1000 resultados para 530907 Empresas de servicios públicos
Resumo:
El presente trabajo, intenta contribuir a aclarar el potencial que representa un sistema de gestión por competencias para las organizaciones que se dedican a la vigilancia y seguridad privada en lo que se refiere al personal que impacta directamente al cliente desde la gerencia de riesgos, para una eventual implantación y posterior aplicación en las políticas talento humano desde una perspectiva estratégica. Con este objetivo, se abordan, en primer lugar, diversos aspectos útiles a conocer para una cabal comprensión de cómo se caracteriza el sector de la seguridad privada, un conocimiento de la Organización en donde se desarrolló este estudio de caso y el enfoque de competencias y su terminología, en todas sus dimensiones. Esto significa, a grandes rasgos, una aproximación a la metodología para mantener candidatos aptos que desempeñen estos cargos de las organizaciones dedicadas a la gestión de riesgos. Después, se tratarán las competencias desde la perspectiva organizacional, esto es, desde su gestión; abordando distintos aspectos generales útiles a saber previo a una decisión de implantación de la metodología descrita. Luego, se ofrece una visión generalizada acerca de los procesos de implantación, culminando, con la metodología propuesta para un sistema de gestión por competencias siguiendo un enfoque conductista.
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El interés de este trabajo de grado es analizar la relación entre los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico sobre los procesos de asentamientos urbanos. Estudio de caso: Ciudad Porfía (asentamiento informal) y Villa Codem (asentamiento formal), Villavicencio, de 1983 a 2013. Se identifica la naturaleza y los principios de los servicios públicos domiciliarios desde la legislación colombiana vigente y se describen los procesos de conformación y desarrollo de los asentamientos urbanos mencionados. Siguiendo finalmente la perspectiva teórica sobre hábitat desarrollado por UN Hábitat y con una metodología basada en la observación del territorio, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite identificar los procesos dinámicos de consolidación, desarrollo y formación de estos asentamientos urbanos y su relación con los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico.
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En la Constitución Política se consagra el trabajo como un derecho fundamental, objeto de protección cuando sea vulnerado o amenazado; el Estado tiene el deber de protegerlo, creando, estimulando e incentivando las condiciones socioeconómicas propicias que promuevan una oferta de oportunidades laborales para todas aquellas personas en capacidad de trabajar, expidiendo la normatividad que asegure unas relaciones laborales “dignas y justas”, con arreglo a los principios fundamentales básicos y mínimos ideados por el constituyente. El orden normativo primario es el protector del derecho al trabajo, bien sea que se preste independientemente o bajo condiciones de subordinación, en las modalidades de contrato de trabajo o bajo una relación laboral, legal, estatutaria, o reglamentaria.
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El presente trabajo proporciona un panorama abarcador del derecho argentino en materia de reclamos por reparaciones pecuniarias promovidos por usuarios de los servicios públicos. Se trata de una reseña distribuida en tres secciones: primeramente, la presentación básica de las normas y regulaciones argentinas; a ella le sigue un capítulo que constituye el corazón conceptual del trabajo, en el que se vuelca una descripción pormenorizada de la casuística en la materia; finalmente, se concluye con un relevamiento de episodios que revelarían la puja de intereses encontrados que subyacen a la temática abordada.
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This article studies some strategic issues on the implementation of structural reforms to public utilities in Colombia, establish on tha law 142 of 1994. The reform was held on a context of political debate where the palance favores a technocratic definition of the law. This jeans that local governments have been excluded from strategic decisions and that the model is characterized by its rigidity.
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El WACC o Coste Medio Ponderado de Capital es la tasa a la que se deben descontar los flujos para evaluar un proyecto o empresa. Para calcular esta tasa es necesario determinar el costo de la deuda y el costo de los recursos propios de la compañía; el costo de la deuda es la tasa actual del mercado que la empresa está pagando por su deuda, sin embargo el costo de los recursos propios podría ser difícil y más complejo de estimar ya que no existe un costo explícito. En este trabajo se presenta un panorama de las teorías propuestas a lo largo de la historia para calcular el costo de los recursos propios. Como caso particular, se estimará el costo de los recursos propios sin apalancamiento financiero de seis empresas francesas que no cotizan en bolsa y pertenecientes al sector de Servicios a la Persona (SAP). Para lograr lo anterior, se utilizará el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y el Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (CAPM) con base en lo presentado por Martha Pachón (2013) en “Modelo alternativo para calcular el costo de los recursos propios”.
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La Constitución Política Colombiana de 1991, en el Capítulo V del Título XII, “ De la finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos”, consagró el tema de los servicios públicos limitándose a hacer una enunciación de carácter general
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estudiar la relación entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral del personal de la Gerencia de Recursos Humanos de una empresa de servicios públicos de Bogotá, con el fin de proponer un plan de intervención
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La actividad de los Servicios Públicos Domiciliarios fue desarrollada por el Legislador mediante las leyes 142 de 1993, 143 de 1994 y 286 de 1996, definiéndose en su artículo 14.21 de la primera de estas, las actividades de acueducto, alcantarillado,
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Este artículo presenta una primera propuesta de determinación de subsidios y contribuciones de tarifas de servicios públicos domiciliarios – SPD para la Capital colombiana, que no parta de una clasificación de grupos (estratos socioeconómicos). A partir de un ejercicio exploratorio, se diseña un esquema de pagos del servicio de acueducto a partir del avalúo catastral del inmueble en que habita cada hogar. El ejercicio establece el pago por unidad de consumo de agua, de manera que cada hogar en Bogotá destine una misma proporción de su gasto total al gasto en el servicio de acueducto y garantiza que el total de pagos cubran los costos de provisión del servicio.
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Se presenta los principales resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2003 sobre los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales en Colombia, el análisis se hace comparativo con el año 1993 y 1997 tanto a nivel geográfico como a nivel socioeconómico. Se encuentra que a pesar del decremento en el ingreso que sufrieron los hogares, la calidad de vida de estos no ha decrecido. El acceso a los servicios domiciliarios ha mejorado con algunas brechas entre regiones. En educación han disminuido las tasas de analfabetismo junto con incrementos en la cobertura de la educación primaria y secundaria, sobre todo en lo ingresos bajo y medios. La matrícula superior continúa su baja y la oficial presenta una mayor participación. En materia de salud, el régimen subsidiado se convierte en un importante mecanismo anticíclico.
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La reforma de los servicios públicos del Reino Unido durante los últimos 15 años ha puesto un acentuado énfasis en las propiedades que tienen tanto la propiedad privada como la regulación de las industrias privatizadas en términos de incentivos. Este artículo analiza los argumentos de esta política, y describe el uso de estudios de eficiencia y productividad, tanto en relación a llevar a cabo efectivamente la regulación como en evaluar la efectividad de la misma. El establecimiento de reguladores específicos para cada industria ha conllevado una considerable variedad de enfoques, y la valoración de sus desempeños también muestra un resultado diverso, tanto en relación con el impacto de la política como en términos de una ejecución adecuada.
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Resumen tomado de la publicación
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Cuando se habla o se escribe sobre los Derechos Humanos en el Perú, casi siempre el imaginario colectivo se traslada a las imágenes de torturas, asesinatos y desapariciones de pobladores y dirigentes sindicales y populares que se dieron en los diferentes gobiernos de turno; y que se recrudeciera en la década de los 90 en el nefasto régimen del Gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Sin embargo, en el Perú como en toda América Latina, no solo los derechos civiles y políticos son vulnerados. Sino que impuestos como políticas de Estado y siguiendo las imposiciones de las transnacionales se truncan las aspiraciones de los pueblos a una vida digna, a un trabajo decente, a una remuneración justa y el acceso a los servicios públicos esenciales. Es decir, se vulneran también los derechos económicos, sociales y culturales.
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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos. Esos ciertos servicios públicos, comúnmente son denominados servicios públicos básicos, entre los cuales estarían por ejemplo, la prestación de servicios de agua potable y corriente, energía eléctrica, gas natural, aseo y telefonía, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculación con la consagración de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la noción de servicios públicos fundamentales, entre los cuales se cuentan además de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educación y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes líneas se destaca los avances normativos que en la región se observan en relación con la conciencia colectiva por parte de los Países Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.