601 resultados para Comercio -- Colombia


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En la investigación se recogen las posiciones asumidas por los actores colombianos y ecuatorianos, involucrados en el desarrollo del transporte internacional de mercancías por carretera por el paso Rumichaca. Inicialmente se describe la forma en que se ejecuta el transporte terrestre de mercancías en Ecuador y Colombia y se lleva a cabo un análisis de la infraestructura vial, con énfasis en la zona fronteriza entre los dos países. Seguidamente se presenta un análisis de los problemas que inciden de manera negativa en el transporte de carga por carretera en la frontera, destacando como problemas más significativos: la piratería terrestre, transbordo de mercancías no especializadas, deficiente infraestructura administrativa en la zona de frontera, conflicto interno colombiano, narcotráfico, actitudes de los transportistas, descuido de la zona fronteriza por los gobiernos centrales y resistencia de la población local. Estos problemas en las condiciones actuales, son insolubles y hacen imposible que el transporte internacional de carga por carretera se desenvuelva acorde a la reglamentación comunitaria, obstaculizando el comercio entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), y por tanto, entorpeciendo la agenda integracionista en la subregión andina. Posteriormente en el estudio se realiza el análisis de la Decisión 399, regulatoria del transporte internacional de carga por carretera entre los países miembros de la CAN y se argumenta que se ha incurrido en desacato a la normatividad por parte de Ecuador y Colombia.

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El Fondo Monetario Internacional tiene un programa de condicionalidad que materializa por diferentes métodos, entre los que se encuentra las cartas de intención, a través de ellas exigió a Colombia modificar la política macroeconómica a cambio de asistencia financiera y técnica en las que se determinó la orientación de la normatividad jurídica en materia macroeconómica, es decir, la política fiscal, monetaria, de comercio exterior, financiera y política cambiaria; de esta manera, el FMI interviene directamente en la política interna de Colombia bajo el pretexto de ayudar al crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. La aplicación de estos condicionamientos se dio a través de reformas laborales, tributarias, de reestructuración al Estado, financiera, de comercio exterior, régimen cambiario, de seguridad social y pensiones, y de regalías. Por lo tanto, en estas circunstancias es importante analizar el tema desde el ámbito del derecho económico, constitucional e internacional, a fin de determinar cuáles son los problemas jurídicos y sociales que han generado estos condicionamientos al supeditar la estabilidad macroeconómica a la balanza de pagos y a los ajustes fiscales, sin importarle el coste social generado y el desmedro a los derechos de los colombianos, contrariando los fines del Estado, debilitando la Constitución y poniendo en crisis el Estado Social de Derecho.

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La presente investigación analiza la imposición de la salvaguardia cambiaria por parte de Ecuador a Colombia, entre julio del 2009 y febrero del 2010, en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos socios andinos. El estudio evalúa el comportamiento de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, sobretodo el de 100 sub partidas, afectadas tanto por la salvaguardia cambiaria, como por la salvaguardia de balanza de pagos; además, las reducciones más significativas en cuanto a volúmenes y a valores, en 67 productos durante la vigencia de las dos salvaguardias. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a raíz de marzo del 2008, marca el contexto de la investigación. Tras una incursión militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de ese año, el gobierno colombiano logró la captura y muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes; pero, al mismo tiempo, el ataque provocó días después la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Si bien la crisis no se ha trasladado completamente al plano comercial, la imposición de la salvaguardia cambiaria fue vista por los sectores productivos de Ecuador y Colombia como una medida inoportuna para el restablecimiento normal de las relaciones e incluso como un factor que dilataba más el acercamiento entre los dos países. Por su parte, el gobierno ecuatoriano defendió la medida como una opción válida para restaurar las condiciones de comercio y competencia para Ecuador, afectadas desde el 2008, por la devaluación del peso colombiano. Además, junto con la salvaguardia de balanza de pagos, la salvaguardia cambiaria fue una opción para enfrentar la amenaza del sector externo y la crisis económica mundial que repercutió en el país, con la disminución de las exportaciones, disminución del precio internacional del petróleo -principal producto ecuatoriano de exportación-, y disminución de las remesas de emigrantes -segundo rubro de ingresos para la economía nacional.

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