964 resultados para Biodiversidade - Instrumentos jurídicos
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Monográfico con el título: 'El Estatuto Profesional Docente'
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Resumen basado en el de la publicación
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El transporte ha sido merecedor de particular atención por parte de las instituciones de la Comunidad Andina (CAN), así lo reflejan diversas decisiones adoptadas específicamente para este sector, además de las referidas a los servicios generales. El transporte internacional de mercaderías por carretera ha sido vital para el crecimiento del comercio y la integración física de la Comunidad. Su liberalización y funcionamiento están normados básicamente por la Decisión 399, del 17 de enero de 1997, referida al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, en cuyo Art. 3 se establece que “la oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes principios fundamentales: libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y nación más favorecida”. Existe un amplio y bien estructurado tejido legal que permite, junto con las normas de Derecho Comunitario primario y otras medidas conexas y relacionadas existentes en múltiples instrumentos jurídicos de la CAN, la prestación del servicio de transporte de mercancías por carreteras de una manera eficaz, amplia y en condiciones de competencia leal, lo que da seguridad jurídica a los prestadores del servicio dentro de todo el ámbito territorial comunitario. El tema a ser investigado pretende analizar la responsabilidad que el transportista tiene una vez que éste se compromete a entregar mercaderías por carretera, enmarcado en la Comunidad Andina. Se cree conveniente contribuir con el análisis de aspectos que aportan, o deberían, en la valoración del grado de responsabilidad del porteador dentro de la contratación internacional. Se exponen análisis resumidos de determinados instrumentos jurídicos internacionales que fijan en qué forma es regulada la responsabilidad del porteador; así como doctrina precisa de destacar en este estudio.
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El razonamiento de los Derechos Humanos desde una visión sociológica, política, filosófica y jurídica, ha librado en el estudio humano una preocupación y a la vez una solución en el ánimo de la convivencia social. El siglo XX dejó en las páginas de la historia una lucha inclaudicable, ya no de hecho sino por el derecho; para la Protección de los Derechos Humanos ante la amenaza sea está desde y/o el Estado o de otras personas, generando así una gama de instrumentos jurídicos internacionales, regionales y medidas internas de los estados con el objeto de prevenir, juzgar, sancionar y en especial reparar la vulneración, restricción, prohibición o mejor dicho la violación a los derechos humanos. Hoy en el siglo XXI, los derechos humanos se ven nuevamente en peligro de ser vulnerados y la pluma de la historia vuelve a escribir estos dramas que consideramos que ya habrían terminado
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Hay dos reformas constitucionales que son claves y que, sólo si ellas se logran, bastarían para justificar toda la inversión política y económica en la Asamblea Constituyente: el fortalecimiento de un órgano supremo de control constitucional y la expansión de las garantías constitucionales de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y otros instrumentos jurídicos. En este ensayo abordaremos el tema de las garantías y lo trataremos desde dos perspectivas: la una teórica y la otra concreta En la parte teórica se pretenderá contextualizar las reformas a las garantías en la teoría del estado social de derecho. La garantía, en este modelo de estado, la encontramos en las normas jurídicas, en la estructura del estado y, en particular, en el rol de los jueces que ejercen control constitucional. En la parte concreta, abordaremos una propuesta de diseño constitucional sobre la regulación de las garantías y breves explicaciones que justifican su regulación.
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Más allá de considerar si la Capitalización fue positiva o negativa, este trabajo pretende mostrar como esta medida de reforma estructural del Estado ha tenido efectos en el derecho y la economía bolivianos. Partiendo de la descripción del modelo de capitalismo de Estado y su crisis a principios de la década de los ochenta, pretendemos mostrar los antecedentes que originaron la adopción de medidas de ajuste estructural en sus diferentes etapas, hasta llegar a las medidas de segunda generación como la capitalización. Luego veremos lo que es la privatización y lo que fue su aplicación en Bolivia, puesto que consideramos a la capitalización como una forma de privatización, siendo por lo tanto necesario comprender esta última para estudiar la capitalización. A partir del Capítulo II ingresamos de lleno en lo que es la capitalización, primero describimos lo que ha sido la capitalización en Bolivia y la metodología de su aplicación, para luego analizar si la capitalización es o no una forma de privatización y porque se optó por capitalizar, para terminar haciendo una descripción de las posiciones en contra y a favor que generó dicha medida. Al describir el sistema de regulación sectorial, observamos que no solamente es una reforma que se aplicó paralelamente al proceso de capitalización, sino que es una medida estrechamente relacionada, puesto que si bien un sistema regulatorio, sea que se desarrolle a través de superintendencias o de otras entidades, es absolutamente necesario en una economía moderna, éste sin la capitalización habría demorado mucho tiempo en ser aplicado. De forma similar observamos que la vinculación entre la reforma de pensiones y el proceso de capitalización es evidente, teniendo en cuenta que a consecuencia del último las acciones que pasan a ser del pueblo boliviano son entregadas en fideicomiso a las AFP, integrando lo que se llama el Fondo de Capitalización Colectiva, cuyo rendimiento debe servir para el pago del BONOSOL y su excedente para la distribución en las cuentas del Fondo de Capitalización Individual. En la última parte del trabajo analizaremos los efectos de la capitalización que consideramos más importantes para el derecho y la economía bolivianos, resaltando por una parte, la importancia de la introducción en el régimen jurídico boliviano del Derecho del Sistema de Regulación Sectorial, que en Bolivia se ha llamado el Derecho Regulatorio, y por otra, el incremento de la inversión extranjera directa en los años posteriores a la capitalización. Como conclusión del trabajo, señalamos que la capitalización tuvo efectos significativos tanto en el derecho como en la economía bolivianos, habiendo influido en la modificación y creación de varios instrumentos jurídicos, así como en la transformación de la economía boliviana. La aplicación del proceso de capitalización en las empresas estatales bolivianas, tuvo aspectos buenos y malos, debiendo estos últimos ser revisados y corregidos, siendo lo más importante que las normas, los hechos y las circunstancias permiten efectuar dichos ajustes.
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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integración regional sudamericana a través de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecológicos del continente. Tanto el ambiente como las personas están en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificación, que abarcan represas hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que más ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indígenas, ya que buscaría convertir al río Napo en una hidrovía para el transporte de mercaderías en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biológica del planeta por su especial ubicación, así como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los años. Dada la particular relación con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de “desarrollo” o “integración regional” en sus territorios ancestrales. Los objetivos específicos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estándares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurídico, tomando como eje su adecuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurídicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen instrumentos jurídicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantías ya no sólo jurisdiccionales, sino también políticas y normativas en la nueva Constitución, son avances que debemos aprender a utilizar para la protección de los derechos y el ambiente. En esta investigación, en primer lugar se hace una aproximación descriptiva a IIRSA, a continuación se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amazónico, pasando directamente al análisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta sección se tratan los estándares internacionales en materia de participación social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a la información pública, beneficios compartidos y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho al desarrollo como un derecho síntesis, que pretende un reforzamiento y profundización de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.
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Hay dos reformas constitucionales que son claves y que, solo si ellas se logran, bastarían para justificar toda la inversión política y económica en la Asamblea Constituyente: el fortalecimiento de un órgano supremo de control constitucional1 y la expansión de las garantías constitucionales a los derechos humanos, reconocidos por la Constitución y otros instrumentos jurídicos. En este ensayo abordaremos el tema de las garantías y lo trataremos desde dos perspectivas: la una teórica y la otra concreta. En la parte teórica se pretende contextualizar las reformas a las garantías en la teoría del Estado Social de Derecho. La garantía, en este modelo de Estado, la encontramos en las normas jurídicas, en la estructura del Estado y, en particular, en el rol de los jueces que ejercen control constitucional. En la parte concreta, abordaremos una propuesta de diseño constitucional sobre la regulación de las garantías y breves explicaciones que justifican su regulación. Esperamos persuadir la necesidad de adaptar las garantías judiciales constitucionales para poder solucionar las graves y cotidianas violaciones a los derechos humanos.
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Los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, se encuentran regulados y controlados a través de dos normas jurídicas distintas, cuya naturaleza responde a las particularidades propias de cada una de estas actividades. Esto ha ocasionado que la regulación de estos servicios se encuentre sometida a diferentes organismos de regulación, que los derechos y obligaciones que los proveedores deben ejercer y cumplir sea disímil y muchas veces contradictoria entre sí, que su prestación sea autorizada a través de diferentes instrumentos jurídicos de jerarquía y naturaleza distinta, que el acceso, interconexión e interoperabilidad de la red, sea para el caso de telecomunicaciones obligatoria, mientras que para el caso de las redes de radiodifusión y televisión se encuentren restringida. Esta realidad no ha permitido el desarrollo adecuado, dinámico y acorde a la actual situación tecnológica y de mercado, de una regulación que fomente el aparecimiento de servicios convergentes de voz, datos y video; realidad que se presenta día a día en la industria de telecomunicaciones. En razón de lo cual, en la presente tesis, se ha planteado la necesidad de reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes en los sectores involucrados para viabilizar el aparecimiento, regulación y control de los servicios convergentes de voz, datos y video. Con este objeto se ha formulado una propuesta jurídica – regulatoria que busca reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes, con el propósito de que estos abonen al desarrollo y provisión de los servicios convergentes. Pero es evidente que a más de la reformulación de los lineamientos ya existentes es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, de sus actores y de la normativa marco que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.
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La gestión de los ingresos tributarios de los gobiernos municipales expresados en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, con el concurso de las distintas direcciones, jefaturas y unidades administrativas en los ámbitos financiero, tributario, catastral y de recaudación, presenta deficiencias, incidiendo negativamente en la captación de recursos para el adecuado desarrollo de cada una de las competencias atribuidas a estos niveles de gobierno subnacional. El ejercicio de cada una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales demanda ingentes recursos financieros de carácter tributario, no tributario y de los provenientes de endeudamiento público. En el ámbito tributario es fundamental que cada gobierno municipal disponga de los instrumentos jurídicos y de gestión apropiados para potenciar la recaudación de tributos, y así ir afianzando su autonomía, por ello este trabajo analiza la gestión recaudatoria tributaria de cuatro gobiernos municipales ecuatorianos: Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, por el período 2008-2011, que al tiempo de evidenciar sus fortalezas también devele sus deficiencias, y de esta manera ir exponiendo algunas medidas y mecanismos tendentes a mejorar la gestión y los niveles de recaudación, que en último término propenda a una mejor redistribución del ingreso con mayores beneficios para sus habitantes.
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O presente trabalho tem corno objetivo básico avaliar o processo de institucionalização do planejamento urbano no Equador durante o período de 1972- 1987, através das suas duas principais expressões que, as vezes, constituem as variáveis de análise através das quais se desenvolverá o trabalho: o marco institucional e os instrumentos jurídicos. Isto é, o arcabouço institucional onde esta prática atualmente se desenvolve as normas, resoluções e estratégias condensadas em planos, programas e projetos
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A pesquisa desenvolvida pretendeu analisar dois dos instrumentos jurídicos que compõem a atual política de combate a cartel brasileira (Acordo de Leniência e Termo de Compromisso de Cessação de Prática - TCC), com o objetivo de verificar se os mesmos estão funcionando de forma integrada e eficiente em prol da dissuasão da prática de cartel na economia brasileira, e preservação da concorrência. Nesse sentido, no Capítulo I se contextualiza o problema enfrentado a partir da demonstração da divergência existente entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Secretaria de Direito Econômico (SDE) em relação às condições que devem permear a celebração de um TCC em prol da preservação da política de Acordo de Leniência, além do que se demonstra a relevância do seu estudo e a metodologia empregada. Nos Capítulos II e III o problema central da pesquisa é enfrentado por meio da análise dos objetivos dos institutos jurídicos do Acordo de Leniência e TCC, da sua relação de complementaridade no âmbito de uma política de combate a cartel eficiente, e da posição da SDE e do CADE acerca da aplicação desses instrumentos. Por fim, após percorrer todo esse caminho, no Capítulo IV conclui-se com respostas às seguintes questões formuladas: i) A regulação atual do TCC implica em potenciais prejuízos ao programa de Acordo de Leniência? Se positivo, quais?; ii) A despeito da regulação atual do TCC, a forma como o CADE vem aplicando este instituto jurídico tem desprestigiado o programa de Acordo de Leniência?; iii) Há algum indício e/ou prova de que os agentes econômicos têm, estrategicamente, se utilizado mais dos TCCs em detrimento do Acordo de Leniência? Se positivo, esse fato é prejudicial à política brasileira de combate a cartéis?; iv) Há medidas que podem ser adotadas para aperfeiçoar os instrumentos que compõem a política de combate a cartéis brasileira (Acordo de Leniência e TCC)?
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A presença crescente de pessoas jurídicas sob o regime de direito privado exercendo funções e atividades desempenhadas por pessoas jurídicas sob o regime de direito público tem apresentado desafios importantes para o estudo do Direito. A atuação das Fundações de Apoio no auxílio às Universidades Públicas Federais brasileiras são um exemplo disso. De um fenômeno espontâneo, timidamente regulado pela Lei n.º 8.958/1994, transformaram-se em um universo diversificado, em que se questiona a sua atuação junto à Instituições Federais de Ensino Superior. Ao desempenhar funções e atividades de auxílio à Universidades Federais, executam recursos públicos orçamentários e de Agências de Fomento. O questionamento da obrigatoriedade destas entidades realizarem prévio procedimento licitatório para contratação de terceiros quando estiverem auxiliando às Universidades Federais, a necessidade de cumprimento das regras de recolhimento de recursos público à Conta Única do Tesouro Nacional e a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público para trabalhar nas atividades de auxílio fazem parte das controvérsias enfrentadas no trabalho. Este trabalho procurou refletir sobre este fenômeno a partir de três frentes, uma proposta de análise do fenômeno fundacional, em que fundações de apoio são compreendidas como organizações de intermediação entre universidade e empresa, um levantamento das principais questões de compatibilização entre o regime de direito público e a atuação das fundações no contexto de auxílio ao desenvolvimento tecnológico das Universidades Públicas Federais e, por fim, o estudo de um caso em que há a compatibilização entre um modelo de fundação de apoio e o regime de direito público, o caso da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Propomos um recorte específico para o estudo do auxílio realizado pelas fundações de apoio, caracterizando-as como organizações de intermediação da cooperação entre universidade e empresa, pois acreditamos que dado o conjunto significativo de transformações no papel desempenhado por universidades de pesquisa no âmbito da produção industrial, uma nova forma de leitura da intermediação é necessária para a compreensão do papel e da missão das Universidades de Pesquisa no desenvolvimento econômico do país. As universidades, além de formadoras da mão de obra especializada e da geração de conhecimento, passam a ser centros de geração de tecnologia, se aproximando da indústria, pois substituiria em parte os antigos departamentos de pesquisa e desenvolvimento de indústrias nacionais, ao mesmo tempo que também desempenharia o papel de fomentadora da geração de empresas de inovação, criando incubadoras de empresas e facilitando o intercâmbio entre seus professores e técnicos e profissionais da matriz industrial dos países. No Brasil, esta transformação se depara com um hiato importante. O país, por meio de suas Universidades Públicas é produtor de conhecimento, com um número significativo de publicações internacionais, contudo, não tem conseguido converter este conhecimento em aplicação industrial, em inovação tecnológica, medida pelo registro de patentes e pela transferência de tecnologia para a indústria. Em segundo lugar, a Lei de Inovação Tecnológica (Lei n.º 10.973/2004) como a primeira tentativa de estabelecer formas de reduzir este hiato, criou instrumentos jurídicos para permitir a cooperação entre Universidades Públicas Federais e Empresas Nacionais, posicionando as fundações de apoio como intermediadoras da relação entre Universidade e Empresa, ao lado dos Núcleos de Inovação. A Lei, por um lado, foi capaz de criar os instrumentos jurídicos para que a cooperação entre Universidade Pública e Empresa Nacional seja lícita, contudo, não enfrentou questões jurídicas importantes, além das questões sobre incidência do regime de direito público na intermediação realizada pelas fundações, também não definiu a função das fundações de apoio na captação e gestão de projetos de tecnologia, ou na gestão da propriedade intelectual e sua relação com os Núcleos de Inovação, ou a participação das fundações na formação de empresas de inovação por meio do processo de incubação de empresas nas Universidades Federais. Foi o Tribunal de Contas da União, como órgão de controle do emprego dos recursos públicos, o principal local de debate sobre as controvérsias jurídicas envolvendo a relação entre Fundações de Apoio e Universidades Federais. Em nosso entendimento, o Tribunal na Decisão n.º 655/2002, iniciou um processo de compatibilização entre a atuação das fundações de apoio e o regime de direito público, ao definir as fundações de apoio ligadas à projetos de desenvolvimento e transferência de tecnologia das Universidades Federais como organizações de intermediação, contudo, retrocedeu no Acórdão n.º 2.731/2008, ao definir de forma ampla o conceito de recurso público e recomendar aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia que proibissem os repasses diretos de recursos de Agências de Fomento à Fundações de Apoio no âmbito federal. O caso da FAI é paradigmático, pois não apenas é um caso que reforça a nossa avaliação de que é possível haver compatibilidade entre o regime de direito público e a atuação das fundações apoio, como sinaliza para soluções de desenho institucional relevantes para a reflexão sobre a regulação das fundações de apoio no âmbito federal. A FAI como uma fundação voltada para a Universidade Federal de São Carlos é capaz de cumprir com as potencialidades de uma fundação almeja contribuir para o desenvolvimento tecnológico de Universidades Públicas Federais, uma vez que funciona como um “outro eu” da UFSCAR, um duplo positivo, executando atividades que se fossem feitas pela Universidade não teriam a mesma agilidade ou até não seriam realizadas.
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O presente artigo analisa os diferentes tipos de contratação entre o Poder Público e as organizações sem fins lucrativos. A partir dessa análise, e tendo como fundamento os princípios de direito público, busca-se demonstrar que o Estado e as organizações da sociedade civil podem interagir de maneira eficiente, segura e transparente, por meio da celebração de um instrumento jurídico que tenha como premissa a colaboração entre as partes envolvidas para realização de objetivos comuns. Este instrumento de cooperação deve estabelecer claramente os objetivos comuns a serem alcançados conjuntamente pelo Estado e a organização sem fins de lucrativos e as obrigações de cada uma das partes, visando atribuir responsabilidades e, consequentemente, maior segurança na implementação e execução de políticas públicas.
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O objetivo desta monografia é fazer uma retrospectiva histórica da política dos Governos Militares no Brasil, a partir de 1964, sobre a questão da reforma agrária e como se insere a política de Colonização da Amazônia neste contexto. Trata-se da colonização na Amazônia, sob seu aspecto de concepção política ao nível governamental, caracterizando o esvaziamento de sua abordagem social, em detrimento de interesses econômicos que, por fim, acarretaram em agravamento de conflitos sociais. São analisados os instrumentos jurídicos que propiciaram a ocupação da Amazônia, via colonização, assim como os resultados dessa política.