Venezuela, como en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, es un refl ejo de sus instituciones políticas y de la forma en la cual el Estado ha asumido las distintas dimensiones de la ciudadanía. La política social es dentro de cualquier gobierno uno de los componentes constitutivos de la democracia, comprendiendo ésta como un sistema que busca disminuir las inequidades. La historia de la política social en Venezuela es el resultado de la implementación de los paradigmas más representativos de las distintas décadas. En un mundo en el que se confi guraba la globalización, Venezuela no fue ajena a las tendencias internacionales, particularmente, por su condición de país petrolero.
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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2