989 resultados para Antonio Gil Olcina


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Las posibilidades y condiciones del desarrollo de Extremadura están vinculadas a la gestión y uso del agua en el sector agrario como fuente de ingresos económicos y generación de empleo, la producción hidroeléctrica, el proceso industrial agroalimentario y el turismo como una de sus estrategias de futuro. Las inversiones realizadas para aumentar la garantía de disponibilidad de agua se justifican por el impacto positivo en el abastecimiento urbano, la expansión de la superficie regada, la mejora del nivel de vida de sus habitantes y la fijación de la población en el territorio. La previsible disminución de los recursos de agua a consecuencia del cambio climático, en los diferentes escenarios que se manejan, obligará a coordinar la planificación hidrológica y gestión de los recursos renovables con la territorial y agraria para asegurar el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente del espacio regional y no condicionar el de las tierras portuguesas de las cuencas del Tajo y Guadiana (Convenio de Albufeira).

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El 54,4% de la Superficie Agrícola Utilizada en la Unión Europea-27 se clasifica como Zona Desfavorecida. En estas áreas, los agricultores pueden ingresar de media un 27% menos por unidad de trabajo anual que aquellos que cultivan la tierra en zonas no desfavorecidas. Las directivas europeas, nacionales y autonómicas que se ocupan de una u otra manera de los espacios de cultivo en las “Zonas Desfavorecidas de Montaña”, en las “Zonas Desfavorecidas Intermedias” y en las “Zonas Afectadas por Dificultades Específicas”, y en las que la técnica del aterrazamiento suele estar presente, son bastante numerosas. Sin embargo, la eficacia de esas políticas ha sido muy desigual, dependiendo del diferente contexto ambiental, social y económico del país europeo que se estudie y, sobre todo, de la categoría a la que puedan acogerse las explotaciones agrícolas. Pero, además, el territorio europeo cuenta con una extensión de cultivos en “Áreas de Montaña”, también en general aterrazadas, que no han sido incluidas en las categorías citadas, cuyos agricultores no pueden beneficiarse de esas ayudas específicas, pese a afrontar los mismos problemas. España es el país más afectado de la Unión Europea, con un 16,19% de su área de montaña excluida, principalmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. A partir de 2014, como consecuencia de las directrices que se deriven de la reforma de la Política Agrícola Común, estos territorios experimentarán un nuevo cambio. Entre ellos, se contempla la posibilidad de que los Estados Miembros puedan destinar mayores ayudas a las zonas desfavorecidas y elaborar subprogramas temáticos para las zonas de montaña. Por otro lado, se establecerá una nueva delimitación de “Zonas con Desventajas Naturales” (que sustituirá a las “Zonas Desfavorecidas Intermedias”), basada en ocho criterios biofísicos, con efectos a partir de 2018. Dado que los Estados Miembro deberán elaborar nuevos mapas con las zonas a delimitar, y que hasta el momento España es uno de los países que menor cuantía económica destina a estas zonas, presentamos una revisión de la problemática de estos territorios.

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Investigación realizada en el marco del proyecto de investigación Geografía histórica de los incendios forestales en España: viejos y nuevos territorios de riesgo (GEO-INFOR), 2011-2013. Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. CSO2010-21788-C02-01.